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Tres comunidades del PP se desmarcan de la supresión del Impuesto al Patrimonio

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Los presidentes de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; de Castilla y León, Fernández Mañueco; de Murcia, López Miras; del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo; de Ceuta, Juan Jesús Vivas; de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la 25 Interparlamentaria Popular en Toledo, el pasado día 17 de septiembre.
Los presidentes de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; de Castilla y León, Fernández Mañueco; de Murcia, López Miras; del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo; de Ceuta, Juan Jesús Vivas; de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la 25 Interparlamentaria Popular en Toledo, el pasado día 17 de septiembre.Gustavo Valiente (Europa Press)

A diferencia de la etapa de Pablo Casado, en la que Génova trataba de influir en la dirección política de todos los gobiernos autonómicos del PP, Alberto Núñez Feijóo es partidario de dejar manos libres a los barones populares. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se toma esta filosofía al pie de la letra ejerciendo incluso de verso suelto, mientras Juan Manuel Moreno Bonilla, flamante ganador de una mayoría absoluta en Andalucía, pide pista en la política nacional. El riesgo de la nueva etapa de corte más autonomista del PP es que se perciban más las diferencias entre barones territoriales, como ha sucedido en el debate fiscal. Aunque todos los Gobiernos populares se han entregado a la carrera por las rebajas de impuestos, tres de los cinco Ejecutivos autonómicos del PP se desmarcan de la supresión del Impuesto de Patrimonio tras el anuncio del presidente andaluz. Galicia y Castilla y León no prevén eliminar este tributo en el corto plazo, mientras Murcia lo condiciona a poder cuadrar las cuentas.

La supresión del Impuesto de Patrimonio genera controversia política, reconocen fuentes territoriales del PP, que dudan de que sea el debate que más le interese ahora al partido. “A Moreno Bonilla le está costando explicarlo, en el momento actual a lo mejor no ha sido lo más adecuado”, admiten estas fuentes. Este tributo estatal, cedido a las comunidades autónomas, grava según la ley a quienes posean bienes superiores a 700.000 euros, sin contar con la vivienda habitual, aunque en algunas autonomías el umbral es más bajo. Es decir, es un impuesto que impacta sobre todo en los que más tienen, y no sobre las clases medias. En Andalucía, donde Juan Manuel Moreno Bonilla anunció el lunes que lo suprimirá, la medida solo beneficiará al 0,2% de los contribuyentes andaluces, unos 20.000 ciudadanos. Las familias más pudientes dejarán de pagar de media 5.800 euros al año.

El resto de presidentes del PP no tienen previsto seguir la estela de Moreno Bonilla. Con la excepción de la Comunidad de Madrid, que ya tenía el impuesto bonificado al 100%, las otras tres comunidades autónomas con Gobiernos del PP mantienen este impuesto y no prevén eliminarlo en el corto plazo, aunque Murcia sostiene que lo estudia, pero condicionado a que las cuentas cuadren.

El presidente de Galicia, Alfonso Rueda, rechazó este jueves sentirse presionado por Andalucía y defendió un camino fiscal propio que tenga en cuenta los servicios públicos. “Tenemos nuestra propia senda marcada, creo que ya hemos dado muestras de ello y dijimos que nos preocupaba especialmente a efectos fiscales seguir ayudando a las familias. Equipararemos el tratamiento fiscal de las familias con dos hijos a las de las familias numerosas a partir del año que viene. Volvemos a bajar impuestos a las rentas más bajas, que son las que más lo necesitan. El 99,99% de los gallegos ya no pagamos sucesiones”, explicó en la rueda de prensa posterior a la reunión de su consejo de Gobierno.

El sucesor de Feijóo en la Xunta de Galicia enfatiza que la “premisa fundamental” que guía a su Gobierno con la política fiscal es que “los impuestos son los que soportan los servicios públicos”. “Por lo tanto, para tener servicios públicos de calidad hay que acompasar todas las rebajas fiscales con mantenimiento y, si puede ser, y tiene que poder ser, con la elevación de la calidad con la que se prestan esos servicios”, subrayó este jueves, poniendo el foco en que las rebajas fiscales repercuten en el Estado del Bienestar.

