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“No somos cromos ni marionetas”

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El futuro Gobierno de los jueces está harto de tanta espera: “No somos marionetas de la clase política, ni cromos intercambiales. Están jugando con nosotros”. Esta queja procede de algunos de los 51 jueces que recabaron hace cuatro años los apoyos de sus compañeros —hay 5.300 profesionales en España — para aspirar a formar parte del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que debía renovarse en diciembre de 2018.

Desde entonces, estos jueces esperan a que el PP acepte votar a 12 de ellos en el Congreso y en el Senado para integrar el nuevo CGPJ junto a ocho juristas de reconocido prestigio. El PP lleva cuatro años negándose a elegir entre esos 51 jueces a 12 vocales para el nuevo Consejo y sin sus votos, el PSOE no puede sumar los tres quintos necesarios para la renovación.

Entre los 51 jueces que eligieron los propios jueces para formar parte de las candidaturas que deben votarse en el Congreso y el Senado ya hay al menos ocho bajas entre fallecidos (César José García Otero); jubilados (Jesús María Calderón y Lucía Ruano); aspirantes que han renunciado (Victoria Rosell, Luis Rodríguez Vega y José María del Riego) y otros que fueron elegidos para otros cargos (Inmaculada Montalbán, ahora magistrada del Constitucional, y Diego Íñiguez, actual consejero del Tribunal de Cuentas).

EL PAÍS ha consultado a cerca de la mitad de los aspirantes que siguen en la carrera, quienes se lamentan de la situación.

Los jueces que propuso en 2018 la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria de la carrera, creen que se ha llegado a una situación crítica que amenaza con minar la confianza de los ciudadanos en la justicia. No quieren señalar a responsables concretos, pero hablan de fracaso de la política.

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El magistrado del Supremo José Antonio Montero recuerda que su Asociación Profesional de la Magistratura tenía un programa y planes para el Consejo: “Lo peor no es no haber tenido ocasión de llevarlos a cabo sino la situación del Supremo, que resulta insostenible por la cantidad de vacantes sin cubrir”. El Gobierno aprobó en 2021 una reforma legal que prohibía hacer nombramientos a un Consejo del Poder Judicial con el mandato caducado y eso ha provocado que más de una decena de magistrados del Supremo que se han jubilado o fallecido no hayan sido sustituidos.

Moreno, como la mayoría de los candidatos que propuso la APM, defiende que los 12 vocales judiciales del Consejo sean elegidos directamente por los jueces sin participación del Congreso y el Senado. Aunque también precisan que en este momento hay que aplicar la ley vigente, en la que las cámaras eligen entre los candidatos propuestos por los jueces.

José Luis Núñez, juez decano en Vitoria durante 12 años, subraya que nadie puede tener dudas porque “la Ley, guste o no, hay que aplicarla, y ahora lo determinante es que haya un acuerdo de tres quintos de los diputados”, para lo cual “tienen que ceder unos y otros”. Núñez cree que la dimisión del presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, podría ser “un revulsivo” para acercar el acuerdo.

José María Páez, juez decano en Málaga, estima en cambio que para tener grandes consecuencias “la dimisión tendría que ser colectiva, de todos los miembros del Consejo”.

Alejandro Abascal, juez de la Audiencia Nacional, afirma: “Hay que renovar el Consejo con las normas vigentes, y que el nuevo haga una propuesta con el mayor consenso posible sobre cómo se deben elegir los 12 vocales judiciales. Estamos en una situación en la que ya hemos tocado fondo, porque se está haciendo un daño muy grande a las instituciones”.

Reyes Vila, juez de lo contencioso en Sevilla, afirma que “toda la carrera está paralizada” y lamenta la forma de negociación entre partidos, lo que la hace exclamar: “¡Yo no soy un cromo!”. Su conclusión es que “hay que cambiar el sistema de elección”.

Desde la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), considerados los centristas de la carrera, se aportan criterios similares. Mónica García de Yzaguirre, magistrada de la Audiencia de Tenerife, habla de “pérdida de oportunidades profesionales”, porque aspira a una plaza en el Supremo y desde hace un año y medio el Consejo no puede hacer nombramientos.

