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Política

Elecciones en Brasil: Lula superó a Bolsonaro por 4 puntos y habrá segunda vuelta

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En una reñida definición, el ex presidente de Brasil, Lula da Silva, se impuso en la primera vuelta de las elecciones presidenciales por 4 puntos al actual jefe de Estado, Jair Bolsonaro, pero no alcanzó el 50% requerido por la ley y habrá ballotage el próximo 30 de octubre.

Los resultados sorprendieron ya que prácticamente todas las encuestas daban cuenta de una diferencia mucho más holgada en favor del líder del Partido de los Trabajadores (PT). Varias encuestadoras, incluso, arrojaban una contundente victoria en primera vuelta.

Con el 97,77% de los votos escrutados, Lula obtuvo el 47,88% de los votos, y Bolsonaro el 43,68%.

Como se esperaba, el resto de los candidatos se ubican muy lejos de los principales aspirantes. Simone Tebet, del Movimiento Democrático Brasileño, y Ciro Gomes, del Partido Democrático Laborista, apenas superan el 4 y 3%, respectivamente. Los otros siete, en tanto, no logran pasar el 1%.

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Política

Cambios en el Gabinete: renunció el ministro de Transporte, Alexis Guerrera y lo reemplazará Diego Giuliano

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Alexis Guerrera, ministro saliente de Transporte finalmente presentó hoy su renuncia al presidente Alberto Fernández, a quien visitó personalmente en su despacho de Casa Rosada, y será reemplazado por Diego Giuliano, hasta ahora secretario de Transporte de la cartera. Giuliano también asistió al encuentro entre Fernández y Guerrera. La salida de Guerrera se conoció ayer y está determinada por un problema de salud que enfrenta el funcionario, que arribó a Transporte en mayo de 2021 tras el deceso en un accidente de Mario Meoni.

De acuerdo a un comunicado difundido hoy por la propia Presidencia, Guerrera explica que su renuncia es “por cuestiones estrictamente personales, vinculadas a mi salud”. Tras lo que se consignó que el mandatario agradeció “la enorme tarea llevada adelante por Guerrera en el Ministerio y le desea una pronta recuperación”.

Ayer, luego de que se conociera públicamente el alejamiento de Guerrera de la cartera, el nombre de Giuliano había picado en punta como su posible reemplazo. En la tarde de este lunes, cuando Guerrera volvió a la cartera tras un acto en La Plata junto al presidente y el gobernador Axel Kicillof, y poco después de que se conociera su situación, se reunió precisamente con Giuliano en su despacho del edificio cercano a la Plaza de Mayo.

Giuliano es rosarino, abogado y profesor universitario. Su llegada a la Secretaría de Transporte ocurrió en 2021, pero ya estaba en la cartera desde 2019, donde primero se desempeñó como Subdirector Ejecutivo en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Estos fueron sus primeros pasos a nivel nacional, mientras que en la órbita provincial fue concejal de Rosario en dos períodos, 2009-2013 y 2013-2017.

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Política

Cristina Kirchner dio sus últimas palabras en la causa Vialidad: el veredicto se conocerá el martes

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Cristina Kirchner volvió a hablar ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) para reiterar que su condena en su contra ya está escrita, en 2019 había calificado a los jueces que iniciaron el debate ese año, de ser el brazo ejecutor del lawfare. Este martes los llamó “pelotón de fusilamiento” y reiteró que los que deberán responder sobre su actuar en Comodoro Py, no es ella sino quienes la llevaron a su primer juicio oral por actos de presunta corrupción en la obra pública vial.

Tras sus palabras, los jueces del tribunal le pusieron fecha a la lectura de la sentencia. Será el próximo martes 6 de diciembre. 

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola habían pedido una condena de 12 años de prisión para Cristina Kirchner, como responsable de los delitos de asociación ilícita en carácter de jefa y administración fraudulenta en perjuicio contra el Estado.