Un discurso similar esgrimen en el Gobierno de Castilla y León, donde Alfonso Fernández Mañueco también está llevando adelante rebajas fiscales, pero no se plantea suprimir el Impuesto de Patrimonio. El Ejecutivo autonómico ha aprobado reducir el primer tramo del IRPF —el de las rentas más bajas— en un 5,3 %, lo que situará a Castilla y León como la segunda comunidad —tras Madrid— con el tipo mínimo más bajo de este impuesto, y ha incrementado las cuantías deducibles por nacimiento o adopción de hijos e hijas cando el contribuyente resida en un municipio de menos de 5.000 habitantes. En el Gobierno castellano-leonés se sienten “cómodos” en una política de rebajas fiscales, pero les parece “más interesante una política de apoyo a rentas medias y bajas, como menos tasas universitarias y ayudas para libros”, apuntan fuentes de ese territorio. “Vamos en otra línea, sobre el impuesto del patrimonio hay debate”. “La línea por la que debería ir el PP es la de bajar los impuestos, pero cuanto más generales, mejor”, resumen fuentes populares.

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El caso de Murcia es algo diferente, porque el Gobierno regional sí es partidario de eliminar este gravamen a los más pudientes. Solo que de momento no puede. El presidente, Fernando López Miras, también se ha sumado a la carrera fiscal con el anuncio esta semana de la deflactación de la tarifa del IRPF autonómico en cuatro tramos, lo que supondrá una merma de ingresos para las arcas murcianas de unos 10 millones de euros, según sus cuentas. Pero el barón murciano reconoce que, aunque le gustaría eliminar el Impuesto al Patrimonio, la infrafinanciación de su comunidad autónoma le condiciona. “No es solo voluntad, sino [que] es la posibilidad de que las cuentas cuadren. También está en mi responsabilidad de gestor público”, reconoció López Miras este jueves en Onda Cero.

Génova no ha dado instrucciones a los barones para que repliquen la misma política fiscal, según fuentes territoriales, y de ahí la disparidad de criterios. La iniciativa de Moreno Bonilla sobre el Patrimonio, que Feijóo conocía y avaló, permite al PP competir por el ala derecha ―con los ultraliberales de Vox―, pero a juicio de algunas voces del partido se aparta de la estrategia centrista con la que el líder del PP pretende alcanzar La Moncloa.

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El gasto social de los Presupuestos, último escollo entre los socios de Gobierno para cerrarlos

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el Senado el pasado 6 de septiembre.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el Senado el pasado 6 de septiembre.Juanjo Martín (EFE)

Hace un año, cuando se presentaron los segundos Presupuestos de la coalición, los que más costaron —tanto que se retrasó varias semanas su tramitación y hubo que recurrir a un proceso exprés— en el mundo político se instaló la idea de que serían los últimos. Ya había pasado con los primeros, en 2020. Acostumbrados como estaban a años de prórrogas en la época de Mariano Rajoy, los políticos españoles de los dos lados del Hemiciclo asumieron que a medida que se acercaran las elecciones, la coalición se distanciaría y sus socios de mayoría, especialmente ERC, el más inestable, se alejarían. Pero la coalición se dispone este martes a presentar tras el Consejo de Ministros los terceros Presupuestos de Pedro Sánchez desde que llegó a La Moncloa, que confía en aprobar con los respaldos habituales —PNV, ERC, Más País, Compromís, EH Bildu— con un claro contenido social y un tinte progresista que servirá como prueba de estabilidad y una especie de presentación del proyecto en el año electoral de 2023, cuando entren en vigor.

La negociación entre el PSOE y Unidas Podemos lleva semanas en marcha, desde agosto, y se ha acelerado una vez cerrado el paquete fiscal que se presentó el jueves. Los últimos escollos se sitúan alrededor del gasto social, que Unidas Podemos quiere llevar un poco más lejos en asuntos especialmente sensibles para los ministerios que controla como la ampliación de la prestación por desempleo, que la última reforma de Rajoy limitó hasta dejar fuera a muchos trabajadores —además se está tramitando la ley que incorpora a las trabajadoras del hogar, un gran hito del Ejecutivo— y también de los 100 euros mensuales por hijo de cero a tres años, que ahora está limitada a madres trabajadoras y el grupo de Yolanda Díaz quiere hacer universal, también para los que no tengan empleo fijo (aunque posiblemente con algún límite máximo de renta para evitar que se beneficien también las clases más acomodadas).

