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Aragonès pide al Gobierno un acuerdo que fije las condiciones para un referéndum como en Quebec

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El presidente catalán, Pere Aragonès, durante el Debate de Política General, este martes.

Pere Aragones durante el pleno en el Parlament de Catalunya.

Foto: Gianluca Battista
El presidente catalán, Pere Aragonès, durante el Debate de Política General, este martes.

Pere Aragones durante el pleno en el Parlament de Catalunya.

Foto: Gianluca BattistaGianluca Battista

Un acuerdo de claridad a la canadiense, que permita acordar entre el Gobierno y la Generalitat las condiciones que podrían, eventualmente, permitir un referéndum de independencia de Cataluña. Esa ha sido la propuesta que el jefe del Govern, Pere Aragonès, ha hecho en el Debate de Política General que ha comenzado este martes en la Cámara Catalana. El plan, que lleva meses madurándose, llega justo en medio de la tempestad con los socios de Junts (que le piden enderezar el rumbo secesionista del Ejecutivo) y también pone ante el espejo al PSC, que hasta hace unos años defendía esa vía. Aragonès también ha aprovechado para presentar un plan de 300 millones de euros para mitigar el efecto del encarecimiento de la energía y la inflación en los hogares, si bien el grueso de las medidas depende de que se aprueben las cuentas del próximo año. El Ejecutivo central ha lamentado que los independentistas mantengan “sus pretensiones de máximos que no son en absoluto compartidas por el Gobierno”, ha dicho la ministra portavoz Isabel Rodríguez.

Ese acuerdo, ha especificado Aragonès, busca “identificar cuándo y cómo Cataluña puede volver a ejercer el derecho a decidir”. Una propuesta que de entrada choca con la sentencia del Tribunal Constitucional, que considera que ese derecho no es aplicable a la situación catalana. El president no ha puesto ninguna fecha o calendario sobre la mesa para esa eventual votación, sino que se ha referido a ese acuerdo como un “marco que ofrezca garantías democráticas para todos y que unifique criterios y establezca las bases y las condiciones” para celebrar el referéndum. Una votación, ha agregado, “donde todo el mundo se sienta incluido y todo el mundo acepte el resultado. “No tengo ninguna duda que esta es la vía más rápida y eficiente para volver a votar”, ha apostillado

La incógnita que se resolverá esta tarde, en la intervención de Junts, es si la propuesta del acuerdo convence a a los socios y se aborta la idea de someter a las bases del partido la continuidad en la coalición de Govern. Hace un mes, los de Laura Borràs habían lanzado un ultimátum sobre sus socios, considerando que no se habían cumplido puntos clave del Acuerdo de Govern, como la creación de una dirección colegiada del secesionismo, que se pactara cierta unidad de acción en el Congreso de los Diputados o garantizar que en la mesa de diálogo solo se limitara a hablar de autodeterminación y amnistía. Tras unas semanas muy tensas, con la Diada de por medio, finalmente el tono de Junts se fue rebajando, pero aún no es claro si la propuesta de Aragonès será suficiente para encauzar las aguas y garantizar la mínima convivencia en el Ejecutivo.

Aragonès ha asegurado que su propuesta “escrupulosamente democrática” de acuerdo de claridad va dirigida tanto a los independentistas como los no independentistas. Y ha tirado de las encuestas del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat (CEO), el CIS catalán, para justificar que el referéndum es una propuesta transversal, que va más allá del independentismo. Según el CEO, la celebración del referéndum es la opción preferida por los votantes de todos los partidos, menos del PP y Vox. La apoyan el 100% de los encuestados que recuerdan haber votado formaciones independentistas. Dentro de los que dicen haber votado al PSC, el apoyo llega al 73,7%. Si se mira a Ciudadanos, el apoyo es del 50%. En los comunes, del 90%. “Esta mayoría social existe y ninguno la puede ignorar”, ha dicho.

La oferta del presidente se enmarca en lo que en su día sucedió en Canadá y el Reino Unido, con sus respectivos referéndums pactados. Los juristas discuten sobre hasta qué punto son trasladables las situaciones. En el caso canadiense, no fue un acuerdo sino una norma, llamada, “Ley para hacer efectiva la exigencia de claridad formulada por el Tribunal Supremo de Canadá en su dictamen sobre la secesión de Quebec”. Aprobada en el año 2000, allí se recogían las recomendaciones del Alto Tribunal, que buscaba aclarar la situación generada por los dos referéndums de independencia convocados por el Gobierno provincial de Quebec en 1980 y 1995, en los que venció el ‘no’. En Canadá la ley no impide hacer referéndums sobre la independencia, pero en esta ley de claridad se fijan limites sobre, por ejemplo, como el Senado (Cámara territorial) tiene que decidir sobre la claridad de la pregunta. Con todo, el Supremo determina que si gana el sí con una mayoría clara, lo que se debe abrir es una negociación para reformar la Constitución y enmarcar allí un posible proceso de secesión. Aunque se habla de la necesidad de una “mayoría clara”, no fija umbrales para ello.

