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El ‘mosso’ acusado de ‘narco’ y absuelto 12 años después: “Ocultaron las llamadas que me exculpaban”

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El mosso d’esquadra José Ranea Gallego ha vivido los últimos doce años obsesionado por un caso: el suyo. Detenido y encarcelado en 2010 por estar a sueldo de una banda de traficantes de droga, gastó los días y las noches analizando miles de conversaciones telefónicas del caso. Esas horas de paciente escucha le han servido para lograr una absolución sin paliativos en una sentencia que deja en muy mal lugar a Asuntos Internos, cuyos agentes evitaron remitir al juez conversaciones clave que le exculpaban. Policía “de calle”, tan corpulento como sensible, Ranea (55 años) ha visto deteriorada su salud, erosionada su vida familiar y truncada una carrera policial que era, hasta entonces, brillante. Le quedan la rabia y la indignación de saberse víctima de una injusticia que se ha alargado demasiado tiempo.

“Soy mosso y siempre lo seré, es lo que me gusta. Pero ahora creo en la justicia con muchos matices. La justicia es lenta y ha de humanizarse”, explica en una conversación con EL PAÍS. Ranea recuerda emocionado la mañana del 15 de octubre de 2010 (ayer se cumplieron 12 años), cuando fue detenido junto a su despacho de la comisaría de Vilanova, donde ejercía de número dos. Dice que se quedó “estupefacto” cuando le leyeron los cargos: organización criminal y tráfico de drogas. “Pensé que era un error. Llamé a mi mujer, le dije que iba a aclarar un asunto y que por la tarde volvería a casa”. No regresó.

El juez ordenó su detención incomunicada y, más tarde, su ingreso en prisión, que se alargó dos meses. La detención se prorrogó de forma “indebida”, reconoce la sentencia sobre el caso Macedonia, una gran causa de presunta corrupción policial en Cataluña que se deshizo como un azucarillo durante más de una década.

Por orden del juez, Asuntos Internos intervino cuatro teléfonos de Ranea: el de casa, el móvil del trabajo, el móvil personal y su extensión de comisaría. Con una ínfima selección de esas llamadas, los investigadores construyeron un relato según el cual Ranea cobraba 1.000 euros al mes de una banda de narcos que también le suministraba medicamentos gratis e incluso le regaló una Play Station.

Hay sentencias que se limitan a decir que tal o cual hecho no ha podido ser probado y que, en consecuencia, el acusado debe ser absuelto. La de Ranea —que afrontaba una petición de 11 años de cárcel— va mucho más allá y deja claro que que no cobró un euro, y que si mantuvo trato con confidentes fue para lograr información de interés policial; a cambio, “simulaba” que les echaba una mano, pero no lo hacía. Las acusaciones de Asuntos Internos se basaron en “meras conjeturas que se deducen de interpretaciones sesgadas de conversaciones telefónicas de terceros”, advierten los magistrados en la sentencia.

“Este ha sido el caso de mi vida”, dice Ranea, que no ha pasado un solo día sin pensar en él. Descuidó a su familia escuchando las 30.000 conversaciones que figuraban en la causa, pero que Asuntos Internos hurtó al juez al considerarlas irrelevantes. “Pasaba 14 o 16 horas al día. Llegué a perder 40 kilos. Tenía que saberlo todo. Se convirtió en una obsesión”, dice. “Recordaba que había informado de todo a mis superiores y pensaba: ¿Dónde están esas llamadas? Si no llego a encontrarlas, no sé cómo habría ido el juicio. La policía judicial tiene que informar de todo. Asuntos Internos ocultó las llamadas que me exculpaban porque, si no, se les caía el caso”, denuncia Ranea, que pide que alguien “asuma responsabilidades”.

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El caso de la Play Station es un buen resumen. Asuntos Internos basó la acusación en una llamada entre dos traficantes que hablan de regalarle la consola a un tipo apodado El Cordobés, que según “dedujeron” era Ranea. La sentencia concluye que no está nada claro que sea así. La cuestión es que había otras muchas llamadas, todas consideradas “irrelevantes”, que explicaban la realidad de lo sucedido: el subinspector estaba tratando de reparar, “a través de conocidos, una consola usada” por 30 o 50 euros.

