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El Parlamento de Andalucía y la sentencia de los ERE

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El expresidente andaluz José Antonio Griñán responde a las preguntas del fiscal en el juicio de la pieza política del 'caso ERE', en Sevilla en abril de 2018.
El expresidente andaluz José Antonio Griñán responde a las preguntas del fiscal en el juicio de la pieza política del ‘caso ERE’, en Sevilla en abril de 2018.Raúl Caro (EFE)

Desde que se hizo publica la sentencia 749/2022 por el Tribunal Supremo respondiendo a los recursos de casación planteados por los condenados en el caso de la conocida como pieza política de los ERE, se ha suscitado un debate importante tanto desde el ámbito penal como constitucional sobre aspectos sustanciales de la misma. Debate que se plantea en la misma sentencia, al resolverse esta con dos votos particulares de los cinco magistrados que componían la sala sentenciadora.

Los que suscribimos este artículo queremos intervenir en este debate, centrándonos exclusivamente en los apartados que la citada sentencia dedica al Parlamento de Andalucía. Lo hacemos desde la premisa del papel central que tiene el Parlamento de Andalucía en el sistema institucional de la comunidad autónoma.

El Parlamento de Andalucía representa al pueblo andaluz y es inviolable, según afirma categóricamente el artículo 100 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que es una Ley Orgánica que forma parte del bloque de constitucionalidad. Esta es una consideración que cobra una especial importancia a la luz de la Sentencia

Por ello, es especialmente significativo para quienes suscribimos estas líneas, el texto dedicado en la mencionada Sentencia al Parlamento de Andalucía, en cuyas páginas 188 a 198 se recogen afirmaciones como que “el Parlamento no tuvo conocimiento del destino final de las partidas aprobadas”, o que “la ilegalidad en el procedimiento tuvo su origen en la ilícita elaboración del anteproyecto y proyecto de presupuesto”, “la documentación anexa remitida al Parlamento utilizó una terminología ambigua y equívoca”, que indican todas ellas un cabal desconocimiento de la naturaleza de la actividad legislativa de la Cámara andaluza, y señaladamente del procedimiento legislativo especial que se refiere a la Ley del Presupuesto de la comunidad autónoma.

De acuerdo con ese procedimiento especial y según la práctica habitual, el Parlamento tiene conocimiento del destino final de las partidas aprobadas en cada sección del Presupuesto, tanto por la determinación de los objetivos de cada programa presupuestario como por el contenido de la memoria que preceptivamente acompaña al proyecto de ley de Presupuestos. Del mismo modo, a lo largo del proceso de debate parlamentario, cada diputado y cada grupo parlamentario tiene la capacidad de recabar las informaciones y aclaraciones que considere necesarias.

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Así mismo, resulta imposible establecer la ilicitud de la elaboración del anteproyecto y proyecto de Presupuesto, dado que en ningún caso se trata de actos administrativos, sino tan sólo de la manifestación de la voluntad legislativa del Consejo de Gobierno: afirmar lo contrario, como hace la Sentencia del Tribunal Supremo, equivaldría a someter al juicio ex post del poder judicial la capacidad de iniciativa legislativa del poder ejecutivo, con independencia de la suerte que esa iniciativa haya podido correr en su tramitación, debate y votación en su caso por el Parlamento. No se puede aceptar que el poder judicial ejerza un control de legalidad sobre una Ley aprobada por el Parlamento, que en ningún caso se puede ejercer sobre Proyectos o Anteproyectos, porque ese control sólo lo puede llevar a cabo el Tribunal Constitucional. En caso contrario, se estaría aceptando la potestad de declarar la ilegalidad de un anteproyecto o proyecto de ley que pretenda justamente modificar una Ley preexistente.

