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Villa Mascardi: la Justicia ordenó que se restituyan las propiedades usurpadas por mapuches 

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Mientras crece la violencia mapuche en Villa la Angostura por parte de la RAM y la vandalización de edificios históricos en Bariloche, la justicia ordenó la restitución de las propiedades usurpadas en Villa Mascardi por parte del grupo “Lof Lafken Winkul Mapu”. Se trata de siete predios que desde hace cinco años se encontraban ocupados y sufrieron distintos ataques en ese período. No obstante, se ordenó mantener el espacio “rewe”, considerado sagrado por las comunidades que reclaman su posesión.

A diferencia de otras comunidades, la fiscalía cuestionó que la toma de terrenos por parte de los integrantes de “Lof Lafken Winkul Mapu” se inició a partir de “una visión que tuvo, en 2017, una niña de 16 años que se autoproclamó machi, autoridad espiritual del Pueblo Mapuche”. Sobre esto, sostuvo que ”la joven soñó que sus antepasados le indicaban que allí debían asentarse”.

Por tal motivo, el pasado 28 de septiembre la Justicia Federal solicitó el desalojo que se concretó el 4 de octubre y concluyó con la detención de un grupo de mujeres. Ahora, la Justicia Federal de Bariloche ordenó la restitución de todas propiedades usurpadas para que sus dueños o administradores puedan acceder a los mismos y recuperarlos.

La orden fue establecida por la jueza Silvana Domínguez, quien emitió la resolución que permitirá a los propietarios acceder a sus terrenos para limpiar los espacios tomados de manera violenta y derribar las construcciones que hicieron los mapuches durante los últimos cinco años.

En la resolución la jueza indicó: “ORDENAR LA RESTITUCIÓN de los predios 19-7-A-011-15 (ex Hotel Mascardi — FGR 24697/2018), 19-7- A-011-14 y 19-7-A-011-07 (FGR 26.511/2017) a la Administración de Parques Nacionales; 19-7-A-011-08 (”La Escondida”) a María Magdalena Giménez Tournier; 19-7-A011-12 y 19-7-A-011-10 a la Unión Personal del Gas del Estado —FGR 3.846/20— y 19-7-A-014-A-01 (“Los Radales” — FGR 16149/2022) a Mercedes Josefina Olivera”.

Además, informó que el trámite en torno al predio del Obispado de San Isidro continúe siendo tratado por la Justicia de Río Negro. Al respecto sostuvo: “(Ordeno PONER A DISPOSICIÓN de la Fiscal Jefe de la III Circunscripción Judicial del Poder Judicial de Río Negro el predio 19-7-A-011-13 (cabañas “Hueche Ruca” del Obispado de San Isidro), a los fines que estime corresponder”.

Por otra parte, la jueza aclaró que se deberá mantener el rewe o tótem creado por la comunidad mapuche como un espacio sagrado. De hecho, se trata del lugar donde la machi Betiana Colhuan ejercía su actividad, ubicado en cercanías al ex Hotel IOS y en un predio administrado por Parques Nacionales.

“Requeriré a la APN que conserve debidamente la “talla antropomorfa y su espacio circundante” por ser un lugar utilizado como espacio de culto mapuche (rewe)”, indica la resolución donde también se estableció que todos los alimentos hallados deberán ser donados a distintas instituciones en Bariloche.

Tanto la fiscal Federal de Bariloche, María Cándida Etchepare como la jueza federal subrogante de Bariloche, Silvina Domínguez, analizaron la destrucción de las viviendas construidas por parte de los mapuches. De hecho, trascendió que se contactaron con el municipio de Bariloche para que aporten maquinaria útil, sin embargo, aún no se emitió la orden de demolición.

El objetivo consiste en evitar que integrantes de la agrupación Lafken Winkul Mapu intenten retomar el control del lugar. Sumado a eso, se planteó que se registra un potencial peligro para la integridad física de quienes custodian el lugar como así también para el medio ambiente ante la posibilidad de incendio debido a conexiones precarias.

Fuente: Infobae.

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Política

Viaje y chats del escándalo judicial en Lago Escondido: la fiscal pidió imputar a los involucrados y mostró fotos clave

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La fiscal federal de Bariloche María Cándida Etchepare requirió a la jueza la instrucción del caso y pidió imputar a los 10 involucrados en el viaje a Lago Escondido por presunta comisión de delitos de acción pública. Asimismo, mostró fotos del grupo en su arribo a Bariloche y cuestionó las facturas presentadas.

En un escrito de nueve páginas al que tuvo acceso el diario Perfil, Etchepare pidió a la jueza federal Silvina Domínguez que inicia la instrucción de sumario además de que se expida sobre la pretensión de Marcelo Eduardo Hertzriken Velasco, el denunciante, de pasar a ser querellante en la causa caratulada como “Ercolini, Julián y otros s/ incumplimiento de los deberes de funcionario público, aceptación de dádivas”.

Quiénes son los 10 involucrados en los chats de Lago Escondido

Lo primero que hace la fiscal en su escrito es mencionar a los 10 involucrados: 

Julián Daniel Ercolini, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional nro. 10;

Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires;

Marcelo Silvio D’Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia porteño,

Carlos Alberto Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal;

Pablo Yadarola, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nro. 2;

Pablo Gabriel Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal nro. 9;

Leonardo Bergroth;

Tomás Reinke, presidente de Mediabit S.A.;

Pablo César Casey, directivo del Grupo Clarín S.A. y

Jorge Carlos Rendo, presidente del Grupo Clarín S.A.

Tras ello, comienza haciendo un repaso desde la denuncia efectuada el 28 de octubre por Hertzriken Velasco tras los hechos trascendidos en Página 12. “El diario afirmaba que un grupo integrado por magistrados de distintos fueros, un funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y una serie de empresarios había viajado hacia Bariloche, alojados y racionados por funcionarios del Poder Ejecutivo de CABA que integrarían el partido político PRO”, dice en el escrito de la fiscal.

En ese contexto, “el denunciante esgrimió la hipótesis de que pudieran haberse reunido con el ex presidente Mauricio Macri en la mansión llamada “Lago Escondido”, propiedad del magnate inglés Joseph Lewis”.

En el caso de Lewis, la fiscal descartó que haya estado en Argentina ya que Migraciones le confirmó que su última ingreso al país fue el 20 de febrero de este año. Por el lado de Macri, no figura en ninguno de los vuelos que arribaron a Bariloche en esos días.

Sin embargo, con estos datos, la fiscal logró comprobar que dos altos directivos del Grupo Clarín S.A. arribaron a Bariloche el mismo 13 de octubre en un vuelo de línea. Se trata de Pablo Casey y de Jorge Carlos Rendo.

El paso a paso del contingente de Lago Escondido

En el escrito, la fiscal presentó fotos brindadas por la PSA de las filmaciones en el aeropuerto de Bariloche en donde se puede ver el arribo del grupo en el vuelo privado. Luego, se observa cómo Casey y Rendo, como supone la fiscal mediante un “simple cotejo con las imágenes de Google”, se levantan de una mesa de cafetería, se acercan al grupo y saludan a sus integrantes.

De esta manera, el contingente salió de Buenos Aires a Bariloche el 13 de octubre en un avión privado propiedad de la empresa “Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A.”, matrícula LV-GCK. Dos días después, volvieron al aeropuerto de San Fernando.

En ese sentido, “se constató que la empresa, conocida en plaza bajo el nombre de fantasía “Flyzar” pertenece al empresario aeronáutico Gustavo Fernando Carmona y no a un mendocino de apellido Terranova” (presuntamente candidato a concejal del PRO), como había señalado el denunciante.

Sobre si efectivamente el contingente se alojó en la estancia Lago Escondido, la fiscal advirtió que en las filmaciones que el grupo fue recibido personalmente por Nicolás Van Ditmar, presidente de “Hidden Lake S.A.”, empresa conocida a nivel local por los conflictos con distintas organizaciones por el acceso al Lago Escondido. Van Ditmar está acompañado por tres personas, dos varones y una mujer, quienes también saludan a los recién llegados, dice el escrito.

Por último, “todo el contingente es trasladado desde el aeropuerto (con destino desconocido pero presupuesto en aquél lugar) por dos camionetas de alta gama a las que abordan”, señala la fiscal.

En cuanto al regreso, “en las filmaciones se observa como las mismas dos camionetas de alta gama (una blanca y otra negra) ingresan directamente a la pista de aterrizaje y frenan junto a un avión privado, sin ingresar al edificio del aeropuerto”.