Policías y confidentes

La historia de Ranea cuenta también lo difíciles que son las relaciones entre policías y confidentes. Los agentes han de crear un clima de confianza para saber cosas, pero han de tener claros los límites. “Un confidente puede ser un poli frustrado, un delincuente que quiere eliminar a la competencia, alguien que quiere vengarse de un desengaño amoroso…”, explica el subinspector, que, aunque ha recuperado su puesto en Vilanova, se ha alejado de las fuentes de información porque tiene miedo.

“El gusanillo de las confidencias siempre está ahí, pero si me llega alguna información la paso a otros compañeros”. La sentencia destaca esas “amistades peligrosas” de Ranea —unas “aguas turbias” en las que se debe nadar— y recuerda recuerda que en 2010, cuando ocurrieron los hechos, no existía aún un fichero que obligara a identificar a los colaboradores policiales. El subinspector “aparentaba que atendía” las peticiones de los delincuentes para “mantener el flujo de información”.

Ranea coge su teléfono móvil. “Mira qué greñas”, dice y señala una fotografía en la que se le ve con el pelo largo —ahora escasea— y un collar dorado sobre el pecho. “Me iba a La Mina o Sant Cosme [barrios de la periferia de Barcelona donde abunda el tráfico de drogas] y nadie se metía conmigo”, agrega. Se infiltró en las bandas latinas que empezaban a campar en L’Hospitalet y viajó a Ecuador, por orden del Departamento de Interior, para entrevistarse con el líder de los Latin Kings, preso en Guayaquil. Ranea ha estado en casi todas las salsas y es un policía vocacional, aunque su aterrizaje en la seguridad fue más bien casual: “A los 17 años, un señor me vio en una pelea a la salida de una discoteca, en Sitges, y me ofreció trabajar de portero”.

Burlas, insultos y acoso

Su imputación en el caso Macedonia le hizo caer en desgracia. Entregó la placa y la pistola y pasó a percibir el salario mínimo interprofesional. Se convirtió en un paria en Vilanova, donde era más o menos conocido: tras su salida de prisión, el popular carnaval de la localidad le dedicó dos carrozas con el lema “basta de corrupción policial”. Gestionó como pudo el drama con su mujer y sus tres hijos: los dos mayores sufrieron insultos y acoso en el instituto, mientras que al pequeño le vendió el paso por la cárcel como una “misión especial” de la que regresaría más pronto que tarde. Su mujer enfermó de cáncer y murió en 2018, con el estrés añadido de no saber si su marido sería absuelto.

Decepcionado con la jefatura del cuerpo de la época, ha encontrado apoyo en el Sindicat de Policies de Catalunya (SPC), que estudió a fondo el sumario y creyó en su inocencia. “Aquí te enteras de quiénes eran tus amigos de verdad, quiénes estaban solo por interés… Y a quiénes no esperaban y llegaron”, dice mirando a David Miquel, portavoz del sindicato, y menciona también a su secretario general, David José. Guarda un recuerdo especial para cuatro compañeros (tres mossos y una mossa) que, contra el consejo de todos, acudieron a esperarle a la puerta de Quatre Camins cuando salió de prisión provisional.

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Dimite el presidente del PP de Salamanca, investigado en el ‘caso primarias’

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El presidente del PP de Salamanca, Francisco Javier Iglesias, ha dimitido en la tarde de este viernes como presidente provincial del PP, cargo que compatibilizaba con la dirección de la diputación salmantina, a la que no ha renunciado. Iglesias se encuentra imputado por el conocido como caso primarias, que investiga si la formación conservadora incurrió en una presunta financiación irregular en 2017 durante el proceso de elección interna que ganó el hoy presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Está en cuestión el origen de 24.000 euros que el PP recabó para poner al día de sus cuotas a afiliados de Salamanca y que pudieran votar en esas primarias.

La renuncia de Iglesias conlleva que el PP de Salamanca quede bajo la administración de una gestora hasta que se celebre un congreso del que salga un nuevo liderazgo. Una parte del PP lleva meses denunciando que ese congreso debería haberse convocado hace año y medio y que el investigado, hombre de confianza de Mañueco, estaba retrasando sin motivo su convocatoria. Un sector de los afiliados incluso escribió a la dirección nacional de los conservadores para denunciar lo acontecido, que tildaban de “flagrante incumplimiento de los estatutos”. “Se está hurtando el derecho a elegir y ser elegidos”, decía la misiva. Este grupo de críticos, con 147 nombres que firman la queja formal, exigía la intervención del comité de derechos y garantías de Génova y alertaba de que se estaba fraguando “un profundo malestar”. El comité interno del PP contestó meses después informando de forma aséptica del traslado del asunto al área de derechos y garantías de Castilla y León, cuya presidenta, Rocío Lucas, contestó con un sucinto “se comenzarán las actuaciones que procedan mediante la realización de la información oportuna”. Han pasado casi cuatro meses desde entonces y fuentes de esa ala del PP confirman que no ha habido movimientos.

Fuentes del sector crítico del partido en la provincia definen como “burla” el movimiento de Iglesias. “Nosotros lo que pedimos es que se celebre el congreso como dictan los estatutos, no que se nombre una gestora y que todo siga igual”, señala uno de los críticos. El puesto de Iglesias lo va a ocupar García Carbayo, alcalde de Salamanca y segundo en el organigrama hasta la renuncia del presidente. “Esperamos que al juez no le importe si Iglesias es o no presidente porque nosotros denunciamos que no está habiendo democracia”, afirman estas fuentes. Este jueves por la noche fuentes del PP charro ya mostraban su estupefacción a EL PAÍS tras recibir con año y medio de tardanza la convocatoria del comité ejecutivo provincial.

El comunicado, al que ha accedido este periódico, se expresaba así: “Por indicación del Presidente Provincial del Partido [Francisco Javier Iglesias], os convocamos a la reunión del Comité Ejecutivo Provincial que se celebrará el viernes día 2 de diciembre a las 17.00 horas en la sede provincial del Partido Popular”. La finalidad del mismo era la “aprobación del acta de la sesión anterior”, la “propuesta y aprobación del Comité de Campaña para las elecciones municipales”, la “propuesta y aprobación del Comité Electoral para las elecciones municipales”, el “Informe del Secretario Provincial, Carlos García Carbayo [también alcalde de Salamanca], un “Informe del Presidente Provincial, [Francisco] Javier Iglesias García”, y ruegos y preguntas.

Esta reunión ha servido para que el dirigente provincial se aparte del mando y abra una nueva etapa en el PP salmantino. El movimiento llega también a unos meses de las elecciones locales en Salamanca, cuya ciudad y provincia son históricos bastiones del PP, aunque Castilla y León no celebrará comicios autonómicos como la mayoría de las comunidades españolas. Mañueco rompió con Ciudadanos el pasado diciembre y llamó a las urnas en febrero, en unos comicios cuyo resultado propició el actual Gobierno de coalición entre PP y Vox.

La dimisión de Francisco Javier Iglesias llega apenas dos semanas antes de la vista convocada en Salamanca tras la demanda presentada en los juzgados salmantinos por ese sector crítico de los militantes, reacio a la dirección y sus métodos, “por vulneración del derecho fundamental de asociación en su vertiente de derecho por asociación política”. El objetivo de esta reclamación pasaba por obtener una medida cautelar para obligar al PP a convocar el congreso provincial.

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La Fiscalía pide nueve años de cárcel para Villarejo por otro encargo de espionaje

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El comisario jubilado José Manuel Villarejo acude a la Audiencia Nacional junto a su abogado, el pasado septiembre.
El comisario jubilado José Manuel Villarejo acude a la Audiencia Nacional junto a su abogado, el pasado septiembre.KIKE PARA

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, epicentro de una macrotrama de corrupción policial, suma una nueva petición de cárcel. La Fiscalía reclama que se le impongan nueve años de prisión por el presunto encargo que recibió en 2015 de una particular, Marzena Katarzina, para espiar a un empresario de Marbella, Felipe G. Z., con el que tenía un conflicto económico. El antiguo agente acumula así otra solicitud de condena, mientras espera a que la Audiencia Nacional emita su veredicto sobre el primer gran juicio que afrontó en este tribunal, que acabó en septiembre tras un año de sesiones y en el que el ministerio público planteó que se le castigase a 80 años de reclusión.

