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La Guardia Civil investiga por segunda vez al patrón de dos jornaleros desaparecidos en Jaén

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Olivares del término municipal de Villacarrillo, en Jaén.
Olivares del término municipal de Villacarrillo, en Jaén.PACO PUENTES

Hay un vídeo comprometedor que ha corrido estos días por algunos móviles de Villacarrillo (Jaén). En él se ve a Ginés V. L., el hombre al que por segunda vez investiga la Guardia Civil por la desaparición de dos jornaleros inmigrantes en el municipio, entrando y saliendo furtivamente por la ventana de un bar cerrado. Se trata del local que él tiene alquilado desde hace una década y que en origen regentó su familia. El asalto se produjo hace unos meses, a plena luz del día, hacia las 14.00 horas, cuando los arrendatarios tenían echado el cierre. Ginés mira a un lado y a otro antes de entrar y salir para cerciorarse de que nadie le ve, y saca por la ventana del bar una bolsa de plástico que mete en su coche, aparcado justo en la puerta, cierra y se va.

Ginés heredó ese bar de sus padres, cuya casa se encuentra en una calle aledaña. También le tocaron en la herencia familiar, que comparte con dos hermanas, unos olivares en la vecina localidad de Villanueva del Arzobispo (8.000 habitantes). Allí, en la finca de La Moratilla (unos 5.000 olivos), han vuelto a buscar estos días los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil algún rastro de los dos temporeros que Ginés tuvo a sueldo: Tidiany Coulibaly, un maliense de 22 años, e Ibrahima Dioufun, senegalés de 32. Ambos desaparecieron repentinamente, tras sendas discusiones con él, siempre por cuestiones laborales, aunque con ocho años de diferencia: el primero, el 17 de diciembre de 2013; y segundo, el 5 de enero de 2021.

“Cuando he visto esta semana en las noticias que volvían a investigar a Ginés por otros hechos idénticos, no podía creérmelo, se me revolvieron las tripas”, explica Jesús Castro, un cura perteneciente a la diócesis de Jaén, que estuvo afincado en Villacarrillo y ayudó a los familiares y amigos de Coulibaly a encontrar asesoría jurídica en su día. Recuerda la “soberbia” y la “chulería” con la que hablaba el empresario en el juicio celebrado en 2016, acusado de secuestro, además de explotación laboral. Fue absuelto del primer delito por falta de pruebas suficientes y condenado por el segundo.

“A todos nos quedó claro, después de la minuciosa investigación de la Guardia Civil, de las muchas contradicciones en sus distintos testimonios y de aquella vista, que él había hecho desaparecer a Tidiany, pero al no encontrar el cuerpo le absolvieron, dejándonos con una terrible sensación de rabia e impotencia”, asegura sin empacho el sacerdote. “Le salió bien y gratis matar a un puto negro, como él lo llamaba en las grabaciones aportadas por los investigadores”, rememora. El teléfono de Ginés estuvo pinchado durante meses. En las escuchas se evidencia que él lo sabía, lo comentaba con amigos y familiares y les mandaba mensajes a los propios investigadores.

Una mujer camina por la calle Perales en Villacarrillo.
Una mujer camina por la calle Perales en Villacarrillo.
PACO PUENTES

En la primera desaparición, hace ocho años, los investigadores mantenían la hipótesis de que hubiese habido un forcejeo entre Ginés y Tidiany con un desenlace fatal que le hubiese llevado al primero a deshacerse del cuerpo del segundo. Ahora, cuando la historia se repite de manera casi idéntica, los agentes que vuelven a registrar y rastrear sus propiedades en busca de cualquier nuevo indicio sospechan que “pueda estar repitiendo un patrón”.

