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“Operación Recuperar Soberanía”, el plan de las Fuerzas Armadas ante el referéndum del 1-O

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El general Fernando Alejandre, en un acto en Toledo en diciembre de 2019, cuando era Jefe del Estado Mayor de la Defensa.
El general Fernando Alejandre, en un acto en Toledo en diciembre de 2019, cuando era Jefe del Estado Mayor de la Defensa.Ángeles Visdómine (EFE)

17 de agosto de 2017. El jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), el general del Ejército Fernando Alejandre Martínez, pasa sus vacaciones en una casa rural en Cáceres cuando le llegan, por radio y televisión, las primeras y confusas noticias sobre el atentado de La Rambla, donde una camioneta ha arrollado a la multitud, dejando un reguero de 15 muertos y más de un centenar de heridos. Desde que un camión irrumpió en 2016 en la celebración de la Fiesta Nacional en Niza (Francia), vehículos de transporte se han usado como instrumento de terror en media docena de ciudades europeas. Todo apunta a que se trata del mayor ataque yihadista en España desde el 11-M de 2004.

Alejandre recibe la llamada del general Francisco Rosaleny, jefe del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), que depende directamente de él. El director del CNI militar le advierte de las señales de alarma que llegan desde Cataluña, no solo por la amenaza del terrorismo, sino también por el referéndum independentista que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciado para el próximo 1 de octubre. El jefe de la cúpula militar le pide a Rosaleny que transmita a La Moncloa su disposición para trasladarse a Madrid tan pronto como sea convocado el Consejo de Seguridad Nacional y le ordena mantenerle al corriente de cualquier novedad a través del oficial de enlace del CIFAS en el CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado), dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Horas después, el general del CIFAS llama a su jefe para comunicarle que en La Moncloa le han hecho saber que, dada la delicada situación política de Cataluña, no está previsto reunir el Consejo de Seguridad Nacional, que preside Mariano Rajoy. Eso sí, le aseguran que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, está en contacto permanente con la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y que el representante del CIFAS en el CITCO será “oportunamente” informado de cualquier novedad. A Alejandre le queda claro que no se cuenta con las Fuerzas Armadas para afrontar el envite.

“El simple hecho de pensar que nadie iba a convocar a los órganos de la seguridad nacional […] me confirmó los peores temores. No me preocupaba solo la situación en Cataluña a raíz de los atentados de las Ramblas, sino lo que podía ocurrir en un futuro casi inmediato. Estábamos a menos de 50 días de algo tan público, pero que nadie parecía tomarse muy en serio, como era la convocatoria de un referéndum absolutamente ilegal”, escribe el entonces Jemad en su libro de memorias Rey servido y patria honrada (Ediciones Deusto, 2022), en el que se basa parte de esta reconstrucción.

Una persona que entonces tuvo responsabilidades en La Moncloa reconoce que, si los atentados se hubieran producido en otro lugar que no fuera Cataluña, se habría reunido el Consejo de Seguridad Nacional. Pero de haberlo hecho, alega, se habría abierto el debate sobre la adopción de medidas excepcionales en la comunidad autónoma, lo que se quería evitar a toda costa.

Alejandre había sido ascendido a la cúspide de la cadena de mando militar apenas cinco meses antes. Cospedal lo eligió tras realizar un casting entre generales, quizá por su trato directo o su experiencia internacional, pues había desarrollado parte de su carrera en la OTAN y en ese momento era segundo jefe de la Fuerza Conjunta de la Alianza, en Brumsum (Países Bajos), aunque otros lo consideraban demasiado impetuoso, “como buen zapador paracaidista”.

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Tras la decepcionante respuesta de La Moncloa, el Jemad llama al Comandante del Mando de Operaciones (Cmops), teniente general Fernando López del Pozo, y le confiesa su inquietud ante lo que percibe como falta de previsión del Gobierno en una coyuntura que él considera muy grave. Le pide que vaya revisando y, si es preciso, actualice los planes de contingencia que tienen las Fuerzas Armadas para este tipo de situaciones.

Nada más regresar a Madrid, convoca por separado a su despacho de la calle Vitrubio al teniente general Del Pozo, al general Rosaleny y al jefe de la División de Estrategia del Estado Mayor Conjunto, el general Juan José Leza. Tras impartir instrucciones a cada uno, los cita a una reunión conjunta. Será la única que se celebre.

