Connect with us

España

20 años más 48 horas de chantaje al Govern

Published

on

20-anos-mas-48-horas-de-chantaje-al-govern

La cuenta atrás está a punto de terminar. Son instantes de eléctrica intensificación emocional. Adictivos para los espectadores del espectáculo de la política, cada vez más alejados de las preocupaciones de una ciudadanía harta, airada o frustrada. Da lo mismo. No puede vivirse eternamente en el lugar de memoria del 1 de Octubre, del que este sábado se cumplió un lustro. El recuerdo mítico del momento no oculta lo estructural: el desempoderamiento del autogobierno como consecuencia de la pugna por el menguante poder autonómico que mantienen Esquerra Republicana y lo que fue Convergència. Viene ocurriendo desde hace prácticamente dos décadas: la institucionalidad catalana ha sido instrumentalizada para desgastar al adversario. La cara de esta apuesta fue una de las claves del procés; la cruz sigue siendo la pérdida de autoridad de la Generalitat: de ser punta de lanza del Estado autonómico ha pasado a convertirse en una Administración que bloquea su potencialidad para impulsar el progreso de su sociedad.

Al fin ha ocurrido lo que advirtió Juan José Linz durante la Transición. Como otras buenas ideas, esta también me la chivó el historiador Nicolás Sesma. En un ejercicio de comparación útil para la España que fundaba modelo territorial para que el Estado fuese democrático, el politólogo Linz explicaba soluciones implementadas en países multilingües y multinacionales como el nuestro. Para articularlas se había demostrado más operativo que la minoría nacional estuviese representada por un único partido para hablar y pactar en su nombre. Si había dos que competían por ejercer dicha función, como ocurre en Cataluña desde que Esquerra dejó de ser secundario, chungo. “Es mucho más difícil cuando la representación de la minoría es asumida por distintos partidos en pugna, con intereses contrapuestos, dispuestos a cuestionar la lealtad a los objetivos nacionales de todo el que llegue a un compromiso”. Ha ocurrido exactamente así. Así nos va.

La degradación de esta semana es el resultado de una dinámica que desde hace algunos años funciona en base al chantaje patriótico y que en su origen se estrenó como una subasta para aparecer como el que daba más a la sociedad del catalanismo. Aunque en julio de este año ya contábamos con 850 libros sobre el procés, según índices bibliográficos solventes, diría que nadie ha propuesto esta fecha como su momento de activación. 12 de abril de 2005. Aquel día, Artur Mas, líder de la oposición, expuso en una rueda de prensa cuál era el texto del artículo 2 que su partido defendería en la ponencia parlamentaria donde se redactaba el nuevo Estatut. En base a los derechos históricos, descritos como fundamento del autogobierno, Cataluña podía ejercer el “derecho a decidir”. Las sesiones de la ponencia están grabadas. Podría descubrirse el instante en el que la subasta arrastró a Esquerra, el Govern tripartito perdió el control de la ponencia y el Estatut se soberanizó, disociándose de su viabilidad constitucional. Desde entonces, aceleración. Y luego el colapso. Y ahora el sainete, sin apenas público.

Cuando un tema da mucho que hablar, lee todo lo que haya que decir.

Suscríbete aquí

Si lo he comprendido, y confieso que tampoco estoy muy seguro, hoy termina el plazo de 48 horas que Junts le concedió a Pere Aragonès para negociar un acuerdo que permita zanjar la crisis de gobierno que se precipitó durante el debate de política general. Es improbable que esta renovación del acuerdo se produzca, porque forzaría el viraje de la estrategia de fondo del president y de un partido que está hasta el gorro de la deriva de un socio que a la vez es su principal oposición parlamentaria. Pero en la improbable hipótesis de que Esquerra ceda y se restituya al vicepresidente cesado, el acuerdo tampoco sería garantía de estabilidad ni a corto plazo: la dirección de Junts ha externalizado en la militancia la decisión de continuar o no en el Govern atendiendo a un mandato congresual. Así funciona un partido cuyos consejeros son responsables de asuntos tan irrelevantes como la salud o la justicia, el bienestar social, las universidades o la ejecución y elaboración del presupuesto que permite el funcionamiento del autogobierno. Así se desempodera la Generalitat.

