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Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado: “La justicia no pertenece a los jueces, emana del pueblo”

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Fue el fiscal más votado de toda la carrera para el Consejo Fiscal en 2018 (956 votos de 2.850 posibles) pese a pertenecer a la Unión Progresista de Fiscales, asociación minoritaria. Dolores Delgado, la anterior fiscal general, lo nombró jefe de la Secretaría General Técnica, y recomendó su ascenso. Álvaro García Ortiz (Lumbrales, Salamanca, 54 años) llega ahora a lo más alto de la carrera fiscal con larga experiencia en temas de medio ambiente. En su papel como acusador en el juicio por el hundimiento del petrolero Prestige, García Ortiz exculpó al Gobierno del PP, lo que le valió la crítica de una parte de la izquierda. Ahora, la derecha lo acusa de lo contrario.

Pregunta. Usted defiende que la instrucción pase de los jueces a los fiscales, pero el Gobierno ha metido en un cajón esa reforma legal. ¿Le decepciona?

Respuesta. No me consta que el Gobierno haya metido el anteproyecto en ningún cajón. Los fiscales llevamos 40 años esperando una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que nos dé la investigación, que nos ponga a la altura de Europa y que evite esta anomalía que tenemos respecto de los otros países… De lo que yo tengo conocimiento es de que el Consejo General del Poder Judicial no ha realizado todavía su informe. La Fiscalía lo hizo hace ya más de un año. Y sin esos trámites es difícil que la ley vaya al Parlamento…

P. ¿Tiene opinión como fiscal general sobre la situación en la que se encuentra el Consejo General del Poder Judicial?

R. Es insostenible. Una institución del Estado que lleva cuatro años en prórroga es una situación absolutamente anormal. Creo que lo que está ocurriendo es un incumplimiento de una obligación institucional.

[Sobre el CGPJ] Una institución del Estado que lleva cuatro años en prórroga es una situación absolutamente anormal.

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P. ¿Quién incumple?

R. Incumple quien no negocia, incumple quien ha iniciado un procedimiento hace cuatro años que está en marcha pero no se está cumpliendo. El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo dictó un decreto, lo envió a las cámaras con la elección de 51 jueces previamente seleccionados por los otros jueces [para que se eligieran a los 12 vocales]. No es lo mismo la responsabilidad de quien, negociando un nombre, no llega a un acuerdo que la de quien no se quiere sentar a negociar.

P. El comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, ha visitado esta semana al poder político y judicial en España para intentar que se renueve el Consejo del Poder Judicial y se cambie el sistema de elección de los 12 vocales jueces. ¿Qué le parece este intento del comisario de imponer un modelo distinto de Poder Judicial?

R. La palabra imposición es una palabra muy fuerte. No tiene capacidad el comisario europeo, como no la tiene ningún Ejecutivo. Nosotros tenemos unas leyes, que se elaboran a través del Parlamento. Una institución europea no puede imponer estándares que existen para unos países de Europa y para otros no, no todos los países tienen Consejo General del Poder Judicial, ni todos tienen las mismas competencias que el nuestro. Lo que tengo muy claro es que la justicia no pertenece a los jueces, la justicia nos pertenece a todos, emana del pueblo y, por lo tanto, alguna simplificación respecto a que los jueces eligen jueces no es más que acotar una situación que no se corresponde con la realidad. Si queremos cambiar el modelo, se puede cambiar, se puede discutir, se lleva al Parlamento, que es el lugar donde hay que discutir qué modelo queremos. Y sobre esa base, llegar a conclusiones. Pero esa frase de que los jueces eligen jueces quizás es un poco plana. ¿Por qué solo los jueces? Si la justicia somos todos y los fiscales estamos incardinados en el Poder Judicial, porque estamos constitucionalmente allí…, ¿por qué los fiscales no podemos elegir el Consejo General del Poder Judicial? Si lo que hace el Consejo afecta a todos los ciudadanos porque dice a qué juez debes acudir, qué pasa con las guardias, qué ocurre con los señalamientos… ¿por qué no pueden participar los ciudadanos también en esa organización? En ese Poder Judicial que, no tenemos que olvidarlo, no emana de los jueces, emana del pueblo como todos los poderes del Estado.