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Aragonès ha explicado que el acuerdo que propone se realizaría en dos fases y es posible ahora después de que, a su juicio, haya avances en la “desjudicialización” y se consigan “los efectos de la amnistía”. En la primera, en Cataluña, donde se explicite el apoyo a la propuesta por parte de entidades sociales, sindicatos y partidos políticos. Se trata de una prueba a Junts per Catalunya pero también para el PSC. Hasta 2012, los socialistas catalanes habían llevado en su programa electoral la consulta pactada, pero esa fórmula quedó enterrada para reivindicar la reforma constitucional federal, en la línea de los acuerdos de Granada firmados en 2013. La caída de esa opción llevó a un cisma dentro del partido y varios diputados y figuras históricas rompieron el carné. La propuesta de Pedro Sánchez ahora es “el estado plurinacional”. Una vez ese consenso quede evidenciado (en ERC no ven mucha diferencia con las propuestas de autodeterminación y amnistía que ya están en la mesa de diálogo) se intentaría iniciar la negociación con el Gobierno.

Ceder en el acuerdo de claridad sería, de entrada, aceptar que la soberanía se puede fragmentar y, por tanto, se trata de una idea que el Gobierno descarta de plano. Preguntada sobre el tema tras el Consejo de Ministros, la portavoz Rodríguez ha lamentado que el independentismo siga instalada en una propuesta de máximos pero ha insistido en la necesidad de seguir dialogando. La justicia también se ha manifestado en varias ocasiones contra el llamado derecho a la autodeterminación que defiende el independentismo. Tanto la sentencia del Juicio al procés como algunas del Constitucional descartan que se asimile ese supuesto derecho al al derecho de autodeterminación de los pueblos, reconocido por la ONU. Argumentan que esa organización trasnacional precisa que no puede aplicarse para quebrar la integridad territorial de Estados soberanos e independientes “que estén dotados de un Gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción alguna”. La mesa de diálogo, recuerdan desde las filas de ERC, al ser un foro fuera de cualquier corsé legal es un espacio en el que “se puede hablar de todo”. De ahí que se ponga el acento en que es un “acuerdo” y no una ley, como en el caso canadiense.

Insistir en la idea de un pacto de claridad también busca enviar un mensaje a la comunidad internacional por parte del independentismo. “Es una propuesta explicable y homologable a nivel internacional porque otros países han partido de propuestas similares y porque sin duda nos abre puertas que hasta ahora se habían mantenido cerradas”, ha dicho Aragonès.

Más allá del eje nacional, el president se ha esmerado en desgranar la obra de Gobierno de todos los departamentos de su Govern, para dar así una imagen de unidad pese a las turbulentas relaciones entre ERC y Junts. El republicano también ha aprovechado la primera sesión del debate para presentar un paquete de ayudas por 300 millones de euros para mitigar las consecuencias de la inflación y el encarecimiento del precio de la energía.

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España

Felipe VI refuerza en Angola las relaciones económicas y diplomáticas como país “prioritario” en la región

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España da un paso más en su apuesta por ocupar una posición preeminente en África. Un propósito que ha impulsado el viaje de Estado de los reyes Felipe y Letizia a Angola, con el que pretenden reforzar las relaciones económicas, políticas e institucionales al más alto nivel. “Necesitamos socios con capacidad, credibilidad y voluntad con los que, partiendo de una confianza mutua, España pueda estar más presente en la región en beneficio de todos”, subrayó Felipe VI ante el presidente de Angola, João Lourenço, en la capital, Luanda, este martes. La elección de Angola como destino tiene relevancia al ser el primer país del África subsahariana que visitan los monarcas. “Angola es para España un país prioritario por su estabilidad política y social; por sus recursos y buenas perspectivas económicas, y por su activa diplomacia regional y multilateral”, incidió el Rey en su discurso en el palacio presencial.

El avión de la Fuerza Aérea Española aterrizó sobre las 20.15 de este lunes en el aeropuerto Quatro de Fevereiro. Junto a los Reyes han viajado el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, como parte de la delegación española de una visita que se ha prolongado hasta la tarde de este miércoles. La agenda oficial de los reyes arrancó este martes en el memorial a Agostinho Neto, un mausoleo en recuerdo del primer presidente de Angola tras su independencia de Portugal, y fallecido en Moscú cuatro años después de tomar posesión de su cargo. Tras mostrar sus respetos, los monarcas se dirigieron al palacio presidencial de Luanda, donde fueron recibidos con honores por representantes de los tres ejércitos. Una vez dentro, el jefe del Estado y el presidente de Angola firmaron tres acuerdos de cooperación diplomática, industrial y de promoción deportiva. “[España] asumirá la presidencia rotativa de la UE en el segundo semestre”, recordó João Lourenço, reelegido mandatario de Angola el pasado verano. “Me gustaría que incluyera a Angola en la agenda de financiación de los países que carecen de recursos por las dificultades persistentes de la pandemia”, solicitó el mandatario al Rey. Fuentes de Exteriores avanzan que Felipe VI jugará también un papel durante la Presidencia europea.

España importa de Angola, un país con una enorme desigualdad, principalmente petróleo —un 98% del producto que llega del país es crudo—. Mientras que las exportaciones se refieren principalmente a maquinaria pesada. Unas 40 empresas españolas operan además en el país subsahariano, dedicadas en su gran mayoría a proyectos de infraestructuras y desarrollo energético, sectores que presentan importantes oportunidades al ser un país con necesidades en estos ámbitos. Entre las firmas se encuentran Elecnor, Airbus, Indra y Navantia. Las inversiones, que sufrieron un fuerte frenazo por la caída del precio del petróleo y el mazazo de la pandemia, vuelven a reactivarse ahora. De hecho, el Gobierno de Lourençao ha promovido un plan nacional para avanzar en el desarrollo del país. Para el que necesita de inversión extranjera.

“Con este viaje esperamos consolidar la colaboración bilateral existente y animar a las empresas españolas a que aporten su conocimiento, su capacidad y su tecnología en beneficio de todos”, ha afirmado Felipe VI, este miércoles, en un foro económico al que han asistido un centenar de empresarios, entre españoles y angoleños, interesados en la actividad de la región, y en el que también ha estado presente Garamendi. “Las empresas españolas podrán aportar su experiencia y su profesionalidad, pudiendo ser así de gran utilidad para generar los mejores resultados a corto, medio y largo plazo”, ha proseguido el jefe del Estado.

Toda la visita ha transcurrido en Luanda, una ciudad de enormes contrastes, salpicada por modernos edificios de más de diez plantas junto a barriadas desfavorecidas con viviendas precarias. Caminando por el paseo marítimo del centro, una enorme y solitaria pancarta recibe al viandante: “Hola Madrid”. El cartel publicitario corresponde a la nueva línea directa que la compañía nacional angoleña —Taag— inauguró el pasado otoño junto a Iberia, y que conecta Luanda con Madrid. Una muestra más de los dos estados por estrechar lazos y a la que se ha referido en varias ocasiones el Rey en sus intervenciones.

El Rey durante su visita a la Asamblea Nacional de Angola, este miércoles.
El Rey durante su visita a la Asamblea Nacional de Angola, este miércoles.CASA DE S.M. EL REY/FRANCISCO GÓMEZ (CASA DE S.M. EL REY/EFE)

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Por su parte, el ministro de Exteriores anunció este martes que la próxima semana se trasladará a Adís Abeba (Etiopía) para intervenir en la Cumbre de la Unión Africana. “Me dirigiré al Consejo de la Unión Africana precisamente para pulsar el sentir de África”, aseveró José Manuel Albares. Fuentes del Ministerio destacan la necesidad de que España se afiance como un país de referencia en África, y cooperar así en atajar los problemas endémicos de la zona, como la inmigración irregular, la presencia rusa del Grupo Wagner o la hambruna. Un continente con el que España comparte fronteras.

“España sigue con atención y gran interés los profundos cambios y transformaciones que se están produciendo en este continente”, ha sostenido el Rey este miércoles en otra intervención solemne ante la Asamblea Nacional, en el que ha sido su tercer discurso como monarca en un Parlamento, y en el que ha subrayado “la necesidad de trabajar juntos por la preservación de la paz y la seguridad mundiales”. Unas palabras que llegan en medio de la ofensiva de Rusia sobre Ucrania, que “se recrudecerá en los propios días”, inciden fuentes de Exteriores. Tanto Felipe VI como Lourençao han manifestado la facilidad de entendimiento al compartir lenguas hermanas. Un factor con el que no cuentan otros países de la zona. Y un acercamiento que permite a Angola ir más allá de las relaciones con Portugal.

El esfuerzo como socios “prioritarios” se refleja, a su vez, en que la visita de Felipe VI es la primera de un monarca occidental a Angola en su historia reciente. También es la primera de un jefe de Estado tras la toma de posesión de Lourençao desde este verano. El dirigente angoleño recibió a su vez en abril de 2021 al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Hasta ese momento, ningún jefe del Ejecutivo español había viajado al país africano. Fue en 1992, cuando el expresidente Felipe González estuvo en Angola en plena guerra civil. Mariano Rajoy tenía prevista otra cita, pero los problemas con el procés impidieron que llegara a término. La delegación encabezada por los Reyes supone así otro avance en el “camino” que ambos países pretenden recorrer de la mano.

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Enrique López se prepara para abandonar el gobierno de Díaz Ayuso en Madrid

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (c) junto con sus consejeros de Justicia e Interior, Enrique López (2d) y Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (d) asiste al acto de conmemoración del XXV aniversario de la creación del Centro de Emergencias Madrid 112 celebrado este martes en la Casa de Correos.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (c) junto con sus consejeros de Justicia e Interior, Enrique López (2d) y Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (d) asiste al acto de conmemoración del XXV aniversario de la creación del Centro de Emergencias Madrid 112 celebrado este martes en la Casa de Correos.MARISCAL (EFE)

Enrique López, consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, ha renunciado a su condición de afiliado del PP como paso previo a una posible vuelta a la judicatura. El exmagistrado del Tribunal Constitucional, marcado por no haber apoyado explícitamente a Isabel Díaz Ayuso en su guerra con Pablo Casado, no abandonará inmediatamente el Ejecutivo, según fuentes populares, pero lo deja todo listo para hacerlo en el caso de que no repita como consejero tras las elecciones autonómicas del 28 de mayo.

“Prepara su vuelta a la judicatura para después de las elecciones, si es que no sigue en política”, explica una fuente que cuenta con la confianza de la presidenta regional. “Los jueces no pueden estar afiliados a partidos políticos”, recuerda. Y puntualiza: “Para ser consejero no hace falta estar afiliado”.

López quedó desplazado del núcleo de máxima confianza de Díaz Ayuso en junio, cuando la presidenta eligió a Enrique Ossorio como vicepresidente regional, un puesto que ocupaba de facto el exmagistrado. Fue la constatación de que había perdido la oreja de la líder, tras jugar un papel clave en la confrontación del gobierno regional con el central durante la pandemia, pues no hubo recurso judicial que presentara Madrid sin que antes lo revisara López.

“He solicitado mi baja como militante en el PP, lo cual no significa en absoluto renunciar a la defensa de los principios y valores que representa la ideología del partido”, explica el propio López a través de un audio enviado a los medios de comunicación tras la noticia adelantada por Abc. “De esta decisión personal ya era conocedora la presidenta Isabel Díaz Ayuso, y esto me va a permitir seguir trabajando, mientras cuente con su confianza, con mayor ahínco y con mayor entrega en el gobierno”.

La salida de Casado como líder del PP dejó a López en una posición precaria. El que fuera líder de los conservadores entre 2018 y 2021 fue quien lo aupó hasta la consejería del primer gobierno de Ayuso, y tras una carrera judicial marcada por la proximidad de López al PP. Mientras la mayoría de consejeros de Ayuso mostraban su apoyo a la presidenta en plena guerra civil contra la dirección nacional, ni él, ni el titular de Transportes e Infraestructuras, David Pérez, ni el consejero de Administración Local y Digitalización, Carlos Izquierdo, lo hicieron.

Todos quedaron señalados. Una circunstancia que abrió una herida en el gobierno regional que la presidenta no quiso agravar con destituciones inmediatas que fueran interpretables como ajustes de cuentas. El tiempo, concluyó la líder conservadora, haría el mismo trabajo por activa o por pasiva, y sin ningún escándalo.