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Son contadas las personas del pueblo que esgrimen el derecho de Ginés V. L. a la presunción de inocencia: “Hay que pensar en esa familia, en su mujer y en sus hijos pequeños, en sus suegros… Ya hay víctimas, haya delito o no”, comentan. Por su parte, el alcalde, Paco Miralles (PP), se limita a decir que “se está colaborando con la Guardia Civil y con la Justicia”. Ginés eludió expresarse para este periódico al igual que su abogado, Leopoldo Rubiales, el mismo que lo representó la vez anterior.

En medio del revuelo mediático que ha vuelto a suscitar el caso, las imágenes de Ginés entrando a hurtadillas en el bar fueron colgadas en Facebook durante unos minutos esta misma semana, lo que se convirtió en el centro de los comentarios de los vecinos de Villacarrillo, pero enseguida fueron borradas. En su día ese vídeo fue a parar al cuartel del instituto armado en forma de denuncia de quienes entonces regentaban el bar, aunque posteriormente fue retirada “por temor a represalias”, según confirman implicados en los hechos.

La vida de Ginés, de 54 años, casado con una abogada que trabaja en una notaría, con la que tiene dos hijos de 9 y 15 años, está plagada de enfrentamientos y follones que recuerdan quienes han trabajado para él o han mantenido con él relaciones contractuales de algún tipo.

Muchos de los altercados han tenido como escenario ese bar a la entrada del pueblo, con un pequeño patio cubierto por una parra a modo de terraza. “Las voces y los insultos, allí, a la vista de todos, eran habituales entre él y sus padres, sobre todo con su madre”, recuerdan. La familia es conocida como Los Correas en este municipio jienense de 10.500 habitantes rodeado de un mar de olivos que convierte la Sierra de Cazorla casi en una isla.

Tres hombres mayores miran la ejecución de una obra en Villacarrillo.
Tres hombres mayores miran la ejecución de una obra en Villacarrillo.PACO PUENTES

Aunque muchos vecinos dicen, en un primer momento, puede parecer “un hombre de trato correcto y afable”, aseguran que después, “en cuestión de segundos, se vira y se pone agresivo”. “Ha sido así desde el colegio”, asegura uno de sus compañeros. “Problemático”, “conflictivo”, “huraño”, “con un comportamiento bipolar”, le describen.

En esta ocasión los investigadores han registrado otra vez sus fincas, sus cortijos y sus pozos, así como la nave donde vivían los inmigrantes en Villacarrillo (cuya luz tenía enganchada ilegalmente al fluido eléctrico) y la cochera aledaña al bar (con la luz enganchada a la del local), donde guarda maquinaria agrícola y “donde se pasaba buena parte del día, solo”, según relatan algunos de los arrendatarios del negocio. El bar nunca ha sido inspeccionado, pero a la luz del relato de distintos inquilinos guarda sus propios secretos.

En el bar de Ginés, cuentan, “hay un pozo oculto en el patio”, “donde estaba colocado antiguamente el futbolín”, recuerdan, “justo al lado de la ventana de la cocina”. “Era un pozo falso”, dice otro. “Había una arqueta en el suelo que se levantaba, con la tapa de color azul”, añade otra. “Podría estar comunicado con la cochera aledaña, donde tiene las máquinas del campo y donde se pasaba el día metido”, conjeturan tras asegurar que por las noches veían movimientos en el interior del bar, cuando estaba cerrado. Hace algo más de un año, en la primavera de 2021, Ginés cambió el suelo del patio, “a petición de la penúltima arrendataria”, y lo cementó, quedando sepultado ese supuesto pozo, coinciden varios.

Buscando una coartada

La mayoría de sus arrendatarios han acabado mal con el empresario. Y si algo está probado —y así lo recoge la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Jaén que le absolvió de la acusación de secuestro— es que Ginés coaccionó, amenazó e intimidó a las personas que tenían alquilado entonces su bar para que le dieran una coartada el día que desapareció Tidiany Coulibaly. “Existía un punto ciego de una media hora, entre las 12.30 y las 13.00, la hora estimada de la desaparición, que él no tenía cómo justificar”, recuerda Francisco Javier Pulido, el abogado que representó a la familia y a los amigos temporeros del maliense.