Álvaro García Ortiz, fiscal General del Estado, este jueves en la sede de la Fiscalía, en Madrid.
Álvaro García Ortiz, fiscal General del Estado, este jueves en la sede de la Fiscalía, en Madrid.Luis Sevillano

P. ¿Considera razonable el modelo vigente?

R. El modelo está vigente desde la modificación de 1985 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ha pasado por el filtro del Constitucional y nos lleva rigiendo todos estos años. No me suscita ninguna duda jurídica. ¿Dudas de otro tipo? Las que cualquier ciudadano o cualquier jurista pueda tener, que es un sistema, como todos, mejorable, pero desde luego impecable jurídicamente y constitucionalmente acomodado al texto de nuestra Carta Magna.

P. Antes de tomar posesión como Fiscal General, algunos medios como el diario Abc o la cadena Cope le recibieron con algunas acusaciones gruesas. Contaron en Abc que se había reunido en un hotel con el dueño de un banco andorrano que mantiene un litigio con el Gobierno de Mariano Rajoy. Y en la Cope le acusaron de actuar contra el Ejecutivo del PP en el caso Prestige, donde intervino como fiscal. Todo era mentira. ¿Cómo combate eso?

R. En el caso de la portada de Abc, se ha puesto en manos de la Abogacía del Estado; y en otros casos yo creo que lo que hay que hacer es un llamamiento a toda la sociedad, no solo a los medios de comunicación. ¿Para qué? Para que todos seamos conscientes de que tenemos que preservar las instituciones democráticas. Si el ataque es contra las instituciones democráticas, vamos a destrozar esta democracia y vamos a destrozar la convivencia. Nos corresponde a quienes ahora mismo tenemos la responsabilidad mantener la calma, ser sensatos, pero desde luego preservar con la mayor firmeza posible nuestras instituciones. Todos esos bulos, todas esas mentiras que a veces transitan por la red o ves en las portadas de algún medio, lo único que hacen es socavar nuestras instituciones, y es muy peligroso.

El ascenso de Dolores Delgado no es ningún premio, es un merecimiento

P. ¿Es comprensible que la Fiscalía defienda la condena al expresidente andaluz José Antonio Griñán con el argumento de que tuvo que conocer el fraude en las ayudas de los ERE que concedía otra consejería distinta de la suya y, mientras, haya pedido el archivo de la causa contra la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, que presidía tres órganos donde la propia Fiscalía ha apreciado corrupción pero entiende que no lo conoció la exdirigente del PP?

R. No existen dos supuestos iguales. Habría que entrar dentro de cada uno de los procedimientos para dar una explicación sobre cuál es uno y cuál es otro. Una entrevista no da lugar a ello. Pero mucho menos para que el Fiscal General se convierta en un comentarista.

P. ¿Qué informará la Fiscalía sobre el indulto a Griñán?

R. Cuando lo tengamos encima de la mesa, cuando analicemos qué es lo que viene y cómo viene, se tomará una decisión. No hay un a priori en ningún caso. Se tomará una decisión en la Fiscalía, que normalmente tomarán los fiscales que han participado y han sido parte en esa causa.

P. La Fiscalía archivó las tres investigaciones abiertas a Juan Carlos I, tras un análisis en el que participaron siete fiscales, entre ellos usted mismo, donde había dudas respecto a si la inviolabilidad del Rey que recoge la Constitución le protegía de sus actos privados. No sé si ahora, como fiscal general del Estado, es capaz de emitir una opinión respecto a si la inviolabilidad protege o no a un monarca de sus actos privados.

R. Quiero aclarar cómo se produce el proceso de decisión en el tema del rey emérito. La Fiscalía, y hay que ponerlo en valor, hizo un extraordinario trabajo de investigación y también una reflexión sobre cuál era el resultado de esa investigación. Se puso sobre el papel y se entregó a la opinión pública. Es decir, todos los españoles tuvieron acceso a conocer qué había pasado y cuál era la opinión jurídica de la Fiscalía. En ese caso, sujeto siempre al marco legal existente, no lo olvidemos, al marco legal existente. A partir de ahí, cada uno puede tener su opinión dentro de la propia Fiscalía, siendo la dirección de la investigación primero del fiscal Juan Ignacio Campos y después de Alejandro Luzón. Lo más natural es que haya debates de naturaleza jurídica y nos lo planteemos absolutamente todo, porque el fiscal, el jurista, debe completar todos aquellos huecos de razonamiento jurídico que sean necesarios para llegar a la mejor posible de las soluciones jurídicas. Y yo creo que eso es lo que se hizo. Nuestro marco legal, nuestro marco jurídico, es el que hoy se puede someter a debate, si debemos cambiarlo o no debemos cambiarlo. Pero yo creo que la Fiscalía ya expresó cuál era su opinión en ese caso.