Desde su despacho del Senado de la Nación, en un tono más calmo que en otras exposiciones, pero con el mismo hilo argumentativo respecto a la persecución política que -a su entender- la justicia llevó adelante para perjudicarla, se dirigió a los jueces del TOF 2.

Sin éxito, la vicepresidenta buscó recusar en varias oportunidades a Gorini y a Giménez Uriburu, al considerar que guardaban vínculos e intereses con la gestión macrista y que no le garantizaba que las decisiones a tomar sean “ajustadas a derecho”. Sin embargo, fueron ratificados incluso por el máximo tribunal penal para que continúen frente al juicio que concluirá el 6 de diciembre.

Frente a ese Tribunal y durante más de veinte minutos, Cristina Kirchner los acusó de haber dejado de ejercer el derecho para ser funcional a un ataque político. “La primera vez que hablé en este juicio (diciembre de 2019) dije que éste era el Tribunal del lawfare, pero fui demasiado generosa porque estamos ante un tribunal que más bien es un pelotón de fusilamiento”.

Al momento de profundizar su acusación contra los magistrados que deberán resolver si cometió -como dijeron los fiscales- los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta, dijo que este juicio y quienes llevaron el proceso adelante “son este pelotón de fusilamiento que tuvo como objeto desde el principio, estigmatizar un espacio político y principalmente a quien tiene el mayor grado de representación de ese espacio, algo demostrado por las elecciones porque en los partidos políticos se ganan por los votos”.

La vicepresidenta ahondó en este concepto y señaló que, a su entender, el rol de la justicia desde la óptica del lawfare “busca ser aleccionador, esta actividad de Comodoro Py, buscar ser disciplinadora de la clase política”.

Fue en esa instancia en la que comparó al “partido militar” con el “partido judicial” y añadió que la justicia federal que la investigó en diversos hechos de presunta corrupción, “cumple el mismo rol obturar posibilidades de expresión en democracia, disciplinar y estigmatizar a los dirigentes políticos”.

Cuando la sociedad advierte este tipo de manejos y maniobras -continuó Cristina Kirchner- “las instituciones colisionan”, estas últimas palabras “reiteran algo que dije y es que la sentencia está escrita pero nunca pensé que iba a estar tan mal escrita o acusada como hizo la fiscalía, porque fueron tres años en los que no pudieron probar nada”.

En el tramo final de su exposición, la vice utilizó otro término para dirigirse a los magistrados: “Estamos ante este período tan nefasto en el que los jueces dejaron de ser jueces para conformar un partido político”.

Pero les dijo a los jueces que no se encuentran solos y aprovechó ese concepto para acusar a los medios de comunicación de ser “cómplices” de este entramado. “La justicia no actuó sola, los medios fueron parte indispensable. Siempre esa complicidad entre el poder judicial, los medios y los sectores antidemocráticos”, como ocurrió “en tiempos del partido militar”.

Cerró sus palabras finales con una expresión similar a la vertida el 2 de diciembre de 2019: “Como dije ese día, otros (en relación a los jueces y fiscales) van a tener que responder por todo lo que se hizo en esta etapa, no pudieron responder los fiscales Luciani y Mola todas las falsas acusaciones, pero en algún momento” reiteró “la historia también los va a condenar”, haciendo alusión a quienes la acusaron de ser jefa de una asociación ilícita.

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Política

Cristina Kirchner publicó un descargo con “las 20 mentiras” de la causa Vialidad

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Tras sus últimas palabras en el juicio de Vialidad, en las que calificó al Tribunal como un “pelotón de fusilamiento” y reiteró que la sentencia en su contra “ya está escrita”, la vicepresidenta Cristina Kirchner publicó en sus redes sociales lo que denominó las “20 mentiras” del expediente que la investiga por corrupción. A continuación, el extenso descargo que publicó con 78 ítems.

Las Veinte Mentiras de la Causa Vialidad

NK y CFK asignaron fondos a la provincia de Santa Cruz para obras viales de manera ilegal y arbitraria

Las decisiones en materia de inversión pública son de resorte exclusivo de los órganos políticos y no existe ninguna norma jurídica que fije límites sobre cómo se debe llevar a cabo su distribución. Así lo reconoce la doctrina de los autores, entre ellos, la del actual Presidente de la CSJN, Horacio Rosatti y la jurisprudencia emanada de nuestro más alto Tribunal (fallo “Bustos”)

La inversión en obra pública vial de Santa Cruz se justificaba ampliamente por el déficit que presentaba su red vial en el año 2003, así como también por la necesidad de garantizar los objetivos de integrar los distintos ejidos poblacionales y reasegurar la soberanía, entre otras. Esto quedó demostrado en el juicio no solo a partir de las declaraciones de los ex Jefes de Gabinete, sino también por los testimonios de los auditores de la DNV, que incluso prestaron funciones durante la gestión de Iguacel y miembros de las Cámaras empresarias del sector.

Ninguna de las 51 obras investigadas en la causa resultó improductiva o innecesaria, dato que ni siquiera pudo ser desmentido por los diputados de la oposición.

Los proyectos de ley de presupuesto elaborados por el Poder Ejecutivo fueron diseñados de manera arbitraria e ilegal por NK y CFK

Se acreditó en el juicio por prueba documental y testimonial que el proceso de elaboración de los proyectos de ley de presupuesto cumplió con todos los controles legales y financieros y contó con la intervención de todas las oficinas competentes

También se acreditó que desde la Presidencia de la Nación jamás se impartió directiva alguna a la ONP indicándose cómo debían efectuar su tarea

La Fiscalía nunca convocó como testigos al juicio ni a los Ministros de Economía del período 2003-2015 ni al personal técnico que cumplió funciones dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública.

El Congreso de la Nación tuvo una participación marginal en la sanción de las leyes de presupuesto

La ley de presupuesto es conocida como la “ley de leyes” y resulta ser una de las normas más debatidas en el Congreso. Ello quedó acreditado con las declaraciones testimoniales de los ex Jefes de Gabinete, los legisladores, los integrantes de las comisiones de asesoramiento y los funcionarios técnicos del Poder Ejecutivo.

Los legisladores fueron obligados desde el Poder Ejecutivo Nacional para votar de manera afirmativa los proyectos de leyes de presupuesto que eran remitidos al Congreso

Quedó probado en el juicio, incluso con las declaraciones de Margarita Stolbizer y Fernando Sánchez (entre otros) que jamás se presionó o coaccionó a los legisladores para votar favorablemente las leyes de presupuesto del período 2004-2015

Se acreditó que incluso la propia oposición durante los ejercicios 2010 y 2011 presentó proyectos de presupuesto alternativos que incluían las mismas obras que son cuestionadas en esta causa

Además, las leyes de presupuesto del período fueron votadas afirmativamente por legisladores de la oposición, tales como Graciela Camaño, Federico Pinedo, Cristian Ritondo, Gerardo Morales y Pablo Tonelli. Y naturalmente, por quien se desempeñó en todo el período como jefe del bloque de senadores del oficialismo, Miguel Ángel Pichetto

También quedó acreditado que nunca hubo partidas presupuestarias destinadas a la provincia de Santa Cruz que tuvieran como propósito beneficiar a un contratista en particular.

A diferencia de la defensa de CFK, la Fiscalía jamás solicitó que se convocara a algún ex legislador que pudiera corroborar que hubiera sufrido presiones o amenazas desde la Presidencia de la Nación para votar favorablemente las leyes de presupuesto.

NK y CFK aumentaron las partidas del presupuesto a través de DNU sin intervención del Congreso para beneficiar a las empresas de Lázaro Báez

Todos los DNU que ampliaron partidas fueron expresamente validados por el Congreso de la Nación

Todos los DNU contaron con los controles de legalidad practicados por los servicios jurídicos

Todos los DNU ampliaron partidas presupuestarias con carácter general.