José Antonio Baena, juez de primera instancia en Torremolinos, y también de la Francisco de Vitoria, describe la situación como causante de “frustración y parálisis” en la carrera judicial. “Cuatro años sin renovación del Consejo no tiene justificación alguna. No somos muñecos ni juguetes de nadie”. Considera que la responsabilidad alcanza tanto al PSOE como al PP, porque “han mostrado hacia nosotros una falta absoluta de respeto”. Añade que “desde el PP siempre hay una excusa, ha cambiado de líderes pero todo sigue igual”, mientras “hay en todas partes y en particular en el Supremo nombramientos inaplazables”.

Todos los vocales del futuro Consejo tendrán dedicación absoluta, por lo que los elegidos que no vivan en Madrid tendrán que trasladar allí su despacho. Carlos Suárez-Mira, juez del Juzgado de lo Penal 3 de Ferrol, que se presentó con el aval de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD), lamenta la existencia de vetos políticos a los candidatos. “Los 51 somos compañeros de carrera. Todos tenemos una formación similar que es buena y podríamos hacer un papel razonable en el órgano de gobierno”, señala. “No se puede paralizar el funcionamiento de un órgano por un empecinamiento personal que veta a unos o se empeña en que vayan otros. Eso no es serio”, señala Suárez-Mira.

“Hay candidatos con perfiles muy politizados del grupo conservador y nadie se echa las manos a la cabeza. Lo normal sería elegir proporcionalmente entre unos y otros, salvo que el empeño sea meter unos nombres en concreto y vetar otros. Es presumir la politización en el ojo ajeno y negarla en el propio”, lamenta Ignacio Martín Verona, que actualmente está en la Audiencia Provincial de Valladolid y se presentó a vocal del CGPJ también con aval de JJPD. “Todos tenemos ideología, otra cosa es que esta ideología implique un sesgo en tus decisiones”, afirma.

Carlos Hugo Preciado, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y también avalado por JJPD, coincide en que la idea de que los jueces deben ser “desideologizados” es “un mito que quiere transmitir el PP”. “Pero es mentira. Otra cosa es que la ideología se traduzca en militancia política. Eso es inaceptable. Pero es que es justo lo que buscan ellos: militantes políticos en plazas de gobierno del Poder Judicial”.

Preciado se muestra muy crítico con el bloqueo del PP, que él califica de “golpe de Estado”. “Un golpe blando porque no hay tanques. Pero hay una apropiación de una institución absolutamente fuera de las vías legales e inconstitucional. El PP quiere que se cambie el sistema de designación, pero ese sistema es el creado por Ruiz Gallardón [ministro de Justicia en el Gobierno de Mariano Rajoy] y diseñado para Carlos Lesmes. También quieren que los jueces elijan a los jueces, pero es que yo soy candidato porque me ha elegido mis compañeros en un proceso electoral”.

“El PP ha calculado esta estrategia y ha comprobado que no le pasa factura electoralmente. Y yo creo que tenemos que recuperar las instituciones. No se puede permitir en un país democrático que esto ocurra”, lamenta este juez.

Virginia Moreno, actualmente en un juzgado de lo Penal de Ciudad Real, se define como una juez “de trinchera”. En 2018, cuando decidió presentar su candidatura sin el respaldo de ninguna asociación, no tenía avales suficientes de su entorno y se puso manos a la obra para lograr su objetivo. Empezó a telefonear personalmente a otros compañeros de toda España —a “otros jueces de pueblo”— para que le dieran su apoyo. “Me presenté porque estaba un poco harta de lo que se oía en la calle, de lo que hablamos entre los compañeros: que es un órgano muy politizado, y que no estamos representados”.

Las magistradas Lucía Avilés, Adoración Jiménez y Mar Serna, de la Asociación Mujeres Juezas de España (AMJE), se marcaron como objetivo incorporar una visión más feminista al CGPJ, y presentaron sus candidaturas. “Para hacer más visible la necesidad de igualdad en la carrera”, remarca Serna, cuyo nombre sonó con fuerza como uno de los elegidos cuando estuvieron a punto de cerrar un acuerdo.