Ningún fiscal de este país se opone a que haya filtros para ser fiscal general

P. Si un rey de España matara a su jardinero, ¿se le podría juzgar?

R. El debate sobre la inviolabilidad de actos privados del Rey se debe poner sobre la mesa sin ningún tipo de duda. Pero yo me quedo con la decisión que tomó la Fiscalía en su momento. No me quiero mover de ahí, pero entiendo que es un debate sano y que en democracia se pueden plantear todos los debates. Y es un debate que debe resolver la sociedad española, pero debemos resolverlo.

P. ¿Debería prohibirse por ley que pueda ser fiscal general alguien que ha sido diputado o cargo del partido del Gobierno?

R. Deberíamos hacer una reflexión sobre eso. Y si llegamos a la conclusión de que es bueno que existan esos filtros, los introduce el legislador en la ley y el fiscal o la fiscal general del Estado que sea elegido o elegida por el Ejecutivo deberá cumplir esos requisitos. Es importante también saber que en el mundo no hay un modelo único de fiscal general. En algunos sitios es el propio ministro de Justicia y en otros tiene vinculación absoluta con el Ejecutivo. Por lo tanto, como no hay un modelo, tendremos que adaptar nuestra sociedad y lo que somos a la Fiscalía que queremos. No podemos dejarnos guiar por el hoy y el ahora, pero hagamos esa reflexión. No creo que ningún fiscal de este país se oponga a que haya filtros para el acceso a la Fiscalía General del Estado.

P. ¿Por qué decidió premiar para la Jefatura de la Fiscalía de lo Militar en el Tribunal Supremo a la ex fiscal general Dolores Delgado pese a que contó con más votos en contra que a favor?

R. La palabra premiar ya lleva una carga sobre la decisión tomada. En primer lugar, hay que decir que el currículum como fiscal de Dolores Delgado, sin ningún tipo de dudas, es el mejor currículum para acceder a la plaza. Ese es el presupuesto. En segundo lugar, el Consejo Fiscal es un órgano consultivo informante. Si el Fiscal General del Estado tuviera que seguir siempre las indicaciones de la mayoría del Consejo Fiscal, con una mayoría de una asociación, siempre se nombrarían a criterio de esa asociación los cargos discrecionales. No existiría la discrecionalidad del Fiscal General del Estado y sería el Consejo Fiscal el que hiciera los nombramientos. No es ese el modelo, ni es el modelo que ha pretendido el legislador ni es nuestro modelo constitucional. En todo caso, teniendo el mejor currículum como fiscal, si le añadimos su currículum como ministra y su trabajo como fiscal general, no me cabe absolutamente ninguna duda: no es ningún premio, es un merecimiento profesional.

El comisario no tiene poder para imponer un modelo distinto de elección

P. Después de renunciar por motivos de salud a la Fiscalía General, ¿no cree que se puede pensar que Dolores Delgado lo hizo para garantizarse esta plaza en el Supremo, dado que si continuaba en el cargo y llegaba al PP al poder, ella nunca accedería a esa plaza?

R. Quien diga eso está negando una evidencia de una grave enfermedad que tiene la ex fiscal general. Poco más hay que decir. Este es otro de esos bulos que debemos combatir.

P. Lo acusan de maniobrar para impedir que el fiscal Ignacio Stampa ganara una plaza en Anticorrupción para continuar al frente de la investigación del caso Villarejo retrasando la conclusión de un expediente que terminó con la exculpación de Stampa. ¿Se arrepiente de algo?

R. Todo el mundo ha podido ver mi participación y ha podido opinar sobre ella. Yo creo que cualquier sombra de duda de lo que allí pasó se despeja viendo el resultado final, que es muy sencillo. La atribución de determinados comportamientos viene determinada por premiar o por castigar la conducta de una persona en relación con un caso concreto. Y el resultado final es que la Fiscalía le pide nada menos que más de 80 años de prisión a esa persona supuestamente favorecida [el comisario Villarejo]. Esa es la realidad de los hechos. Todo lo que ha ocurrido antes es una construcción sobre unos hechos cuyo resultado final es absolutamente inapelable.

P. ¿Por qué pone al frente de la Acción Disciplinaria al fiscal Manuel Moix, que dimitió en 2017 como jefe de Anticorrupción tras conocerse su sociedad en un paraíso fiscal?

R. A la plaza se presentaron dos fiscales de sala y, entre ellos, sin duda por su acreditada capacitación en [la jusrisdicción] contencioso administrativa y experiencia en la jefatura de Madrid, era el perfil más adecuado. Además, es no asociado, lo que supone despejar cualquier apariencia de parcialidad en un puesto tan singular como este.

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Ayuso se desmarca de Feijóo y celebra la bajada del paro en Madrid pese a que el PP sostiene que las cifras están maquilladas

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Alberto Nunez Feijoo, presidente del Partido Popular, e Isabel Diaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP Regional, en un mitin celebrado el pasado 26 de noviembre.
Alberto Nunez Feijoo, presidente del Partido Popular, e Isabel Diaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP Regional, en un mitin celebrado el pasado 26 de noviembre.Olmo Calvo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado este viernes los datos del paro en Madrid, lo que entra en contradicción con la línea argumental del PP nacional, que pone en duda esa estadística porque la considera “maquillada”. “Cae el paro en la Comunidad de Madrid, y lo hace el doble que en el conjunto de España”, ha escrito en Twitter la líder conservadora, dando por buenos unos registros que su partido está intentando emplear para abrir un nuevo frente contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Ayuso ha sido la única presidenta autonómica del PP que ha celebrado este viernes la bajada del paro en su comunidad, coincidiendo con que el Grupo Parlamentario Popular ha registrado este viernes en el Congreso una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a modificar las estadísticas de empleo por la contabilidad de los fijos discontinuos. El Ministerio de Trabajo recuerda por su parte que la catalogación de los fijos discontinuos en el SEPE (antes INEM) está definida en una orden ministerial desde hace 37 años, y no se ha alterado desde entonces. “Me gustaría pedirle a la derecha que dejen de ejercer el trumpismo en materia laboral y  económica”, ha contestado muy dura la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

Cae el paro en la Comunidad de Madrid, y lo hace el doble que en el conjunto de España.

Es la región donde más empleo se ha creado en noviembre: 34.000 nuevos puestos de trabajo.

— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) December 2, 2022

Ante esa contradicción entre Ayuso y la línea marcada por la dirección nacional, el PP se ha lanzado este viernes a protagonizar un difícil ejercicio de equilibrismos. Para intentar conciliar la denuncia de que los datos del paro no son creíbles con la celebración del balance en Madrid, los portavoces conservadores han venido a emplear la parábola de la báscula rota: aunque el peso que arroje sea erróneo, si siempre se usa la misma báscula acaba reflejando una tendencia de fondo que sí es creíble.

“Que dude el PP de datos no es contradictorio con que presumamos de los datos que hay”, sostiene una fuente del equipo de confianza de la presidenta regional. “Y cuando salgan los verdaderos, serán mejores”, apostilla. Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, defiende que “hay organismos independientes que denuncian que el Gobierno miente con las cifras de parados, que los esconde”. “Lo que no se puede esconder son los datos de creación de empleo, o de puestos de trabajo”, incide, distinguiendo entre los datos que sí se cree la formación conservadora, y los que no. “Que no nos creamos las encuestas de Tezanos no significa que estas a veces no se acerquen al resto. No hay ninguna discrepancia en el seno del PP”. “No es contradictorio”, ha remachado el portavoz parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid, Pedro Muñoz Abrines. “La situación afecta a todo el país, pero en Madrid sí se crea empleo, lo que significa que la economía madrileña va mucho mejor que en el resto del país”.

También el consejero de Economía y Hacienda de Ayuso, Javier Fernández-Lasquetty, se ha visto obligado a intentar coincidir al mismo tiempo con la tesis de la líder regional y de la dirección nacional. “Madrid sigue tirando para adelante y tirando de toda España, pero hay otro punto que es necesario aclarar”, ha aseverado. “El Ministerio de Trabajo tiene que publicar las cifras de las personas que no figuran como desempleados, pero sí están buscando empleo, porque tienen un contrato discontinuo. [La ministra] Yolanda Díaz los ha puesto en otro sitio”.