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Es justo lo que ha pasado. Con la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia nacional del PP, López perdió la secretaría de justicia que le había encomendado Casado en enero de 2020, puesto en el que sustituyó al exministro Rafael Catalá. El ascenso de Ossorio en el gobierno de Madrid le restó poder interno. Y ahora la proximidad de las elecciones del 28 de mayo le ha empujado a tomar una decisión que allana su retorno a la judicatura. Una vuelta a la toga que, en realidad, siempre ha dependido de Ayuso, como ocurre con la posible salida del titular de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero, hacia la candidatura a la alcaldía de Pozuelo de Alarcón, puesto para el que el PP también había tanteado a López.

Si la líder conservadora gana las elecciones y forma gobierno, será ella quien decida uno a uno el nombre de los consejeros. Y si en 2021 Díaz Ayuso apostó por dar continuidad al equipo con el que había llegado al poder en 2019, ahora todo apunta a lo contrario: borrón y cuenta nueva en varias carteras.

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El Supremo reduce de ocho a seis años de prisión una condena por agresión sexual a un menor con la ‘ley del solo sí es sí’

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Manifestantes frente al Tribunal Superior de Justicia el día de la sentencia de La Manada en Madrid.
Manifestantes frente al Tribunal Superior de Justicia el día de la sentencia de La Manada en Madrid.Andrea Comas

En plena tormenta política entre PSOE y Unidas Podemos a raíz de la proposición de ley presentada por los socialistas en el Congreso para reformar la ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del solo sí es sí, el Tribunal Supremo notificó ayer una nueva rebaja de pena a un agresor en aplicación de la ley impulsada por el Ministerio de Igualdad. La Sala de lo Penal ha reducido de ocho a seis años de prisión el castigo impuesto a un hombre que agredió sexualmente a un menor de 12 años, al concluir que la ley del solo sí es sí resulta más favorable para el acusado en este caso y se le debe aplicar retroactivamente. La bajada de penas en las agresiones a menores en la que se ha basado el Supremo para tomar su decisión es una de las que se eliminará si prospera la propuesta socialista, que eleva el castigo mínimo de seis a ocho años para esos supuestos (agresiones con penetración).

La sentencia del Supremo consolida la jurisprudencia del alto tribunal en una de las casuísticas más habituales con las que se están encontrando los tribunales: casos en los que el agresor fue condenado en su momento a la pena mínima posible, pero la ley ha reducido el castigo mínimo para ese delito, aunque el que le impusieron entonces siga dentro de la horquilla prevista en el nuevo Código Penal. La Fiscalía se había opuesto a la rebaja siguiendo las directrices marcadas por el fiscal general, que aconsejó rechazar las reducciones de penas cuando la impuesta fuera también posible con el nuevo Código Penal. No obstante, en el escrito presentado en el alto tribunal, el fiscal admite que la petición de la defensa no era “disparatada” y encajaba en el criterio que ya ha ido fijando el Supremo en las últimas semanas.

Los hechos sobre los que se ha pronunciado el Supremo ocurrieron en enero de 2021 en Madrid, cuando el acusado contactó con el menor a través de la red social Instagram y se citó con él en un parque. Se besaron en los labios y el hombre masturbó al chico, le hizo una felación y le pidió que le hiciese una penetración anal, aunque esta no llegó a culminarse. El hombre intentó quedar de nuevo con el menor, pero la cita no se produjo, aunque sí intercambiaron mensajes que, a la postre, sirvieron para incriminar al acusado. Fue el hermano del niño, que era mayor de edad y había mantenido relaciones con el mismo hombre cuando era menor, el que le llevó a denunciar los hechos.

Antes de la ley del solo sí es sí la Audiencia Provincial de Madrid calificó los hechos como abuso sexual con penetración, castigados con entre ocho a 12 años de prisión. El tribunal optó por imponer la pena mínima, al aplicar la atenuante de reparación parcial del daño (el hombre había consignado antes del juicio 3.000 euros para una eventual responsabilidad civil) y teniendo en cuenta la “madurez relativa” del menor y su consentimiento para realizar los actos de naturaleza sexual. Según la Audiencia, este castigo de ocho años sancionaba los hechos “suficiente y adecuadamente”.

La sentencia del Supremo explica que la nueva ley marca ahora para estos casos una pena de seis a 12 años de prisión, pero al aplicar la atenuante la pena sería de seis a nueve años. Según el Supremo, los criterios que llevaron a imponer la pena mínima se mantienen “por su activo consentimiento en la relación sexual objeto de condena”.

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Con este caso, son ya más de 460 las reducciones de pena concedidas por los tribunales en aplicación de la ley de libertad sexual, según los datos que han ido facilitando los propios tribunales. Aunque posiblemente el número sea más elevado porque no todos los tribunales superiores están difundiendo sus datos.

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