Avilés, jueza de lo Penal en Mataró, insiste en la misma idea: “Denunciamos el techo de cristal en la judicatura y era necesario visibilizarlo, tanto hacia dentro del Consejo como hacia fuera”, apunta la jueza, que muestra su “desconcierto” e “inquietud” por la parálisis del proceso de renovación, que llega a definir como una “anomalía democrática” y como “el secuestro político de una institución”.

En esa línea, Adoración Jiménez, jueza de lo social en Terrassa, considera “frustrante” esta situación: “Nosotras tres entendemos que el órgano de gobierno de los jueces necesitaba esa visión feminista que nosotras podemos incorporar”. “Como jueza y ciudadana, entiendo que es imprescindible que se renueve el CGPJ porque estamos hablando de un órgano constitucional y, no hacerlo, implica un déficit democrático. Es imprescindible cumplir los plazos que marca la Constitución”, subraya esta magistrada, que añade: “Ahora mismo no caben más excusas para cumplir con un mandato constitucional, al margen de si después se tiene que cambiar o no el sistema de renovación, que es un debate que le corresponde al legislativo”.

Mar Serna pone el foco en cómo han sido anteriores renovaciones: “Cuando el PP ha estado en la oposición, se ha tardado 22 meses, nueve meses y ahora cuatro años en renovar. Cuando el PSOE ha estado en la oposición, tres meses. Estos son datos objetivos, que demuestran algo”, apunta la magistrada, quien fuera consejera de Trabajo en el Govern catalán de José Montilla y titular actualmente de un Juzgado de lo Social de Barcelona.

José Fernández Seijo (juez de lo Social del TSJ de Cataluña) e Ignacio Espinosa (del TSJ de La Rioja). Fernández Seijo admite: “No me genera estrés el stand-by”, afirma, pero sí lamenta el “deterioro” que está sufriendo la justicia como consecuencia de esta situación. “El órgano lleva interino cuatro años y no se aprueban proyectos estratégicos, no se impulsan cambios para modernizar la justicia”, apunta, y se rebela contra la imagen de politización de la justicia que dan los partidos. “Yo tengo curriculum, no soy una marioneta, llevo 30 años en esto y no necesito tener un padrino político para aspirar en ser vocal”.

Pocos han vivido tan en primera persona ese intento de politizar su carrera como Ignacio Espinosa, tío del ministro Alberto Garzón. Fue durante 13 años presidente de la sala de lo Social del TSJ de La Rioja, y durante 16, presidente del tribunal superior, pero cuando se habló de él como un candidato seguro para el CGPJ, el PP amagó con vetarlo y algunos medios publicaron que Podemos quería “colocar” al tío del ministro. “Hice las oposiciones con 24 años. Me nombraron presidente de la sala de lo Social con 36, cuando mi sobrino tendría tres o cuatro. Cuando me eligieron presidente del TSJ, él tendría 16 o 17. Pero luego resulta que es cosa suya que yo pueda acceder al Consejo”, ironiza.

“De la lista de 51 podrían elegir a cualquiera, yo casi del 60% soy amigo, y de los otros, conocido y compañero a los cuales respeto. Somos igual de diversos que la sociedad“, señala Espinosa, que lamenta que la imagen que cala en la sociedad es la de que los jueces están politizados. “Cada vez que la gente de la calle oye hablar de los jueces en realidad está oyendo hablar de partido políticos. Es una batalla perdida”.

Los miembros de JJPD defienden el sistema de elección actual, con la intervención del Congreso y el Senado, aunque algunos abogan por debatir cambios cuando se renueve el actual Consejo para evitar futuros bloqueos. “Yo me presenté a unas primarias en mi asociación, presente un proyecto y me votaron. Lo mío no es una aventura personal de juntar a 25 amigos que me firman para defender sus intereses personales. Me he sometido a una elección” explica Fernández Seijo. Virginia Moreno, que se presentó como no asociada, discrepa y cree que el origen del problema es el propio sistema de renovación: “Habría que reformar el sistema de elección de los vocales. Una parte debe ser por elección directa de los jueces”, señala.

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Ayuso se desmarca de Feijóo y celebra la bajada del paro en Madrid pese a que el PP sostiene que las cifras están maquilladas

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Alberto Nunez Feijoo, presidente del Partido Popular, e Isabel Diaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP Regional, en un mitin celebrado el pasado 26 de noviembre.
Alberto Nunez Feijoo, presidente del Partido Popular, e Isabel Diaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP Regional, en un mitin celebrado el pasado 26 de noviembre.Olmo Calvo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado este viernes los datos del paro en Madrid, lo que entra en contradicción con la línea argumental del PP nacional, que pone en duda esa estadística porque la considera “maquillada”. “Cae el paro en la Comunidad de Madrid, y lo hace el doble que en el conjunto de España”, ha escrito en Twitter la líder conservadora, dando por buenos unos registros que su partido está intentando emplear para abrir un nuevo frente contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Ayuso ha sido la única presidenta autonómica del PP que ha celebrado este viernes la bajada del paro en su comunidad, coincidiendo con que el Grupo Parlamentario Popular ha registrado este viernes en el Congreso una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a modificar las estadísticas de empleo por la contabilidad de los fijos discontinuos. El Ministerio de Trabajo recuerda por su parte que la catalogación de los fijos discontinuos en el SEPE (antes INEM) está definida en una orden ministerial desde hace 37 años, y no se ha alterado desde entonces. “Me gustaría pedirle a la derecha que dejen de ejercer el trumpismo en materia laboral y  económica”, ha contestado muy dura la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

Cae el paro en la Comunidad de Madrid, y lo hace el doble que en el conjunto de España.

Es la región donde más empleo se ha creado en noviembre: 34.000 nuevos puestos de trabajo.

— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) December 2, 2022

Ante esa contradicción entre Ayuso y la línea marcada por la dirección nacional, el PP se ha lanzado este viernes a protagonizar un difícil ejercicio de equilibrismos. Para intentar conciliar la denuncia de que los datos del paro no son creíbles con la celebración del balance en Madrid, los portavoces conservadores han venido a emplear la parábola de la báscula rota: aunque el peso que arroje sea erróneo, si siempre se usa la misma báscula acaba reflejando una tendencia de fondo que sí es creíble.

“Que dude el PP de datos no es contradictorio con que presumamos de los datos que hay”, sostiene una fuente del equipo de confianza de la presidenta regional. “Y cuando salgan los verdaderos, serán mejores”, apostilla. Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, defiende que “hay organismos independientes que denuncian que el Gobierno miente con las cifras de parados, que los esconde”. “Lo que no se puede esconder son los datos de creación de empleo, o de puestos de trabajo”, incide, distinguiendo entre los datos que sí se cree la formación conservadora, y los que no. “Que no nos creamos las encuestas de Tezanos no significa que estas a veces no se acerquen al resto. No hay ninguna discrepancia en el seno del PP”. “No es contradictorio”, ha remachado el portavoz parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid, Pedro Muñoz Abrines. “La situación afecta a todo el país, pero en Madrid sí se crea empleo, lo que significa que la economía madrileña va mucho mejor que en el resto del país”.

También el consejero de Economía y Hacienda de Ayuso, Javier Fernández-Lasquetty, se ha visto obligado a intentar coincidir al mismo tiempo con la tesis de la líder regional y de la dirección nacional. “Madrid sigue tirando para adelante y tirando de toda España, pero hay otro punto que es necesario aclarar”, ha aseverado. “El Ministerio de Trabajo tiene que publicar las cifras de las personas que no figuran como desempleados, pero sí están buscando empleo, porque tienen un contrato discontinuo. [La ministra] Yolanda Díaz los ha puesto en otro sitio”.

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Fuentes de Génova sostienen, por su parte, que Ayuso “hace bien” en celebrar la bajada del paro en Madrid porque está siguiendo la estadística oficial, aunque el PP la discuta. “Si cambian la metodología de cómputo a lo mejor ese tipo de aseveraciones no se pueden hacer”, afirman estas fuentes, “pero ahora es lo que hay”, precisan. Ayuso no avisó a Génova de que publicaría un tuit felicitándose por la bajada del desempleo el mismo día que el PP denuncia el “maquillaje” de la estadística, pero en la dirección nacional insisten en que ese no es el debate, sino qué pasa con los parados en España.

