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La policía corta la conexión del clan de Los Charlines con la Costa del Sol

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Parte de la droga intervenida en la operación contra una trama que tenía vínculos con un clan gallego.
Parte de la droga intervenida en la operación contra una trama que tenía vínculos con un clan gallego.POLICÍA NACIONAL (POLICÍA NACIONAL)

A Alejandro O. M. le conocen bien los investigadores policiales en la Costa del Sol. A sus 42 años acumula cuatro detenciones, todas por tráfico de drogas. Es malagueño, vive en Torremolinos y se le conoce como Cabeza perro. A pesar de sus credenciales delictivas estaba en libertad el pasado verano, aunque los agentes no le perdían de vista. A mediados de julio detectaron que realizaba algunas actividades sospechosas que podría significar que estaba de vuelta en el negocio. En ellas también participaba Paola, una mujer de nacionalidad colombiana que estuvo casada un tiempo con uno de los sobrinos del ya fallecido Manuel Charlín Gama, patriarca de uno de los históricos clanes del narcotráfico gallego. Semanas después, la investigación reveló que ambos formaban parte de una organización asentada en el litoral de Málaga que compraba, almacenaba y distribuía cocaína a gran escala en España.

Tres meses después del inicio de la investigación, a cargo del Grupo 1 de Estupefacientes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de la Costa del Sol, la Policía Nacional ha detenido a nueve personas de esta banda de narcotraficantes con base en la costa malagueña y vínculos con el clan de Los Charlines de Vilanova de Arousa (Pontevedra). Los delincuentes importaban cocaína para luego comerciar con ella en distintos puntos del territorio nacional. Durante la operación, denominada Papito, se han intervenido 230 kilos de esa sustancia estupefaciente y otro dos de hachís, así como 234.000 euros, un arma de fuego y varios vehículos. Ocho de las personas arrestadas —localizadas en las provincias de Málaga, Granada y Madrid— han ingresado ya en prisión por los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.

Los narcotraficantes se abastecían de la droga en Marbella y Madrid, según la hipótesis policial. A la Costa del Sol la cocaína llegaba en contenedores trasladados desde el puerto de Algeciras. A la capital de España, con el mismo método pero con la mercancía procedente de Galicia. El líder de la banda era Alejandro O. M., viejo conocido de la policía malagueña por sus cuatro detenciones anteriores, dos de ellas por el mismo grupo de estupefacientes que lo ha vuelto a arrestar ahora. Fue precisamente la sospecha de que había retomado el tráfico de estupefacientes la que dio origen a la investigación, en la que también han participado miembros de la Udyco de Pontevedra.

Poco a poco, los agentes fueron desvelando las conexiones de este malagueño con el clan de Los Charlines a pesar de las “muchas medidas de seguridad” que tenían para intentar evitar la labor policial, como el uso de detectores de frecuencia para interferir en las balizas policiales, según han explicado fuentes policiales. Los investigadores, sin embargo, pudieron ir aclarando las labores de cada uno de los presuntos narcotraficantes a medida que avanzaba su trabajo. Además del cabecilla malagueño, la Policía Nacional destaca la participación de Paola, la expareja del sobrino del patriarca de Los Charlines, a quien los agentes destacan por sus “nervios de acero”. Ella se dedicaba a transportar la droga y recoger el dinero de las operaciones de compraventa. Para trasladarla usaba vehículos con escondrijos ubicados en el maletero a los que habían instalado un sistema hidráulico para su apertura. Entre otros destinos, se detectaron portes a ciudades como Málaga, Marbella, Granada y Madrid. En uno de ellos se interceptaron 30 kilos de cocaína.

Debajo de los dos máximos responsables, otros integrantes de la banda se dedicaban a ocultar la cocaína en guarderías. Una de ellas estaba situada en un taller de chapa y pintura de un polígono industrial de Marbella, donde estaba estacionado un coche que albergaba 80 kilos de cocaína y un arma de fuego corta lista para ser utilizada. La droga también se escondía en un zulo ubicado en una vivienda de otro de los investigados —donde había 50 kilos— y un inmueble del municipio de San Agustín de Guadalix (Madrid) en el que se hallaron otros 30 kilos. El resto de participantes tenía como misión distribuir la droga por distintos territorios de las provincias de Málaga y Granada. Uno de ellos fue arrestado con 140.000 euros en efectivo.

Los nueve detenidos en la operación Papito fueron puestos a disposición judicial y ocho de ellos ingresaron en prisión. El caso está en manos del Juzgado de Instrucción Número 5 de Torremolinos (Málaga).