Del mismo modo, en la sentencia que nos ocupa se afirma que “la elaboración del anteproyecto de ley de presupuesto tiene un contenido esencial y limitado, definido constitucionalmente”, sin que en ningún momento la Sentencia cite expresamente artículo alguno de la Constitución española donde aparezca tal definición relativa a esta materia, por lo que es dudoso que esa invocación pueda ser usada por la sala de manera consistente. Mucho menos consistente resulta el argumento de invocar el respeto de órdenes y normas de rango inferior para justificar la declaración de ilegalidad de los criterios de elaboración de dichos anteproyectos o proyectos de Presupuestos. ¿Puede ser ilegal un criterio de presupuestación que es finalmente aprobado por el Parlamento en una ley? Por no decir nada sobre la inconsistencia de afirmar que “la aprobación parlamentaria no excluye esa ilegalidad”, tratándose precisamente de una aprobación mediante Ley. Nos pretende decir la citada sentencia que el Parlamento de Andalucía aprueba una ley ilegal.

Y, por último, pero no menos relevante, para restar valor al hecho cierto de la aprobación por el Parlamento de los proyectos de ley, la mencionada Sentencia cita como elemento de prueba la ponencia de síntesis de la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre las Ayudas Sociolaborales (dictamen rechazado por el pleno de la Cámara), contraviniendo nítidamente el apartado 4 del artículo 52 del vigente Reglamento del Parlamento de Andalucía, que establece que las conclusiones de estas comisiones “no serán vinculantes para los tribunales ni afectarán a las resoluciones judiciales”. Las comisiones de investigación son un órgano político que adopta sus acuerdos por voto ponderado, por lo que lógicamente, sus conclusiones tienen un valor político, y trasladar ese valor al ámbito probatorio es, cuando menos, una osadía y una extralimitación del propio Tribunal Supremo que incumple una norma —el Reglamento del Parlamento de Andalucía— con rango de ley.

Por todo ello, queremos expresar nuestro desacuerdo con la interpretación torcida y arbitraria que del Reglamento del Parlamento de Andalucía y de su proceder en la elaboración de la Ley de Presupuestos hace el Tribunal Supremo, que podría estar infringiendo el artículo 9.3 de la Constitución, preocupados por el gravísimo precedente que significa la subordinación de la actividad del poder legislativo en su primordial función a un órgano del poder judicial carente de legitimidad para ello.

En consecuencia, todas las actuaciones judiciales que tengan como premisa directa la ilegitimidad del procedimiento legislativo, que la sentencia invoca, sin que haya mediado juicio de constitucionalidad por los cauces previstos y ante el Tribunal Constitucional, son nulas, por atentar a la inviolabilidad del Parlamento, reflejo del principio constitucional de separación de poderes, atributo esencial de aquel que nos creemos en el deber institucional de defender

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España

La federación de la España Vaciada busca implantarse en todo el país

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La Federación de la España Vaciada ha celebrado este domingo su congreso fundacional en Teruel con el objetivo de convertirse una organización con representación política en todo el territorio nacional. Se ha conformado como una federación de seis partidos (Teruel Existe, España Vaciada, Aragón Existe, Soria Ya, Cuenca Ahora y Jaén Merece Más) en la que, de momento, están representadas 14 provincias. El diputado de Teruel Existe en el Congreso, Tomás Guitarte, ha sido elegido coordinador federal y portavoz nacional. Con esta unión, pretenden llegar a formar grupo propio en el Parlamento que surja de las próximas elecciones generales. “Es una acción dirigida al conjunto de la sociedad española, no solo a los territorios afectados”, afirmó Guitarte en la rueda de prensa posterior. La plataforma aspira a presentarse a todas las elecciones, municipales, autonómicas, nacionales e incluso europeas.

En este encuentro se conformó una Ejecutiva compuesta por un representante de cada una de las provincias que han participado en el congreso. No obstante, afirmó Guitarte, este no es un número cerrado y está abierto para que se vayan incorporando más de aquí a la cita de las municipales y autonómicas de mayo del año que viene.

En la cita, celebrada en la Cámara de Comercio de Teruel y la que asistieron unas 30 personas, se definió a la federación España Vaciada como una “formación transversal en lo ideológico, con vocación mayoritaria y decisiva para formar gobierno”. En su ideario, su principal objetivo sigue siendo el desarrollo sostenible acompañado del equilibrio territorial. “No queremos seguir siendo territorios de sacrificio”, dijo Guitarte.

Listas en Madrid

La estrategia que se ha decidido en el cónclave pasa por presentar listas en las grandes ciudades para atraer el voto de todas aquellas personas que han emigrado. Como, por ejemplo, Madrid, donde ya se ha constituido un movimiento de la España Vaciada. No obstante, en la organización admiten que aún es demasiado pronto para hablar de listas. Los partidos ya constituidos no cambiarán sus siglas y se presentarán con ellas a todas las elecciones.

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Además, España Vaciada, que ya se registró como partido en septiembre del año pasado, renovó los cargos orgánicos. La alcaldesa de Nieva de Cameros (La Rioja), Inma Saénz, ha sido escogida como coordinadora general del partido, y Sergio Díez, de León, como secretario de organización.

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Sánchez pide a la patronal que negocie con los sindicatos un acuerdo salarial

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Pedro Sánchez, en la clausura del XXVI Congreso de la Internacional Socialista.
Pedro Sánchez, en la clausura del XXVI Congreso de la Internacional Socialista.chema Moya Chema Moya (EFE)

Pedro Sánchez ha vuelto a reclamar a los empresarios españoles que lleguen a un acuerdo de rentas con los sindicatos en un contexto marcado por las secuelas económicas y sociales de la guerra de Ucrania. Su petición, en la clausura del XXVI Congreso de la Internacional Socialista (IS) en la que ha sido nombrado presidente —hasta ahora ningún español había ostentado el cargo—, se produce días después de que Antonio Garamendi haya sido reelegido al frente de la patronal. Y en un momento en el que España es el segundo país de la UE con la inflación más alta (7,3%), por debajo de la media en la zona euro (10,7%) y solo peor que Francia pero aun así en unos niveles muy elevados. “En España gracias a la reforma laboral, aprobada por mi Gobierno y acordada con los agentes sociales, hemos avanzado como nunca se ha avanzado a lo largo de estos últimos 40 años en estabilidad y dignidad laboral. Hemos situado la negociación colectiva en el centro de las relaciones laborales. Por eso pido a la patronal, a la CEOE, que se siente con los sindicatos para lograr ya un acuerdo salarial que dé seguridad a los trabajadores”, ha solicitado el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE.

La propuesta de Sánchez, que viene demandando desde la primavera, se ha producido dentro de su defensa del “trabajo digno” y de “una economía justa que reemplace al modelo neoliberal”. La socialdemocracia, ha enfatizado, debería ofrecer ese modelo alternativo frente al “nacionalismo reaccionario” y a la receta del austericidio con que la UE respondió a la Gran Recesión de 2008.

“La redistribución de la riqueza es una cuestión de principios y de valores”, ha resaltado tras su elección, sin más candidatos, como presidente de una organización en estado comatoso. Fundada en 1971 e integrada por más de 130 partidos socialistas, socialdemócratas y laboristas, Sánchez se ha puesto como tarea relanzar un organismo que languidece desde hace décadas y reconvertirlo en la “gran casa comun del socialismo internacional”. “Debemos fortalecer una organización que debe ser escuchada y ser tenida en cuenta en el mundo y que vuelva a unir a todos los partidos y organizaciones socialistas. La defensa del multilateralismo forma parte de nuestro ADN, y por eso es preciso reforzar el vínculo con Naciones Unidas: ese debe ser el foro para combatir las amenazas globales. Nuestro internacionalismo es el mejor antídoto contra las políticas miopes y de trincheras”, ha afirmado en un acto al que han asistido 14 ministros de la parte socialista del Gobierno, los presidentes autonómicos de Asturias, Extremadura, Navarra y La Rioja y 12 secretarios generales de las federaciones territoriales del PSOE.