“En vista de la sensibilidad de la situación y de la necesidad de que todos nuestros planes tuvieran un adecuado nivel de reserva, decidí que yo sería la única persona con conocimiento del dibujo completo y que iría despachando con mis subordinados aspectos puntuales que evitaran cualquier filtración de lo que íbamos a planear y, en su caso, ejecutar tan pronto obtuviera autorización de la ministra Cospedal”, escribe Fernando Alejandre en sus memorias.

Felipe VI, junto al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a la izquierda, y el de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la manifestación contra los atentados de La Rambla y Cambrirls, el 26 de agosto de 2017.
Felipe VI, junto al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a la izquierda, y el de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la manifestación contra los atentados de La Rambla y Cambrirls, el 26 de agosto de 2017.
Andreu Dalmau ((EPA) EFE)

El Jemad despachó con la ministra de Defensa el 26 de agosto, después de que esta regresara de Barcelona, donde había participado en el acto de repulsa por los atentados de La Rambla y Cambrils. Según Alejandre, Cospedal no podía ocultar su “indignación y preocupación” ante “aquella manifestación terrible en la que se ultrajó a SM [Su Majestad] y se insultó a los miembros del Gobierno y a España”. En lo que muchos vieron como una encerrona de los independentistas, el Rey y Rajoy fueron recibidos con pitidos, abucheos y banderas esteladas.

Alejandre contó a Cospedal los pasos que ya había dado y le pidió que le diera una directiva política, una orden para dar cobertura legal a lo que estaba haciendo y a lo que pensaba hacer. Para evitar filtraciones, según Alejandre, la ministra le pidió al general que redactara él mismo el borrador de la directiva y así lo hizo. Un par de días después, se la devolvió firmada. “Además de patriota, era valiente”, escribe Alejandre de Cospedal.

La directiva, que nunca se ha hecho pública, tenía forma de carta y solo constaba de un par de párrafos. En la misiva, la ministra ordenaba al Jemad, de manera genérica, que pusiera en marcha el planeamiento y tomara las medidas necesarias por si la situación en Cataluña se desbordara y las Fuerzas Armadas tuvieran que intervenir en el marco del ordenamiento jurídico y la Constitución.

Integridad territorial

Alejandre pidió al general Del Pozo (Cmops) que creara un reducido equipo de planeamiento para elaborar, a partir de los planes vigentes, uno específico para Cataluña. Se partió del Cota de Malla, el plan de contingencia que prevé el apoyo de las Fuerzas Armadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) en la lucha contra el terrorismo y para “preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas”, según la Ley Orgánica de Defensa Nacional de 2005. Se ha activado varias veces, con motivo de la celebración en España de eventos internacionales, como la reciente cumbre de la OTAN, o tras los atentados del 11-M.

Esta vez, sin embargo, no se trataba de afrontar una amenaza terrorista o un problema de orden público sino de atajar un riesgo para la integridad territorial; uno de los cometidos que el artículo octavo de la Constitución encomienda a las Fuerzas Armadas. Así lo revela el nombre que se dio a la operación: Romeo Sierra. Las letras RS corresponden en el alfabeto fonético de la OTAN a su denominación real: Recuperar Soberanía. Es el mismo nombre que se dio a la operación para recuperar el islote de Perejil, ocupado por Marruecos en 2002. De algo parecido se trataba en Cataluña, según los redactores del plan.

Era un plan escalable, que requería el visto bueno político para ascender cada peldaño. La primera fase, que se puso en marcha de inmediato, consistía en prestar apoyo logístico a los más de 5.000 efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil que se desplazaron a Cataluña con motivo del referéndum. El Ejército trasladó literas, taquillas, cocinas y duchas al cuartel de Santa Eulalia, en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), para alojar a los agentes y policías.

El general Alejandre temía, según reconoce, que grupos organizados, como los Comités de Defensa de la República (CDR), pudieran irrumpir en algún acuartelamiento y humillar a las Fuerzas Armadas con actos de ultraje a la bandera o acceso a instalaciones sensibles. Por eso, ordenó elevar el nivel de alerta de las unidades militares en Cataluña de Bravo (el segundo grado de una escala de cuatro) a Bravo Plus (el segundo reforzado con elementos del tercero) y se incrementó el personal de algunas instalaciones para cubrir turnos de guardia reforzados, como en la Comandancia Naval de Barcelona, cerca de la emblemática estatua de Colón.