La titular de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado, optimista, que espera llegar a un acuerdo “en las próximas horas”. “Hasta el final de un pacto, no se puede dar nada por seguro”, ha matizado también en declaraciones a Efe. “A estas horas no hay acuerdo. Quedará un anoche larga e intensa y me dejaré la piel”, ha asegurado por su parte Díaz en una entrevista en Cadena SER a las diez y media de la noche de este lunes, en la que ha afeado que se lleve al límite el acuerdo y ha reconocido diferencias profundas entre los socios. En un contexto de incertidumbre económica, marcado por la elevada inflación (9% en septiembre), está previsto que la presentación de las cuentas coincida también con la comparecencia en la sala de prensa de La Moncloa de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. El Gobierno ha adelantado que elevará una décima su previsión de crecimiento para este año, al 4,4%, y bajará en seis décimas la de 2023, al 2,1%.

Durante algunas semanas, especialmente antes del verano, alrededor de la cumbre de la OTAN, pareció que el asunto del aumento de gastos en Defensa que Pedro Sánchez ha comprometido con los miembros de la alianza atlántica, muy especialmente con EE UU, podía hacer caer estos Presupuestos. De hecho, esta cuestión estuvo detrás del Consejo de Ministros más tenso que se recuerda en la coalición, a principios de julio. Sin embargo, después de varias conversaciones discretas entre los socios y alguna directa entre Sánchez y Díaz, esta cuestión ha quedado aparentemente resuelta con una fórmula que implica que los aumentos más significativos no irán a través de un aumento directo del Presupuesto de defensa, sino a través de créditos extraordinarios y del llamado Fondo de Contingencia, que está pensado para hacer frente a imprevistos. Se trata así de diluir el aumento para evitar el choque con Unidas Podemos a la vez que se cumple con los compromisos. “El PSOE y en este caso el presidente de Gobierno cumplimos los compromisos, siempre los vamos a cumplir”, señaló el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. Sin embargo, la manera de plantear técnicamente ese aumento es clave para evitar el choque no solo con Unidas Podemos, sino con otros miembros de la mayoría. El grupo de Díaz quiere que quede claro que el posible aumento no compite de ninguna manera con la subida del gasto social para hacer frente al frenazo económico y a la crisis energética.

Unidas Podemos también quería aprovechar la negociación presupuestaria para lograr más avances en la ley de vivienda, que está atascada en el Congreso, pero los socialistas insisten en que esa norma ya estaba cerrada y presentada por el Ejecutivo —de hecho fue clave hace un año en la negociación de las Cuentas anteriores— y acusa a sus socios de querer reabrir la negociación con 60 enmiendas nuevas. Este asunto no parecía encima de la mesa en las últimas horas de la negociación de Presupuestos previa a que este martes por la mañana, como es habitual en los últimos años, la cierren Sánchez y Díaz poco antes del Consejo de Ministros con alguna fotografía que pueda marcar el momento del acuerdo. Tampoco la ley trans, que genera problemas entre los socios, con un sector del PSOE muy claramente opuesto, parece esta vez vinculada a los Presupuestos.

El corazón de la negociación en las últimas horas es, pues, puramente económico y social, con una discusión entre Unidas Podemos y Hacienda sobre las dimensiones de algunos avances en los que ambos coinciden, como la mejora de la prestación por desempleo, del Iprem (el salario de integración), de las ayudas por hijo o de otras propuestas contempladas en la ley de familias, del Ministerio de Derechos Sociales, en manos de Ione Belarra, como la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad, la creación de otro para cuidados o el que las familias monoparentales al menos con dos hijos tengan el mismo trato administrativo que las familias numerosas. Este lunes, el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, reconoció que los socios han acercado posiciones para revertir los recortes el PP en las prestaciones por desempleo, pero evitó desvelar más detalles. Fernández sí apostó por vincular la ley de vivienda y los Presupuestos, aunque esto no parece encima de la mesa. “Creemos que es importante que el PSOE entienda que la ley de vivienda es estratégica, que hay que rebajar el precio de los alquileres, ampliar el parque público de vivienda y acabar con los desahucios sin alternativa habitacional”, reiteró el portavoz. En plena recta final de las negociaciones, Fernández cargó contra el PSOE por la enmienda a la ley de enjuiciamiento criminal para desalojar a los okupas en 48 horas. “Es un error estratégico que en esta materia el PSOE compre la agenda de la derecha y la extrema derecha”, señaló. En su opinión, los socialistas “tienen que entender que el acceso a la vivienda es un derecho esencial y para que se ponga en práctica es imprescindible aprobar la ley de vivienda”, reivindicó.