Sánchez, que no ha hecho ninguna alusión a las rebajas de penas de agresores sexuales a raíz de la entrada en vigor de la ley de solo sí es sí —el Gobierno espera que esta semana el Tribunal Supremo dicte la doctrina a seguir— ni a la manifestación que a la misma hora había convocado Vox en la Plaza de Colón, ha hecho un llamamiento “para globalizar la justicia climática, los derechos y libertades”. “Esa globalización fue ignorada por quienes llevaron al mundo al desastre hace una década y quienes privatizaron ganancias obscenas y socializaron las pérdidas. Ante ellos debemos confrontar con una alternativa socialdemócrata más internacional y más socialista que nunca”, ha instado.

El nuevo líder de la IS, puesto que antes desempeñaron el alemán Willy Brandt o el portugués António Guterres, ha contado con el respaldo de su antecesor socialista en La Moncloa, José Luis Rodríguez Zapatero. “Hoy es un día trascendente, no es que haya una nueva Internacional Socialista, es la Internacional Socialista de nuevo, con toda la fuerza histórica y el liderazgo que ha sido capaz de transmitir en el mundo”, ha subrayado el expresidente del Gobierno. Zapatero ha apuntado implícitamente que la IS que Sánchez se propone potenciar no atraviesa por su mejor momento: “Ha sido la organización internacional política más importante en el siglo XX y debe serlo en el siglo XXI. Es nuestra responsabilidad construir una comunidad política internacional frente a las fuerzas reaccionarias e insensibles a los problemas globales”.

El desafío que encara Sánchez es mayúsculo: revivir a un organismo que lleva adormecido décadas. La parálisis de la IS llegó a tal punto los últimos años que incluso le surgió un competidor, la Alianza Progresista, de la que forman parte más de 140 partidos y organizaciones, entre ellas el PSOE. La inacción durante la etapa de Yorgos Papandreu, presidente desde 2006 —antes de que su partido, el PASOK, sucumbiera ante el ímpetu de Syriza y de las durísimas recetas de la UE en la Gran Recesión—, y de Luis Ayala, secretario general desde 1989, terminaron provocando la salida de la IS de los socialdemócratas alemanes y suecos. Uno de los primeros retos de Sánchez es que regresen esos partidos. Este domingo se vieron ya las primeras señales de acercamiento en las buenas palabras que dedicó Lars Klingbeil, copresidente del SPD, a Sánchez en un vídeo.

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Relevo en la cúpula

El XXVI Congreso de la IS se ha desarrollado como el PSOE quería. Pero eso no implica que haya sido sencillo. Varios partidos europeos eran reacios, según varias fuentes socialistas, a la continuidad de Ayala, que seguirá como asesor de la organización. Su sucesora como secretaria general será por primera vez una mujer africana, Benedicta Lasi (Ghana). En el PSOE tenían claro que era necesario “un giro de 180º″ en la cúpula de la IS para poner lo cimientos para reflotar el organismo, pero en Ferraz se encontraron resistencias al relevo de Ayala. El presidente del Comité de África de la IS, el maliense Bokary Treta, defendió en una carta presentada en octubre a la organización “la fórmula de Pedro Sánchez como presidente y Luis Ayala como secretario general como la mejor oportunidad de éxito” y su respaldo “inequívoco” al dirigente chileno “porque es casi el único que viene a [vernos a] nosotros en África”.

El Comité de los países de la Comunidad de Estados Independientes y del Cáucaso también apoyó de manera “unánime” que Ayala permaneciese como “un garante de estabilidad” en otra misiva. El dominicano Miguel Vargas, presidente del Comité para América Latina y el Caribe, también propuso en septiembre a Ayala para la secretaría general “para un nuevo periodo”. Al final el cambio fue posible sin estridencias gracias a las negociaciones entre bambalinas de Hana Jalloul, secretaria de Política Internacional y Cooperación al Desarrollo de la dirección del PSOE, y su equipo. El juego de equilibrios atendiendo a las diferentes regiones y sensibilidades también resultó clave: por ejemplo, Janet Camilo, de la República Dominicana, fue elegida esta semana nueva presidenta de la Internacional Socialista de Mujeres tras los dos mandatos de la marroquí Ouafa Jajji.