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 Operativo de la Guardia Civil contra el tráfico de marihuana

Más de 150 agentes de la Guardia Civil se han desplegado desde primera hora de la mañana en las localidades malagueñas de Torremolinos, Mijas y Fuengirola en una operación centrada en la lucha contra el tráfico de marihuana. A lo largo del día los agentes han realizado más de una decena de registros y han detenido a 16 personas, según han informado fuentes policiales. También se han incautado de medio millón de euros en metálico, armas, marihuana, vehículos y material electrónico. El operativo, que sigue abierto, forma parte de una investigación del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de Málaga y en él han participado guardias civiles de la Comandancia de Málaga y del Centro Regional de Análisis e Inteligencia contra el Narcotráfico (Crain).

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Dimite el presidente del PP de Salamanca, investigado en el ‘caso primarias’

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El presidente del PP de Salamanca, Francisco Javier Iglesias, ha dimitido en la tarde de este viernes como presidente provincial del PP, cargo que compatibilizaba con la dirección de la diputación salmantina, a la que no ha renunciado. Iglesias se encuentra imputado por el conocido como caso primarias, que investiga si la formación conservadora incurrió en una presunta financiación irregular en 2017 durante el proceso de elección interna que ganó el hoy presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Está en cuestión el origen de 24.000 euros que el PP recabó para poner al día de sus cuotas a afiliados de Salamanca y que pudieran votar en esas primarias.

La renuncia de Iglesias conlleva que el PP de Salamanca quede bajo la administración de una gestora hasta que se celebre un congreso del que salga un nuevo liderazgo. Una parte del PP lleva meses denunciando que ese congreso debería haberse convocado hace año y medio y que el investigado, hombre de confianza de Mañueco, estaba retrasando sin motivo su convocatoria. Un sector de los afiliados incluso escribió a la dirección nacional de los conservadores para denunciar lo acontecido, que tildaban de “flagrante incumplimiento de los estatutos”. “Se está hurtando el derecho a elegir y ser elegidos”, decía la misiva. Este grupo de críticos, con 147 nombres que firman la queja formal, exigía la intervención del comité de derechos y garantías de Génova y alertaba de que se estaba fraguando “un profundo malestar”. El comité interno del PP contestó meses después informando de forma aséptica del traslado del asunto al área de derechos y garantías de Castilla y León, cuya presidenta, Rocío Lucas, contestó con un sucinto “se comenzarán las actuaciones que procedan mediante la realización de la información oportuna”. Han pasado casi cuatro meses desde entonces y fuentes de esa ala del PP confirman que no ha habido movimientos.

Fuentes del sector crítico del partido en la provincia definen como “burla” el movimiento de Iglesias. “Nosotros lo que pedimos es que se celebre el congreso como dictan los estatutos, no que se nombre una gestora y que todo siga igual”, señala uno de los críticos. El puesto de Iglesias lo va a ocupar García Carbayo, alcalde de Salamanca y segundo en el organigrama hasta la renuncia del presidente. “Esperamos que al juez no le importe si Iglesias es o no presidente porque nosotros denunciamos que no está habiendo democracia”, afirman estas fuentes. Este jueves por la noche fuentes del PP charro ya mostraban su estupefacción a EL PAÍS tras recibir con año y medio de tardanza la convocatoria del comité ejecutivo provincial.

El comunicado, al que ha accedido este periódico, se expresaba así: “Por indicación del Presidente Provincial del Partido [Francisco Javier Iglesias], os convocamos a la reunión del Comité Ejecutivo Provincial que se celebrará el viernes día 2 de diciembre a las 17.00 horas en la sede provincial del Partido Popular”. La finalidad del mismo era la “aprobación del acta de la sesión anterior”, la “propuesta y aprobación del Comité de Campaña para las elecciones municipales”, la “propuesta y aprobación del Comité Electoral para las elecciones municipales”, el “Informe del Secretario Provincial, Carlos García Carbayo [también alcalde de Salamanca], un “Informe del Presidente Provincial, [Francisco] Javier Iglesias García”, y ruegos y preguntas.

Esta reunión ha servido para que el dirigente provincial se aparte del mando y abra una nueva etapa en el PP salmantino. El movimiento llega también a unos meses de las elecciones locales en Salamanca, cuya ciudad y provincia son históricos bastiones del PP, aunque Castilla y León no celebrará comicios autonómicos como la mayoría de las comunidades españolas. Mañueco rompió con Ciudadanos el pasado diciembre y llamó a las urnas en febrero, en unos comicios cuyo resultado propició el actual Gobierno de coalición entre PP y Vox.

La dimisión de Francisco Javier Iglesias llega apenas dos semanas antes de la vista convocada en Salamanca tras la demanda presentada en los juzgados salmantinos por ese sector crítico de los militantes, reacio a la dirección y sus métodos, “por vulneración del derecho fundamental de asociación en su vertiente de derecho por asociación política”. El objetivo de esta reclamación pasaba por obtener una medida cautelar para obligar al PP a convocar el congreso provincial.

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La Fiscalía pide nueve años de cárcel para Villarejo por otro encargo de espionaje

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El comisario jubilado José Manuel Villarejo acude a la Audiencia Nacional junto a su abogado, el pasado septiembre.
El comisario jubilado José Manuel Villarejo acude a la Audiencia Nacional junto a su abogado, el pasado septiembre.KIKE PARA

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, epicentro de una macrotrama de corrupción policial, suma una nueva petición de cárcel. La Fiscalía reclama que se le impongan nueve años de prisión por el presunto encargo que recibió en 2015 de una particular, Marzena Katarzina, para espiar a un empresario de Marbella, Felipe G. Z., con el que tenía un conflicto económico. El antiguo agente acumula así otra solicitud de condena, mientras espera a que la Audiencia Nacional emita su veredicto sobre el primer gran juicio que afrontó en este tribunal, que acabó en septiembre tras un año de sesiones y en el que el ministerio público planteó que se le castigase a 80 años de reclusión.

La Fiscalía Anticorrupción mueve otra ficha contra el comisario jubilado, que actualmente se encuentra en libertad. Según consta en el escrito de acusación del ministerio público sobre esta Pieza Separada 8 del caso Villarejo, Katarzina contactó a mediados de 2015 con la “organización criminal” liderada por el policía. Esta mujer se encontraba enfrentada con Felipe G. Z. a raíz de un “contrato de arrendamiento con opción de compra que ambos” habían firmado sobre una vivienda en Benhavís (Málaga), y que había provocado que ella presentase una querella contra él en los tribunales, pero que había acabado archivada.

Katarzina quería recuperar el dinero que reclamaba a su adversario y, según la Fiscalía, autorizó a la trama para “ejercitar las acciones penales y civiles” que resultasen necesarias para lograrlo. Según el sumario, el grupo del comisario confeccionó entonces un “informe prejudicial” sobre la presunta víctima, para el que recabaron información de su entorno familiar y socios; de su trayectoria profesional; de su patrimonio y sociedades; y de su situación financiera y crediticia. Recurriendo, para ello, a bases de datos y registros confidenciales, “no accesibles al público”, según consta en las pesquisas de la Audiencia Nacional.

El juez Manuel García-Castellón dio por finalizada esta línea de investigación en julio de 2021 y propuso juzgar a siete presuntos implicados en este proyecto de espionaje: al comisario jubilado, a cinco de sus supuestos colaboradores y a la clienta. Sin embargo, ese listado se ha reducido. La Sala de lo Penal concluyó que no existían indicios suficientes para sentar en el banquillo a Katarzina. Así que, finalmente, el ministerio público pide cárcel para Villarejo y cuatro de sus cooperadores: el abogado Rafael Redondo, para quien solicita cinco años de prisión; el comisario Enrique García Castaño (nueve años de cárcel); Antonio Bonilla (cinco años); y Constancio Riaño (ocho años).

El caso Villarejo constituye un macrosumario con más de 30 líneas de investigación, algunas de las cuales ya se han enviado a juicio. El pasado septiembre, la Audiencia Nacional acabó la primera gran vista oral contra el comisario jubilado, centrada en los proyectos de espionaje bautizados como Iron, Land y Pintor. Solo por estas tres piezas de las pesquisas, la Fiscalía le pide más de 80 años de cárcel. El tribunal aún no ha emitido su sentencia.

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La Guardia Civil rescata de un atasco a un bebé grave que iba al hospital

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Agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Valencia auxiliaron durante un gran atasco que se había producido cerca de la ciudad, en la autovía A-7, a una familia que se encontraba inmovilizada en esa retención cuando su bebé tenía que ser trasladado a un hospital de manera urgente.

Sobre las 22:30 horas del pasado miércoles, en el kilómetro 331 de la A-7, una madre se encontraba parada en su vehículo debido a un siniestro vial múltiple entre vehículos pesados y turismos que provocaron retenciones de varios kilómetros en sentido Barcelona desde primera hora de la tarde.

La mujer viajaba en el vehículo con su bebé de tres meses de edad, quien se encontraba enfermo y con una fiebre muy elevada. Al observar que la circulación estaba prácticamente detenida se detuvo para solicitar auxilio al resto de conductores de la vía y llamar también al 112, según cuenta este viernes la Guardia Civil en una nota de prensa.

Una patrulla de la Guardia Civil se dirigió al lugar y logró localizarles. Al observar que el bebé tenía una alta temperatura, que no respondía a los estímulos externos y estaba en estado de shock, al tiempo que la madre estaba muy nerviosa, con ansiedad e incapaz de conducir su vehículo, un agente condujo el coche junto a la familia hacia el Hospital de Manises, mientras el otro agente conducía el vehículo oficial en primer lugar facilitándoles el paso en el arcén y entre los vehículos parados.

En solo diez minutos, madre e hijo pudieron abandonar la retención y llegar al citado hospital, donde el bebé fue atendido inmediatamente por servicios médicos y logró recuperarse sin problemas, según la nota de prensa.

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