“Le alquiló el bar un tiempo a María L. M. y Miguel Ángel M. B, [..] y les solicitó que declarasen que lo vieron el día 17 de diciembre de 2013 entre las 13.00 y las 13.15, a sabiendas de que esto era falso, ofreciéndoles a cambio no reclamarles el alquiler del resto del contrato de arrendamiento”, recoge la sentencia. “Fue tres días con idéntico propósito: 8, 9 y 28 de mayo de 2014″. “Les persiguió [2 de agosto de 2014, sobre las 12.40 horas] y les amenazó verbalmente”, hasta provocar que el juzgado dictara una orden de alejamiento contra el acusado. No cejó en su empeño y “trató de que despidieran del trabajo a María L. M.”, que se asustó tanto que mandó a su hija fuera de Villacarrillo durante un mes, dice el texto. El 24 de julio le envió un mensaje a María L. M. en el que decía: “No te presiono, solo pido lo mío”.

Por su parte, según declaró Miguel Ángel M.B. en el juicio, a él le amenazó diciendo que “conocía gente en Martos”, su lugar de residencia, y además que “conocía al fiscal”.

La geolocalización del móvil de Ginés le ubicaba aquel 17 de diciembre de 2013 a las 13.00 en Villanueva del Arzobispo. Por eso buscaron allí, y al mismo sitio han regresado esta semana los investigadores de la Guardia Civil.

También entonces, a preguntas del abogado en el juicio, Ginés respondió que había recibido adiestramiento militar porque “perteneció a los Cuerpos de Operaciones Especiales del Ejército (COES)”. Un aspecto que confirman fuentes de la investigación de la Guardia Civil.

En el campo, donde esta temporada aún no han empezado las tareas de recogida de la aceituna, olivareros colindantes con sus tierras afirman que Ginés “siempre ha hecho cosas raras”, como “mandar a sus jornaleros a coger olivas en tierras que no eran suyas y luego decir que se habían equivocado” o “dejar que su madre se llevase kilos de olivas recogidas que luego no les contabilizaba a los jornaleros, que cobran por kilo”. Fue condenado por explotación laboral, ya que pagaba a los jornaleros inmigrantes la mitad de lo establecido en el convenio del campo.

Todos estos asuntos han convertido a Ginés V. L. en un vecino “solitario” y controvertido que en los últimos días no se ha dejado ver por los que supuestamente son sus sitios habituales. Investigado por un segundo presunto secuestro, tan cierto es que su polémico carácter no le convierte en un criminal como que no existe el crimen perfecto.

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El Congreso rechaza la revisión de la ley del ‘solo sí es sí’

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Los ministros Irere Montero y Alberto Garzón, este martes en el Congreso.
Los ministros Irere Montero y Alberto Garzón, este martes en el Congreso.FERNANDO ALVARADO (EFE)

La mayoría del Congreso rechaza por ahora revisar la ley del solo sí es sí y, en la misma línea que había marcado el Gobierno, esperará a que el Tribunal Supremo termine de fijar doctrina sobre la aplicación de las penas. Los aliados parlamentarios han cerrado filas con el Ejecutivo ante el intento del PP de promover la revisión de la norma, apenas tres meses después de haber sido aprobada, ante la reducción de condenas que están aplicando numerosos jueces ateniéndose a las nuevas tipificaciones penales. El conjunto de la izquierda y de los nacionalistas sigue defendiendo la ley, pese a la polvareda que ha levantado su aplicación.