Este tipo de herramienta legal fue utilizado por todos los gobiernos constitucionales a partir de la reforma del año 1994 y tiene una clara justificación económica (utilizar los fondos presupuestarios disponibles que son obtenidos por mayores recaudaciones a lo largo del ejercicio).

NK y CFK utilizaron los fondos del fideicomiso creado por el Decreto N° 976/2001 sin intervención del Congreso para financiar ilegítimamente obras viales en la provincia de Santa Cruz

El fideicomiso ya existía con anterioridad al año 2003 y había sido creado durante la Presidencia de Fernando De la Rúa, con el propósito de financiar proyectos de inversión viales

En cumplimiento de las disposiciones legales pertinentes, la utilización de los fondos del fideicomiso fue informada en cada uno de los proyectos de ley de presupuesto y su asignación fue validada por el Congreso de la Nación

La utilización de estos fondos fue informada periódicamente al Congreso por los Jefes de Gabinete y finalmente aprobada en las Cuentas de Inversión

Los DNU 104 y 508 del año 2004, dictados por NK y cuestionados por los Fiscales fueron utilizados con la finalidad prevista en el Decreto de constitución del fideicomiso (financiación de obras viales), tenían carácter general y fueron expresamente validados por el Congreso de la Nación.

CFK dictó el Decreto N° 54/2009 incorporando a la DNV como beneficiaria del fideicomiso creado por el Decreto N° 976/2001 pese a la opinión contraria de los servicios jurídicos y con el propósito de que se asignaran fondos a las empresas de Lázaro Báez

Quedó acreditado en el juicio que este decreto constituyó una simple norma de asignación de funciones, tal como expresamente lo explicó Sergio Massa ante las preguntas efectuadas por la Fiscalía

El decreto fue refrendado por distintos Ministros del Poder Ejecutivo y contó con todos los controles de legalidad practicados por los distintos servicios jurídicos en la esfera administrativa

El decreto no tenía relación alguna con la asignación de fondos para ninguna obra vial en particular.

Jamás existió un dictamen jurídico que aconsejara que este decreto no fuera firmado

NK y CFK hicieron uso de las decisiones administrativas, cuya competencia corresponde a los Jefes de Gabinete, para redireccionar recursos económicos en favor de Lázaro Báez

De la simple lectura de la CN (art. 100) y de las leyes dictadas en su consecuencia (ley 26.124) surge que la ejecución del presupuesto de la nación es una competencia exclusiva de la Jefatura de Gabinete, que en base a esta competencia dictan las decisiones administrativas necesarias para abrir las partidas y dar cumplimiento a la ley de presupuesto. Todo esto fue explicado en detalle por los ex Jefes de Gabinete y los funcionarios técnicos de las áreas competentes

Las decisiones administrativas cuestionadas en la causa tuvieron carácter general e incluyeron a las distintas áreas del Estado, entre ellas el Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público.

Las decisiones administrativas de la Jefatura de Gabinete no solo aumentaban partidas sino también las disminuían cuando ello era necesario, tal como ocurrió con relación a los fondos asignados a las obras de la provincia de Santa Cruz 

Todos los ex Jefes de Gabinete declararon bajo juramento de decir verdad que jamás recibieron instrucciones por parte de NK o CFK para que direccionaran partidas presupuestarias para financiar proyectos viales en la provincia de Santa Cruz

Se acreditó la falsedad de lo afirmado por la Fiscalía, en cuanto a que las decisiones administrativas cuestionadas tuvieran como exclusivo órgano iniciador al Ministerio de Planificación, echando por tierra el argumento de que estos actos venían prestablecidos desde dicha cartera.

El Ministerio de Planificación y la Dirección Nacional de Vialidad, por orden de NK y CFK, aumentaron ilegalmente las partidas correspondientes a las obras adjudicadas a las empresas de Lázaro Báez

Las decisiones adoptadas en el área de Planificación y en la DNV se corresponden con las autorizaciones otorgadas expresamente por la Jefatura de Gabinete de Ministros a través de decisiones administrativas y no con directivas impartidas desde la Presidencia de la Nación

Tales decisiones fueron notificadas a la ONP, la cual efectuó un control de razonabilidad y de legalidad con carácter previo a su aprobación

Todos los testigos convocados al juicio descartaron que hubiesen existido interferencias desde la Presidencia de la Nación para que estas decisiones administrativas beneficiaran a Santa Cruz y menos a un empresario en particular

Estos actos no solo aumentaban partidas sino también las disminuían cuando ello era necesario, tal como ocurrió con relación a los fondos asignados a las obras de la provincia de Santa Cruz.

Durante los años 2003 y 2015 el Poder Ejecutivo Nacional impidió que el Congreso de la Nación tuviera conocimiento sobre cuál era el destino de las partidas presupuestarias incluidas en las leyes de presupuesto (apagón informativo)

Quedó probado en el juicio que durante los gobiernos de NK y CFK se promovieron múltiples iniciativas tendientes a fortalecer todos los sistemas de información correspondientes a las cuentas públicas. En ese sentido se implementó la herramienta informática E-SIDIF y se lanzó el programa BAPIN II, el cual cuenta con un registro detallado de las obras, sus plazos, costos y estudios de impacto

Los testigos convocados al juicio corroboraron que todas estas iniciativas constituyeron una política de Estado iniciada antes de los gobiernos de NK y CFK y que se continuó hasta el presente

Las leyes de presupuesto incorporadas como prueba documental a la causa demuestran que las obras investigadas fueron informadas al Congreso siguiendo la misma técnica legislativa que se venía adoptando, utilizada antes y después de los gobiernos de NK y CFK

Quedó demostrado que la Fiscalía deliberadamente ocultó los créditos presupuestarios aprobados por el Congreso para cada una de estas obras en las sucesivas leyes de presupuesto, lo cual desmiente el argumento de que fueran subvaluadas

Quedó demostrado que la Fiscalía deliberadamente ocultó todos los actos del Poder Ejecutivo a través de los cuales se disminuyeron las partidas asignadas a las obras viales de Santa Cruz

El Congreso contaba con información detallada de todas las obras viales realizadas en Santa Cruz, no solo al sancionar las leyes de presupuesto, sino también durante su etapa de ejecución

Las obras que se realizaban por convenios con la provincia de Santa Cruz además estaban previstas en las leyes de presupuesto votadas por la legislatura provincial.

El Congreso de la Nación aprobó las Cuentas de Inversión sin efectuar ninguna evaluación seria, siendo ello el resultado de la simple imposición de mayorías políticas

Las Cuentas de Inversión contienen un detalle exhaustivo de cada uno de los pagos que se efectúan con fondos públicos

El personal administrativo de la DNV explicó que no hubo ningún pago efectuado a las empresas de Lázaro Báez o a cualquier otro contratista que no estuviese debidamente registrado ante los sistemas del organismo y en los sistemas informáticos administrados desde la ONP (sistema SIDIF)

Con carácter previo a su aprobación, las Cuentas de Inversión fueron evaluadas por la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, que cuenta a su vez con la asesoría de la AGN

La Fiscalía jamás solicitó ninguna medida de prueba que demostrara tan siquiera que al menos un legislador votara afirmativamente las Cuentas de Inversión en contra de su voluntad.

A finales de noviembre de 2015 CFK ordenó aumentar las partidas presupuestarias de las obras adjudicadas a Lázaro Báez para que le fuera pagada una suma superior a los 500 millones de pesos

Durante el año 2015 el Poder Ejecutivo Nacional redujo considerablemente las partidas presupuestarias asignadas por el Congreso a la provincia de Santa Cruz para realizar obras viales

A finales del mes de noviembre de 2015 no se hizo ningún pago en favor de las empresas de Lázaro Báez

La prueba incorporada a la causa y en particular la información brindada por la DNV durante la gestión de Iguacel prueba que las empresas de Lázaro Báez contaban con una gran cantidad de certificados de obra impagos.

El 30 de noviembre de 2015 CFK viajó a la provincia de Santa Cruz para reunirse con Lázaro Báez y diseñar el plan limpiar todo, que consistía en el abandono de las obras realizadas en Santa Cruz y el despido de todos los empleados de las empresas de Báez

La noticia periodística aportada por la Fiscalía tendiente a acreditar dicho encuentro no correspondía al día 30/11/2015 sino al 29/11/2015

El día 30/11/2015, en el mismo momento en que según la Fiscalía CFK tenía un encuentro con Báez, CFK participaba de un acto público en Río Negro que fue transmitido en vivo y en directo para todo el país

Los mensajes extraídos de manera sesgada del teléfono de José López, a partir de los cuales la Fiscalía intentó fundar una falsa acusación en contra de CFK, en rigor de verdad demostraban, entre otras cosas, que López mantenía una relación mucho más que fluida con el “hermano del alma” de Mauricio Macri, Nicolás Caputo -tanto en el ámbito público como privado-, como así también con otro importante empresario de la construcción, aportante de campaña de Cambiemos y en cuya casa, además, López vivía. Todos estos datos fueron deliberadamente ocultados durante el alegato de Mola y Luciani.

Las relaciones comerciales entre Lázaro Báez y NK y CFK eran actos ilegales que encubrían el retorno de ganancias ilícitas producidas a raíz de la adjudicación de obra pública vial en Santa Cruz

Los contratos comerciales que enumera la Fiscalía como prueba de un delito ya habían sido denunciados muchos años antes, determinando la justicia que no constituían ilícito alguno

Es falso que tales contratos representen supuestos retornos en favor de la familia Kirchner, pues son actos en los cuales se intercambian prestaciones reciprocas (vgr., pago del precio de un alquiler o la compra de un bien)

La simple lectura de los documentos incorporados a la causa muestra que jamás existió una relación de sociedad entre NK, CFK y Lázaro Báez

La justicia determinó con autoridad de cosa juzgada que las relaciones comerciales entre la familia Kirchner y una persona o empresa que tuviera contratos de obra pública con el Estado no suponían ningún conflicto de intereses ni mucho menos un ilícito penal.

CFK dio las órdenes para que se adjudicaran de manera ilegítima obras viales en la provincia de Santa Cruz al empresario Lázaro Báez

La Presidencia de la Nación no tiene competencia alguna en los procesos de licitación, ejecución o pago de los proyectos viales investigados en la causa ni en ningún otro que se hubiese realizado en el período 2003 y 2015

La práctica de realizar convenios entre la DNV y organismos provinciales es absolutamente legítima, fue realizada a lo largo de toda la historia de la DNV y en todo el país y tenía una justificación particular en lo que hace a la provincia de Santa Cruz. Así lo explicaron en detalle no sólo los técnicos de la DNV, sino también el principal asesor jurídico de Javier Iguacel, Ricardo Stoddart.

Todos los testigos que declararon en el juicio, sin excepción, afirmaron que jamás recibieron de NK o CFK orden alguna para beneficiar a Lázaro Báez o a cualquier otro contratista del Estado

El nombramiento de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional constituyen actos legítimos y de ellos no pueden extraerse criterios que permitan responsabilizar a la Presidencia por posibles irregularidades que estos funcionarios eventualmente cometieran

Pese a que la hipótesis de la acusación consistió en que NK y CFK habían dado tales órdenes ilícitas, durante todo el juicio la Fiscalía se opuso a que se formulara tal pregunta.

CFK omitió llevar a cabo controles que impidieran la comisión de irregularidades en las obras adjudicadas a las empresas de Lázaro Báez, pese a las alertas efectuadas por el ex Ministro Lavagna y por la AGN

No existe ninguna disposición constitucional, legal o reglamentaria que imponga a la Presidencia de la Nación el deber de controlar los actos administrativos que lleva a cabo la DNV ni mucho menos los que desarrolla un órgano provincial (AGVP)

El ex Ministro Lavagna explicó que su denuncia fue canalizada a través de la Comisión de Defensa de la Competencia y que NK no debía tomar ningún tipo de intervención en ese trámite. Además expuso que la supuesta relación existente entre esta denuncia y el pedido de renuncia que le efectuara NK era una simple especulación periodística

Se probó en el juicio que lo que la Fiscalía denomina como “alerta de la AGN” no es más que una opinión personal de Leandro Despouy.

