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La nueva cúpula de los Mossos se fractura a los nueve meses de suceder a Trapero

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De izquierda a derecha, la intendenta Rosa Bosch, el comisario jefe, Josep Maria Estela, y su segundo, Eduard Sallent.
De izquierda a derecha, la intendenta Rosa Bosch, el comisario jefe, Josep Maria Estela, y su segundo, Eduard Sallent.Albert Garcia

La nueva cúpula de los Mossos d’Esquadra se ha fracturado nueve meses después de suceder en el cargo al mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero. El actual jefe del cuerpo, Josep María Estela, exige al Departamento de Interior que cese a su segundo, Eduard Sallent, entre acusaciones de deslealtad, según diversas fuentes policiales consultadas. En el cuerpo se ha instalado la idea de que Estela es oficialmente el responsable de los Mossos, pero que en realidad Sallent es el jefe en la sombra. Fuentes del Departamento de Interior aseguran que Sallent es una persona de su total confianza, le definen como una pieza “clave”, niegan que se vayan a producir cambios y confían en que la situación entre ambos se reconducirá.

El 20 de diciembre de 2021, el consejero del Interior, Joan Ignasi Elena, cesó a Trapero como jefe de los Mossos. El mayor había sido absuelto por la Audiencia Nacional por la actuación de la policía catalana en el referéndum ilegal de 2017 y restituido en el cargo. En una decisión envuelta en la polémica, Elena lo apartó apenas un año después, junto a mandos considerados de su confianza. En su lugar, colocó a Josep María Estela, un discreto comisario de los Mossos que hasta entonces ejercía como jefe en Tarragona, con un segundo, Eduard Sallent, que ya había estado al frente como máximo responsable de la policía catalana. Una nueva estructura “coral”, en la que también incluyó a una mujer, la intendenta Rosa Bosch.

Nueve meses después, la apuesta del actual Departamento de Interior está en crisis. En julio, según diversas fuentes policiales consultadas, Estela se reunió con responsables de Interior y les planteó la destitución de Sallent. Tras las vacaciones de verano, insistió en la necesidad de cesar a su segundo, con el que no se entiende, si quieren que siga dirigiendo los Mossos d’Esquadra. La decisión recae en el consejero de Interior, Joan Ignasi Elena (ERC), que todavía se recupera de una operación urgente de vesícula.

La mala sintonía se palpa en el ambiente, explican diversas fuentes policiales. Desde el ejemplo más trivial —los dos comisarios se fueron a la vez de vacaciones en agosto— hasta cuestiones de más calado, como que Sallent haya quedado fuera de los tribunales que deben elegir a la nueva hornada de mandos de las oposiciones en marcha de inspectores, intendentes y comisarios. “Es vox populi, Estela no quiere que Sallent pueda elegir a los suyos”, explican fuentes policiales.

Los mandos de los Mossos consultados refieren detalles pequeños del día a día, de decisiones vinculadas a los recursos humanos, al decreto reestructuración del cuerpo que se está perfilando o a la gestión de la comunicación, como elementos que han ido socavando la relación entre los dos jefes. Uno con una trayectoria más operativa, como es el caso de Estela, ve en su segundo, con una carrera más de despachos, cierta porosidad que permite una mayor injerencia política en cuestiones que a su juicio no deberían tenerla, explican esas fuentes. “Hay decisiones que se ha encontrado hechas sin que nadie le consultase”, resumen fuentes policiales. “Tienen distintas visiones y tiempos”, indican fuentes de Interior. Estela es un hombre fuerte del consejero, mientras que Sallent es persona de total confianza del director de la policía, Pere Ferrer, y del jefe de gabinete, Raül Murcia.

Las consecuencias de esa falta de entendimiento, lamentan responsables de los Mossos, es que el cuerpo no acaba de despegar después de haber vivido la peor etapa de su historia y verse al borde de la disolución con el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. En cinco años, los Mossos han cambiado seis veces de jefe, contando la repetición de Trapero. “No les da tiempo a ponerse al día”, lamentan otros mandos policiales, que aseguran que el lógico deseo de impulsar cada uno su proyecto ha instalado a la policía catalana en cierta provisionalidad.

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Hasta donde deben llegar los políticos en su gestión es una cuestión delicada, de gran calado y profundidad en los Mossos d’Esquadra. Después de verse abocados a un duro proceso penal, un cuestionamiento público y una inequívoca utilización política durante el procés, la mayoría de los comisarios se unieron en una defensa numantina de sus competencias. Hasta el punto que diversas fuentes de Interior han criticado las dificultades de dirigir a la policía catalana.

Uno de los argumentos esgrimidos por el equipo de Elena para cesar a Trapero fue precisamente su supuesta impermeabilidad ante las directrices políticas. Una cuestión decisiva fue la gestión del protocolo de desahucios de la policía catalana. La consejería de ERC quería restringir al máximo la intervención de los antidisturbios, limitándola a los casos que se lo ordenasen los jueces, mientras que el mayor defendía que los expertos policiales podían enviarlos por decisión propia, según su propio criterio técnico. En todo caso, insisten fuentes policiales, un protocolo de trabajo no debería estar sujeto a directrices políticas. Ese protocolo sigue nueve meses después sin ser aprobado.

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La policía acordona la Embajada de Ucrania tras recibir una carta sospechosa con restos de sangre

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La Policía ha acordonado esta mañana la Embajada de Ucrania en Madrid tras la llegada a la legación diplomática de una carta sospechosa con restos de sangre, según han confirmado fuentes policiales. Esta misma mañana, el portavoz del Ministerio de Exteriores ucranio, Oleg Nikolenko, ha informado de que algunas de sus embajadas y consulados en Europa han recibido cartas amenazantes y “paquetes sangrientos” que contenían “ojos de animales”. Tras los seis paquetes con material pirotécnico controlados en España, han recibido este tipo de envíos sanguinolentos las embajadas ucranias en Hungría, Países Bajos, Polonia, Croacia, Italia, Austria, así como los consulados ucranios en Nápoles, Cracovia y Brno (República Checa). Ahora se suma España a esta oleada, que el ministro de Exteriores ucranio, Dmytro Kuleba, ha calificado de “planificada campaña de intimidación”.

Se trata de la segunda alarma en 48 horas en la Embajada de Ucrania, donde el miércoles llegó una misiva con material pirotécnico, que al ser abierta por un operario provocó una deflagración que le causó heridas leves en una mano. Cinco más fueron recepcionadas en embajadas, empresas e instituciones españolas. En este caso, según las fuentes consultadas, la carta no llevaba material pirotécnico sino restos de sangre y, según TVE, “restos de animales”. Las fuentes consultadas aseguran que aún no se ha hecho una revisión del contenido.

La carta sospechosa ha sido detectada sobre las 14.00 en el filtro de seguridad de la embajada, lo que ha llevado a que los efectivos de Policía Nacional presentes en la zona ordenasen el desalojo. “El hecho de que su franqueo no sea español, unido a sus características, podría relacionarlo con los envíos que se han interceptado en otras embajadas y sedes consulares de Ucrania en diferentes países de Europa”, han precisado fuentes del Ministerio del Interior español. Este ha confirmado que ha dado negativo a explosivos.

La policía ha comenzado a acordonar la zona sobre las 14.40, cuando han llegado los primeros furgones del Cuerpo Nacional de Policía a la rotonda que antecede a la Embajada. “Los paquetes en sí mismos estaban mojados con un líquido de olor característico y tenían un cierto hedor. Estamos estudiando el significado de estos mensajes”, ha indicado el Gobierno ucranio.

“Las embajadas y consulados ucranianos siguen recibiendo amenazas”, relata en un mensaje de Facebook Nikolenko y enumera: “Tras el atentado terrorista en España, las embajadas de Hungría, Países Bajos, Polonia, Croacia, Italia, Austria, los consulados generales de Nápoles y Cracovia, el consulado de Brno recibieron paquetes sangrientos. Los paquetes contenían ojos de animales. Los propios envases estaban empapados en un líquido de un color característico y tenían su correspondiente olor. Estamos estudiando el significado de este mensaje”.

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Además, explica que la residencia del embajador ucranio en el Vaticano fue “objeto de vandalismo”, mientras que la de Kazajistán recibió una amenaza de bomba que no fue confirmada. También la legación diplomática en Washington recibió un envío con “la fotocopia de un artículo crítico sobre Ucrania”. Según Nikolenko, la mayoría de los sobres procedían de “un país europeo”.

“Tenemos razones para creer que hay una campaña bien planificada de terror e intimidación de las embajadas y consulados ucranios. Incapaces de detener a Ucrania en el frente diplomático, intentan intimidarnos”, afirma el portavoz, aunque augura el fracaso de la campaña.

Fedwa Abi-Ayad, vecina de la Embajada de Ucrania en Madrid, ha detallado: “Cuando mi madre salía de casa a las 14.20 para recogerme de la Universidad es cuando han llegado los primeros furgones de la Policía”, comenta. A esa hora han desalojado legación. Algunos residentes de la calle del Sotillo, que conduce a la Embajada, no pueden acceder a sus viviendas porque un furgón de la Policía Nacional corta el acceso a la vía por motivos de seguridad.

Con información de Mariel Delgado y Eliona Rakipaj

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Cursach pide, tras quedar absuelto, penas de más de 30 años para los investigadores del caso que le llevó al banquillo

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Bartolomé Cursach ―el empresario de ocio nocturno de Mallorca que acaba de ser absuelto por una de las mayores investigaciones de supuesta corrupción empresarial y policial de España— pide penas de prisión de más de 30 años para cada uno de los principales investigadores del caso que le llevó a prisión preventiva y después al banquillo. El juez Manuel Penalva, el fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán, y cuatro agentes del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional de Baleares están pendientes de juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares por irregularidades y delitos cometidos durante la instrucción, como prevaricación, coacciones y revelación de secretos.

Bartolomé Cursach ha formalizado su escrito de acusación contra los investigadores apenas 24 horas después de que su juicio haya terminado con una petición de perdón por parte del fiscal del caso. El empresario mallorquín reclama una condena de 32 años y medio para el juez Penalva; 37 y medio para el fiscal anticorrupción Subirán y entre 30 y 34 años y medio para los cuatro policías del grupo de blanqueo. Además de Cursach, firman este escrito su mano derecha, Bartolomé Sbert, el extrabajador de su grupo empresarial Antonio Bergas, y el exdirector de la discoteca Tito´s Jaime Lladó, todos absueltos. Lladó, tras ser exonerado el pasado junio, en la primera sesión del juicio, manifestó: “Esto no ha acabado así, ahora comenzaremos con otras personas que serán los protagonistas”.

En el escrito, piden penas de prisión que suman 200 años de cárcel y 338 años de inhabilitación y multas que conjuntamente ascienden a 2,3 millones de euros por delitos continuados de revelación de secretos, obstrucción a la justicia, omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación y coacciones durante la instrucción de la causa que ahora se ha juzgado en la Audiencia Provincial.

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El juez rechaza reabrir el ‘caso Kitchen’ como pide la Fiscalía tras los audios que publicó EL PAÍS

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El juez Manuel García Castellón ha resuelto no reabrir la investigación del caso Kitchen tras los audios publicados por el diario EL PAÍS, donde se destapa la estrategia de algunos de los principales dirigentes del PP y del Ministerio del Interior para obstaculizar la investigación del caso Gürtel y del caso Bárcenas. El juez considera que los indicios que aportan esas grabaciones “troceadas, descontextualizadas y de ignota procedencia” son insuficientes. Contesta así a la Fiscalía Anticorrupción, quien presentó un escrito adhiriéndose a otras acusaciones populares en la Audiencia Nacional, donde pedía la reapertura de la investigación. Basándose en las conversaciones grabadas por el comisario José Manuel Villarejo y publicadas por EL PAÍS, solicitaba al juez investigar la participación de la exsecretaria general del PP, Dolores de Cospedal, en los supuestos hechos delictivos del caso Kitchen.

Esta causa judicial investiga a una supuesta mafia policial dirigida desde el ministerio del Interior que espió entre 2014 y 2016 al extesorero del PP, Luis Bárcenas y a su familia con la intención de sustraer documentación que pudiera implicar al Gobierno de Mariano Rajoy en diversos delitos.

El juez Manuel García Castellón procesó por estos hechos al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y a su número dos, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, junto a media docena de comisarios de policía que intervinieron en los hechos, entre ellos Villarejo.

El juez decidió desimputar a Dolores de Cospedal, exsecretaria general del PP cuando ocurrieron los hechos y principal interlocutora del comisario José Manuel Villarejo, uno de los actores principales en la llamada operación Kitchen.

La Fiscalía Anticorrupción intentó explicarle al juez por qué era necesario reabrir esa investigación tras los audios publicados por EL PAÍS.

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Audios relacionados con lo investigado en el caso Kitchen. “Atendido el contenido de los audios es necesario responder a dos preguntas: Primera pregunta: ¿cabe alguna duda de que las conversaciones que los audios reflejan están directamente relacionadas con los hechos objeto de investigación? Y, concretamente, ¿cabe alguna duda de que las conversaciones están directamente relacionadas con la línea de investigación ya cerrada que trataba de dilucidar si los funcionarios policiales y los máximos responsables del Ministerio del Interior actuaban en concierto con dirigentes del partido político gubernamental?”

Los audios publicados por EL PAÍS no se conocían cuando el juzgado de la Audiencia Nacional decidió concluir la investigación y procesar al exministro del Interior, pero no a la exsecretaria general del PP.

La Fiscalía contesta así a estos nuevos hechos conocidos:

“Los audios hacen referencia a que Rajoy y Cospedal conocían la Operación Kitchen”. “Los nuevos audios hacen constantes referencias al conocimiento y seguimiento del desarrollo de la operación Kitchen por parte de María Dolores de Cospedal y de Mariano Rajoy Brei. – El archivo de audio denominado ” FcoMartinez-22.8.14″ contiene las siguientes referencias:

-Francisco Martínez Vázquez: Al cocinero, ¿Quién le paga? ¿También?

-José Manuel Villarejo Pérez: Al cocinero también le pago yo, pero también de esa manera… también de esa manera, no, él piensa que me llamo Tomás, Tomás no sé que, no yo a cada, a cada persona le tengo una identidad.

Esta conversación se refiere al pago con fondos reservados del Ministerio del Interior al chófer de la familia Bárcenas para que hiciera las tareas de espionaje.

-Villarejo. (…) No he querido decir nada ni a María Dolores ni al (ininteligible) además creo que para evitar tensiones cada vez más debes de ser tú, el único canal de comunicación, ¿Por qué?, porque queda muy feo, queda muy feo, que llegue al Barbas, la información por el partido por el Ministerio, de verdad, ese es mi concepto, creo que muchas cosas se han malentendido por, por esa doble vía y claro, ella se aprovecha de la tal y el otro también, y… pero claro y encima además no pagan, osea que son… la leche.

“Correa dice que tiene mucha información del barbas, del número 1″

-Villarejo. Porque el [Francisco] Correa [cabecilla de la red Gürtel] dice que tiene mucha información del Barbas ¿no?, del número uno, del número uno

-Francisco Martínez Vázquez: ¿Sí?

-José Manuel Villarejo Pérez: Actas no se qué de tal de… porque se la contaba el Bárcenas, ahora que sea verdad o sea mentira, probablemente no, pero el Bárcenas le decía que le soltaba diez, diez mil euritos todos los meses, en crudo, por ejemplo, claro por eso acuérdate que una de las cosas que a mí me comenta el cocinero, es que había una anotación en los recibos, (ininteligible) a libro, ¿te acuerdas?

-Francisco Martínez Vázquez: Sí.

-José Manuel Villarejo Pérez: No sé que de libros, no sé que de… (Ininteligible), cantidades fijas de los recibos, no sé si están firmados por Bárcenas o firmados por Rajoy ni puta idea, pero es una de las cosas que si es interesante, tener eso y el ordenador ese que tienen…

“Cospedal pretendía que desapareciera la libretita de Bárcenas”. Tras detallar durante varios folios todas las conversaciones que supuestamente aportan nuevas pruebas sobre los hechos investigados en el caso Kitchen, la Fiscalía concluye con una pregunta que supone un reproche al juez instructor, Manuel García Castellón, por cerrar la investigación contra Cospedal. “Segunda pregunta: ¿se puede seguir sosteniendo que las reuniones que mantenía el comisario en activo en aquellas fechas José Manuel Villarejo Pérez y María Dolores de Cospedal García no guardarían relación directa con los hechos investigados, como sostenían las resoluciones judiciales que cerraron esta línea de investigación?, señala Anticorrupción. Y recuerda el contenido de esas reuniones entre Cospedal y Villarejo: “Sin embargo, y aunque en todo caso las manifestaciones de los investigados faltando a la verdad se encuentre amparada por el ejercicio del derecho de defensa, el contenido de los nuevos audios publicados no se compadece con lo declarado en la instrucción por la inicialmente investigada María Dolores De Cospedal, pues las grabaciones de sus encuentros reflejarían que su auténtica finalidad de esas reuniones con el por entonces comisario Villarejo era el seguimiento de las novedades y avances de la investigación del caso Gürtel, llegando a dar al policía en el curso de una de esas reuniones indicaciones para recuperar y que desaparezca la libretita de Luis Bárcenas, cuyas anotaciones pudieran afectar a una financiación irregular del Partido Popular”.

Los audios justifican la reapertura de la investigación. “Por lo tanto, los nuevos elementos indiciarios que contienen las grabaciones ahora publicadas pondrían de manifiesto el contenido real de las reuniones entre María Dolores De Cospedal y el comisario Villarejo Pérez, que no sería otro que poner en marcha una estrategia para hacer desaparecer parte de las pruebas que pudieran afectar al Partido Popular, o personalmente a la Secretaria General del partido en el Gobierno, impidiendo su acceso al procedimiento penal del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional. La relevancia, pues, de estos nuevos elementos indiciarios es indudable, y justifica la reapertura de la investigación provisionalmente sobreseída”, señala la Fiscalía Anticorrupción.

El juez ha vuelto a rechazar por segunda vez este intento de reabrir la investigación del caso Kitchen.

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