El PP llevó este martes al pleno del Congreso una proposición no de ley en la que se insta al Ejecutivo a “revisar por vía de urgencia” la norma aprobada por amplísima mayoría el pasado agosto —205 votos a favor— a fin de que los agresores sexuales “puedan tener cuanto antes las mismas penas que estaban en vigor hasta septiembre de 2022″. Solo uno de los grupos que refrendaron la ley, Ciudadanos, se mostró dispuesto a apoyar ahora la iniciativa sobre la revisión, que se votará este jueves, aunque la ha enmendado. La formación liberal reconoce que la aplicación de las penas ha evidenciado una “brecha”, sobre la que ya había avisado en su día, pero aun así defiende el conjunto de la ley y su objetivo de acabar con la separación entre abusos y agresiones sexuales, como explicó la diputada Sara Giménez.

“Esta ley es lo peor que hemos vivido en estas décadas de democracia”, denunció la diputada del PP Rosa Romero, que salpicó su intervención con un torrente de crítica a la ministra de Igualdad, Irene Montero, hasta exigir su dimisión. Romero comenzó reproduciendo declaraciones de víctimas de abusos que estos días han visto cómo las penas de sus agresores eran rebajadas. “Es un clamor de toda la sociedad frenar la hemorragia de beneficios” de los que están disfrutando algunos de los condenados, señaló Romero. “Si el Gobierno no lo hace, demostrará que es un Gobierno sin alma”. La diputada popular recordó que su grupo fue también de los que advirtió en su momento que podía producirse este problema y que Montero lo desdeñó entonces como “interpretaciones machistas”.

El debate se celebró en ausencia de Vox, que poco antes había abandonado el pleno después de que le quitasen la palabra a su diputada Patricia Rueda por negarse a retirar el término “filoterroristas” en alusión a los socios del Gobierno. El partido de extrema derecha tenía previsto que interviniese la diputada Carla Toscana, la misma que la pasada semana desató un gran escándalo en la Cámara por sus insultos machistas a la ministra de Igualdad. Eso facilitó que el tono del debate no se desmandase en ningún momento, aunque dejó a los populares un tanto solos en su acometida contra la ley.

Los dos partidos del Gobierno se defendieron atacando. La socialista Andrea Fernández se remontó hasta la primera ley del aborto de 1985 para repasar las diferentes negativas del PP a normas que concedían nuevos derechos a las mujeres. Sofía Castañón, de Unidas Podemos, se centró en la polémica campaña contra las agresiones sexuales de la Xunta de Galicia, gobernada por los populares, y que, según algunos colectivos de mujeres, responsabiliza a las víctimas de los ataques que sufren. Los tres principales aliados del Gobierno, ERC, PNV y EH Bildu, fueron contundentes en su defensa de la ley y de la ministra. La republicana Pilar Vallugera insistió en que con el texto en la mano y las disposiciones del Código Penal los jueces no están obligados a hacer una interpretación restrictiva de las penas. “No nos vamos a dejar llevar por la improvisación y el populismo”, afirmó el representante del PNV Joseba Agirretxea para argumentar que debe esperarse a que el Supremo unifique doctrina.

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El Constitucional acuerda apremiar al Poder Judicial para que nombre a sus dos magistrados

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El Constitucional no va a darse prisa en verificar si Juan Carlos Campo y Elena Díez, los dos juristas designados por el Gobierno para formar parte del tribunal de garantías, cumplen los requisitos para acceder al cargo. El presidente del tribunal, Pedro González Trevijano, comentó este martes a los magistrados que remitiría al Consejo General del Poder Judicial una comunicación exponiendo que el Gobierno ha efectuado sus nombramientos, a los efectos oportunos. El Constitucional espera que esos efectos sean que el órgano de gobierno de los jueces nombre a los otros magistrados que deben incorporarse al órgano de garantías, como muy tarde el próximo 22 de diciembre, día en que va a reunirse el pleno del Poder Judicial.

La decisión del Constitucional, por tanto, es emplazar al Consejo a que cumpla su cometido por la vía indirecta de notificarle que el Gobierno ya ha cumplido el suyo. El objetivo de esta estrategia es intentar que el Poder Judicial reaccione ante la nueva situación y que los ocho vocales del bloque conservador, que se han negado a proponer candidatos, den un paso y se muestren dispuestos a hacerlo. No hay garantías de que por esta vía se logre avance alguno, pero lo que quiere el Constitucional es colocar el problema en otra sede, la del Consejo, y no tener que afrontar por ahora el debate sobre la idoneidad de los juristas designados por el Gobierno, cuya aceptación en estos momentos supondría renovar el tribunal por un sexto de sus miembros, y no por un tercio, como prevé la Constitución.

El pleno del Constitucional acordará este miércoles formalmente dirigir esta comunicación al Consejo y ahorrarse, de momento, el trago de un pleno del propio tribunal de garantías en el que no iba a haber unanimidad sobre las posibles salidas para esta larga crisis. En el sector conservador sigue imperando la idea de que la renovación no podría ser de solo dos magistrados. Pero al propio tiempo nadie arde en deseos de poner su firma al pie de un documento en el que se rechace a los magistrados propuestos por el Gobierno. Ante la disyuntiva de reclamarle al Poder Judicial que cumpla su parte, o tener que celebrar un pleno en el Constitucional para exhibir una nueva ruptura interna, los componentes del Constitucional han elegido la primera opción.

Desde el sector progresista del tribunal de garantías se contempla esta opción como la menos lesiva para el Constitucional, de momento. Es decir, este bloque querría que no se retrase por más tiempo la renovación, porque hay muchas sentencias congeladas, a la espera de que un tribunal recompuesto las aborde. Pero al mismo tiempo tampoco le resulta alentadora la perspectiva de un pleno en el que quede en minoría y que sirva para el desgaste del tribunal, atrincherado en la tesis de que si no llegan cuatro magistrados, los designados por el Gobierno no pasan el examen de idoneidad, porque deberían venir con otros dos, los nombrados por el Poder Judicial.

Junto a ello, existe cierta preocupación por la condición de Juan Carlos Campo como exministro de Justicia, y los efectos que ello pudiera tener en determinados procedimientos. Por ejemplo, en todos aquellos recursos de inconstitucionalidad referidos a leyes en cuya confección o deliberación hubiera participado. Y la lista puede ser larga, por el año y medio que Campo estuvo al frente de la cartera de Justicia y su pertenencia, por tanto, a un Consejo de Ministros que aprobó proyectos legislativos de diversa naturaleza, desde la ley de eutanasia a la reforma laboral o la educativa de la ley Celáa.

En todo caso, si se produjera la renovación con los nombres propuestos por el Gobierno, el sector progresista conservaría la mayoría una vez renovado el tribunal, incluso en casos en que alguno de los magistrados de este bloque tuviera que abstenerse. Dicha mayoría sería de siete votos a cinco, si la renovación es completa, o de seis a cinco si de momento no se nombra al sucesor del dimitido Alfredo Montoya, que renunció por razones de salud. Su sustituto ha de ser designado por el Senado, y no lo será mientras no haya un pacto global para renovar el Consejo General del Poder Judicial. En este caso, podría darse alguna situación que, por abstención de un magistrado, supusiera un empate a cinco. Pero para ese supuesto hay que tener en cuenta que el presidente tiene voto de calidad y que la presidencia en la próxima etapa será ocupada por un magistrado del sector progresista.

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Vox abandona el pleno del Congreso tras exigirles la Presidencia retirar una acusación de “filoetarras”

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El vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, conversa con la diputada de Vox Patricia Rueda durante la intervención de esta en el pleno del Congreso, este martes.
El vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, conversa con la diputada de Vox Patricia Rueda durante la intervención de esta en el pleno del Congreso, este martes.FERNANDO ALVARADO (EFE)

Las reconvenciones y las buenas palabras e intenciones sirvieron de poco, y apenas duraron unas horas. Todos los diputados de Vox han abandonado esta tarde, en mitad del pleno, el hemiciclo tras exigirle la Presidencia del Congreso a una de sus diputadas, Patricia Rueda, que retirara de su intervención el término “filoetarras” con el que se ha dirigido a EH Bildu, socios en muchas ocasiones del Gobierno. La diputada se ha negado y el presidente en ese momento en funciones, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, le ha retirado la palabra. Vox dejó a continuación el salón y más tarde su presidente, Santiago Abascal, compareció para denunciar “el asalto del Gobierno a todas las instituciones”. El incidente ha truncado de lleno todos los planes de la Presidencia para controlar mejor y con menos insultos y ataques los debates en las Cortes.

Ni habrá un código ético nuevo y reforzado para los diputados y los periodistas, como ha planteado en la mañana de este martes sin mucho éxito En Comú Podem, ni se retocará el actual Reglamento del Congreso ni tiene visos de prosperar una declaración de condena conjunta de la mayoría de los partidos contra el comportamiento de Vox, la formación ultra que ha protagonizado varios incidentes machistas e insultos en esta legislatura. Tampoco parecen haberse atemperado nada los ánimos, especialmente por parte de Vox, que ha vuelto a protagonizar otro incidente que vuelve a incendiar políticamente las relaciones políticas en las Cortes.

La diputada de Vox por Málaga, Patricia Rueda, no desperdició la ocasión que se debatía, en este caso una proposición no de ley del PSOE sobre el apoyo a la candidatura española de Málaga para albergar la Exposición Internacional 2027. Rueda relacionó esa candidatura con que el Ejecutivo de Pedro Sánchez usa el Gobierno para “premiar a filoetarras, golpistas y separatistas”, en alusión a EH Bildu, ERC y otros partidos independentistas vascos y catalanes. El presidente en funciones le pidió que retirara esa alusión, Rueda se negó, forcejeó dialécticamente con Rodríguez de Celis, ambos llegaron incluso a tutearse y el diputado socialista que ejercía de nuevo de árbitro, como la semana pasada con el caso de Carla Toscano, le retiró la palabra. Todos los diputados presentes de Vox aplaudieron a Rueda y se aprestaron a abandonar la sala, salieron al pasillo y allí su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, asesorado por Ignacio Gil Lázaro, el miembro de Vox en la Mesa, denunció el comportamiento “sectario” de Rodríguez de Celis. Unos minutos más tarde hasta compareció en el salón del escritorio el presidente de Vox, Santiago Abascal, para enfatizar que con ese tipo de actitudes “el Gobierno asalta las instituciones” y se culmina “el proceso deconstituyente de España”.

La presidenta de las Cortes, la socialista Meritxell Batet, se había limitado por la mañana a proporcionar una “regañina” a todos los partidos representados en el Congreso y les ha instado a “reflexionar” y guardar las formas. Todos los partidos, menos Vox, han asumido algo de autocrítica. Por la tarde, en el inicio del pleno de esta semana, Batet se ha mostrado más firme en el control del debate.

Los ataques machistas de la diputada de Vox, Carla Toscano, contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, de la semana pasada, cuando relacionó directamente su nombramiento con ser la pareja del exlíder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, han regresado este martes a la Cámara como un bumerán interpelando a todos los partidos y órganos de funcionamiento del Congreso sobre la actual deriva del debate político. Pero sin muchas consecuencias precisas, concretas y prácticas. La discusión ha entrado primero en la reunión semanal de la Mesa, más tarde en la de la Junta de Portavoces, en las comparecencias habituales de todos los partidos y hasta en el debate vespertino, en este caso más en el tono que en el fondo.

En la Mesa, que es el órgano que regula el gobierno de la Cámara, el asunto se introdujo, sin embargo, por un escrito de Vox en el que pedía que se adoptaran medidas contra dos miembros de Unidas Podemos que pertenecen al mismo y que según la formación ultra habrían increpado desde la tribuna del Congreso la semana pasada a la diputada Toscano cuando lanzó sus imprecaciones personales contra Montero. La Mesa lo rechazó porque no es competente para revisar o dar directrices a la Presidencia del Congreso, que es la que ostenta en exclusiva la competencia para dirigir los debates. Aquel día, en aquel momento, la presidencia la cumplía el vicepresidente primero, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que pidió a la diputada de Vox que retirara su alusión y ante su negativa la eliminó retórica que no físicamente del acta de la sesión. Los componentes de la Mesa debatieron el asunto de fondo sobre el creciente clima de crispación que se está apoderando de las discusiones en la Cámara, pero sin ninguna propuesta específica.

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La cuestión volvió más tarde en la cita semanal de la Junta de Portavoces, dónde están todos los partidos, pero tampoco se plasmó en ninguna iniciativa. La presidenta suscitó el problema, se lamentó del tono, estilo y actitud de muchos diputados de diversos partidos, pidió autocrítica y abrió la posibilidad de que todas las formaciones reflexionasen de manera colectiva sobre la mala imagen que proyectan con esos comportamientos sobre el nivel de la política y la sede de la soberanía nacional. El portavoz del PSOE, Patxi López, reconoció tras ese encuentro que Batet les había “reñido un poco a todos con razón, porque algunos solo ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, se ciñó a conceder que esa reflexión la debería hacer internamente cada partido. Portavoces de Más País, Compromís o de Unidas Podemos, como Pablo Echenique, se pronunciaron más a favor del autocontrol que por poner límites rígidos a la libertad de expresión, que es uno de los problemas con los que se ha tropezado la Presidencia cada vez que ha querido buscar soluciones a este dilema.

La presidenta del Congreso ha pedido finalmente a todos los portavoces “contención, respeto y responsabilidad” y ha advertido varias veces de que a partir de ahora piensa mantener una aplicación estricta del Reglamento. Batet citó en ese sentido el artículo 16 de ese código, en el que se indica: “Los Diputados están obligados a adecuar su conducta al Reglamento y a respetar el orden, la cortesía y la disciplina parlamentarias, así como a no divulgar las actuaciones que, según lo dispuesto en aquel, puedan tener excepcionalmente el carácter de secretas”. El reglamento no determina posibles sanciones económicas, como han teorizado en estos días algunos diputados, y solo contempla que se pueda expulsar del hemiciclo y hasta de sus funciones durante un periodo de tiempo a los parlamentarios que no atiendan las llamadas al orden hasta en tres ocasiones de la Presidencia de la Cámara. Esas situaciones se han producido muy pocas veces y de manera muy excepcional. Algún portavoz ha aprovechado en ese sentido para exigir a la Presidencia que se mantenga firme en sus decisiones si llega a la conclusión de que hay que echar de sala a algún diputado que sobrepase ese límite en vez de dejarle sin más en la sala, como ha ocurrido.

Batet tomó nota de todo y por la tarde, al inicio del primer pleno, intentó controlar más el discurso del debate con una dirección más intervencionista. La presidenta ha hecho uso de una prerrogativa que apenas había empleado en esta legislatura, la de “llamar a la cuestión”, es decir, instar al orador a atenerse al tema del orden del día. Lo ha hecho con el diputado de Unidas Podemos Roberto Uriarte cuando este aprovechó un debate sobre el Tribunal Constitucional para reclamar a la Mesa de la Cámara una actitud más activa a fin de acabar con el bloqueo a la renovación de los órganos constitucionales. Poco más tarde, la presidenta también llamó la atención al diputado de Vox José María Sánchez después de que este se refiriese a los grupos independentistas como “partidos delincuentes”, un calificativo que se ha escuchado a menudo en boca de los portavoces de la derecha. Y acabó por no atender la reclamación del portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, que pidió que no se les pudiera definir como partido “ultra o de ultraderecha”. Batet lo rechazó porque Vox también suele retratar a Podemos y otras formaciones socias del Ejecutivo como “ultraizquierda”.

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