Si bien Alejandro Nieva (auditor general de la Nación) efectuó cuestionamientos ante los medios de comunicación por supuestos sobreprecios, discrecionalidad en la asignación de fondos hacia Santa Cruz y otorgamiento de obras a las empresas de Lázaro Báez, no pudo corroborar ninguna de esas manifestaciones en el juicio; expresamente indicó que ello no le constaba.

NK y CFK utilizaron abusivamente el aparato estatal para que la obra pública vial de Santa Cruz se concentrara en un único grupo empresario y que su titular (Báez) pudiera apropiarse de otras empresas radicadas en la provincia de Santa Cruz

Los testigos que vinieron al juicio explicaron detalladamente las razones por las que se producen tales concentraciones sin que ello pueda suponer ningún tipo de irregularidad (así lo declaró entre otros Ángelo Calcaterra)

Los titulares de las empresas adquiridas por Lázaro Báez descartaron la existencia de presiones para vender sus empresas y afirmaron que lo hicieron por valores que los dejaban satisfechos.

La concentración de obra pública en empresarios locales es un fenómeno que se da en forma generalizada en el resto del país

Por orden de NK y CFK se dictaron leyes provinciales fundamentales (obra pública) con el exclusivo propósito de que las empresas de Báez ganaran las licitaciones de Santa Cruz

Se encuentra acreditado en el juicio que casi todas las provincias argentinas cuentan con sus propias leyes de obra pública

El Congreso de Santa Cruz votó libremente tales leyes

Las preferencias para empresarios locales que se establecen en tales leyes existen en otras provincias y suelen estar contempladas en los pliegos licitatorios. Así los declararon distintos empresarios y técnicos de la DNV.

En todas las licitaciones ganadas por las empresas de Lázaro Báez se pagaron sobreprecios millonarios

La Fiscalía jamás pidió un estudio pericial que demostrara esta acusación

El estudio pericial se realizó exclusivamente a instancias de las defensas y fue limitado por el Tribunal a sólo 5 obras elegidas según criterios fijados por los acusadores

Se permitió que participara en la causa como perito oficial (Eloy Pablo Bona) una persona que tenía una activa participación en redes sociales expresando sus opiniones en contra de la familia Kirchner

El criterio utilizado por este perito, así como también el del propuesto a instancias de la Fiscalía (Roberto Panizza) resultaba manifiestamente ilógico y contrario a las reglas más elementales de su profesión. Así quedó establecido cuando los nombrados debieron prestar declaración en el juicio

La única perito que hizo un estudio serio sobre la existencia o no de sobreprecios fue la Ing. Adriana Alperovich, quien de manera fundada descartó la acusación de sobreprecios.

Pese a que Báez cobró todos sus pagos en tiempo y legal forma, las obras se demoraron de manera injustificada, presentaron deficiencias constructivas o directamente no se hicieron

La prueba incorporada al juicio (documental, testimonial y pericial) demostró que las demoras que las obras registraban se encontraban debidamente justificadas en los distintos expedientes administrativos sustanciados al respecto

La prueba incorporada al juicio (documental, testimonial y pericial) demostró que no se advirtieron deficiencias constructivas de relevancia y que todo lo pagado a las empresas de Báez se correspondía con trabajos efectivamente ejecutados (no se hicieron pagos por obras no realizadas)

Los auditores de la DNV corroboraron que lo informado en el programa PPT acerca de obras que conducían hacia la nada era falso.

Las obras fueron deliberadamente abandonadas durante el gobierno de Mauricio Macri, lo cual generó el verdadero perjuicio para el Estado.

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