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El juez Alba apurará hasta el martes su entrada en prisión a la espera de la tramitación de sus recursos

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La defensa del exmagistrado Salvador Alba apura sus opciones de defensa para dilatar su entrada en prisión, prevista para el martes, según ha informado su esposa, Teresa Lorenzo Establier, actual secretaria judicial del Decanato del partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria. “Mi marido se personará en tiempo y forma, terminado el plazo el martes a las tres de la tarde”, ha asegurado Lorenzo a EL PAÍS. La denunciante, la actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, la magistrada en excedencia Victoria Rosell, ha manifestado por su parte este domingo encontrarse a la espera “de que de verdad se cumple y de verdad entre en prisión y se demuestre que una persona tan pegada al poder” como Alba “también puede ser condenado si comete una ilegalidad tan grande”.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias emitió el pasado jueves un auto en el que desestimaba los recursos de Salvador Alba y concedía un plazo de un día para ingresar en un centro penitenciario. Alba fue condenado en 2019 a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación por los delitos de prevaricación judicial, cohecho y falsedad en documento oficial en sus maniobras contra Victoria Rosell. En noviembre de 2021, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia. Lorenzo Establier ha confirmado este domingo que Alba recibió la ejecutoria en su domicilio el jueves a las 17.35. En estos procedimientos, asegura, “si se notifican a partir de las 15, el primer día que cuenta no es el siguiente día, sino el siguiente día hábil. “Es decir, que mi marido tiene hasta el martes 18 de octubre a las 15.00 para ingresar en prisión”. Eso, “Sin perjuicio de que la sala, a la vista de los escritos que ha presentado la defensa, dicte alguna resolución“. La jurista, en todo caso, ha asegurado “no tener contacto” con Salvador Alba “desde hace cuatro días”. “Ni conozco, ni tengo acceso a los recursos que ha presentado”, asegura en conversación telefónica. “Estoy con la niña, intentando que no se entere de nada”. El matrimonio tiene una hija de 14 años.

Lorenzo Establier presentó en marzo la petición de indulto para el exmagistrado. Denuncia, sin embargo, distintas irregularidades cometidas durante el proceso. En primer lugar, relata, el informe que se remite al Ministerio de Justicia, no fue elaborado por el tribunal competente, con lo que se logra demorar el proceso. La jurista, además, solicitó la suspensión de la pena mientras se tramita el indulto. El TSJC rechazó la solicitud, pero informó que cabía recurso de súplica y, posteriormente, de apelación. “En este auto se nos informaba de que mientras la decisión no sea firme queda en suspenso la pena. Sin embargo, a mi marido no le han notificado auto alguno que le denieguen la suspensión por indulto. A todo penado le notificas el auto denegando el indulto, lo llamas al juzgado y lo notificas. ¿A todos menos a Salvador Alba?”, se pregunta. La abogada recuerda, además, que Alba está pendiente de un recurso de amparo presentado ante el Tribunal Constitucional en el que reclaman la suspensión de la pena.

Lorenzo Establier denuncia, a su vez, el procedimiento seguido para la notificación de la ejecutoria. “Mira que en mi carrera judicial he puesto mandamientos de prisión, y en la vida hemos ido a casa de nadie con la Policía, sino se le cita en el juzgado”, asegura “¿Por qué tiene que venir un policía a mi casa donde está mi hija cuando mi marido ha ido a notificarse siempre que el juzgado lo ha requerido? ¿Para hacer el teatrillo y perjudicar a mi hija?”.

Victoria Rosell y el juez Salvador Alba (a su espalda), en 2019 en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Victoria Rosell y el juez Salvador Alba (a su espalda), en 2019 en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Mensaje para la ciudadanía

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La actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, celebra, por su parte, la entrada en prisión del exmagistrado. “Es un buen mensaje para la ciudadanía”, asegura en conversación telefónica este domingo. “Se necesita que sea realidad y se ejecute y entre en prisión para que se demuestre que una persona tan pegada al poder como Alba, que no solo era juez, sino también candidato al Consejo General del poder Judicial y al TSJC, avalado por el Partido Popular y, especialmente, por un ministro como José Manuel Soria, ni más ni menos, también puede ser condenado si comete unas ilegalidades tan grandes”.

Rosell subraya la “tremenda gravedad” de los episodios que se produjeron en 2016 y que han conducido a la condena de Salvador Alba. “Implica que el poder puede cambiar las reglas democráticas y pueda hacer que el voto de los ciudadanos se pueda alterar con ilegalidades”. “Yo me presenté a las elecciones para ser diputada durante una legislatura entera”, recuerda. “Y solo lo pude hacer unos meses por culpa de estas maniobras delictivas de Soria y Alba”. “Después de una campaña electoral [la de las elecciones generales celebradas el 10 de noviembre de 2015] con juego sucio y desinformación, a pesar de todo logramos superar al PSOE en votos y nos quedamos a escasa distancia de Soria”. Y asevera: “Si logramos ese resultado con estas mentiras y los medios desinformando sobre mí, quizás sin tanto delito podríamos estar hablando de otro escenario”. Respecto a su futuro, Rosell es reticente a volver a figurar en unas listas. “No creo que vuelva a presentarme, pero sí pediría a la gente que se pare a pensar qué puede hacer el poder político, mediático y empresarial con su voto, y que luche por recuperar la ilusión de 2015″.