También se trasladó al cuartel de Sant Boi maquinaria pesada para despejar el acceso al puerto de Barcelona, donde estaba atracado el famoso buque de Piolín (uno de los cruceros fletados por Interior para alojar guardias civiles y policías), ante el riesgo de que los manifestantes bloquearan su salida con barricadas.

La tercera fase del plan atribuía a las Fuerzas Armadas la protección exterior de sus instalaciones e incluía la sustitución de policías y guardias civiles por militares en la protección de infraestructuras críticas fuera de Cataluña, lo que permitía liberar efectivos de las Fuerzas de Seguridad si había que reforzar su presencia en la comunidad autónoma.

La última fase suponía ya la implicación directa de las Fuerzas Armadas en el restablecimiento del orden público. La técnica, ensayada por los militares españoles en los Balcanes, se denominaba Green Box en terminología OTAN. Consiste en acordonar con personal militar la zona donde se están produciendo disturbios para crear una “caja segura” en la que la policía tenga libertad de acción (Blue Box) sin temor a verse rodeada por los alborotadores o a que estos reciban refuerzos desde el exterior.

A finales de septiembre, los ministerios de Interior y Defensa celebraron una reunión al máximo nivel: participaron los ministros Zoido y Cospedal, el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, el Jemad, el jefe del Mando de Operaciones y el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, responsable de coordinar el dispositivo policial para impedir el referéndum del 1-O. La reunión fue “decepcionante”, en palabras de Alejandre, pues los mandos de Interior, especialmente Pérez de los Cobos, estaban convencidos de tener todo bajo control y confiaban en la lealtad de los Mossos de Esquadra, en contra de la información que tenía el jefe de la cúpula militar.

Pese a que Interior rechazó la oferta de colaboración de las Fuerzas Armadas, Alejandre decidió firmar, dejando la fecha en blanco, la orden de activación de la Operación Romeo Sierra y a partir de ese momento la llevó siempre consigo. Activarla supondría el traslado a Cataluña de hasta una brigada completa del Ejército de Tierra, unos 3.500 efectivos, con el objetivo de apoyar a las Fuerzas de Seguridad. ¿De dónde saldrían?

Tras el verano, numerosas unidades militares recibieron orden de prepararse para hacer maniobras, lo que les obligaba a alistar al personal (suspendiendo los permisos), repostar los vehículos y aprovisionarse. En el último momento se anulaba el ejercicio y no llegaban a salir del cuartel, pero ya estaban listas si se las necesitaba. Algunas de ellas sí rotaron haciendo ejercicios en el Campo de Maniobras de San Gregorio (Zaragoza), que registró una inusitada actividad ese otoño, de forma que siempre había una unidad adiestrada y plenamente operativa a solo 300 kilómetros de Barcelona. Sería la punta de lanza si había que ejecutar el plan.

El publico congregado ante el Parlament el 10 de octubre de 2017, cuando Puigdemont declaró la independencia de Cataluña, a la izquierda, y después de que la suspendiera, derecha.
El publico congregado ante el Parlament el 10 de octubre de 2017, cuando Puigdemont declaró la independencia de Cataluña, a la izquierda, y después de que la suspendiera, derecha. Iván Alvarado

Cuando el 10 de octubre Puigdemont proclamó la independencia de Cataluña, Alejandre llamó inmediatamente al Mando de Operaciones para ordenar la activación de la Operación Romeo Sierra, lo que suponía el envío de refuerzos militares a la comunidad autónoma. El Jemad no había hablado con Cospedal antes de dar ese paso pero eso era, ha asegurado Alejandre a EL PAÍS, lo que ambos tenían acordado para el caso de que la situación llegara a ese extremo.

Tras colgar, se disponía a llamar a la ministra para comunicárselo. No tuvo tiempo. En ocho segundos (22, según otras mediciones), Puigdemont dejó en suspenso la recién proclamada república catalana y Alejandre llamó de nuevo al comandante del Mando de Operaciones para desactivar la maquinaria que acababa de poner en marcha: “¡Parad! ¡Parad!”. La distribución del plan entre las unidades que debían ejecutarlo se frenó antes de que llegara a iniciarse.