La apertura al África subsahariana con la apuesta de Lasi ha sido otro factor determinante en el encaje del sudoku con el que Sánchez espera reactivar la IS. La primera de los aires de renovación es que la mitad de partidos se ha puesto al día para pagar las cuotas y así poder participar en la votación en la que Sánchez ha asumido el timón de una organización “con mucho potencial y capacidad de influencia” según comparten en La Moncloa y la ejecutiva federal del PSOE.

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Abascal defiende la violencia verbal de Vox y sus insultos a la “enloquecida” ministra Montero

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El líder de Vox, Santiago Abascal, ha defendido este domingo en Madrid la violencia verbal de su partido, que esta semana ha provocado la indignación de los demás grupos parlamentarios por sus insultos machistas a la ministra de Igualdad, Irene Montero, con el argumento de que lo único que hace es “decir la verdad” y ha asegurado que seguirá haciéndolo. “Llevarles la contraria es violencia, según ellos, tienen la lengua muy larga y la piel muy fina”, ha dicho en un multitudinario mitin en la Plaza de Colón.

Lejos de retirar los insultos a Montero, Abascal la ha calificado de “ministra enloquecida” y la ha culpado de poner en la calle a violadores y hacer apología de la pederastia. Tras asegurar que su diputada Carla Toscano solo dijo la verdad cuando acusó a Montero de que su único mérito era haber “estudiado en profundidad” a Pablo Iglesias, añadió que “en ningún país serio “ se admitiría que un matrimonio se sentase en el Consejo de Ministros, como sucedía con la ministra de Igualdad y el anterior vicepresidente segundo. Aunque ha acusado a la izquierda de victimizarse “con el numerito de Montero”, ha presentado como víctima a al porpia Toscano, asegurando que fue increpada por dos miembros de la Mesa del Congreso sentados junto a la tribuna de oradores.

La manifestación convocada por Vox y su brazo sindical, Solidaridad, para exigir la dimisión del Gobierno, bajo el lema “¡Vete ya!”, referido a Pedro Sánchez, se ha quedado en un mitin ultra. Aunque el objetivo era el mismoque entonces, reclamar elecciones anticipadas, no ha tenido las dimensiones del gran acto de Colón de febrero de 2019, cuando se unieron las tres derechas: PP, Ciudadanos y Vox.

El centro de la plaza estaba ocupado esta vez por un mercadillo navideño y el mitin ha quedado acotado a un lateral, la calle de la Armada española, que no se ha llenado por completo, aunque el público la ha desbordado por detrás del escenario y ha cortado el Paseo de la Castellana frente a la calle Génova. Los organizadores han cifrado los asistentes en 80.000, pero la Delegación del Gobierno los ha reducido a 25.000, una estimación más ajustada a los que se ha podido observar sobre el terreno.

En cualquier caso, Vox ha conseguido rehacerse del pinchazo del pasado fin de semana en Barcelona, donde solo congregó a unos centenares de personas ante la indiferencia de los viandantes. La polémica de esta semana en el Congreso ha servido a Abascal para enardecer a sus seguidores, cargando contra EL PAÍS, del que ha leído su principal titular (“La violencia verbal de Vox desborda el Parlamento”), o la Cadena Ser. También ha arremetido contra El Mundo y El Español, a los que se ha referido sin citarlos como prensa “supuestamente amiga”, por publicar una viñeta humorística en la que se le dibujaba sobre un brazo levantado realizando el saludo fascista y por calificar a Toscano como “la pitbull de Abascal”..

El líder ultra ha calificdo de “verdugo”, “político sin escrúpulos” y “jefe de demoliciones”, entre otros epítetos (y a quien por megafonía se ha llamado “rata”), pero no ha mencionado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, su más directo competidor electoral. Solo ha aludido veladamente a él cuando ha dicho que “no basta con recuperar el delito de sedición”, como ha prometido el líder popular, sino que hay que tipificar el delito de traición para juzgar a políticos como el actual presidente del Gobierno. En realidad, el delito de traición ya está tipicado en el Código Penal español y castigado con hasta 20 años de cárcel.

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