Suscríbete para seguir leyendo

Lee sin límites

————————————————————————-
Fuente, El Pais, www.elpais.com, Junto a su autor correspondiente .
En el mes , dia y año que corresponda, Título del artículo, Nombre del periódico, #volumen(#Edición o #ejemplar) pertenecen a la fuente El País .
Solo citamos Noticias con fuentes rss mediante inteligencia artificial en fase de prueba .

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

España

El Congreso rechaza la revisión de la ley del ‘solo sí es sí’

Published

on

el-congreso-rechaza-la-revision-de-la-ley-del-‘solo-si-es-si’
Los ministros Irere Montero y Alberto Garzón, este martes en el Congreso.
Los ministros Irere Montero y Alberto Garzón, este martes en el Congreso.FERNANDO ALVARADO (EFE)

La mayoría del Congreso rechaza por ahora revisar la ley del solo sí es sí y, en la misma línea que había marcado el Gobierno, esperará a que el Tribunal Supremo termine de fijar doctrina sobre la aplicación de las penas. Los aliados parlamentarios han cerrado filas con el Ejecutivo ante el intento del PP de promover la revisión de la norma, apenas tres meses después de haber sido aprobada, ante la reducción de condenas que están aplicando numerosos jueces ateniéndose a las nuevas tipificaciones penales. El conjunto de la izquierda y de los nacionalistas sigue defendiendo la ley, pese a la polvareda que ha levantado su aplicación.

El PP llevó este martes al pleno del Congreso una proposición no de ley en la que se insta al Ejecutivo a “revisar por vía de urgencia” la norma aprobada por amplísima mayoría el pasado agosto —205 votos a favor— a fin de que los agresores sexuales “puedan tener cuanto antes las mismas penas que estaban en vigor hasta septiembre de 2022″. Solo uno de los grupos que refrendaron la ley, Ciudadanos, se mostró dispuesto a apoyar ahora la iniciativa sobre la revisión, que se votará este jueves, aunque la ha enmendado. La formación liberal reconoce que la aplicación de las penas ha evidenciado una “brecha”, sobre la que ya había avisado en su día, pero aun así defiende el conjunto de la ley y su objetivo de acabar con la separación entre abusos y agresiones sexuales, como explicó la diputada Sara Giménez.

“Esta ley es lo peor que hemos vivido en estas décadas de democracia”, denunció la diputada del PP Rosa Romero, que salpicó su intervención con un torrente de crítica a la ministra de Igualdad, Irene Montero, hasta exigir su dimisión. Romero comenzó reproduciendo declaraciones de víctimas de abusos que estos días han visto cómo las penas de sus agresores eran rebajadas. “Es un clamor de toda la sociedad frenar la hemorragia de beneficios” de los que están disfrutando algunos de los condenados, señaló Romero. “Si el Gobierno no lo hace, demostrará que es un Gobierno sin alma”. La diputada popular recordó que su grupo fue también de los que advirtió en su momento que podía producirse este problema y que Montero lo desdeñó entonces como “interpretaciones machistas”.

El debate se celebró en ausencia de Vox, que poco antes había abandonado el pleno después de que le quitasen la palabra a su diputada Patricia Rueda por negarse a retirar el término “filoterroristas” en alusión a los socios del Gobierno. El partido de extrema derecha tenía previsto que interviniese la diputada Carla Toscana, la misma que la pasada semana desató un gran escándalo en la Cámara por sus insultos machistas a la ministra de Igualdad. Eso facilitó que el tono del debate no se desmandase en ningún momento, aunque dejó a los populares un tanto solos en su acometida contra la ley.