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Ayuso se desmarca de Feijóo y celebra la bajada del paro en Madrid pese a que el PP sostiene que las cifras están maquilladas

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Alberto Nunez Feijoo, presidente del Partido Popular, e Isabel Diaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP Regional, en un mitin celebrado el pasado 26 de noviembre.
Alberto Nunez Feijoo, presidente del Partido Popular, e Isabel Diaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP Regional, en un mitin celebrado el pasado 26 de noviembre.Olmo Calvo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado este viernes los datos del paro en Madrid, lo que entra en contradicción con la línea argumental del PP nacional, que pone en duda esa estadística porque la considera “maquillada”. “Cae el paro en la Comunidad de Madrid, y lo hace el doble que en el conjunto de España”, ha escrito en Twitter la líder conservadora, dando por buenos unos registros que su partido está intentando emplear para abrir un nuevo frente contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Ayuso ha sido la única presidenta autonómica del PP que ha celebrado este viernes la bajada del paro en su comunidad, coincidiendo con que el Grupo Parlamentario Popular ha registrado este viernes en el Congreso una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a modificar las estadísticas de empleo por la contabilidad de los fijos discontinuos. El Ministerio de Trabajo recuerda por su parte que la catalogación de los fijos discontinuos en el SEPE (antes INEM) está definida en una orden ministerial desde hace 37 años, y no se ha alterado desde entonces. “Me gustaría pedirle a la derecha que dejen de ejercer el trumpismo en materia laboral y  económica”, ha contestado muy dura la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

Cae el paro en la Comunidad de Madrid, y lo hace el doble que en el conjunto de España.

Es la región donde más empleo se ha creado en noviembre: 34.000 nuevos puestos de trabajo.

— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) December 2, 2022

Ante esa contradicción entre Ayuso y la línea marcada por la dirección nacional, el PP se ha lanzado este viernes a protagonizar un difícil ejercicio de equilibrismos. Para intentar conciliar la denuncia de que los datos del paro no son creíbles con la celebración del balance en Madrid, los portavoces conservadores han venido a emplear la parábola de la báscula rota: aunque el peso que arroje sea erróneo, si siempre se usa la misma báscula acaba reflejando una tendencia de fondo que sí es creíble.

“Que dude el PP de datos no es contradictorio con que presumamos de los datos que hay”, sostiene una fuente del equipo de confianza de la presidenta regional. “Y cuando salgan los verdaderos, serán mejores”, apostilla. Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, defiende que “hay organismos independientes que denuncian que el Gobierno miente con las cifras de parados, que los esconde”. “Lo que no se puede esconder son los datos de creación de empleo, o de puestos de trabajo”, incide, distinguiendo entre los datos que sí se cree la formación conservadora, y los que no. “Que no nos creamos las encuestas de Tezanos no significa que estas a veces no se acerquen al resto. No hay ninguna discrepancia en el seno del PP”. “No es contradictorio”, ha remachado el portavoz parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid, Pedro Muñoz Abrines. “La situación afecta a todo el país, pero en Madrid sí se crea empleo, lo que significa que la economía madrileña va mucho mejor que en el resto del país”.

También el consejero de Economía y Hacienda de Ayuso, Javier Fernández-Lasquetty, se ha visto obligado a intentar coincidir al mismo tiempo con la tesis de la líder regional y de la dirección nacional. “Madrid sigue tirando para adelante y tirando de toda España, pero hay otro punto que es necesario aclarar”, ha aseverado. “El Ministerio de Trabajo tiene que publicar las cifras de las personas que no figuran como desempleados, pero sí están buscando empleo, porque tienen un contrato discontinuo. [La ministra] Yolanda Díaz los ha puesto en otro sitio”.

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Fuentes de Génova sostienen, por su parte, que Ayuso “hace bien” en celebrar la bajada del paro en Madrid porque está siguiendo la estadística oficial, aunque el PP la discuta. “Si cambian la metodología de cómputo a lo mejor ese tipo de aseveraciones no se pueden hacer”, afirman estas fuentes, “pero ahora es lo que hay”, precisan. Ayuso no avisó a Génova de que publicaría un tuit felicitándose por la bajada del desempleo el mismo día que el PP denuncia el “maquillaje” de la estadística, pero en la dirección nacional insisten en que ese no es el debate, sino qué pasa con los parados en España.