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Fuentes de Génova sostienen, por su parte, que Ayuso “hace bien” en celebrar la bajada del paro en Madrid porque está siguiendo la estadística oficial, aunque el PP la discuta. “Si cambian la metodología de cómputo a lo mejor ese tipo de aseveraciones no se pueden hacer”, afirman estas fuentes, “pero ahora es lo que hay”, precisan. Ayuso no avisó a Génova de que publicaría un tuit felicitándose por la bajada del desempleo el mismo día que el PP denuncia el “maquillaje” de la estadística, pero en la dirección nacional insisten en que ese no es el debate, sino qué pasa con los parados en España.

Los populares han registrado este viernes una proposición no de ley en la que instan a modificar y “adaptar a la realidad” las estadísticas de empleo publicadas por el SEPE. En el texto, firmado por los diputados Jaime de Olano, Mario Garcés y Diego Movellán, inciden en que los contratos fijos discontinuos que se han disparado con la nueva reforma laboral “no han creado más trabajo, sino que han sustituido un tipo de contrato [el temporal] por otro [el fijo discontinuo] para cubrir las mismas necesidades temporales”. Los diputados reconocen que los fijos discontinuos son “técnicamente contratos indefinidos” y “tienen más garantías para un trabajador que un contrato temporal, como antigüedad o mayor indemnización en caso de despido”, pero denuncian que la situación del trabajador al final “es igual de inestable”.

El PP admite que esta modalidad de contrato de trabajo “no es nueva y siempre se ha contabilizado de la misma manera a efectos estadísticos”, dice el texto de la proposición no de ley registrada, lo que choca con la tesis expresada por Alberto Núñez Feijóo de que se trata de cifras alteradas. Pero argumentan que, al haberse limitado los contratos temporales, los fijos discontinuos se han disparado. Y la diferencia con la situación anterior a la reforma a efectos estadísticos, según el PP, es que mientras el trabajador temporal contabiliza como parado cuando se extingue su contrato, el fijo discontinuo, “aunque esté en su casa sin trabajar, sin cotizar y cobrando el paro, no cuenta como parado a efectos de las estadísticas, sino como ocupado”. Pero la cuestión es que antes tampoco contaba como parado, porque siempre se ha contabilizado igual a los fijos discontinuos. Solo que ahora hay muchos más.

Fuentes del Ministerio de Trabajo recuerdan que la catalogación de las personas con contrato fijo discontinuo en el SEPE (antes INEM) está definida en una Orden Ministerial de 11 de marzo de 1985, esto es, hace 37 años. La reforma laboral no afectó a esta normativa que lleva vigente cuatro décadas, lo que incluye 14 años de gobiernos del Partido Popular. “El SEPE ahora y antes el INEM contabiliza a las personas con contrato fijo discontinuo, cuando están en un periodo de inactividad, como demandantes de empleo no parados”, afirma Trabajo.

El criterio en todos los casos, recuerda el Ministerio, es que se considera demandantes no parados a las personas que no están buscando activamente un empleo o que no están en disponibilidad de aceptar una oferta de forma inmediata. Las personas con un contrato indefinido fijo discontinuo tienen activa una relación laboral con su empleador, como las que están en ERTE, por ejemplo, y por eso no se les registra como desempleadas. Y ponen un ejemplo: “Una profesora que termina el curso escolar el 30 de junio y empieza el siguiente curso el 1 de septiembre y tiene un contrato indefinido fijo discontinuo no busca empleo en julio y agosto, espera a que empiece el curso escolar para reincorporarse a su puesto de trabajo y, por lo tanto, no es una desempleada”.

“Me gustaría pedirle a la derecha que dejen de ejercer el trumpismo en materia laboral y  económica”, ha cargado la vicepresidenta Yolanda Díaz este viernes. “Me gustaría que por primera vez el señor Feijóo se pueda alegrar de que los datos de paro en su país, quedando mucho por hacer, son positivos”, ha pedido la titular de Trabajo en conferencia de prensa tras reunirse con organizaciones de defensa del derecho a la vivienda. “Estoy segura de que el señor Feijóo y la derecha de nuestro país no piensan que en Galicia, en Madrid o en Andalucía se han maquillado los datos de paro”, ha enfatizado Díaz, quien ha recordado que la competencia en el registro de estas cifras es autonómica y el SEPE solo se encarga de “recepcionarlas”. La vicepresidenta ha afeado al líder popular que “cuestione” también el PIB o los datos de inflación. “Lo que un dirigente debe hacer es valorar las cosas que en su país se están haciendo de manera positiva. Entiendo que es difícil cuando alguien ha calificado las medidas que están cambiando la vida de la gente como ‘timo ibérico’, pero le pido a la derecha que esté a la altura de las circunstancias y deje de hacer trumpismo”, ha exhortado. “Esto no pasa en ningún país de nuestro entorno (…) es gravísimo”, ha denunciado Díaz, quien acusa al PP de tratar de “impugnar  la institucionalidad”, informa Paula Chouza.

La denuncia del PP sobre el paro no es nueva ―Feijóo denunció el “maquillaje” del paro el pasado mes de junio, al poco de llegar a la presidencia del PP―, aunque ahora los populares la llevan al Congreso. En junio, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, contestó al líder del PP que no está “preparado para gobernar” con esas aseveraciones, porque “los fijos discontinuos no son parados, pero no ahora, por la reforma laboral, sino desde hace 25 años”, remarcó Díaz. “Son contratos de calidad, que cotizan en todos sus extremos, que son estables y que son garantía de derechos para los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país”, defendió. Esta semana, Feijóo ha vuelto a la carga denunciando la “doble contabilidad en el paro”, y su secretaria general, Cuca Gamarra, ha insistido en que el Gobierno “busca triquiñuelas” para “ocultar los verdaderos datos del paro”.

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España

El nuevo fiscal jefe de Tráfico: “Los datos apuntan hacia un cierto repunte de la siniestralidad vial”

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El fiscal jefe de Seguridad Vidal, Luis del Río, en su despacho en Madrid.
El fiscal jefe de Seguridad Vidal, Luis del Río, en su despacho en Madrid.Andrea Comas

Luis del Río (Las Palmas de Gran Canaria, 59 años) se puso al frente de la Fiscalía de Seguridad Vial el pasado marzo. Con casi tres décadas de carrera a la espalda y una amplia experiencia en Anticorrupción y Siniestralidad Laboral, sustituyó en el cargo a Bartolomé Vargas, que se jubiló tras 15 años encabezando esta área del ministerio público. El canario llega en un momento complejo: la delincuencia vial aumentó en 2021 y generó el volumen de actividad judicial más alto de la última década; la movilidad crece y se sitúa ya en niveles previos a la pandemia; y, como indica Del Río, los datos provisionales de 2022 de la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre fallecidos en carreteras “apuntan hacia un cierto repunte de la siniestralidad”.

Pregunta. Si tuviéramos que hacer ahora una foto fija de la delincuencia vial en España, ¿a qué escenario nos enfrentamos?

Respuesta. Actualmente lo que se percibe es que, si bien durante la última década ha habido una mejora considerable en materia de seguridad vial y de movilidad en general, quizás en el último periodo del que tenemos datos oficiales, que es el año 2021, ha habido un pequeño retroceso. Un retroceso porque se han incrementado los asuntos incoados, las sentencias condenatorias dictadas y los escritos de acusación.

P. ¿Y a qué lo achacan?

R. No tenemos muy claro cuál es el motivo. Algunos expertos que se dedican al ámbito de la seguridad vial han querido ver una especie de efecto rebote tras estos años más duros de pandemia; sobre todo, de los periodos de confinamiento. Quizás, a un malentendido sentimiento de recuperación de la libertad.

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P. ¿Y la campaña de verano y los meses posteriores han confirmado esa tendencia?

R. Los datos que nos va facilitando la DGT confirman que, en cuanto a fallecimientos y lesiones de cierta entidad, sí ha habido un cierto incremento. Eso, según los datos provisionales de lo que llevamos de año. Habrá que esperar, no obstante, al final de año para hacer una evaluación más completa y objetiva. Pero los datos parece que apuntan hacia un cierto repunte de la siniestralidad vial en los últimos tiempos.

P. Usted afirma que se ha producido un cierto aumento de los delitos de peligro, ¿a qué tipo de delitos y actitudes se refiere?

R. Me estoy refiriendo a conducir a una velocidad excesiva, superando los límites que fija el Código Penal, que son 60 kilómetros hora y 80 kilómetros hora, según sea vía urbana o interurbana; y los delitos de conducción bajo el influjo de bebidas alcohólicas y de droga. También la conducción temeraria e incluso sin el permiso de conducir.

P. Hemos visto gente que se graba conduciendo de forma temeraria para después subir los vídeos a internet, ¿han detectado algún tipo de relación entre el aumento de la conducción temeraria y este fenómeno?

R. No tenemos conocimiento de que haya habido un estudio riguroso sobre esa cuestión. Pero sí parece que, a veces, esas ganas exacerbadas de exposición y de demostrar que se hacen cosas originales, llegan al absurdo de cometer conductas que ponen en peligro la vida de los demás. Y la vida propia también.

P. En la memoria de la Fiscalía se detalla que, pese a los esfuerzos realizados, la atención jurídica de las víctimas no es la debida en dependencias policiales, juzgados y oficinas de atención. ¿Qué deficiencias han detectado?

R. En los últimos años se ha producido una mejoría: se han duplicado esfuerzos, tanto del ministerio fiscal como de los órganos judiciales y la propia Policía. Pero todavía queda mucho camino por recorrer y quedan esfuerzos que realizar para que se dé cumplimiento al estatuto de la víctima. Por ejemplo, las Oficinas de Atención a las Víctimas de Delito deberían tener más en cuenta a las víctimas de los siniestros viales y prestarles mayor atención. Somos conscientes de que, en la mayor parte de los sitios, estas oficinas están empezando a instalarse ahora y llevan muy poco tiempo. Y somos conscientes de que no tienen excesivos medios: ni personales ni materiales. E indudablemente, para dar una debida atención, hace falta inversión. También, en materia de responsabilidad civil, tenemos un sistema de cálculo de las mismas [para pedir indemnizaciones] que, en algunos supuestos, es especialmente complicado y requiere de ciertas operaciones, a veces matemáticas, de cierta complejidad.

P. Unos sistemas matemáticos muy complicados para las víctimas.

R. Efectivamente, a veces no es fácil, sobre todo para la víctima. Necesita un asesoramiento especializado, sobre todo los casos más complejos, para poder determinar bien las cantidades a las que tiene derecho a la hora de reclamar.

El fiscal jefe de Seguridad Vidal, durante la entrevista con EL PAÍS.
El fiscal jefe de Seguridad Vidal, durante la entrevista con EL PAÍS.Andrea Comas

P. Su predecesor anunció en 2021 que trabajaban en un dictamen para analizar los puntos negros en las carreteras para dar una respuesta penal si los accidentes respondían a fallos en la construcción de las vías. ¿Han avanzado en ello?

R. Seguimos en ello. Lo estamos estudiando, pero es un tema especialmente complejo porque sería susceptible de tipificación en el artículo 385 del Código Penal, que es un tipo penal bastante complejo y que ha sido escasamente aplicado por los tribunales, y además las veces en que se ha aplicado ha sido en supuestos distintos a los que usted me plantea. Por lo tanto, requiere que continuemos estudiando debidamente esta cuestión.

P. Respecto a los patinetes eléctricos, la memoria de la Fiscalía también apunta la necesidad de un marco normativo claro, bien estructurado y territorialmente armonizado ¿Dónde se puede mejorar?

R. Esta es una materia, en principio, de carácter administrativo. Es decir, supera un poco nuestras competencias. Nosotros intervenimos cuando normalmente se ha producido algún delito. Recientemente se ha producido alguna reforma en la normativa: en el sentido de exigir mayores medidas de seguridad y, en todo lo que sean mejoras en la seguridad vial, van a tener nuestro apoyo. En el caso de los vehículos de movilidad personal, por una parte, son usuarios especialmente vulnerables respecto a otros vehículos, pero a su vez también los peatones son especialmente vulnerables respecto a los patinetes. Con lo cual, hay que buscar un equilibrio entre una normativa que permita la máxima seguridad de los usuarios de estos vehículos de movilidad personal y de terceros; y que, a su vez, no paralice iniciativas que puedan dar lugar a una movilidad más sostenible.

P. ¿Han detectado un aumento de los casos penales que involucren a patinetes?

R. Aunque no tenemos datos estadísticos separados referidos únicamente a esta clase de vehículos de movilidad personal, sí hemos observado en los últimos tiempos algunas actuaciones judiciales.

P. ¿Y representan un volumen preocupante?

R. No es que sea un volumen alarmante, pero sí que tienen cierta entidad. Quizás, lo que más nos preocupa a nosotros es que, al ser un fenómeno nuevo, a veces el encaje penal presenta algunas dificultades.

