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Los Mossos retiraron sus investigaciones del sistema informático por miedo a injerencias políticas

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El comisario de los Mossos Eduard Sallent.
El comisario de los Mossos Eduard Sallent.Albert Garcia

La unidad anticorrupción de los Mossos d’Esquadra decidió en junio de 2020 operar fuera de los servidores internos de la policía catalana. La decisión se tomó después de que el gabinete del entonces comisario jefe Eduard Sallent solicitase por escrito y verbalmente acceso a todas las investigaciones, incluidas las confidenciales. La policía catalana investigaba en aquel momento, con Quim Torra (Junts) al frente de la Generalitat de Catalunya, al consejero del Interior, Miquel Buch, por la escolta de Carles Puigdemont en Bélgica. Sallent es de nuevo el jefe de los Mossos después de la destitución del máximo responsable del cuerpo en la fractura abierta en el Departamento de Interior, que dirige ERC. Este martes en el Parlament el presidente Aragonès deberá enfrentarse a la crisis sin apoyos parlamentarios.

Los Mossos d’Esquadra tienen diversos niveles de protección interna de la información: normal, confidencial, reservada y secreta. En función del lugar de trabajo y el cargo, se tienen acceso a unas u otras. La petición por escrito, que también se comunicó verbalmente, por orden del comisario jefe, se refería “al máximo nivel”: lo que incluye también los casos judicializados y secretos. La petición supuso el final de una sucesión de desconfianzas por parte de la Comisaría General de Investigación Criminal (CGIC) de los Mossos, que temía las injerencias políticas por parte de la jefatura. Antes de que esos privilegios pudiesen utilizarse, decidieron trabajar fuera del sistema, indican fuentes de investigación de la policía catalana. Esas mismas fuentes admiten que no tienen constancia de que llegasen a usarse nunca.

Los accesos permitían conocer a las “entidades” investigadas: personas, vehículos, teléfonos móviles… Y las diligencias que escribían los Mossos destinadas al juez. Fuentes policiales lo vinculan al episodio anterior de injerencias políticas, ubicado en la misma época, que ha denunciado el exjefe de investigación de los Mossos d’Esquadra, el intendente Toni Rodríguez, destituido con la llegada de ERC a Interior. En la demanda contra el Departamento por su cese, asegura que el comisario jefe Sallent pidió verbalmente, mediante terceros, los atestados de la investigación que afectaban Buch, ya parcialmente públicos, algo a lo que se negaron. El actual consejero del Interior, Joan Ignasi Elena (ERC), indicó que el comisario Sallent le negó “absolutamente” haber solicitado esos documentos.

Fuentes de la jefatura de los Mossos d’Esquadra restan importancia a la petición de máximo acceso a la información de investigación, lo desvinculan de las causas de anticorrupción, y defienden la legítima revisión de diligencias de investigación por parte de los responsables operativos del cuerpo. También niegan cualquier tipo de injerencia, ayuda o interés de entorpecer investigaciones de cualquier tipo, incluida la de Buch, para quien actualmente la Fiscalía pide seis años de prisión y 27 de inhabilitación por malversación. También recuerdan la comunicación verbal del comisario Sallent, nada más llegar a la jefatura, de quedar al margen de las investigaciones y critican la campaña de deslegitimación del actual jefe del cuerpo, que ha asumido de nuevo la máxima responsabilidad después de que el comisario Josep Maria Estela pidiese su cese a Interior, perdiese el pulso y fuese destituido el lunes.

Que la jefatura de los Mossos pueda consultar directamente informaciones confidenciales o secretas es “inusual” o “extraordinario”, coinciden diversas fuentes policiales consultadas. Aseguran que ese tipo de permisos se reducen a las personas que llevan las investigaciones de los casos y a los mandos de investigación, que luego rinden cuentas a la cúpula policial. También sostienen que en la actualidad no existen ese tipo de accesos y que tampoco se dan intromisiones de ningún tipo en su trabajo diario. Un escenario que se repite en los servicios de información de la policía catalana, donde se manejan informaciones delicadas, e igualmente aseguran que trabajan libremente y sin injerencias.