Los dos partidos del Gobierno se defendieron atacando. La socialista Andrea Fernández se remontó hasta la primera ley del aborto de 1985 para repasar las diferentes negativas del PP a normas que concedían nuevos derechos a las mujeres. Sofía Castañón, de Unidas Podemos, se centró en la polémica campaña contra las agresiones sexuales de la Xunta de Galicia, gobernada por los populares, y que, según algunos colectivos de mujeres, responsabiliza a las víctimas de los ataques que sufren. Los tres principales aliados del Gobierno, ERC, PNV y EH Bildu, fueron contundentes en su defensa de la ley y de la ministra. La republicana Pilar Vallugera insistió en que con el texto en la mano y las disposiciones del Código Penal los jueces no están obligados a hacer una interpretación restrictiva de las penas. “No nos vamos a dejar llevar por la improvisación y el populismo”, afirmó el representante del PNV Joseba Agirretxea para argumentar que debe esperarse a que el Supremo unifique doctrina.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.

Suscríbete

Suscríbete para seguir leyendo

Lee sin límites

————————————————————————-
Fuente, El Pais, www.elpais.com, Junto a su autor correspondiente .
En el mes , dia y año que corresponda, Título del artículo, Nombre del periódico, #volumen(#Edición o #ejemplar) pertenecen a la fuente El País .
Solo citamos Noticias con fuentes rss mediante inteligencia artificial en fase de prueba .

Continue Reading

España

El Constitucional acuerda apremiar al Poder Judicial para que nombre a sus dos magistrados

Published

on

el-constitucional-acuerda-apremiar-al-poder-judicial-para-que-nombre-a-sus-dos-magistrados

El Constitucional no va a darse prisa en verificar si Juan Carlos Campo y Elena Díez, los dos juristas designados por el Gobierno para formar parte del tribunal de garantías, cumplen los requisitos para acceder al cargo. El presidente del tribunal, Pedro González Trevijano, comentó este martes a los magistrados que remitiría al Consejo General del Poder Judicial una comunicación exponiendo que el Gobierno ha efectuado sus nombramientos, a los efectos oportunos. El Constitucional espera que esos efectos sean que el órgano de gobierno de los jueces nombre a los otros magistrados que deben incorporarse al órgano de garantías, como muy tarde el próximo 22 de diciembre, día en que va a reunirse el pleno del Poder Judicial.

La decisión del Constitucional, por tanto, es emplazar al Consejo a que cumpla su cometido por la vía indirecta de notificarle que el Gobierno ya ha cumplido el suyo. El objetivo de esta estrategia es intentar que el Poder Judicial reaccione ante la nueva situación y que los ocho vocales del bloque conservador, que se han negado a proponer candidatos, den un paso y se muestren dispuestos a hacerlo. No hay garantías de que por esta vía se logre avance alguno, pero lo que quiere el Constitucional es colocar el problema en otra sede, la del Consejo, y no tener que afrontar por ahora el debate sobre la idoneidad de los juristas designados por el Gobierno, cuya aceptación en estos momentos supondría renovar el tribunal por un sexto de sus miembros, y no por un tercio, como prevé la Constitución.

El pleno del Constitucional acordará este miércoles formalmente dirigir esta comunicación al Consejo y ahorrarse, de momento, el trago de un pleno del propio tribunal de garantías en el que no iba a haber unanimidad sobre las posibles salidas para esta larga crisis. En el sector conservador sigue imperando la idea de que la renovación no podría ser de solo dos magistrados. Pero al propio tiempo nadie arde en deseos de poner su firma al pie de un documento en el que se rechace a los magistrados propuestos por el Gobierno. Ante la disyuntiva de reclamarle al Poder Judicial que cumpla su parte, o tener que celebrar un pleno en el Constitucional para exhibir una nueva ruptura interna, los componentes del Constitucional han elegido la primera opción.