Los populares han registrado este viernes una proposición no de ley en la que instan a modificar y “adaptar a la realidad” las estadísticas de empleo publicadas por el SEPE. En el texto, firmado por los diputados Jaime de Olano, Mario Garcés y Diego Movellán, inciden en que los contratos fijos discontinuos que se han disparado con la nueva reforma laboral “no han creado más trabajo, sino que han sustituido un tipo de contrato [el temporal] por otro [el fijo discontinuo] para cubrir las mismas necesidades temporales”. Los diputados reconocen que los fijos discontinuos son “técnicamente contratos indefinidos” y “tienen más garantías para un trabajador que un contrato temporal, como antigüedad o mayor indemnización en caso de despido”, pero denuncian que la situación del trabajador al final “es igual de inestable”.

El PP admite que esta modalidad de contrato de trabajo “no es nueva y siempre se ha contabilizado de la misma manera a efectos estadísticos”, dice el texto de la proposición no de ley registrada, lo que choca con la tesis expresada por Alberto Núñez Feijóo de que se trata de cifras alteradas. Pero argumentan que, al haberse limitado los contratos temporales, los fijos discontinuos se han disparado. Y la diferencia con la situación anterior a la reforma a efectos estadísticos, según el PP, es que mientras el trabajador temporal contabiliza como parado cuando se extingue su contrato, el fijo discontinuo, “aunque esté en su casa sin trabajar, sin cotizar y cobrando el paro, no cuenta como parado a efectos de las estadísticas, sino como ocupado”. Pero la cuestión es que antes tampoco contaba como parado, porque siempre se ha contabilizado igual a los fijos discontinuos. Solo que ahora hay muchos más.

Fuentes del Ministerio de Trabajo recuerdan que la catalogación de las personas con contrato fijo discontinuo en el SEPE (antes INEM) está definida en una Orden Ministerial de 11 de marzo de 1985, esto es, hace 37 años. La reforma laboral no afectó a esta normativa que lleva vigente cuatro décadas, lo que incluye 14 años de gobiernos del Partido Popular. “El SEPE ahora y antes el INEM contabiliza a las personas con contrato fijo discontinuo, cuando están en un periodo de inactividad, como demandantes de empleo no parados”, afirma Trabajo.

El criterio en todos los casos, recuerda el Ministerio, es que se considera demandantes no parados a las personas que no están buscando activamente un empleo o que no están en disponibilidad de aceptar una oferta de forma inmediata. Las personas con un contrato indefinido fijo discontinuo tienen activa una relación laboral con su empleador, como las que están en ERTE, por ejemplo, y por eso no se les registra como desempleadas. Y ponen un ejemplo: “Una profesora que termina el curso escolar el 30 de junio y empieza el siguiente curso el 1 de septiembre y tiene un contrato indefinido fijo discontinuo no busca empleo en julio y agosto, espera a que empiece el curso escolar para reincorporarse a su puesto de trabajo y, por lo tanto, no es una desempleada”.

“Me gustaría pedirle a la derecha que dejen de ejercer el trumpismo en materia laboral y  económica”, ha cargado la vicepresidenta Yolanda Díaz este viernes. “Me gustaría que por primera vez el señor Feijóo se pueda alegrar de que los datos de paro en su país, quedando mucho por hacer, son positivos”, ha pedido la titular de Trabajo en conferencia de prensa tras reunirse con organizaciones de defensa del derecho a la vivienda. “Estoy segura de que el señor Feijóo y la derecha de nuestro país no piensan que en Galicia, en Madrid o en Andalucía se han maquillado los datos de paro”, ha enfatizado Díaz, quien ha recordado que la competencia en el registro de estas cifras es autonómica y el SEPE solo se encarga de “recepcionarlas”. La vicepresidenta ha afeado al líder popular que “cuestione” también el PIB o los datos de inflación. “Lo que un dirigente debe hacer es valorar las cosas que en su país se están haciendo de manera positiva. Entiendo que es difícil cuando alguien ha calificado las medidas que están cambiando la vida de la gente como ‘timo ibérico’, pero le pido a la derecha que esté a la altura de las circunstancias y deje de hacer trumpismo”, ha exhortado. “Esto no pasa en ningún país de nuestro entorno (…) es gravísimo”, ha denunciado Díaz, quien acusa al PP de tratar de “impugnar  la institucionalidad”, informa Paula Chouza.

La denuncia del PP sobre el paro no es nueva ―Feijóo denunció el “maquillaje” del paro el pasado mes de junio, al poco de llegar a la presidencia del PP―, aunque ahora los populares la llevan al Congreso. En junio, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, contestó al líder del PP que no está “preparado para gobernar” con esas aseveraciones, porque “los fijos discontinuos no son parados, pero no ahora, por la reforma laboral, sino desde hace 25 años”, remarcó Díaz. “Son contratos de calidad, que cotizan en todos sus extremos, que son estables y que son garantía de derechos para los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país”, defendió. Esta semana, Feijóo ha vuelto a la carga denunciando la “doble contabilidad en el paro”, y su secretaria general, Cuca Gamarra, ha insistido en que el Gobierno “busca triquiñuelas” para “ocultar los verdaderos datos del paro”.

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El nuevo fiscal jefe de Tráfico: “Los datos apuntan hacia un cierto repunte de la siniestralidad vial”

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El fiscal jefe de Seguridad Vidal, Luis del Río, en su despacho en Madrid.
El fiscal jefe de Seguridad Vidal, Luis del Río, en su despacho en Madrid.Andrea Comas

Luis del Río (Las Palmas de Gran Canaria, 59 años) se puso al frente de la Fiscalía de Seguridad Vial el pasado marzo. Con casi tres décadas de carrera a la espalda y una amplia experiencia en Anticorrupción y Siniestralidad Laboral, sustituyó en el cargo a Bartolomé Vargas, que se jubiló tras 15 años encabezando esta área del ministerio público. El canario llega en un momento complejo: la delincuencia vial aumentó en 2021 y generó el volumen de actividad judicial más alto de la última década; la movilidad crece y se sitúa ya en niveles previos a la pandemia; y, como indica Del Río, los datos provisionales de 2022 de la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre fallecidos en carreteras “apuntan hacia un cierto repunte de la siniestralidad”.

Pregunta. Si tuviéramos que hacer ahora una foto fija de la delincuencia vial en España, ¿a qué escenario nos enfrentamos?

Respuesta. Actualmente lo que se percibe es que, si bien durante la última década ha habido una mejora considerable en materia de seguridad vial y de movilidad en general, quizás en el último periodo del que tenemos datos oficiales, que es el año 2021, ha habido un pequeño retroceso. Un retroceso porque se han incrementado los asuntos incoados, las sentencias condenatorias dictadas y los escritos de acusación.

P. ¿Y a qué lo achacan?

R. No tenemos muy claro cuál es el motivo. Algunos expertos que se dedican al ámbito de la seguridad vial han querido ver una especie de efecto rebote tras estos años más duros de pandemia; sobre todo, de los periodos de confinamiento. Quizás, a un malentendido sentimiento de recuperación de la libertad.

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P. ¿Y la campaña de verano y los meses posteriores han confirmado esa tendencia?

R. Los datos que nos va facilitando la DGT confirman que, en cuanto a fallecimientos y lesiones de cierta entidad, sí ha habido un cierto incremento. Eso, según los datos provisionales de lo que llevamos de año. Habrá que esperar, no obstante, al final de año para hacer una evaluación más completa y objetiva. Pero los datos parece que apuntan hacia un cierto repunte de la siniestralidad vial en los últimos tiempos.

P. Usted afirma que se ha producido un cierto aumento de los delitos de peligro, ¿a qué tipo de delitos y actitudes se refiere?

R. Me estoy refiriendo a conducir a una velocidad excesiva, superando los límites que fija el Código Penal, que son 60 kilómetros hora y 80 kilómetros hora, según sea vía urbana o interurbana; y los delitos de conducción bajo el influjo de bebidas alcohólicas y de droga. También la conducción temeraria e incluso sin el permiso de conducir.

P. Hemos visto gente que se graba conduciendo de forma temeraria para después subir los vídeos a internet, ¿han detectado algún tipo de relación entre el aumento de la conducción temeraria y este fenómeno?

R. No tenemos conocimiento de que haya habido un estudio riguroso sobre esa cuestión. Pero sí parece que, a veces, esas ganas exacerbadas de exposición y de demostrar que se hacen cosas originales, llegan al absurdo de cometer conductas que ponen en peligro la vida de los demás. Y la vida propia también.

P. En la memoria de la Fiscalía se detalla que, pese a los esfuerzos realizados, la atención jurídica de las víctimas no es la debida en dependencias policiales, juzgados y oficinas de atención. ¿Qué deficiencias han detectado?

R. En los últimos años se ha producido una mejoría: se han duplicado esfuerzos, tanto del ministerio fiscal como de los órganos judiciales y la propia Policía. Pero todavía queda mucho camino por recorrer y quedan esfuerzos que realizar para que se dé cumplimiento al estatuto de la víctima. Por ejemplo, las Oficinas de Atención a las Víctimas de Delito deberían tener más en cuenta a las víctimas de los siniestros viales y prestarles mayor atención. Somos conscientes de que, en la mayor parte de los sitios, estas oficinas están empezando a instalarse ahora y llevan muy poco tiempo. Y somos conscientes de que no tienen excesivos medios: ni personales ni materiales. E indudablemente, para dar una debida atención, hace falta inversión. También, en materia de responsabilidad civil, tenemos un sistema de cálculo de las mismas [para pedir indemnizaciones] que, en algunos supuestos, es especialmente complicado y requiere de ciertas operaciones, a veces matemáticas, de cierta complejidad.

P. Unos sistemas matemáticos muy complicados para las víctimas.

R. Efectivamente, a veces no es fácil, sobre todo para la víctima. Necesita un asesoramiento especializado, sobre todo los casos más complejos, para poder determinar bien las cantidades a las que tiene derecho a la hora de reclamar.

El fiscal jefe de Seguridad Vidal, durante la entrevista con EL PAÍS.
El fiscal jefe de Seguridad Vidal, durante la entrevista con EL PAÍS.Andrea Comas

P. Su predecesor anunció en 2021 que trabajaban en un dictamen para analizar los puntos negros en las carreteras para dar una respuesta penal si los accidentes respondían a fallos en la construcción de las vías. ¿Han avanzado en ello?

R. Seguimos en ello. Lo estamos estudiando, pero es un tema especialmente complejo porque sería susceptible de tipificación en el artículo 385 del Código Penal, que es un tipo penal bastante complejo y que ha sido escasamente aplicado por los tribunales, y además las veces en que se ha aplicado ha sido en supuestos distintos a los que usted me plantea. Por lo tanto, requiere que continuemos estudiando debidamente esta cuestión.

P. Respecto a los patinetes eléctricos, la memoria de la Fiscalía también apunta la necesidad de un marco normativo claro, bien estructurado y territorialmente armonizado ¿Dónde se puede mejorar?

R. Esta es una materia, en principio, de carácter administrativo. Es decir, supera un poco nuestras competencias. Nosotros intervenimos cuando normalmente se ha producido algún delito. Recientemente se ha producido alguna reforma en la normativa: en el sentido de exigir mayores medidas de seguridad y, en todo lo que sean mejoras en la seguridad vial, van a tener nuestro apoyo. En el caso de los vehículos de movilidad personal, por una parte, son usuarios especialmente vulnerables respecto a otros vehículos, pero a su vez también los peatones son especialmente vulnerables respecto a los patinetes. Con lo cual, hay que buscar un equilibrio entre una normativa que permita la máxima seguridad de los usuarios de estos vehículos de movilidad personal y de terceros; y que, a su vez, no paralice iniciativas que puedan dar lugar a una movilidad más sostenible.

P. ¿Han detectado un aumento de los casos penales que involucren a patinetes?

R. Aunque no tenemos datos estadísticos separados referidos únicamente a esta clase de vehículos de movilidad personal, sí hemos observado en los últimos tiempos algunas actuaciones judiciales.

P. ¿Y representan un volumen preocupante?

R. No es que sea un volumen alarmante, pero sí que tienen cierta entidad. Quizás, lo que más nos preocupa a nosotros es que, al ser un fenómeno nuevo, a veces el encaje penal presenta algunas dificultades.

P. ¿A qué dificultades se refiere?

R. Que puedan ser considerados o no vehículos a motor, a efectos de aplicar los delitos de peligro. Porque, si bien en principio quedan al margen de estos al no reunir las características típicas que existen en estos delitos, a veces los usuarios o los fabricantes les introducen determinadas reformas que los potencian, haciéndolos asimilables a los vehículos que sí encajan en los tipos penales de peligro.

Repunte de fallecidos

A 1 de diciembre de 2022, los datos provisionales de la DGT sobre fallecidos en carretera suman 1.049 víctimas, un 14% más que en el mismo periodo de 2021, cuando se contabilizaron 918. Por tipo de vía, los muertos aumentaron especialmente en las convencionales, un 15%; frente al 13% que se registró en autopistas y autovías. Por edad, sube el grupo de las víctimas de mayores de 64 años, un 42%, con 202 fallecidos este 2022. Y, por tipo de vehículo, crecen en especial los siniestros mortales con turismos, un 17%.

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Jaén acogerá un centro tecnológico de seguridad de la Defensa, con 220 millones de inversión y 2.500 empleos en seis años

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En el invierno de 2021, la sociedad de Jaén se echó a la calle para rebelarse contra lo que consideraban el enésimo agravio sufrido por esta tierra: la elección de Córdoba para acoger el plan Colce del Ministerio de Defensa, cuando ya todas las instituciones locales se frotaban las manos por el supuesto compromiso previo que el Gobierno había alcanzado con Jaén. Este viernes, a punto de cumplirse dos años de aquellas protestas (inéditas en la historia más reciente de Jaén), el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado a esta tierra para una reconciliación con esta provincia. El dirigente socialista ha anunciado la elección de Jaén para acoger un centro tecnológico de seguridad de Defensa, uno de los proyectos “más emblemáticos” del Ejecutivo dentro de su plan de deslocalización de centros e instituciones.

“Durante años, Jaén ha visto pasar muchas oportunidades. Por eso, la deuda del Estado con Jaén tiene que saldarse, es momento de romper inercias históricas y de agravios injustificados”, ha señalado el presidente del Gobierno este viernes al presentar el Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex) del Ministerio de Defensa, que llega con una inversión anunciada de 220 millones de euros (financiado con fondos europeos de recuperación) y la creación de más de 2.500 empleos en un periodo de seis años.

“Queremos convertir a Jaén en motor de la investigación y la innovación con un centro que tendrá un efecto catalizador de inversión privada”, ha señalado Sánchez, que ha defendido esta inversión para la cohesión territorial. “Esto también es hacer patria”, ha enfatizado Sánchez. El Cetedex estará vinculado principalmente hacia la industria aeronáutica, como centro de experimentación antidrones, el desarrollo de sistemas de defensa y como centro de inteligencia artificial. Será posible gracias al convenio suscrito entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, y el alcalde de Jaén, Julio Millán. La capital jiennense ha cedido los terrenos para ubicar este proyecto en el polígono Nuevo Jaén, precisamente la superficie elegida en su día para albergar el fallido plan Colce.

La elección de Jaén para albergar este centro tecnológico de la defensa sirve también para limar asperezas políticas con el PSOE jiennense. El propio alcalde de la capital, Julio Millán (PSOE), calificó en su día como una “afrenta” del Gobierno de Sánchez que el Colce volara hacia Córdoba cuando ya había un compromiso previo con su gobierno municipal. Además del Colce, los socialistas de Jaén han criticado que la provincia haya estado en el furgón de cola de las inversiones en los dos últimos Presupuestos Generales del Estado.

“Actos como los de hoy tapan los momentos de más dificultades para los que nos dedicamos a lo público”, ha referido Francisco Reyes, presidente de la Diputación y líder del PSOE provincial. Desde el comité federal socialista en el que se forzó la dimisión de Sánchez, Reyes y el PSOE de Jaén estaban distanciados con la dirección federal del partido. Y ello a pesar de que el PSOE de Jaén ha defendido que en las últimas citas electorales esta provincia ha sido la de mayor apoyo porcentual hacia el PSOE en toda España.

La polvareda política y social que generó el fallido Colce en Jaén acabó en los tribunales y aceleró la aparición de partidos de índole provincial, como Jaén Merece Más, uno de los firmantes de la recién constituida Federación de la España Vaciada.

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