La independencia de los Mossos está en el centro del debate después de que EL PAÍS desvelase una fractura en la cúpula elegida por el consejero Elena hace menos de un año. En junio, quien fue, hasta el lunes, comisario jefe de los Mossos, Josep Maria Estela, pidió el cese de quien entonces era su segundo, el comisario Sallent, entre quejas de injerencias políticas y deslealtades. El Departamento de Interior mostró su apoyo incondicional al comisario Sallent, apeló al trabajo en equipo y rebajó la crisis abierta. Pero el viernes pasado, la incapacidad de pactar la lista de los nuevos comisarios rompió definitivamente las relaciones entre el Departamento y el comisario jefe. El lunes, el consejero de Interior destituyó a Estela. Este, en su carta de despedida al cuerpo, reivindicó la “máxima y radical neutralidad política”.

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Disputas internas

Sallent ha asumido de nuevo las funciones de comisario jefe del cuerpo envuelto en la polémica. A las disputas internas, se suman las graves acusaciones vertidas por el exconsejero del Interior Miquel Sàmper (Junts), que le cesó del cargo en 2021 para restituir al mayor Josep Lluís Trapero. Sàmper aseguró, en declaraciones a Rac1, que había mandos de Mossos que “obstruían” investigaciones policiales. Y criticó la designación de Eduard Sallent al frente de los Mossos d’Esquadra, en la etapa de Miquel Buch (Junts): ascendiendo el mismo día a comisario y a jefe de los Mossos. Trapero fue cesado por Estela (ERC) en diciembre, y substituido por una cúpula coral, con Sallent de segundo y ahora como máximo jefe de nuevo. El galimatías de nombre y jefes en la policía catalana se arrastra desde 2017, con siete jefes en cinco años, y una situación de inestabilidad agravada por la actual crisis abierta en el Departamento.

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Andalucía renuncia a la ayuda para la infancia que prometió Moreno justo cuando la pobreza infantil crece hasta el 43,7%

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La ley que iba a regular el Ingreso para la Infancia y la Inclusión en Andalucía era el proyecto estrella de la anterior consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz, que entonces militaba en Cs. Se trataba de una prestación para sustituir la fallida Renta Mínima de Inserción Social (RMISA) en esa comunidad y que se había diseñado para ser una ayuda complementaria o alternativa al Ingreso Mínimo Vital (IMV) y dar cobertura a personas y familias en situación de pobreza y vulnerabilidad, poniendo el foco especialmente en la infancia. La norma estaba lista en febrero y debía haberse aprobado en junio, pero el adelanto electoral obligó a guardarla en un cajón. En su discurso de investidura, el presidente, Juan Manuel Moreno, se refirió expresamente a ese proyecto de ley: “En el próximo periodo de sesiones también traeremos al Parlamento el proyecto de ley que regulará el Ingreso para la Infancia y la Inclusión”. Sin embargo, en los primeros Presupuestos de mayoría absoluta del PP, no solo no se contempla una partida para ese ingreso, sino que las partidas destinadas a la RMISA se han recortado en un 36%, justo cuando la población menor de edad en riesgo de exclusión social se ha vuelto a incrementar en más de cinco puntos por la pandemia.

Los nuevos responsables de la consejería, rebautizada como Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, confirman que se ha dado carpetazo al que fue proyecto estrella de la anterior consejera y que contaba, además, con el apoyo de las principales asociaciones que trabajan en beneficio de la infancia que entendían que, al ser complementario con el IMV conseguiría paliar los casos de pobreza extrema de los menores de la comunidad. Un portavoz del departamento que ahora dirige Loles López reconoce que la ayuda se está rediseñando para ajustarla a aquellos ámbitos a los que no llegan los fondos del Gobierno central. “Como se amplió la cobertura del IMV a los menores de edad, un ingreso para la infancia ya no tiene sentido, por lo que se está trabajando para atender a los colectivos más vulnerables que no cubre ese ingreso mínimo”, explica el interlocutor.

Aunque la consejera de Inclusión de la Junta acordó con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, el pasado septiembre “trabajar para cerrar un acuerdo que haga complementario el ingreso mínimo y la renta mínima andaluza”, no parece haberse avanzado en ese sentido. ”El acuerdo con el ministerio aún no se ha producido, pero desde la Junta estamos modificando la normativa para evitar que exista esa colisión entre ambas rentas”, indica el portavoz de Inclusión. Esa imposibilidad legal de compaginar dos ayudas destinadas al mismo fin que alega el interlocutor es también a lo que apela el Gobierno andaluz para haber reducido la partida presupuestaria destinada a esa ayuda. “Como el IMV cubre buena parte de ese espectro, no tiene sentido destinar tanta cantidad”, indica el portavoz. Los fondos para esta ayuda han ido reduciéndose considerablemente de los 134.710.905 euros en 2020 a los 73.500.000 previstos en las cuentas para 2023.

“El Ingreso Mínimo Vital no anula la Renta Mínima de Inserción, esto es un mantra que ha lanzado la consejería”, advierte Javier Cuenca, portavoz de Save the Children en Andalucía. “La coexistencia de estas dos prestaciones no puede ser una condición insalvable para limitar el acceso a la renta mínima”. Cuando se estaba trabajando en la redacción de la ley ya se había producido la remodelación de la prestación del IMV para incluir a los menores. Su organización, como la mayoría en esta comunidad, siempre ha cuestionado la efectividad y el alcance de la RMISA, pero sí consideraban que su transformación como un ingreso para la infancia y la inclusión compatible y complementario al IMV, tal y como aparece redactado en el anteproyecto, iba a ser una herramienta útil para aliviar la situación de muchas familias cuya situación ha quedado mucho más hundida tras la pandemia. Cuando se estaba trabajando en la redacción de la ley ya se había producido la remodelación de la prestación del IMV para incluir a los menores.

“Da igual la denominación, RMISA o ingreso por la infancia y la inclusión”, advierte Maribel Martínez Belmonte, coordinadora de UNICEF en Andalucía, “lo importante es que estas medidas se mantengan y se doten de más fondos para afrontar la grave crisis que estamos sufriendo a nivel mundial y que está colocando a Andalucía de nuevo a la cola en los índices de pobreza infantil”. La última Encuesta de Condiciones de Vida de 2021 del INE, la primera en hacerse eco de los efectos de la crisis de la covid, confirma el significativo aumento de la vulnerabilidad y la pobreza de las familias y la infancia. El 43,7% de los menores de 18 está en riesgo de pobreza o exclusión social y el 11%, en situación de privación material severa, de acuerdo con ese estudio.

Los datos son similares a los que aporta el análisis de la encuesta, realizado por Save the Children, adaptando el umbral de renta autonómico de 2021, y que concluye que un 27,9% de los menores de 18 años en Andalucía —439.000― está en situación de pobreza relativa o moderada, 7,5 puntos más que la pobreza de la población en general y cinco más que el año anterior. En el caso de los menores que viven en situación de pobreza severa, el porcentaje es del 15,3%, 240.000 niños, 5,2 puntos superior a 2020. El coste de criar a un hijo en Andalucía en 2022 es de 641 euros, un gasto inalcanzable para los 166.467 hogares andaluces más empobrecidos.

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Carencias severas

En esa situación se encuentran Myriam Ortega y sus dos hijas de 14 y cuatro años. Hasta hace un mes trabajaba en una empresa de limpieza con un contrato indefinido. Por las tres horas y cuarto diarias de su jornada laboral percibía 360 euros, a los que sumaba otros 400 del IMV. Ahora está en el paro. “Me subieron la cantidad porque estaba percibiendo de menos, pero este mes me va a empezar a bajar porque estoy cobrándolo en función de mi renta de 2021″, explica. Con eso le da para abonar los 450 euros que paga por el alquiler, pero no le llega para más gastos. “Llevo cinco meses de retraso con el agua y la luz. Voy a informarme a ver si puedo beneficiarme del bono eléctrico”, reconoce.

Myriam Ortega, en su casa de Sevilla el 5 de diciembre.
Myriam Ortega, en su casa de Sevilla el 5 de diciembre.PACO PUENTES

El estudio de Save the Children revela que 180.000 menores viven en hogares con carencias materiales severas, como no poder mantener la vivienda a una temperatura adecuada o no tener la posibilidad de comer cada dos días carne o pescado. La inflación también azota con más virulencia a esas familias. Ortega y sus hijas son un ejemplo de esas estadísticas. “La mayor parte del tiempo estoy en casa de mi madre para no gastar luz y ellas comen allí, si tuviera que hacer la compra sería imposible. Compro para la merienda de las niñas a veces y para la cena”, sostiene. Save the Children le proporciona una tarjeta para poder comprar ropa para sus hijas y le ayudó para las gafas que necesita la mayor.

“Allí donde no llegan ni el IMV ni las prestaciones o subsidios de desempleo, las rentas mínimas autonómicas tienen que intervenir para evitar que un gran número de familias se queden sin ninguna fuente formal de ingresos”, subraya Martínez. Según los datos del Ministerio de Inclusión Social actualizados a 30 de octubre, en Andalucía 157.425 hogares se benefician del IMV, de los que 109.773 tienen menores a su cargo. De los 455.421 beneficiarios, 191.747 son menores de 18 años. De acuerdo con los cálculos facilitados por Save the Children, el IMV estaría llegando a un 66% de los hogares con menores de edad en situación de pobreza severa y a un 79% de la población infantil en la misma situación. La RMISA alcanza solo a 72.000 andaluces. “Estamos hablando de unos 49.000 niños y adolescentes de 25.000 hogares que se encuentran fuera de la cobertura del IMV”, alerta Cuenca.

Con estos datos, Save the Children ha pedido a los grupos políticos que incluyan entre las enmiendas parciales a los Presupuestos una adicional que reclame la reforma de la RMISA por una ayuda complementaria al IMV, como ya se recogía en el proyecto de ley redactado durante la anterior legislatura, y que entre en vigor en el plazo de cuatro meses desde que se aprueben las cuentas autonómicas. También se solicita aumentar la financiación a la RMISA hasta los 210 millones de euros. Adelante Andalucía, Por Andalucía y el PSOE han confirmado a este diario que recogerán esta petición, si no en la literalidad del documento presentado por la ONG, sí en su esencia.

El portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, señaló el pasado martes que “las enmiendas que sean positivas y que sirvan para corregir problemas se aceptarán y se incluirán”, pero desde la Consejería de Inclusión se confirma que se está trabajando en el rediseño del proyecto de ley que, en principio y para no colisionar con el alcance del IMV, se centrará en los jóvenes de entre 18 y 22 años.

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Un alcalde de Zamora, encausado por presunta prostitución de dos menores y por abusar de una de ellas

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Ayuntamiento de Castroverde de Campos, en una imagen de archivo.
Ayuntamiento de Castroverde de Campos, en una imagen de archivo.JAVIER ÁLVAREZ

El juzgado zamorano de Villalpando ha encausado al alcalde de Castroverde de Campos (Zamora, 270 habitantes), Cecilio Lera, por “prostituir presuntamente a dos menores y abusar sexualmente de una de ellas”, según la resolución judicial. El regidor, expulsado del PSOE en 2019 por una condena firme por violencia machista sobre su pareja, también ha sido recientemente penado con dos años de prisión por ofrecerle dinero a una menor, del pueblo, a cambio de mantener relaciones sexuales con él. El hombre, de 69 años, padece adicciones a las drogas y al alcohol, aunque no siempre acudía a las sesiones de rehabilitación ordenadas por los jueces que fallaron en su contra. Los hechos de los que se le acusan consisten en un delito de abuso sexual a una menor de 16 años, otros dos delitos de favorecimiento de la prostitución de una menor de edad, otro de exhibicionismo y otro de difusión de material pornográfico.

La investigación comenzó en verano de 2021 y ha permitido concluir que las dos víctimas, de 14 y de 16 años, acudieron con frecuencia, “durante al menos tres meses”, a la vivienda de Cecilio Lera, quien a cambio de “masajes y sexo” les abonaba entre 50 y 100 euros. El caso lo dirimirá la Audiencia Provincial. Fuentes cercanas al caso aseguran que las niñas son hijas de temporeros de países del este de Europa que acuden a la provincia de Zamora para trabajar en el campo o en la vendimia y “en extrema situación de vulnerabilidad social y económica”.

Este proceso se abrió apenas unos meses antes de que una chica de la localidad que regía lo grabara cuando este le ofrecía 300 euros por acostarse con él. Estos hechos ocurrieron en un bar de Castroverde de Campos y, tras contárselo la afectada a sus padres y que estos denunciaran, fueron reconocidos por parte de Lera; de hecho, aceptó por conformidad una sanción de dos años de prisión. Fuentes judiciales de Zamora confirman que pactó esa pena en el juicio celebrado en la Audiencia zamorana el pasado 1 de diciembre y que tiene pendientes “tres quebrantamientos [de orden de alejamiento] por la misma niña”, así como la causa recién abierta por lo acontecido con estas dos menores a las que pagaba por sexo y masajes.

Las conductas de Lera no resultan extrañas ni en la zona ni en la localidad, dividida entre quienes rechazan la actitud del alcalde y entre quienes lo respaldan, pues lleva gobernando ininterrumpidamente desde 1978, las primeras elecciones democráticas de España. Una persona del entorno del político afirman rotundamente que “Cecilio está enfermo desde hace muchos años, lleva toda la vida haciendo esto”. Este informador detalla que el acusado “ha frecuentado todos los lupanares de Castilla y León con las peores compañías y era asiduo al casino de Boecillo (Valladolid), ahora cerrado y desplazado al centro de la ciudad”.

Lera se había convertido “en el bufón de la corte”, pues en los últimos años había sufrido un enorme declive tras haber sido muy popular en las filas socialistas, pues es un afamado cocinero a cuyo restaurante tradicional acudían grandes personalidades del ámbito político y de todo el arco ideológico, así como grandes personalidades. “Tenía mucha retranca y mucha labia”, explican quienes lo conocen, pero “se ha ido degenerando, le daba igual una chavala que una señora mayor”. El PSOE lo eliminó del partido cuando hace tres años recibió una sentencia en su contra por violencia de género a lo que se sumaban episodios por conducir bajo los efectos del alcohol, que le supusieron la retirada del carnet de conducir. La pena por la agresión sobre su pareja fue sustituida por un tratamiento de desalcoholización que, según fuentes de Castroverde, no cumplía. En 2018 también había sido condenado por lesiones leves y amenazas a un hombre.

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El rojo y verde de las luces de Navidad en Murcia desata una falsa polémica por ser los colores de la bandera de Marruecos

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Mundial de fútbol. España es eliminada por Marruecos en los penaltis. Luces navideñas rojas y verdes en un edificio histórico de Murcia. Y la imaginación y las redes sociales han hecho el resto. Así se resume la polémica surgida en la capital murciana a raíz del comentario en Twitter de una usuaria que confundió la iluminación habitual que usa en las fiestas la empresa Aguas de Murcia, que tiene su sede en un edificio en el centro de la ciudad, con un homenaje a la selección que ha sacado a La Roja del mundial. La tuitera se llama Cristina Seguí y se presenta en su perfil como “presidenta de @Gobierna_Te”, autora de “LaMafiaFeminista” y “analista en CesarVidal.tv”. Fue también una de las fundadoras de Vox. Al finalizar el partido subió un escueto mensaje: “Murcia esta noche. By @SerranoJAntonio”. El tuit está acompañado de una vista aérea de la Plaza Circular, en el centro de la ciudad. La sede de la empresa de aguas es un edificio histórico, el de la antigua estación de Zaraíche, y estaba iluminado por completo con luces verdes y rojas. Para esta usuaria, una afrenta directa responsabilidad del alcalde, el socialista José Antonio Serrano, por poner unos colores que coinciden con los de la selección marroquí.

El mensaje se ha hecho viral, pero por desafortunado: tanto la empresa como el PSOE de Murcia no tardaron en señalar que no es más que una casualidad, porque esas mismas luces, con esos mismos colores, son las que han iluminado el edificio cada Navidad, al menos desde 2019. Un portavoz de la compañía explica a EL PAÍS que esos colores se eligieron hace ya varios años, porque son “típicos de la época navideña” y se suman a partir del puente de diciembre al resto de la iluminación ornamental de la ciudad. Nada que ver con el fútbol y, ni siquiera, con el alumbrado público que instala el Ayuntamiento en estas fechas, ya que este lo costea la empresa, que es mixta, con capital municipal y privado. Son luces, explican desde la compañía, que están programadas de manera automática y que se seguirán encendiendo hasta el final de la Navidad todos los días, puesto que nada tienen que ver con temas futbolístico o político. La iluminación de la fachada de este edificio, señala el portavoz, es habitual también en otras fechas y efemérides. Por ejemplo, el pasado 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el edificio lució de color violeta.

Seguí, lejos de reconocer su error o borrar el mensaje, contestó al alcalde y al grupo municipal socialista con otro tuit en el que asegura que “Murcia es la segunda región que más inmigrantes marroquíes acoge, con 253.411″. Según el INE, el 1 de enero de 2022 había censados en toda la Región de Murcia 226.431 extranjeros. De ellos, 92.299 son marroquíes. Seguí es una de las acusaciones particulares en el caso del presunto encubrimiento por parte de la Consejería de Igualdad, cuando esta era dirigida por la investigada Mónica Oltra, de los abusos sexuales a una menor de su exmarido.

El PP pide explicaciones

Entre quienes se lanzaron a compartir el mensaje sobre la supuesta polémica de las luces, el grupo del PP en el Ayuntamiento, que aseguraba que pediría “explicaciones formalmente” al alcalde por este alumbrado. “Con independencia del espíritu y la competitividad deportiva, no entendemos que en octavos de final el Ayuntamiento tome este tipo de iniciativas contra la Selección Española”, agregaban. Horas más tarde y ante el revuelo generado, los populares locales publicaban otro mensaje en la red social, no para reconocer su error, sino para asegurar que “ante el clamor popular y el revuelo generado, el Ayuntamiento ha retirado las luces y ha dado las explicaciones solicitadas”. Numerosos usuarios respondían insistiendo en que el asunto no es más que un bulo y aportando fotos del edificio con la misma iluminación ya en 2019, cuando en la alcaldía estaban precisamente en manos de los populares.

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La iluminación navideña no ha hecho más que arrancar en Murcia, pero esta no es la primera polémica que suscita en redes, que ya reaccionaron con cierta sorna a las luces que cuelgan de la Gran Vía, de un aspecto algo retro, y que no han sido del gusto de todos. Las luces van cambiando de motivos y dejan ver diferentes dibujos, entre los que se ha hecho especialmente popular un camello que parece tirar rayos y que no ha escapado de los comentarios de los tuiteros. Uno de los primeros en llamar la atención sobre las luces, aprovechando las pruebas que se hicieron en los días previos al encendido, fue el periodista deportivo Germán R. Abril. Desde entonces, las luces han encontrado seguidores y detractores a partes iguales. Incluso la Policía Local de Murcia ha aprovechado el tirón de ese personaje para hacer un montaje en el que recuerdan que beber alcohol no es compatible con conducir un coche en estas fiestas.

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