Desde el sector progresista del tribunal de garantías se contempla esta opción como la menos lesiva para el Constitucional, de momento. Es decir, este bloque querría que no se retrase por más tiempo la renovación, porque hay muchas sentencias congeladas, a la espera de que un tribunal recompuesto las aborde. Pero al mismo tiempo tampoco le resulta alentadora la perspectiva de un pleno en el que quede en minoría y que sirva para el desgaste del tribunal, atrincherado en la tesis de que si no llegan cuatro magistrados, los designados por el Gobierno no pasan el examen de idoneidad, porque deberían venir con otros dos, los nombrados por el Poder Judicial.

Junto a ello, existe cierta preocupación por la condición de Juan Carlos Campo como exministro de Justicia, y los efectos que ello pudiera tener en determinados procedimientos. Por ejemplo, en todos aquellos recursos de inconstitucionalidad referidos a leyes en cuya confección o deliberación hubiera participado. Y la lista puede ser larga, por el año y medio que Campo estuvo al frente de la cartera de Justicia y su pertenencia, por tanto, a un Consejo de Ministros que aprobó proyectos legislativos de diversa naturaleza, desde la ley de eutanasia a la reforma laboral o la educativa de la ley Celáa.

En todo caso, si se produjera la renovación con los nombres propuestos por el Gobierno, el sector progresista conservaría la mayoría una vez renovado el tribunal, incluso en casos en que alguno de los magistrados de este bloque tuviera que abstenerse. Dicha mayoría sería de siete votos a cinco, si la renovación es completa, o de seis a cinco si de momento no se nombra al sucesor del dimitido Alfredo Montoya, que renunció por razones de salud. Su sustituto ha de ser designado por el Senado, y no lo será mientras no haya un pacto global para renovar el Consejo General del Poder Judicial. En este caso, podría darse alguna situación que, por abstención de un magistrado, supusiera un empate a cinco. Pero para ese supuesto hay que tener en cuenta que el presidente tiene voto de calidad y que la presidencia en la próxima etapa será ocupada por un magistrado del sector progresista.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.

Suscríbete

Suscríbete para seguir leyendo

Lee sin límites

————————————————————————-
Fuente, El Pais, www.elpais.com, Junto a su autor correspondiente .
En el mes , dia y año que corresponda, Título del artículo, Nombre del periódico, #volumen(#Edición o #ejemplar) pertenecen a la fuente El País .
Solo citamos Noticias con fuentes rss mediante inteligencia artificial en fase de prueba .

Continue Reading

España

Vox abandona el pleno del Congreso tras exigirles la Presidencia retirar una acusación de “filoetarras”

Published

on

vox-abandona-el-pleno-del-congreso-tras-exigirles-la-presidencia-retirar-una-acusacion-de-“filoetarras”
El vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, conversa con la diputada de Vox Patricia Rueda durante la intervención de esta en el pleno del Congreso, este martes.
El vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, conversa con la diputada de Vox Patricia Rueda durante la intervención de esta en el pleno del Congreso, este martes.FERNANDO ALVARADO (EFE)

Las reconvenciones y las buenas palabras e intenciones sirvieron de poco, y apenas duraron unas horas. Todos los diputados de Vox han abandonado esta tarde, en mitad del pleno, el hemiciclo tras exigirle la Presidencia del Congreso a una de sus diputadas, Patricia Rueda, que retirara de su intervención el término “filoetarras” con el que se ha dirigido a EH Bildu, socios en muchas ocasiones del Gobierno. La diputada se ha negado y el presidente en ese momento en funciones, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, le ha retirado la palabra. Vox dejó a continuación el salón y más tarde su presidente, Santiago Abascal, compareció para denunciar “el asalto del Gobierno a todas las instituciones”. El incidente ha truncado de lleno todos los planes de la Presidencia para controlar mejor y con menos insultos y ataques los debates en las Cortes.