Los populares han registrado este viernes una proposición no de ley en la que instan a modificar y “adaptar a la realidad” las estadísticas de empleo publicadas por el SEPE. En el texto, firmado por los diputados Jaime de Olano, Mario Garcés y Diego Movellán, inciden en que los contratos fijos discontinuos que se han disparado con la nueva reforma laboral “no han creado más trabajo, sino que han sustituido un tipo de contrato [el temporal] por otro [el fijo discontinuo] para cubrir las mismas necesidades temporales”. Los diputados reconocen que los fijos discontinuos son “técnicamente contratos indefinidos” y “tienen más garantías para un trabajador que un contrato temporal, como antigüedad o mayor indemnización en caso de despido”, pero denuncian que la situación del trabajador al final “es igual de inestable”.

El PP admite que esta modalidad de contrato de trabajo “no es nueva y siempre se ha contabilizado de la misma manera a efectos estadísticos”, dice el texto de la proposición no de ley registrada, lo que choca con la tesis expresada por Alberto Núñez Feijóo de que se trata de cifras alteradas. Pero argumentan que, al haberse limitado los contratos temporales, los fijos discontinuos se han disparado. Y la diferencia con la situación anterior a la reforma a efectos estadísticos, según el PP, es que mientras el trabajador temporal contabiliza como parado cuando se extingue su contrato, el fijo discontinuo, “aunque esté en su casa sin trabajar, sin cotizar y cobrando el paro, no cuenta como parado a efectos de las estadísticas, sino como ocupado”. Pero la cuestión es que antes tampoco contaba como parado, porque siempre se ha contabilizado igual a los fijos discontinuos. Solo que ahora hay muchos más.

Fuentes del Ministerio de Trabajo recuerdan que la catalogación de las personas con contrato fijo discontinuo en el SEPE (antes INEM) está definida en una Orden Ministerial de 11 de marzo de 1985, esto es, hace 37 años. La reforma laboral no afectó a esta normativa que lleva vigente cuatro décadas, lo que incluye 14 años de gobiernos del Partido Popular. “El SEPE ahora y antes el INEM contabiliza a las personas con contrato fijo discontinuo, cuando están en un periodo de inactividad, como demandantes de empleo no parados”, afirma Trabajo.

El criterio en todos los casos, recuerda el Ministerio, es que se considera demandantes no parados a las personas que no están buscando activamente un empleo o que no están en disponibilidad de aceptar una oferta de forma inmediata. Las personas con un contrato indefinido fijo discontinuo tienen activa una relación laboral con su empleador, como las que están en ERTE, por ejemplo, y por eso no se les registra como desempleadas. Y ponen un ejemplo: “Una profesora que termina el curso escolar el 30 de junio y empieza el siguiente curso el 1 de septiembre y tiene un contrato indefinido fijo discontinuo no busca empleo en julio y agosto, espera a que empiece el curso escolar para reincorporarse a su puesto de trabajo y, por lo tanto, no es una desempleada”.

“Me gustaría pedirle a la derecha que dejen de ejercer el trumpismo en materia laboral y  económica”, ha cargado la vicepresidenta Yolanda Díaz este viernes. “Me gustaría que por primera vez el señor Feijóo se pueda alegrar de que los datos de paro en su país, quedando mucho por hacer, son positivos”, ha pedido la titular de Trabajo en conferencia de prensa tras reunirse con organizaciones de defensa del derecho a la vivienda. “Estoy segura de que el señor Feijóo y la derecha de nuestro país no piensan que en Galicia, en Madrid o en Andalucía se han maquillado los datos de paro”, ha enfatizado Díaz, quien ha recordado que la competencia en el registro de estas cifras es autonómica y el SEPE solo se encarga de “recepcionarlas”. La vicepresidenta ha afeado al líder popular que “cuestione” también el PIB o los datos de inflación. “Lo que un dirigente debe hacer es valorar las cosas que en su país se están haciendo de manera positiva. Entiendo que es difícil cuando alguien ha calificado las medidas que están cambiando la vida de la gente como ‘timo ibérico’, pero le pido a la derecha que esté a la altura de las circunstancias y deje de hacer trumpismo”, ha exhortado. “Esto no pasa en ningún país de nuestro entorno (…) es gravísimo”, ha denunciado Díaz, quien acusa al PP de tratar de “impugnar  la institucionalidad”, informa Paula Chouza.