La Fiscalía Anticorrupción mueve otra ficha contra el comisario jubilado, que actualmente se encuentra en libertad. Según consta en el escrito de acusación del ministerio público sobre esta Pieza Separada 8 del caso Villarejo, Katarzina contactó a mediados de 2015 con la “organización criminal” liderada por el policía. Esta mujer se encontraba enfrentada con Felipe G. Z. a raíz de un “contrato de arrendamiento con opción de compra que ambos” habían firmado sobre una vivienda en Benhavís (Málaga), y que había provocado que ella presentase una querella contra él en los tribunales, pero que había acabado archivada.

Katarzina quería recuperar el dinero que reclamaba a su adversario y, según la Fiscalía, autorizó a la trama para “ejercitar las acciones penales y civiles” que resultasen necesarias para lograrlo. Según el sumario, el grupo del comisario confeccionó entonces un “informe prejudicial” sobre la presunta víctima, para el que recabaron información de su entorno familiar y socios; de su trayectoria profesional; de su patrimonio y sociedades; y de su situación financiera y crediticia. Recurriendo, para ello, a bases de datos y registros confidenciales, “no accesibles al público”, según consta en las pesquisas de la Audiencia Nacional.

El juez Manuel García-Castellón dio por finalizada esta línea de investigación en julio de 2021 y propuso juzgar a siete presuntos implicados en este proyecto de espionaje: al comisario jubilado, a cinco de sus supuestos colaboradores y a la clienta. Sin embargo, ese listado se ha reducido. La Sala de lo Penal concluyó que no existían indicios suficientes para sentar en el banquillo a Katarzina. Así que, finalmente, el ministerio público pide cárcel para Villarejo y cuatro de sus cooperadores: el abogado Rafael Redondo, para quien solicita cinco años de prisión; el comisario Enrique García Castaño (nueve años de cárcel); Antonio Bonilla (cinco años); y Constancio Riaño (ocho años).

El caso Villarejo constituye un macrosumario con más de 30 líneas de investigación, algunas de las cuales ya se han enviado a juicio. El pasado septiembre, la Audiencia Nacional acabó la primera gran vista oral contra el comisario jubilado, centrada en los proyectos de espionaje bautizados como Iron, Land y Pintor. Solo por estas tres piezas de las pesquisas, la Fiscalía le pide más de 80 años de cárcel. El tribunal aún no ha emitido su sentencia.

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La Guardia Civil rescata de un atasco a un bebé grave que iba al hospital

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Agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Valencia auxiliaron durante un gran atasco que se había producido cerca de la ciudad, en la autovía A-7, a una familia que se encontraba inmovilizada en esa retención cuando su bebé tenía que ser trasladado a un hospital de manera urgente.

Sobre las 22:30 horas del pasado miércoles, en el kilómetro 331 de la A-7, una madre se encontraba parada en su vehículo debido a un siniestro vial múltiple entre vehículos pesados y turismos que provocaron retenciones de varios kilómetros en sentido Barcelona desde primera hora de la tarde.

La mujer viajaba en el vehículo con su bebé de tres meses de edad, quien se encontraba enfermo y con una fiebre muy elevada. Al observar que la circulación estaba prácticamente detenida se detuvo para solicitar auxilio al resto de conductores de la vía y llamar también al 112, según cuenta este viernes la Guardia Civil en una nota de prensa.

Una patrulla de la Guardia Civil se dirigió al lugar y logró localizarles. Al observar que el bebé tenía una alta temperatura, que no respondía a los estímulos externos y estaba en estado de shock, al tiempo que la madre estaba muy nerviosa, con ansiedad e incapaz de conducir su vehículo, un agente condujo el coche junto a la familia hacia el Hospital de Manises, mientras el otro agente conducía el vehículo oficial en primer lugar facilitándoles el paso en el arcén y entre los vehículos parados.

En solo diez minutos, madre e hijo pudieron abandonar la retención y llegar al citado hospital, donde el bebé fue atendido inmediatamente por servicios médicos y logró recuperarse sin problemas, según la nota de prensa.

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