Las declaraciones en la causa Lago Escondido

La fiscal Etchepare relató que tomó declaración testimonial al Jefe de la UOSP Bariloche, Subinspector Gómez, para determinar los motivos por los que el grupo no había pasado por los controles de rigor. Sin embargo, el subinspector aseguró que sí lo habían hecho, pero ingresando por un portón en el que no hay cámaras y directamente a la pista.

El efectivo aseguró que las medidas de seguridad de rigor habían sido cumplimentadas y que los equipajes del grupo habían sido revisados, descartándose en su interior dinero en efectivo o alguna otro objeto de relevancia.

Por otro lado, también declaró Van Ditmar quien admitió administrar “Hidden Lake S.A.”, empresa que “realiza eventos y presta servicios de alojamiento”. Al consultarlo por qué había ido él personalmente a recibir al contingente, dijo que “su camioneta era más cómoda y que en ocasiones es él quien realiza ese trabajo”.

Van Ditmar también aseguró que en esas fechas no estaban en la estancia Joseph Lewis ni Mauricio Macri, pero nada dijo en relación con Casey y Rendo.

Las inconsistencias en las facturas

El presidente de “Hidden Lake S.A.” aportó las facturas emitidas en favor de algunos de los denunciados (a excepción de Bergroth y Reinke) por la suma de USD 605 cada una.

Para la fiscal, “los documentos evidencian una clara discordancia con el momento en que se habrían alojado en el establecimiento, ya que el servicio se brindó los días 13, 14 y 15 de octubre, mientras que los comprobantes datan del día 28”.

“También llama la atención que no se hubiera emitido factura alguna, justamente, a los dos individuos que no detentan el carácter de funcionarios públicos y que, por tanto, tienen mayores libertades para ser invitados y no pagar por los gastos erogados”, dice la fiscal.

Por su lado, la compañía aérea Flyzar presentó las facturas emitidas en favor de los denunciados. Muchas de ellas datadas el mismo 13 de octubre por la suma de $120.000, a excepción, de las que corresponden a Bergroth de fecha 17 y 19 del mismo mes por la suma de $120.000 y $60.000, respectivamente. “Estas últimas resultan posteriores a la fecha en que habría viajado y por un monto superior. Llama la atención que en todos los casos los pagos figuran como efectuados en la modalidad “contado” y que el pago se realizara el mismo día del vuelo”, dice el texto de la funcionaria judicial.

En resumen, Etchepare señaló que “si bien los hechos denunciados inicialmente por Hertzriken Velasco no eran del todo exactos, sí tenían una base cierta de ocurrencia que podría implicar un ilícito penal, en particular, la existencia de un viaje de lujo en un avión privado y con destino a una magnánima estancia en el que participaron jueces, un ministro de la Ciudad de Buenos Aires y dos empresarios, quienes se reunieron en esta ciudad con otros dos empresarios con altos cargos en un poderoso conglomerado de medios de comunicación nacional, cuya presencia en la reunión fue evidentemente ocultada, no solo por haber tomado otro vuelo, sino por su omisión en el relato de quien -presuntamente- los alojara”.

!A esto se suma, como hipótesis delictiva a corroborar por la investigación que habrá de llevarse a cabo, que todas las facturas emitidas por los servicios fueron abonadas “al contado” e, incluso, en el caso del alojamiento, formalizadas con posterioridad, de modo tal que adquiere sustentación (con el grado que requiere esta incipiente instancia) la denuncia del letrado en cuanto a que el viaje en su totalidad pudo haber sido un ilícito regalo a los funcionarios, extremo que habrá de corroborarse o descartarse a lo largo de la pesquisa”, expresa.

Los pedidos de la fiscal Etchepare a la jueza

De esta manera, le pidió a la jueza federal Silvina Domínguez que se declare competente e impute a las 10 personas mencionadas. Asimismo, pidió que se levante el secreto fiscal y bancario de todos los nombrados y de las empresas, al tiempo que le pidió a AFIP-DGI que analice las facturas.

También solicitó que la jueza autorice a las fuerzas de seguridad a analizar las filmaciones del aeropuerto e identificar a todas las personas en cuestión. Mientras que pidió que Aerolíneas Argentinas aporte datos sobre el viaje de Casey y Rendo.