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Dimite el presidente del PP de Salamanca, investigado en el ‘caso primarias’

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El presidente del PP de Salamanca, Francisco Javier Iglesias, ha dimitido en la tarde de este viernes como presidente provincial del PP, cargo que compatibilizaba con la dirección de la diputación salmantina, a la que no ha renunciado. Iglesias se encuentra imputado por el conocido como caso primarias, que investiga si la formación conservadora incurrió en una presunta financiación irregular en 2017 durante el proceso de elección interna que ganó el hoy presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Está en cuestión el origen de 24.000 euros que el PP recabó para poner al día de sus cuotas a afiliados de Salamanca y que pudieran votar en esas primarias.

La renuncia de Iglesias conlleva que el PP de Salamanca quede bajo la administración de una gestora hasta que se celebre un congreso del que salga un nuevo liderazgo. Una parte del PP lleva meses denunciando que ese congreso debería haberse convocado hace año y medio y que el investigado, hombre de confianza de Mañueco, estaba retrasando sin motivo su convocatoria. Un sector de los afiliados incluso escribió a la dirección nacional de los conservadores para denunciar lo acontecido, que tildaban de “flagrante incumplimiento de los estatutos”. “Se está hurtando el derecho a elegir y ser elegidos”, decía la misiva. Este grupo de críticos, con 147 nombres que firman la queja formal, exigía la intervención del comité de derechos y garantías de Génova y alertaba de que se estaba fraguando “un profundo malestar”. El comité interno del PP contestó meses después informando de forma aséptica del traslado del asunto al área de derechos y garantías de Castilla y León, cuya presidenta, Rocío Lucas, contestó con un sucinto “se comenzarán las actuaciones que procedan mediante la realización de la información oportuna”. Han pasado casi cuatro meses desde entonces y fuentes de esa ala del PP confirman que no ha habido movimientos.

Fuentes del sector crítico del partido en la provincia definen como “burla” el movimiento de Iglesias. “Nosotros lo que pedimos es que se celebre el congreso como dictan los estatutos, no que se nombre una gestora y que todo siga igual”, señala uno de los críticos. El puesto de Iglesias lo va a ocupar García Carbayo, alcalde de Salamanca y segundo en el organigrama hasta la renuncia del presidente. “Esperamos que al juez no le importe si Iglesias es o no presidente porque nosotros denunciamos que no está habiendo democracia”, afirman estas fuentes. Este jueves por la noche fuentes del PP charro ya mostraban su estupefacción a EL PAÍS tras recibir con año y medio de tardanza la convocatoria del comité ejecutivo provincial.

El comunicado, al que ha accedido este periódico, se expresaba así: “Por indicación del Presidente Provincial del Partido [Francisco Javier Iglesias], os convocamos a la reunión del Comité Ejecutivo Provincial que se celebrará el viernes día 2 de diciembre a las 17.00 horas en la sede provincial del Partido Popular”. La finalidad del mismo era la “aprobación del acta de la sesión anterior”, la “propuesta y aprobación del Comité de Campaña para las elecciones municipales”, la “propuesta y aprobación del Comité Electoral para las elecciones municipales”, el “Informe del Secretario Provincial, Carlos García Carbayo [también alcalde de Salamanca], un “Informe del Presidente Provincial, [Francisco] Javier Iglesias García”, y ruegos y preguntas.

Esta reunión ha servido para que el dirigente provincial se aparte del mando y abra una nueva etapa en el PP salmantino. El movimiento llega también a unos meses de las elecciones locales en Salamanca, cuya ciudad y provincia son históricos bastiones del PP, aunque Castilla y León no celebrará comicios autonómicos como la mayoría de las comunidades españolas. Mañueco rompió con Ciudadanos el pasado diciembre y llamó a las urnas en febrero, en unos comicios cuyo resultado propició el actual Gobierno de coalición entre PP y Vox.

La dimisión de Francisco Javier Iglesias llega apenas dos semanas antes de la vista convocada en Salamanca tras la demanda presentada en los juzgados salmantinos por ese sector crítico de los militantes, reacio a la dirección y sus métodos, “por vulneración del derecho fundamental de asociación en su vertiente de derecho por asociación política”. El objetivo de esta reclamación pasaba por obtener una medida cautelar para obligar al PP a convocar el congreso provincial.

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La Fiscalía pide nueve años de cárcel para Villarejo por otro encargo de espionaje

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El comisario jubilado José Manuel Villarejo acude a la Audiencia Nacional junto a su abogado, el pasado septiembre.
El comisario jubilado José Manuel Villarejo acude a la Audiencia Nacional junto a su abogado, el pasado septiembre.KIKE PARA

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, epicentro de una macrotrama de corrupción policial, suma una nueva petición de cárcel. La Fiscalía reclama que se le impongan nueve años de prisión por el presunto encargo que recibió en 2015 de una particular, Marzena Katarzina, para espiar a un empresario de Marbella, Felipe G. Z., con el que tenía un conflicto económico. El antiguo agente acumula así otra solicitud de condena, mientras espera a que la Audiencia Nacional emita su veredicto sobre el primer gran juicio que afrontó en este tribunal, que acabó en septiembre tras un año de sesiones y en el que el ministerio público planteó que se le castigase a 80 años de reclusión.

La Fiscalía Anticorrupción mueve otra ficha contra el comisario jubilado, que actualmente se encuentra en libertad. Según consta en el escrito de acusación del ministerio público sobre esta Pieza Separada 8 del caso Villarejo, Katarzina contactó a mediados de 2015 con la “organización criminal” liderada por el policía. Esta mujer se encontraba enfrentada con Felipe G. Z. a raíz de un “contrato de arrendamiento con opción de compra que ambos” habían firmado sobre una vivienda en Benhavís (Málaga), y que había provocado que ella presentase una querella contra él en los tribunales, pero que había acabado archivada.

Katarzina quería recuperar el dinero que reclamaba a su adversario y, según la Fiscalía, autorizó a la trama para “ejercitar las acciones penales y civiles” que resultasen necesarias para lograrlo. Según el sumario, el grupo del comisario confeccionó entonces un “informe prejudicial” sobre la presunta víctima, para el que recabaron información de su entorno familiar y socios; de su trayectoria profesional; de su patrimonio y sociedades; y de su situación financiera y crediticia. Recurriendo, para ello, a bases de datos y registros confidenciales, “no accesibles al público”, según consta en las pesquisas de la Audiencia Nacional.

El juez Manuel García-Castellón dio por finalizada esta línea de investigación en julio de 2021 y propuso juzgar a siete presuntos implicados en este proyecto de espionaje: al comisario jubilado, a cinco de sus supuestos colaboradores y a la clienta. Sin embargo, ese listado se ha reducido. La Sala de lo Penal concluyó que no existían indicios suficientes para sentar en el banquillo a Katarzina. Así que, finalmente, el ministerio público pide cárcel para Villarejo y cuatro de sus cooperadores: el abogado Rafael Redondo, para quien solicita cinco años de prisión; el comisario Enrique García Castaño (nueve años de cárcel); Antonio Bonilla (cinco años); y Constancio Riaño (ocho años).

El caso Villarejo constituye un macrosumario con más de 30 líneas de investigación, algunas de las cuales ya se han enviado a juicio. El pasado septiembre, la Audiencia Nacional acabó la primera gran vista oral contra el comisario jubilado, centrada en los proyectos de espionaje bautizados como Iron, Land y Pintor. Solo por estas tres piezas de las pesquisas, la Fiscalía le pide más de 80 años de cárcel. El tribunal aún no ha emitido su sentencia.

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La Guardia Civil rescata de un atasco a un bebé grave que iba al hospital

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Agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Valencia auxiliaron durante un gran atasco que se había producido cerca de la ciudad, en la autovía A-7, a una familia que se encontraba inmovilizada en esa retención cuando su bebé tenía que ser trasladado a un hospital de manera urgente.

Sobre las 22:30 horas del pasado miércoles, en el kilómetro 331 de la A-7, una madre se encontraba parada en su vehículo debido a un siniestro vial múltiple entre vehículos pesados y turismos que provocaron retenciones de varios kilómetros en sentido Barcelona desde primera hora de la tarde.

La mujer viajaba en el vehículo con su bebé de tres meses de edad, quien se encontraba enfermo y con una fiebre muy elevada. Al observar que la circulación estaba prácticamente detenida se detuvo para solicitar auxilio al resto de conductores de la vía y llamar también al 112, según cuenta este viernes la Guardia Civil en una nota de prensa.

Una patrulla de la Guardia Civil se dirigió al lugar y logró localizarles. Al observar que el bebé tenía una alta temperatura, que no respondía a los estímulos externos y estaba en estado de shock, al tiempo que la madre estaba muy nerviosa, con ansiedad e incapaz de conducir su vehículo, un agente condujo el coche junto a la familia hacia el Hospital de Manises, mientras el otro agente conducía el vehículo oficial en primer lugar facilitándoles el paso en el arcén y entre los vehículos parados.

En solo diez minutos, madre e hijo pudieron abandonar la retención y llegar al citado hospital, donde el bebé fue atendido inmediatamente por servicios médicos y logró recuperarse sin problemas, según la nota de prensa.

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