La denuncia del PP sobre el paro no es nueva ―Feijóo denunció el “maquillaje” del paro el pasado mes de junio, al poco de llegar a la presidencia del PP―, aunque ahora los populares la llevan al Congreso. En junio, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, contestó al líder del PP que no está “preparado para gobernar” con esas aseveraciones, porque “los fijos discontinuos no son parados, pero no ahora, por la reforma laboral, sino desde hace 25 años”, remarcó Díaz. “Son contratos de calidad, que cotizan en todos sus extremos, que son estables y que son garantía de derechos para los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país”, defendió. Esta semana, Feijóo ha vuelto a la carga denunciando la “doble contabilidad en el paro”, y su secretaria general, Cuca Gamarra, ha insistido en que el Gobierno “busca triquiñuelas” para “ocultar los verdaderos datos del paro”.

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España

El nuevo fiscal jefe de Tráfico: “Los datos apuntan hacia un cierto repunte de la siniestralidad vial”

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El fiscal jefe de Seguridad Vidal, Luis del Río, en su despacho en Madrid.
El fiscal jefe de Seguridad Vidal, Luis del Río, en su despacho en Madrid.Andrea Comas

Luis del Río (Las Palmas de Gran Canaria, 59 años) se puso al frente de la Fiscalía de Seguridad Vial el pasado marzo. Con casi tres décadas de carrera a la espalda y una amplia experiencia en Anticorrupción y Siniestralidad Laboral, sustituyó en el cargo a Bartolomé Vargas, que se jubiló tras 15 años encabezando esta área del ministerio público. El canario llega en un momento complejo: la delincuencia vial aumentó en 2021 y generó el volumen de actividad judicial más alto de la última década; la movilidad crece y se sitúa ya en niveles previos a la pandemia; y, como indica Del Río, los datos provisionales de 2022 de la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre fallecidos en carreteras “apuntan hacia un cierto repunte de la siniestralidad”.

Pregunta. Si tuviéramos que hacer ahora una foto fija de la delincuencia vial en España, ¿a qué escenario nos enfrentamos?

Respuesta. Actualmente lo que se percibe es que, si bien durante la última década ha habido una mejora considerable en materia de seguridad vial y de movilidad en general, quizás en el último periodo del que tenemos datos oficiales, que es el año 2021, ha habido un pequeño retroceso. Un retroceso porque se han incrementado los asuntos incoados, las sentencias condenatorias dictadas y los escritos de acusación.

P. ¿Y a qué lo achacan?

R. No tenemos muy claro cuál es el motivo. Algunos expertos que se dedican al ámbito de la seguridad vial han querido ver una especie de efecto rebote tras estos años más duros de pandemia; sobre todo, de los periodos de confinamiento. Quizás, a un malentendido sentimiento de recuperación de la libertad.

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P. ¿Y la campaña de verano y los meses posteriores han confirmado esa tendencia?

R. Los datos que nos va facilitando la DGT confirman que, en cuanto a fallecimientos y lesiones de cierta entidad, sí ha habido un cierto incremento. Eso, según los datos provisionales de lo que llevamos de año. Habrá que esperar, no obstante, al final de año para hacer una evaluación más completa y objetiva. Pero los datos parece que apuntan hacia un cierto repunte de la siniestralidad vial en los últimos tiempos.

P. Usted afirma que se ha producido un cierto aumento de los delitos de peligro, ¿a qué tipo de delitos y actitudes se refiere?

R. Me estoy refiriendo a conducir a una velocidad excesiva, superando los límites que fija el Código Penal, que son 60 kilómetros hora y 80 kilómetros hora, según sea vía urbana o interurbana; y los delitos de conducción bajo el influjo de bebidas alcohólicas y de droga. También la conducción temeraria e incluso sin el permiso de conducir.

P. Hemos visto gente que se graba conduciendo de forma temeraria para después subir los vídeos a internet, ¿han detectado algún tipo de relación entre el aumento de la conducción temeraria y este fenómeno?

R. No tenemos conocimiento de que haya habido un estudio riguroso sobre esa cuestión. Pero sí parece que, a veces, esas ganas exacerbadas de exposición y de demostrar que se hacen cosas originales, llegan al absurdo de cometer conductas que ponen en peligro la vida de los demás. Y la vida propia también.

P. En la memoria de la Fiscalía se detalla que, pese a los esfuerzos realizados, la atención jurídica de las víctimas no es la debida en dependencias policiales, juzgados y oficinas de atención. ¿Qué deficiencias han detectado?

R. En los últimos años se ha producido una mejoría: se han duplicado esfuerzos, tanto del ministerio fiscal como de los órganos judiciales y la propia Policía. Pero todavía queda mucho camino por recorrer y quedan esfuerzos que realizar para que se dé cumplimiento al estatuto de la víctima. Por ejemplo, las Oficinas de Atención a las Víctimas de Delito deberían tener más en cuenta a las víctimas de los siniestros viales y prestarles mayor atención. Somos conscientes de que, en la mayor parte de los sitios, estas oficinas están empezando a instalarse ahora y llevan muy poco tiempo. Y somos conscientes de que no tienen excesivos medios: ni personales ni materiales. E indudablemente, para dar una debida atención, hace falta inversión. También, en materia de responsabilidad civil, tenemos un sistema de cálculo de las mismas [para pedir indemnizaciones] que, en algunos supuestos, es especialmente complicado y requiere de ciertas operaciones, a veces matemáticas, de cierta complejidad.

P. Unos sistemas matemáticos muy complicados para las víctimas.

R. Efectivamente, a veces no es fácil, sobre todo para la víctima. Necesita un asesoramiento especializado, sobre todo los casos más complejos, para poder determinar bien las cantidades a las que tiene derecho a la hora de reclamar.

El fiscal jefe de Seguridad Vidal, durante la entrevista con EL PAÍS.
El fiscal jefe de Seguridad Vidal, durante la entrevista con EL PAÍS.Andrea Comas

P. Su predecesor anunció en 2021 que trabajaban en un dictamen para analizar los puntos negros en las carreteras para dar una respuesta penal si los accidentes respondían a fallos en la construcción de las vías. ¿Han avanzado en ello?

R. Seguimos en ello. Lo estamos estudiando, pero es un tema especialmente complejo porque sería susceptible de tipificación en el artículo 385 del Código Penal, que es un tipo penal bastante complejo y que ha sido escasamente aplicado por los tribunales, y además las veces en que se ha aplicado ha sido en supuestos distintos a los que usted me plantea. Por lo tanto, requiere que continuemos estudiando debidamente esta cuestión.

P. Respecto a los patinetes eléctricos, la memoria de la Fiscalía también apunta la necesidad de un marco normativo claro, bien estructurado y territorialmente armonizado ¿Dónde se puede mejorar?

R. Esta es una materia, en principio, de carácter administrativo. Es decir, supera un poco nuestras competencias. Nosotros intervenimos cuando normalmente se ha producido algún delito. Recientemente se ha producido alguna reforma en la normativa: en el sentido de exigir mayores medidas de seguridad y, en todo lo que sean mejoras en la seguridad vial, van a tener nuestro apoyo. En el caso de los vehículos de movilidad personal, por una parte, son usuarios especialmente vulnerables respecto a otros vehículos, pero a su vez también los peatones son especialmente vulnerables respecto a los patinetes. Con lo cual, hay que buscar un equilibrio entre una normativa que permita la máxima seguridad de los usuarios de estos vehículos de movilidad personal y de terceros; y que, a su vez, no paralice iniciativas que puedan dar lugar a una movilidad más sostenible.

P. ¿Han detectado un aumento de los casos penales que involucren a patinetes?

R. Aunque no tenemos datos estadísticos separados referidos únicamente a esta clase de vehículos de movilidad personal, sí hemos observado en los últimos tiempos algunas actuaciones judiciales.

P. ¿Y representan un volumen preocupante?

R. No es que sea un volumen alarmante, pero sí que tienen cierta entidad. Quizás, lo que más nos preocupa a nosotros es que, al ser un fenómeno nuevo, a veces el encaje penal presenta algunas dificultades.

P. ¿A qué dificultades se refiere?

R. Que puedan ser considerados o no vehículos a motor, a efectos de aplicar los delitos de peligro. Porque, si bien en principio quedan al margen de estos al no reunir las características típicas que existen en estos delitos, a veces los usuarios o los fabricantes les introducen determinadas reformas que los potencian, haciéndolos asimilables a los vehículos que sí encajan en los tipos penales de peligro.

Repunte de fallecidos

A 1 de diciembre de 2022, los datos provisionales de la DGT sobre fallecidos en carretera suman 1.049 víctimas, un 14% más que en el mismo periodo de 2021, cuando se contabilizaron 918. Por tipo de vía, los muertos aumentaron especialmente en las convencionales, un 15%; frente al 13% que se registró en autopistas y autovías. Por edad, sube el grupo de las víctimas de mayores de 64 años, un 42%, con 202 fallecidos este 2022. Y, por tipo de vehículo, crecen en especial los siniestros mortales con turismos, un 17%.

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Jaén acogerá un centro tecnológico de seguridad de la Defensa, con 220 millones de inversión y 2.500 empleos en seis años

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En el invierno de 2021, la sociedad de Jaén se echó a la calle para rebelarse contra lo que consideraban el enésimo agravio sufrido por esta tierra: la elección de Córdoba para acoger el plan Colce del Ministerio de Defensa, cuando ya todas las instituciones locales se frotaban las manos por el supuesto compromiso previo que el Gobierno había alcanzado con Jaén. Este viernes, a punto de cumplirse dos años de aquellas protestas (inéditas en la historia más reciente de Jaén), el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado a esta tierra para una reconciliación con esta provincia. El dirigente socialista ha anunciado la elección de Jaén para acoger un centro tecnológico de seguridad de Defensa, uno de los proyectos “más emblemáticos” del Ejecutivo dentro de su plan de deslocalización de centros e instituciones.

“Durante años, Jaén ha visto pasar muchas oportunidades. Por eso, la deuda del Estado con Jaén tiene que saldarse, es momento de romper inercias históricas y de agravios injustificados”, ha señalado el presidente del Gobierno este viernes al presentar el Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex) del Ministerio de Defensa, que llega con una inversión anunciada de 220 millones de euros (financiado con fondos europeos de recuperación) y la creación de más de 2.500 empleos en un periodo de seis años.

“Queremos convertir a Jaén en motor de la investigación y la innovación con un centro que tendrá un efecto catalizador de inversión privada”, ha señalado Sánchez, que ha defendido esta inversión para la cohesión territorial. “Esto también es hacer patria”, ha enfatizado Sánchez. El Cetedex estará vinculado principalmente hacia la industria aeronáutica, como centro de experimentación antidrones, el desarrollo de sistemas de defensa y como centro de inteligencia artificial. Será posible gracias al convenio suscrito entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, y el alcalde de Jaén, Julio Millán. La capital jiennense ha cedido los terrenos para ubicar este proyecto en el polígono Nuevo Jaén, precisamente la superficie elegida en su día para albergar el fallido plan Colce.

La elección de Jaén para albergar este centro tecnológico de la defensa sirve también para limar asperezas políticas con el PSOE jiennense. El propio alcalde de la capital, Julio Millán (PSOE), calificó en su día como una “afrenta” del Gobierno de Sánchez que el Colce volara hacia Córdoba cuando ya había un compromiso previo con su gobierno municipal. Además del Colce, los socialistas de Jaén han criticado que la provincia haya estado en el furgón de cola de las inversiones en los dos últimos Presupuestos Generales del Estado.

“Actos como los de hoy tapan los momentos de más dificultades para los que nos dedicamos a lo público”, ha referido Francisco Reyes, presidente de la Diputación y líder del PSOE provincial. Desde el comité federal socialista en el que se forzó la dimisión de Sánchez, Reyes y el PSOE de Jaén estaban distanciados con la dirección federal del partido. Y ello a pesar de que el PSOE de Jaén ha defendido que en las últimas citas electorales esta provincia ha sido la de mayor apoyo porcentual hacia el PSOE en toda España.

La polvareda política y social que generó el fallido Colce en Jaén acabó en los tribunales y aceleró la aparición de partidos de índole provincial, como Jaén Merece Más, uno de los firmantes de la recién constituida Federación de la España Vaciada.

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