Ni habrá un código ético nuevo y reforzado para los diputados y los periodistas, como ha planteado en la mañana de este martes sin mucho éxito En Comú Podem, ni se retocará el actual Reglamento del Congreso ni tiene visos de prosperar una declaración de condena conjunta de la mayoría de los partidos contra el comportamiento de Vox, la formación ultra que ha protagonizado varios incidentes machistas e insultos en esta legislatura. Tampoco parecen haberse atemperado nada los ánimos, especialmente por parte de Vox, que ha vuelto a protagonizar otro incidente que vuelve a incendiar políticamente las relaciones políticas en las Cortes.

La diputada de Vox por Málaga, Patricia Rueda, no desperdició la ocasión que se debatía, en este caso una proposición no de ley del PSOE sobre el apoyo a la candidatura española de Málaga para albergar la Exposición Internacional 2027. Rueda relacionó esa candidatura con que el Ejecutivo de Pedro Sánchez usa el Gobierno para “premiar a filoetarras, golpistas y separatistas”, en alusión a EH Bildu, ERC y otros partidos independentistas vascos y catalanes. El presidente en funciones le pidió que retirara esa alusión, Rueda se negó, forcejeó dialécticamente con Rodríguez de Celis, ambos llegaron incluso a tutearse y el diputado socialista que ejercía de nuevo de árbitro, como la semana pasada con el caso de Carla Toscano, le retiró la palabra. Todos los diputados presentes de Vox aplaudieron a Rueda y se aprestaron a abandonar la sala, salieron al pasillo y allí su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, asesorado por Ignacio Gil Lázaro, el miembro de Vox en la Mesa, denunció el comportamiento “sectario” de Rodríguez de Celis. Unos minutos más tarde hasta compareció en el salón del escritorio el presidente de Vox, Santiago Abascal, para enfatizar que con ese tipo de actitudes “el Gobierno asalta las instituciones” y se culmina “el proceso deconstituyente de España”.

La presidenta de las Cortes, la socialista Meritxell Batet, se había limitado por la mañana a proporcionar una “regañina” a todos los partidos representados en el Congreso y les ha instado a “reflexionar” y guardar las formas. Todos los partidos, menos Vox, han asumido algo de autocrítica. Por la tarde, en el inicio del pleno de esta semana, Batet se ha mostrado más firme en el control del debate.

Los ataques machistas de la diputada de Vox, Carla Toscano, contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, de la semana pasada, cuando relacionó directamente su nombramiento con ser la pareja del exlíder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, han regresado este martes a la Cámara como un bumerán interpelando a todos los partidos y órganos de funcionamiento del Congreso sobre la actual deriva del debate político. Pero sin muchas consecuencias precisas, concretas y prácticas. La discusión ha entrado primero en la reunión semanal de la Mesa, más tarde en la de la Junta de Portavoces, en las comparecencias habituales de todos los partidos y hasta en el debate vespertino, en este caso más en el tono que en el fondo.

En la Mesa, que es el órgano que regula el gobierno de la Cámara, el asunto se introdujo, sin embargo, por un escrito de Vox en el que pedía que se adoptaran medidas contra dos miembros de Unidas Podemos que pertenecen al mismo y que según la formación ultra habrían increpado desde la tribuna del Congreso la semana pasada a la diputada Toscano cuando lanzó sus imprecaciones personales contra Montero. La Mesa lo rechazó porque no es competente para revisar o dar directrices a la Presidencia del Congreso, que es la que ostenta en exclusiva la competencia para dirigir los debates. Aquel día, en aquel momento, la presidencia la cumplía el vicepresidente primero, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que pidió a la diputada de Vox que retirara su alusión y ante su negativa la eliminó retórica que no físicamente del acta de la sesión. Los componentes de la Mesa debatieron el asunto de fondo sobre el creciente clima de crispación que se está apoderando de las discusiones en la Cámara, pero sin ninguna propuesta específica.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.

