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Sánchez y Feijóo ultiman su único gran pacto antes de una durísima carrera electoral

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Han hecho falta casi cuatro años, un cambio de liderazgo hace ya seis meses en la cúpula del PP y, sobre todo, la dimisión del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, con una crisis institucional sin precedentes, para que por primera vez tanto en el Gobierno como en el principal partido de la oposición insistan en que esta vez es la buena y que el pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial es inminente. No parece que se pueda cerrar este mismo fin de semana, y ni siquiera la fecha del martes, con un debate decisivo en el Senado entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, es asumida como un límite temporal inexcusable, pero de los dos lados admiten que las cosas van bien, las negociaciones avanzan y, sobre todo, asumen que cualquier otra opción sería un gran escándalo. Puestos frente al precipicio, las dos partes parecen haber cedido en algo. Será el primer gran pacto entre Sánchez y Feijóo en vísperas de la larga, incierta y compleja campaña electoral que se avecina durante todo 2023 y en la que ambos se juegan el futuro de su carrera.

Con un Poder Judicial descabezado y desprestigiado como órgano de gobierno de los jueces, ya sin presidente, con su consejo irremediablemente roto, que discute incluso sobre la fórmula para buscar un sucesor interino y no logra ponerse de acuerdo para renovar el Tribunal Constitucional desde hace más de un mes, la imagen de una nueva ruptura entre los dos grandes partidos sería insostenible. Y la presión es fuerte sobre todo para el PP, que ha logrado bloquear la renovación durante casi cuatro años pero ahora empieza a sufrir un desgaste con la dimisión de Lesmes, un hombre muy cercano a este partido, que lo eligió como presidente del CGPJ y ahora ve cómo dimite harto de ese larguísimo conflicto. Feijóo, además, se había labrado con sus cuatro mayorías absolutas como presidente de la Xunta de Galicia un prestigio de político institucional, solvente, de gestión y de Estado que quiere exportar a nivel nacional para contraponer al de Sánchez y para lo que no ayuda nada el incumplimiento de sus deberes constitucionales sobre el poder judicial. Este deterioro también perjudica al Gobierno por la mala imagen de España ante Bruselas.

Sánchez y Feijóo, después de una reunión en La Moncloa el lunes pasado que fue mucho mejor de lo esperado, ultiman ahora los detalles de este acuerdo con sus negociadores principales, Félix Bolaños y Esteban González Pons. Será su primer pacto de Estado y probablemente el último importante antes de una larguísima campaña a cara de perro en la que se jugarán a todo o nada durante 2023 buena parte del poder político español, ya que entre las municipales y autonómicas de junio y las generales previstas para diciembre se decidirá la estructura de poder real para los próximos años en España. Las urnas solventarán así el futuro de los dos grandes partidos e incluso de la estructura multipartidista surgida en 2015 y que podría cambiar mucho su configuración en estas elecciones, donde el bipartidismo se está recuperando de su debacle de 2019 aunque aún seguirá muy lejos de los años en los que ocupaba el 80% de los escaños.

Bolaños y Pons llevan toda la semana en contacto permanente, intercambiando perfiles, nombres, compromisos para redactar un documento por escrito que sancione el acuerdo, y también las posibles “pistas de aterrizaje” para proporcionar al sector más conservador del PP y de su entorno, que lleva años presionando a Pablo Casado antes y a Feijóo ahora, para que no pacten nada con Sánchez, y que ahora tendrán que digerir este giro que supondrá acordar un CGPJ con una ligera mayoría progresista frente al actual, prorrogado desde 2018, de dominio conservador. El inminente pacto se resolverá finalmente sobre el reparto ya fijado hace más de un año con la ley vigente entre los mismos representantes del Gobierno de Sánchez con el PP entonces de Casado, con 10 vocales de tendencia progresista, otros diez conservadores, un nuevo presidente a nominar entre esos 20 vocales del sector progresista y con el compromiso explícito ahora de proponer perfiles limpios -sin ex políticos- pero también sin vetos explícitos.

De hecho, Unidas Podemos, que espera poder incluir a dos personas propuestas por ellos en ese consejo, insiste en que no aceptará ningún veto y el PP de Feijóo ya no hace batalla de esa exigencia, lo que levanta no pocas suspicacias en la anterior y defestrada dirección del partido. La última negociación, en 2021, se rompió por el veto del PP a la propuesta de Unidas Podemos de incluir entre los vocales al juez José Ricardo De Prada, uno de los tres que firmaron la sentencia del caso Gürtel que precipitó la moción de censura que echó a Mariano Rajoy del poder y llevó a Sánchez a La Moncloa por primera vez. Ni el PP ni el PSOE mencionan ahora nada sobre De Prada.

El escenario es diferente y todos los partidos parecen más flexibles, y sobre todo, esta vez, al menos a esa conclusión llegaron las fuentes gubernamentales consultadas, Feijóo mostró en La Moncloa ante Sánchez una decidida voluntad de renovar. En el PP no desmienten esa disposición. En el Gobierno piensan que el PP ya no aguanta más la presión de su propio mundo judicial, que la dimisión de Lesmes ha evidenciado. En el PP de Feijóo defienden que “la presión la tiene el Gobierno”, argumentan que nadie en la calle les pasará factura por esta crisis institucional y son conscientes de que tras la renovación perderán su actual influencia en ese órgano judicial, en una época en la que se avecinan varios juicios relevantes que afectan a la corrupción de su partido. Aguardan corregir esa desproporción si ganan y llegan a La Moncloa.

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El relato sobre esa “pista de aterrizaje” de por qué se alcanza el acuerdo ahora que buscan Bolaños y Pons puede incluir algún tipo de compromiso para “estudiar” un cambio en la fórmula de elección del CGPJ para que los jueces tengan “más peso” que ahora en la designación de 12 de los 20 vocales, como reclama el PP y aconseja la Comisión Europea. Ahora tienen una influencia indirecta, porque el Congreso solo puede elegir esos 12 de una lista de 51 candidatos confeccionada entre jueces. Pero el Gobierno insiste, y Sánchez lo dejó muy claro el miércoles ante los periodistas, en que no habrá un compromiso de cambio radical en el sistema. Las fuentes del Gobierno consultadas creen que el PP esta vez sí aceptara renovar y dejar la reforma del modelo para más adelante, si vuelven a tener la mayoría absoluta para hacerlo solo o con Vox, como ha prometido Feijóo al introducir esa demanda en su próximo programa electoral. El PP tuvo esa oportunidad en solitario dos veces -en las legislaturas de 2000 a 2004 y de 2011 a 2015- y no modificó ese método que ahora rechaza. Sánchez defiende que esa ley ha funcionado desde 1985 y se opone a que los jueces elijan directamente a 12 de los 20 vocales, lo que daría de manera casi automática la mayoría a los conservadores para siempre, pase lo que pase en las urnas, porque dominan la carrera judicial. Una posible solución pasaría por conceder al Consejo algún papel mayor en el diseño del nuevo órgano o incluso en su confección.

Para el Gobierno de Sánchez es decisivo este acuerdo. Tanto que ha optado por mantener un estricto pacto de silencio para que salga. Con esta renovación, aunque sea cuatro años tarde, el Ejecutivo se garantiza una mayoría progresista tanto en el Consejo -aunque las decisiones se tendrán que tomar por consenso de 3/5, algo que ya venía sucediendo hasta ahora con los principales nombramientos y no ha evitado que los conservadores lograran la primacía en ellos- como en el Tribunal Constitucional, de 7-5. Los conservadores han dominado este órgano clave, que decidirá sobre los recursos a la ley del aborto o de eutanasia, durante los últimos nueve años, desde la anterior renovación de los dos miembros que corresponden al Gobierno, en 2013, y que es la que suele alterar la mayoría hacia quien está en el Ejecutivo, como espera La Moncloa ahora a su favor para un largo periodo.

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Robles revela en Odesa la mayor entrega de ayuda militar española para Ucrania

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La ministra de Defensa, Margarita Robles, con su homólogo ucranio, Oleksii Réznikov, con gafas, durante la ofrenda floral ante el monumento a los caídos en Odesa.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, con su homólogo ucranio, Oleksii Réznikov, con gafas, durante la ofrenda floral ante el monumento a los caídos en Odesa.OLEKSII PERK (EFE)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este jueves por sorpresa el puerto de Odesa (Ucrania), donde se ha reunido con su homólogo ucranio, Oleksii Réznikov. Robles ha viajado por carretera desde Chisinau (Moldavia), a donde llegó el miércoles en viaje oficial, acompañada por el jefe del Estado Mayor de la Defensa, almirante general Teodoro López Calderón, y el secretario general de Política de Defensa, almirante Juan Francisco Martínez Núñez.

En una comparecencia retransmitida por internet desde el Ukraine Media Center, Robles ha asegurado que el objetivo de su visita era expresar “el compromiso de España, que es el de [toda] la UE y la OTAN, con Ucrania, que no solo lucha por su soberanía y su integridad territorial, sino [que] defiende la paz en el mundo y la comunidad de valores democráticos”. “Vamos a seguir apoyando porque creemos que la causa de Ucrania es la causa justa”, ha enfatizado, acompañada por Réznikov.

El ministro de Defensa ucranio ha agradecido el apoyo prestado por España durante los más de nueve meses que dura ya la guerra, tanto en ayuda militar como humanitaria, atendiendo las demandas de las autoridades de Kiev. “Me gustaría destacar que el apoyo del pueblo español y del Gobierno de España es muy importante para nosotros porque entienden claramente la seriedad de la lucha de Ucrania por los valores de la democracia y del mundo civilizado”, ha subrayado.

Tras un primer momento en que el Gobierno español se resistió a entregar armamento a Kiev y solo empezó a hacerlo con cuentagotas, ya se ha suministrado ayuda militar por valor de casi 300 millones de euros, de manera directa o a través del fondo de financiación de la UE. Robles ha asegurado que España ha intensificado su apoyo a Ucrania mediante la donación del mayor paquete de material de Defensa proporcionado hasta la fecha. En la última semana, ha revelado, el Ministerio de Defensa ha hecho entrega en la base de Rzeszów (Polonia), a 80 kilómetros de la frontera ucrania, donde se ubica el hub logístico de la OTAN, “de distinto armamento pesado, munición de largo alcance y antitanque”, además de tres generadores eléctricos, 30 palets y siete contenedores con material médico urgente, uniformes y equipamiento contra el frío.

Robles ha anunciado también el próximo envío de equipos para mejorar las capacidades ya entregadas y el suministro de nuevos equipos para reforzar la defensa frente a los ataques rusos con misiles y drones. “En las reuniones del Grupo de Contacto [de apoyo a Kiev, liderado por Estados Unidos] y a nivel OTAN sabemos que los sistemas antiaéreos son una prioridad máxima para Ucrania, pero deben entender que los envíos que se hagan deben ser siempre con mucha discreción y prudencia”, ha señalado Robles aludiendo, entre otras entregas, a la donación de lanzadores de misiles antiaéreos Hawk y Aspide ya realizada por España.

Formación de soldados ucranios en Toledo

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Réznikov ha valorado que España haya ido un paso más allá y se haya implicado en la formación de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En el Toledo Training Command (TTC) se están formando 67 soldados ucranios, que se unen a los cinco que siguen un curso en el Mando Conjunto del Ciberespacio (MCC) y a los 21 que ya se han instruido en Almería y 19 en Zaragoza. España se ha ofrecido para instruir, en el marco de la misión de asistencia militar de la Unión Europea (EUMAM Ucrania), hasta 400 soldados cada dos meses, 2.400 al año.

Antes de reunirse con su homólogo ucranio, Robles ha visitado el monumento dedicado al español José de Ribas, fundador de la ciudad, así como la base naval de Odesa y el buque escuela de la Armada ucrania Dubna, allí atracado. Odesa es el mayor puerto de Ucrania, principal proveedor del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, cuyos cargamentos sortean el bloqueo ruso gracias a un acuerdo supervisado por Turquía. La ciudad ha sido sometida a intensos bombardeos desde el inicio de la guerra con el objetivo de privar a Kiev de su salida al mar Negro. Robles ha elogiado “el coraje y sacrificio” de la población civil, que está sufriendo ataques indiscriminados y el chantaje de Putin con la destrucción de las infraestructuras eléctricas y energéticas del país en vísperas de la llegada del invierno. “En España, en el otro extremo de Europa, cuentan con un buen amigo y socio, que continuará prestando toda la ayuda y asistencia que sea posible al pueblo ucranio”, ha prometido.

Antes de abandonar Odesa, Robles ha visitado también un hospital militar y una unidad del Ejército ucranio y ha realizado una ofrenda floral ante el monumento a los caídos. La visita ha estado marcada por las noticias sobre el envío de sobres con sustancias pirotécnicas al presidente Pedro Sánchez, las embajadas de Ucrania y Estados Unidos en Madrid, la base aérea de Torrejón o la sede de la empresa de armamento Instalaza en Zaragoza, así como una carta trampa remitida a la sede de Defensa a nombre de la propia ministra. “Ninguno de estos envíos va a cambiar el compromiso claro y firme de España con los países de OTAN y la UE de apoyar a Ucrania”, ha subrayado.

Robles es la tercera miembro del Gobierno español que visita Ucrania y la primera que lo hace en Odesa. Antes que ella, estuvieron en Kiev el presidente Sánchez, el 21 de abril, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, el 2 de noviembre. El pasado martes, este último recibió en Bucarest (Rumania), de manos de su homólogo ucranio, Dymitro Kuleva, la medalla de Yaroslav el Sabio por el apoyo de España a su país.

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La reforma de la sedición: a toda prisa y en horario de mínima audiencia

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La eliminación del delito de sedición y su reemplazo por otro de desórdenes públicos agravados pasó el primer trámite parlamentario la pasada semana en un debate que finalizó pasada la medianoche. El segundo lo superó este jueves —de nuevo con un apoyo muy holgado, 185 diputados— a la hora de comer, con el banco azul vacío y un hemiciclo casi desierto hasta el momento de la votación. La próxima semana se cerrará el plazo de presentación de enmiendas y las previsiones del Gobierno y sus aliados son elaborar el texto a toda prisa para aprobarlo antes de fin de año y enviarlo al Senado.

La propuesta de los dos partidos del Gobierno —que suavizará los procesos judiciales todavía abiertos contra algunos dirigentes independentistas— fue admitida a trámite tras un tenso debate que acabó ya entrada la madrugada del pasado viernes 25. El siguiente paso era debatir las enmiendas a la totalidad, en las que coincidían, por motivos radicalmente opuestos, las derechas en la oposición y el independentismo más irreductible, Junts y la CUP. Las prisas del Ejecutivo llevaron a convocar este jueves un pleno extraordinario tras finalizar el ordinario semanal, que comenzó después de las dos de la tarde.

Las urgencias del Ejecutivo y sus aliados nacionalistas dieron pie a las protestas de la derecha. “Qué molestos les resultan los trámites legislativos, cuánto les incomoda dar cuentas del Código Penal”, criticó el popular Carlos Rojas, quien también censuró la ausencia de miembros del Gobierno “en un debate de tanta trascendencia”. Inés Arrimadas, de Ciudadanos, y el regionalista navarro Sergio Sayas sostuvieron incluso que se había buscado a propósito su coincidencia con el partido del Mundial de fútbol España-Japón, previsto para cinco horas más tarde. Esta última queja dio pie a la diputada de ERC Carolina Telechea para ironizar: “Tienen razón, se han puesto de acuerdo el pleno y el partido para que no se hable del tema ni en España ni en Japón”.

A la hora del debate, la mayoría de los diputados ya se había ido a comer, una vez finalizadas las votaciones del pleno ordinario anterior. Del Gobierno, ni rastro. Algunos grupos rebajaron además el rango de los diputados elegidos para defender sus posiciones, a diferencia del primer debate. En el PP, la portavoz, Cuca Gamarra, cedió el testigo a Rojas, su número dos, y en ERC Gabriel Rufián delegó en Telechea. Solo Ciudadanos puso en liza a su líder, Arrimadas.

Como hace una semana, el PP intentó sin éxito abrir fisuras en las filas socialistas. “Rompan la disciplina de voto por respeto a su país y a sus votantes”, les instó Rojas. En el primer intento los populares habían reclamado el voto por llamamiento, es decir, de viva voz y uno a uno de los diputados. Entonces la respuesta fue que todos los socialistas se levantasen al unísono cuando llamaron a la primera parlamentaria de ese grupo. Esta vez, con la votación electrónica habitual, el cierre de filas se escenificó mediante una ovación del grupo entero puesto en pie —ya habían regresado la mayoría para la votación— cuando finalizó la intervención de su compañero Felipe Sicilia, quien había replicado a los ataques del PP: “Ustedes prefieren la Cataluña de 2017 a la actual, la de la división y el enfrentamiento, porque es así, en la crispación, donde ustedes hacen su papel”.

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El grupo de los contrarios a la reforma no podía ser más heterogéneo y sus razones más opuestas. De un lado, la oposición: el PP y Ciudadanos proponían dejar el delito tal como está, y en el caso de esta última formación se sugería introducir además uno nuevo de “rebelión impropia” cuando medie la “amenaza de violencia”. Vox pretendía agravar las penas previstas e introducir otro delito nuevo, el de traición. Del otro, Junts y la CUP abogaban por eliminarlo por completo y sostenían que la nueva tipificación de desórdenes públicos permitirá continuar lo que ellos califican de “criminalización” del independentismo y la protesta ciudadana. Como todas las enmiendas contenían textos alternativos se votaron por separado. La del PP logró el apoyo de toda la derecha. Los populares se abstuvieron en la de Vox, lo mismo que hizo ERC con las de los otros dos grupos independentistas catalanes.

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El PSOE pide al Senado que investigue a la alcaldesa de Marbella

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La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz
AYUNTAMIENTO DE MARBELLA
  (Foto de ARCHIVO)
08/08/2021
La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz
AYUNTAMIENTO DE MARBELLA
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08/08/2021
AYUNTAMIENTO DE MARBELLA (AYUNTAMIENTO DE MARBELLA)

El PSOE ha pedido al Senado que abra un expediente para investigar a la senadora y también alcaldesa de Marbella Ángeles Muñoz (PP), después de que esta actualizase su declaración de bienes ante la Cámara alta. Los socialistas argumentan que la regidora, que se encuentra señalada por la oposición después de que la Audiencia Nacional procesase a su marido e hijastro por una trama de narcotráfico y blanqueo de capitales, ha “ocultado información sumamente relevante” a las Cortes Generales y ha incumplido varios principios de su Código de Conducta. Es más, la acusan de “falsear” datos con el objetivo, “más que probable”, de “encubrir las presuntas actividades delictivas de su entorno más cercano y ocultar el enriquecimiento ilícito fruto de dichas actividades”. La política, que guarda silencio desde hace días, mantiene el apoyo de su formación.

Fuentes del partido conservador admiten la incomodidad que genera este caso en el seno de los populares, pero la fuerza política la ha ratificado como candidata para las próximas elecciones municipales. Muñoz no se encuentra imputada y, según añaden fuentes de la investigación, la Fiscalía Antidroga y el juez Manuel García-Castellón, instructor de la Audiencia Nacional, en ningún momento han dirigido las pesquisas contra ella. Actualmente, se están resolviendo los recursos que se presentaron contra el auto de procesamiento y, según explican fuentes del ministerio público, este descarta de momento presentar acusación contra el marido de la regidora, Lars Gunnar Sune Broberg, ya que la causa se encuentra suspendida contra él por su mal estado de salud. La Fiscalía sí prevé presentar acusación contra el hijastro, Joakim Broberg.

“Los vecinos y vecinas de Marbella estarán estupefactos viendo las relaciones de quien les gobierna con una trama internacional que no se dedica a cuestiones sanas”, ha cargado este jueves Juan Espadas, secretario general del PSOE andaluz. Desde que se conociera el procesamiento de los familiares de la alcaldesa, los socialistas han arremetido contra el PP. Un concejal socialista del Ayuntamiento malagueño intentó, incluso, personarse en la causa como acusación popular, pero García-Castellón lo rechazó al no encontrar ningún indicio contra la regidora: “En los hechos, no se menciona a ningún cargo público que por acción u omisión pudiera tener relación con los delitos mencionados, ni se menciona tampoco la existencia de ningún destino irregular de fondos públicos. Tampoco se afirma en dichos hechos que el Ayuntamiento de Marbella haya sido utilizado para la realización de un posible blanqueo de capitales”, expuso el magistrado.

Ahora, el PSOE centra sus esfuerzos en el Senado. Esta es la primera ocasión en la que un grupo de la Cámara alta recurre al Código de Conducta de las Cortes Generales, que se aprobó el 1 de octubre de 2020. Los socialistas lo hacen dos semanas más tarde de que Muñoz actualizase su declaración de bienes. En el documento que la alcaldesa de Marbella presentó el pasado 17 de noviembre, comunicó que se ha hecho con la totalidad de una vivienda en Suecia de la que antes solo poseía la mitad; que ha incrementado su participación hasta el 100% en otros bienes inmuebles; y que ha ampliado su capital “en una sociedad vinculada con el paraíso fiscal de Gibraltar”, según el PSOE.

Los socialistas consideran que “haber ocultado información sumamente relevante en sus declaraciones de bienes y rentas” es un hecho de “extraordinaria gravedad”. También acusan a Muñoz de no declarar ante el Ayuntamiento de Marbella un crédito hipotecario con la entidad Nordea Bank, con sede en Luxemburgo; e insisten en que tampoco informó de que su “mansión” fue valorada en 4,7 millones de euros durante la contratación de un seguro de vida. Durante la rueda de prensa realizada esta mañana por la portavoz del Grupo parlamentario socialista de las Cortes Generales, Eva Granados, esta ha pedido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se pronuncie sobre estas presuntas irregularidades.

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Una “inquietante realidad”

El PSOE subraya que “una visión global” de las finanzas de la regidora desvela que ha acumulado “un patrimonio superior a los 12 millones de euros”. “Se trata de un dato inquietante”, dice el partido de izquierda: “Muñoz lleva dedicada en exclusiva a la política desde hace décadas y ni siquiera cobra un salario en su condición de alcaldesa de Marbella”. Eso sí, el documento no aclara cómo han calculado esos 12 millones de euros, aunque fuentes del partido explican que es “una estimación” basada en las tasaciones del mercado inmobiliario y que el patrimonio “realmente es más de esa cifra”. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, explicó hace unos días que desconoce los orígenes del patrimonio de la alcaldesa. “Pero seguro que son lícitos y legales”, subrayó.

La petición al Senado menciona también la investigación de la Audiencia. El PSOE cree que “han aflorado diversos comportamientos en el seno del consistorio marbellí que apuntan a que las organizaciones delictivas estarían muy presentes en el propio Ayuntamiento”. Una tesis que el juez Manuel García-Castellón ha descartado.

“Conductas como las anteriormente descritas tienen un grave impacto en el prestigio e incluso en la legitimidad del Senado para el desempeño de sus funciones constitucionales”, señala el texto del PSOE, que pide que “los órganos parlamentarios actúen con la máxima diligencia para evitar que presuntas actividades de alguno de sus miembros llegasen a afectar al mismo funcionamiento de la Cámara”. El partido afirma que Muñoz ha incumplido los principios de “integridad, transparencia, diligencia, honradez, responsabilidad y respeto”, y que ha incurrido en un “quebranto grave” de las obligaciones constitucionales que incumben a todo miembro del Senado”.

Mientras, el PSOE de Marbella ha denunciado este viernes que el Ayuntamiento “obstaculiza” el acceso a información de las contrataciones municipales con la empresa Codecosol, que aparece en el auto de procesamiento de la Audiencia Nacional. José Bernal, portavoz del grupo municipal socialista, solicitó las adjudicaciones y contratos sellados con dicha compañía desde 2007. El Consistorio ha contestado que solo están informatizados esos documentos desde 2018 y que los de años anteriores están repartidos por distintos archivos municipales, de ahí que hayan pedido más plazo “para realizar una búsqueda y hallazgo concreto y fidedigno”. “Entendemos que sobre el ayuntamiento ahora mismo hay una nube oscura”, ha subrayado Bernal, que apunta que seguirá empeñado en “que se aclare este asunto”.

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