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Política

Cristina Kirchner condenada: cuáles son las otras causas judiciales que debe enfrentar

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Además de la causa Vialidad, cuyo veredicto condenó a Cristina Kirchner a 6 años de prisión y la inhabilitó de forma perpetua para ejercer cargos públicos, la expresidenta enfrenta este fin de año un complejo escenario judicial, con varios frentes abiertos.

La Vicepresidenta tiene otras cuatro causas en la etapa de juicio oral. Una es el expediente de dólar futuro, en el que ya fue sobreseída, pero la decisión fue apelada y se encuentra pendiente de definición en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Cristina espera además una definición judicial sobre dos casos que podrían reabrirse. Es que si bien fue sobreseída en los expedientes conocidos como “Los Sauces-Hotesur” y en la firma del Memorándum con Irán, se espera la decisión de la Cámara de Casación respecto a si ordena que se reabran los casos y se vaya a juicio.

El otro es el de los llamados “cuadernos de las coimas”, que tiene pendiente la definición de una fecha para el inicio del juicio.

Antes de que termine el 2022 podrían reabrirse dos casos en contra de CFK

Uno de los casos en los que la Vice podría recibir otra mala noticia es el del Memorándum con Irán, en el que fue sobreseída por el Tribunal Oral Federal 8 antes de que inicie el juicio, pero la Cámara de Casación Penal revisa esta decisión. Es que las querellas del caso (familiares de las víctimas del atentado a la AMIA y la DAIA) pidieron que se realice el juicio.

En este caso se investiga si el entonces gobierno de Cristina Kirchner intentó encubrir a Irán de sus responsabilidades en el atentado a la AMIA.

Por otra parte, la Vicepresidenta y sus hijos Florencia y Máximo Kirchner habían sido sobreseídos por el Tribunal Oral Federal 5 en el caso Hotesur y Los Sauces sin que se realice el juicio, lo que generó que el fiscal ante la Cámara de Casación Mario Villar pidió anular la decisión y que se lleve adelante el proceso.

Entre el 20 y 22 de diciembre se conocerá si se realiza el juicio o no en contra de Cristina Kirchner. Se trata de un caso en el que se investigan supuestas maniobras de lavado de dinero a través de la inmobiliaria de la familia Kirchner.

Este caso está conectado con “La Ruta del Dinero K” y Vialidad, ya que los Kirchner están acusados de recibir retornos, es decir, coimas, de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.

Cristina Kirchner también espera conocer definiciones en el caso Dólar Futuro, en el que fue sobreseída por la Cámara de Casación en abril de 2021, pero ahora es la Corte Suprema de Justicia la que debe decidir si reabre el caso.

El pasado 2 de noviembre el procurador General Interino Eduardo Casal pidió revocar el sobreseimiento de la Vicepresidenta y será el máximo tribunal de Justicia el que decida el futuro del expediente. Fuentes del máximo tribunal señalaron a TN que aún no hay un cronograma definido para esta determinación.

Algo similar ocurre en el caso de los Cuadernos de las Coimas, un caso que ya fue elevado a juicio, pero no tiene fecha de inicio. El Tribunal Oral Federal 7 acumula diversos planteos y objeciones por parte de los involucrados y no define en qué momento se desarrollará el proceso. De hecho, la Cámara Federal de Casación Penal ya intimó al TOF a que fije fecha, pero no lo hace.

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Condena a Cristina Kirchner: los fiscales de la causa Vialidad apelarán el fallo para obtener una sentencia más dura

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Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola confirmaron que apelarán el fallo que derivó en una condena contra Cristina Kirchner de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por defraudación fraudulenta al Estado en la causa conocida como Vialidad que llegó a sentencia este martes.

La acción de los fiscales -confirmada por Clarín- se dará una vez que se conozcan los fundamentos de la sentencia, que será el 6 de marzo de 2023.

Kirchner fue encontrada culpable por corrupción pero no así de ser jefa de una asociación ilícita, la otra acusación que habían pedido Luciani y Mola. Con ese delito, los fiscales habían requerido una condena a 12 años de cárcel. El tribunal, con ciertas disidencias, fallo por 6 años.

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