P. ¿A qué dificultades se refiere?

R. Que puedan ser considerados o no vehículos a motor, a efectos de aplicar los delitos de peligro. Porque, si bien en principio quedan al margen de estos al no reunir las características típicas que existen en estos delitos, a veces los usuarios o los fabricantes les introducen determinadas reformas que los potencian, haciéndolos asimilables a los vehículos que sí encajan en los tipos penales de peligro.

Repunte de fallecidos

A 1 de diciembre de 2022, los datos provisionales de la DGT sobre fallecidos en carretera suman 1.049 víctimas, un 14% más que en el mismo periodo de 2021, cuando se contabilizaron 918. Por tipo de vía, los muertos aumentaron especialmente en las convencionales, un 15%; frente al 13% que se registró en autopistas y autovías. Por edad, sube el grupo de las víctimas de mayores de 64 años, un 42%, con 202 fallecidos este 2022. Y, por tipo de vehículo, crecen en especial los siniestros mortales con turismos, un 17%.

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Jaén acogerá un centro tecnológico de seguridad de la Defensa, con 220 millones de inversión y 2.500 empleos en seis años

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En el invierno de 2021, la sociedad de Jaén se echó a la calle para rebelarse contra lo que consideraban el enésimo agravio sufrido por esta tierra: la elección de Córdoba para acoger el plan Colce del Ministerio de Defensa, cuando ya todas las instituciones locales se frotaban las manos por el supuesto compromiso previo que el Gobierno había alcanzado con Jaén. Este viernes, a punto de cumplirse dos años de aquellas protestas (inéditas en la historia más reciente de Jaén), el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado a esta tierra para una reconciliación con esta provincia. El dirigente socialista ha anunciado la elección de Jaén para acoger un centro tecnológico de seguridad de Defensa, uno de los proyectos “más emblemáticos” del Ejecutivo dentro de su plan de deslocalización de centros e instituciones.

“Durante años, Jaén ha visto pasar muchas oportunidades. Por eso, la deuda del Estado con Jaén tiene que saldarse, es momento de romper inercias históricas y de agravios injustificados”, ha señalado el presidente del Gobierno este viernes al presentar el Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex) del Ministerio de Defensa, que llega con una inversión anunciada de 220 millones de euros (financiado con fondos europeos de recuperación) y la creación de más de 2.500 empleos en un periodo de seis años.

“Queremos convertir a Jaén en motor de la investigación y la innovación con un centro que tendrá un efecto catalizador de inversión privada”, ha señalado Sánchez, que ha defendido esta inversión para la cohesión territorial. “Esto también es hacer patria”, ha enfatizado Sánchez. El Cetedex estará vinculado principalmente hacia la industria aeronáutica, como centro de experimentación antidrones, el desarrollo de sistemas de defensa y como centro de inteligencia artificial. Será posible gracias al convenio suscrito entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, y el alcalde de Jaén, Julio Millán. La capital jiennense ha cedido los terrenos para ubicar este proyecto en el polígono Nuevo Jaén, precisamente la superficie elegida en su día para albergar el fallido plan Colce.

La elección de Jaén para albergar este centro tecnológico de la defensa sirve también para limar asperezas políticas con el PSOE jiennense. El propio alcalde de la capital, Julio Millán (PSOE), calificó en su día como una “afrenta” del Gobierno de Sánchez que el Colce volara hacia Córdoba cuando ya había un compromiso previo con su gobierno municipal. Además del Colce, los socialistas de Jaén han criticado que la provincia haya estado en el furgón de cola de las inversiones en los dos últimos Presupuestos Generales del Estado.

“Actos como los de hoy tapan los momentos de más dificultades para los que nos dedicamos a lo público”, ha referido Francisco Reyes, presidente de la Diputación y líder del PSOE provincial. Desde el comité federal socialista en el que se forzó la dimisión de Sánchez, Reyes y el PSOE de Jaén estaban distanciados con la dirección federal del partido. Y ello a pesar de que el PSOE de Jaén ha defendido que en las últimas citas electorales esta provincia ha sido la de mayor apoyo porcentual hacia el PSOE en toda España.

La polvareda política y social que generó el fallido Colce en Jaén acabó en los tribunales y aceleró la aparición de partidos de índole provincial, como Jaén Merece Más, uno de los firmantes de la recién constituida Federación de la España Vaciada.

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