Suscríbete

La cuestión volvió más tarde en la cita semanal de la Junta de Portavoces, dónde están todos los partidos, pero tampoco se plasmó en ninguna iniciativa. La presidenta suscitó el problema, se lamentó del tono, estilo y actitud de muchos diputados de diversos partidos, pidió autocrítica y abrió la posibilidad de que todas las formaciones reflexionasen de manera colectiva sobre la mala imagen que proyectan con esos comportamientos sobre el nivel de la política y la sede de la soberanía nacional. El portavoz del PSOE, Patxi López, reconoció tras ese encuentro que Batet les había “reñido un poco a todos con razón, porque algunos solo ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, se ciñó a conceder que esa reflexión la debería hacer internamente cada partido. Portavoces de Más País, Compromís o de Unidas Podemos, como Pablo Echenique, se pronunciaron más a favor del autocontrol que por poner límites rígidos a la libertad de expresión, que es uno de los problemas con los que se ha tropezado la Presidencia cada vez que ha querido buscar soluciones a este dilema.

La presidenta del Congreso ha pedido finalmente a todos los portavoces “contención, respeto y responsabilidad” y ha advertido varias veces de que a partir de ahora piensa mantener una aplicación estricta del Reglamento. Batet citó en ese sentido el artículo 16 de ese código, en el que se indica: “Los Diputados están obligados a adecuar su conducta al Reglamento y a respetar el orden, la cortesía y la disciplina parlamentarias, así como a no divulgar las actuaciones que, según lo dispuesto en aquel, puedan tener excepcionalmente el carácter de secretas”. El reglamento no determina posibles sanciones económicas, como han teorizado en estos días algunos diputados, y solo contempla que se pueda expulsar del hemiciclo y hasta de sus funciones durante un periodo de tiempo a los parlamentarios que no atiendan las llamadas al orden hasta en tres ocasiones de la Presidencia de la Cámara. Esas situaciones se han producido muy pocas veces y de manera muy excepcional. Algún portavoz ha aprovechado en ese sentido para exigir a la Presidencia que se mantenga firme en sus decisiones si llega a la conclusión de que hay que echar de sala a algún diputado que sobrepase ese límite en vez de dejarle sin más en la sala, como ha ocurrido.

Batet tomó nota de todo y por la tarde, al inicio del primer pleno, intentó controlar más el discurso del debate con una dirección más intervencionista. La presidenta ha hecho uso de una prerrogativa que apenas había empleado en esta legislatura, la de “llamar a la cuestión”, es decir, instar al orador a atenerse al tema del orden del día. Lo ha hecho con el diputado de Unidas Podemos Roberto Uriarte cuando este aprovechó un debate sobre el Tribunal Constitucional para reclamar a la Mesa de la Cámara una actitud más activa a fin de acabar con el bloqueo a la renovación de los órganos constitucionales. Poco más tarde, la presidenta también llamó la atención al diputado de Vox José María Sánchez después de que este se refiriese a los grupos independentistas como “partidos delincuentes”, un calificativo que se ha escuchado a menudo en boca de los portavoces de la derecha. Y acabó por no atender la reclamación del portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, que pidió que no se les pudiera definir como partido “ultra o de ultraderecha”. Batet lo rechazó porque Vox también suele retratar a Podemos y otras formaciones socias del Ejecutivo como “ultraizquierda”.

————————————————————————-
Fuente, El Pais, www.elpais.com, Junto a su autor correspondiente .
En el mes , dia y año que corresponda, Título del artículo, Nombre del periódico, #volumen(#Edición o #ejemplar) pertenecen a la fuente El País .
Solo citamos Noticias con fuentes rss mediante inteligencia artificial en fase de prueba .

Continue Reading
Advertisement

Tendencias

Copyright © 2022

🇦🇷 » 🌎
A %d blogueros les gusta esto: