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El exjuez Alba intenta demorar otra vez el ingreso en prisión al recusar al presidente del TSJ canario

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Salvador Alba, el juez condenado a prisión por conspirar para perjudicar a su colega Victoria Rosell, diputada de Podemos, y favorecer al exministro José Manuel Soria, ha llevado a cabo esta mañana un nuevo intento de aplazar su entrada en la cárcel, prevista para este martes, antes de las tres de la tarde. El exmagistrado ha vuelto a recusar al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo Bragado, al que acusa de tener una “prisa inusitada” en hacer que cumpla la condena firme de prisión que pesa sobre él desde noviembre de 2021, con lo que considera que ha causado “daño” a la familia del exjuez corrupto.

En un escrito fechado este domingo al que ha tenido acceso EL PAÍS, el letrado de Alba, Nicolás González-Cuéllar, expone los motivos por los que vuelve a recusar a Lorenzo Bragado. El documento recuerda la primera recusación, resuelta el 27 de julio y notificada el 11 de octubre, según el texto. El alegato recoge un tuit publicado este verano por Rosell en el que manifestaba lo siguiente: “Alguno de estos magistrados me justificó no compartir mesa conmigo, pese al protocolo oficial, hasta que entre en prisión el exjuez Alba (por si tocaba decidir recurso)”. Según el escrito, este tuit “evidencia, al menos indiciariamente, un contacto entre Rosell Aguilar y Lorenzo Bragado” y ”pone en duda la imparcialidad objetiva del presidente recusado”. La defensa cita un segundo tuit. Ambos, en su opinión, “evidencian un contacto extraprocesal entre la más alta autoridad del TSJ de Canarias y una de las partes”.

La defensa también cita la filtración del auto emitido el jueves de la semana pasada que dictaba el ingreso en prisión de Alba en el plazo de un día. La publicación del auto en medios, evidencia, según los abogados, “un interés desmesurado del recusado en la presente ejecutoria que, sin duda, puede afectar a su imparcialidad subjetiva, pues esa resolución ni siquiera había sido notificada a esta representación procesal, cercenando de plano el derecho de defensa del recusante”.

El escrito presentado por Salvador Alba sostiene que la Sala de lo Penal del TSJC recibió formalmente el 13 de octubre a las 13.39 el expediente por el que se desestima su anterior recusación contra Lorenzo Bragado. Esa misma sala, según el texto, dicta el auto que le da un día para ingresar en prisión a las 13.40, un minuto después. El exmagistrado subraya que esas son las fechas y horas que constan en el sistema informático de los tribunales, “que no falla en absoluto”.

“Es materialmente imposible una deliberación, votación y fallo en menos de un minuto, por lo que, por pura lógica y matemática, la deliberación, votación y fallo se habían producido con anterioridad a la comunicación a la sala de la resolución de la recusación de Juan Luis Lorenzo Bragado y, por tanto, estando aún recusado formalmente y suspendido el procedimiento”, argumenta la defensa.

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El abogado Nicolás González-Cuéllar recusa por esta misma razón a Nicolás Acosta, ponente del auto ejecutorio emitido el 13 de octubre. Sus actos, sostiene la defensa, “consuman una indefensión sin precedentes”.

Salvador Alba fue condenado en 2019 a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación por los delitos de prevaricación judicial, cohecho y falsedad en documento oficial por realizar maniobras judiciales para perjudicar a Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, y favorecer a la vez a Soria, exlíder autonómico del PP.

El tribunal sentenciador considera probado que Alba se concertó de manera ilegal en 2016 con el empresario Miguel Ángel Ramírez para que este aportara documentos que cuestionaban la imparcialidad de Rosell y alimentaron una causa en el Supremo contra ella. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias informó a Alba a las 17.35 del pasado jueves del ingreso en prisión del exmagistrado. La esposa de Alba, Teresa Lorenzo Establier, actual secretaria judicial del Decanato del partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria, informó a este diario de que el exjuez tenía previsto su ingreso mañana martes, “sin perjuicio de que la sala, a la vista de los escritos que ha presentado la defensa, dicte alguna resolución”.

Lorenzo Establier ha explicado que su marido tiene previsto ingresar voluntariamente en prisión y que lo hará en una de los cinco centros con módulos de seguridad para autoridades. La jurista, en todo caso, es de la opinión de que, tras la presentación del escrito en el día de hoy, “en teoría el procedimiento se suspende”.

Estas prisiones se encuentran en la Península y son las de Estremera, en Madrid; Sevilla I; Castellón II, Monterroso, en Lugo; y Logroño, en La Rioja.

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Dimite el presidente del PP de Salamanca, investigado en el ‘caso primarias’

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El presidente del PP de Salamanca, Francisco Javier Iglesias, ha dimitido en la tarde de este viernes como presidente provincial del PP, cargo que compatibilizaba con la dirección de la diputación salmantina, a la que no ha renunciado. Iglesias se encuentra imputado por el conocido como caso primarias, que investiga si la formación conservadora incurrió en una presunta financiación irregular en 2017 durante el proceso de elección interna que ganó el hoy presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Está en cuestión el origen de 24.000 euros que el PP recabó para poner al día de sus cuotas a afiliados de Salamanca y que pudieran votar en esas primarias.

La renuncia de Iglesias conlleva que el PP de Salamanca quede bajo la administración de una gestora hasta que se celebre un congreso del que salga un nuevo liderazgo. Una parte del PP lleva meses denunciando que ese congreso debería haberse convocado hace año y medio y que el investigado, hombre de confianza de Mañueco, estaba retrasando sin motivo su convocatoria. Un sector de los afiliados incluso escribió a la dirección nacional de los conservadores para denunciar lo acontecido, que tildaban de “flagrante incumplimiento de los estatutos”. “Se está hurtando el derecho a elegir y ser elegidos”, decía la misiva. Este grupo de críticos, con 147 nombres que firman la queja formal, exigía la intervención del comité de derechos y garantías de Génova y alertaba de que se estaba fraguando “un profundo malestar”. El comité interno del PP contestó meses después informando de forma aséptica del traslado del asunto al área de derechos y garantías de Castilla y León, cuya presidenta, Rocío Lucas, contestó con un sucinto “se comenzarán las actuaciones que procedan mediante la realización de la información oportuna”. Han pasado casi cuatro meses desde entonces y fuentes de esa ala del PP confirman que no ha habido movimientos.

Fuentes del sector crítico del partido en la provincia definen como “burla” el movimiento de Iglesias. “Nosotros lo que pedimos es que se celebre el congreso como dictan los estatutos, no que se nombre una gestora y que todo siga igual”, señala uno de los críticos. El puesto de Iglesias lo va a ocupar García Carbayo, alcalde de Salamanca y segundo en el organigrama hasta la renuncia del presidente. “Esperamos que al juez no le importe si Iglesias es o no presidente porque nosotros denunciamos que no está habiendo democracia”, afirman estas fuentes. Este jueves por la noche fuentes del PP charro ya mostraban su estupefacción a EL PAÍS tras recibir con año y medio de tardanza la convocatoria del comité ejecutivo provincial.

El comunicado, al que ha accedido este periódico, se expresaba así: “Por indicación del Presidente Provincial del Partido [Francisco Javier Iglesias], os convocamos a la reunión del Comité Ejecutivo Provincial que se celebrará el viernes día 2 de diciembre a las 17.00 horas en la sede provincial del Partido Popular”. La finalidad del mismo era la “aprobación del acta de la sesión anterior”, la “propuesta y aprobación del Comité de Campaña para las elecciones municipales”, la “propuesta y aprobación del Comité Electoral para las elecciones municipales”, el “Informe del Secretario Provincial, Carlos García Carbayo [también alcalde de Salamanca], un “Informe del Presidente Provincial, [Francisco] Javier Iglesias García”, y ruegos y preguntas.

Esta reunión ha servido para que el dirigente provincial se aparte del mando y abra una nueva etapa en el PP salmantino. El movimiento llega también a unos meses de las elecciones locales en Salamanca, cuya ciudad y provincia son históricos bastiones del PP, aunque Castilla y León no celebrará comicios autonómicos como la mayoría de las comunidades españolas. Mañueco rompió con Ciudadanos el pasado diciembre y llamó a las urnas en febrero, en unos comicios cuyo resultado propició el actual Gobierno de coalición entre PP y Vox.

La dimisión de Francisco Javier Iglesias llega apenas dos semanas antes de la vista convocada en Salamanca tras la demanda presentada en los juzgados salmantinos por ese sector crítico de los militantes, reacio a la dirección y sus métodos, “por vulneración del derecho fundamental de asociación en su vertiente de derecho por asociación política”. El objetivo de esta reclamación pasaba por obtener una medida cautelar para obligar al PP a convocar el congreso provincial.

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La Fiscalía pide nueve años de cárcel para Villarejo por otro encargo de espionaje

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El comisario jubilado José Manuel Villarejo acude a la Audiencia Nacional junto a su abogado, el pasado septiembre.
El comisario jubilado José Manuel Villarejo acude a la Audiencia Nacional junto a su abogado, el pasado septiembre.KIKE PARA

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, epicentro de una macrotrama de corrupción policial, suma una nueva petición de cárcel. La Fiscalía reclama que se le impongan nueve años de prisión por el presunto encargo que recibió en 2015 de una particular, Marzena Katarzina, para espiar a un empresario de Marbella, Felipe G. Z., con el que tenía un conflicto económico. El antiguo agente acumula así otra solicitud de condena, mientras espera a que la Audiencia Nacional emita su veredicto sobre el primer gran juicio que afrontó en este tribunal, que acabó en septiembre tras un año de sesiones y en el que el ministerio público planteó que se le castigase a 80 años de reclusión.

La Fiscalía Anticorrupción mueve otra ficha contra el comisario jubilado, que actualmente se encuentra en libertad. Según consta en el escrito de acusación del ministerio público sobre esta Pieza Separada 8 del caso Villarejo, Katarzina contactó a mediados de 2015 con la “organización criminal” liderada por el policía. Esta mujer se encontraba enfrentada con Felipe G. Z. a raíz de un “contrato de arrendamiento con opción de compra que ambos” habían firmado sobre una vivienda en Benhavís (Málaga), y que había provocado que ella presentase una querella contra él en los tribunales, pero que había acabado archivada.

Katarzina quería recuperar el dinero que reclamaba a su adversario y, según la Fiscalía, autorizó a la trama para “ejercitar las acciones penales y civiles” que resultasen necesarias para lograrlo. Según el sumario, el grupo del comisario confeccionó entonces un “informe prejudicial” sobre la presunta víctima, para el que recabaron información de su entorno familiar y socios; de su trayectoria profesional; de su patrimonio y sociedades; y de su situación financiera y crediticia. Recurriendo, para ello, a bases de datos y registros confidenciales, “no accesibles al público”, según consta en las pesquisas de la Audiencia Nacional.

El juez Manuel García-Castellón dio por finalizada esta línea de investigación en julio de 2021 y propuso juzgar a siete presuntos implicados en este proyecto de espionaje: al comisario jubilado, a cinco de sus supuestos colaboradores y a la clienta. Sin embargo, ese listado se ha reducido. La Sala de lo Penal concluyó que no existían indicios suficientes para sentar en el banquillo a Katarzina. Así que, finalmente, el ministerio público pide cárcel para Villarejo y cuatro de sus cooperadores: el abogado Rafael Redondo, para quien solicita cinco años de prisión; el comisario Enrique García Castaño (nueve años de cárcel); Antonio Bonilla (cinco años); y Constancio Riaño (ocho años).

El caso Villarejo constituye un macrosumario con más de 30 líneas de investigación, algunas de las cuales ya se han enviado a juicio. El pasado septiembre, la Audiencia Nacional acabó la primera gran vista oral contra el comisario jubilado, centrada en los proyectos de espionaje bautizados como Iron, Land y Pintor. Solo por estas tres piezas de las pesquisas, la Fiscalía le pide más de 80 años de cárcel. El tribunal aún no ha emitido su sentencia.

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La Guardia Civil rescata de un atasco a un bebé grave que iba al hospital

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Agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Valencia auxiliaron durante un gran atasco que se había producido cerca de la ciudad, en la autovía A-7, a una familia que se encontraba inmovilizada en esa retención cuando su bebé tenía que ser trasladado a un hospital de manera urgente.

Sobre las 22:30 horas del pasado miércoles, en el kilómetro 331 de la A-7, una madre se encontraba parada en su vehículo debido a un siniestro vial múltiple entre vehículos pesados y turismos que provocaron retenciones de varios kilómetros en sentido Barcelona desde primera hora de la tarde.

La mujer viajaba en el vehículo con su bebé de tres meses de edad, quien se encontraba enfermo y con una fiebre muy elevada. Al observar que la circulación estaba prácticamente detenida se detuvo para solicitar auxilio al resto de conductores de la vía y llamar también al 112, según cuenta este viernes la Guardia Civil en una nota de prensa.

Una patrulla de la Guardia Civil se dirigió al lugar y logró localizarles. Al observar que el bebé tenía una alta temperatura, que no respondía a los estímulos externos y estaba en estado de shock, al tiempo que la madre estaba muy nerviosa, con ansiedad e incapaz de conducir su vehículo, un agente condujo el coche junto a la familia hacia el Hospital de Manises, mientras el otro agente conducía el vehículo oficial en primer lugar facilitándoles el paso en el arcén y entre los vehículos parados.

En solo diez minutos, madre e hijo pudieron abandonar la retención y llegar al citado hospital, donde el bebé fue atendido inmediatamente por servicios médicos y logró recuperarse sin problemas, según la nota de prensa.

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