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Sin embargo, pese a este beligerante tono público, todo indica que este martes habrá finalmente acuerdo y los terceros Presupuestos de la coalición iniciarán su trámite para lograr la aprobación definitiva antes de que acabe el año, mostrando una vez más que pese a ser el presidente con menos escaños propios de la democracia —los 120 del PSOE— Sánchez y la coalición que ha formado con el grupo de Díaz tiene más estabilidad en el Parlamento que muchos otros gobiernos.

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Aragonès alienta la ruptura en el Govern al rechazar la última propuesta de Junts

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El secretario general de Junts, Jordi Turull, este lunes, tras anunciar la pregunta de la consulta a la militancia.
El secretario general de Junts, Jordi Turull, este lunes, tras anunciar la pregunta de la consulta a la militancia.David Zorrakino (Europa Press)

Todo parece indicar, si no hay un giro intempestivo de guion, que el próximo sábado será el día definitivo en la crisis del Govern que comparten Esquerra y Junts per Catalunya. Ese día se conocerán los resultados oficiales de la consulta a la militancia de Junts, formada por 6.465 afiliados, a los que se preguntará si quieren seguir en el Gobierno catalán y desde el Palau de la Generalitat muestran respeto por ese proceso interno. Esta votación surge de un mandato congresual, pero el anuncio de la redacción de la pregunta, este lunes, ha coincidido con el portazo del president Pere Aragonès a la última propuesta de Junts con sus exigencias para mantenerse dentro del Ejecutivo. Todo parece llevar a la ruptura, pero el número dos de Junts, Jordi Turull, ha aceptado que una “propuesta extraordinaria” para activar la coordinación independentista podría implicar congelar la votación. Sin embargo, en las filas republicanas parecen cada vez más convencidos de querer deshacerse de Junts e intentar gobernar en minoría.

La pregunta aprobada por la cúpula de Junts es directa y Turull ha explicado que no habrá ningún tipo de baremo para evaluar el resultado más allá de si imponen los síes o los noes. Al texto “¿quieres que Junts siga formando parte del Govern de Cataluña?” le precede una introducción donde se recuerda que el partido ha “constatado” los incumplimientos de la hoja de ruta del Ejecutivo sobre la orientación del plan independentista. Y que, “hasta el momento”, ERC no ha aceptado ninguna de las propuestas en los tres puntos que denuncia que no se cumplen: crear una coordinación del espacio soberanista, pactar la unidad de acción en el Congreso y que la mesa de diálogo con el Gobierno se centre solo en hablar de autodeterminación.

Esa salvedad —”hasta el momento”— es precisamente la que deja claro que, al menos Turull, no cierra la puerta a unas negociaciones de ultimísimo minuto. Preguntado directamente sobre si se congelaría la consulta en caso de una contrapropuesta por parte de los republicanos, el secretario general de la formación ha dejado la puerta abierta, aunque supeditándolo a la contundencia de la oferta. En el Palau de la Generalitat creen que no les corresponde a ellos hacer ninguna propuesta adicional y se envían señales de que se respetará el proceso interno de sus socios. El punto álgido de la crisis fue la semana pasada, cuando Junts le dijo a Aragonès que si no podía garantizar que los tres puntos avanzaran, se debería someter a una cuestión de confianza. El jefe del Govern defenestró a su número dos, Jordi Puigneró, por no contarle ese plan.

Con todo, Turull se ha empleado a fondo en argumentar que Junts ha descafeinado su propuesta inicial para intentar el acuerdo con los republicanos y que son estos los que se cierran en banda. Además de retirar de la oferta la petición de restituir al exvicepresident, se pedía poner una fecha para la constitución del órgano de coordinación del independentismo y él mismo y la portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, declinaban a ser los representantes del partido en la mesa de diálogo con el Gobierno. El exconsejero de Presidencia también ha rechazado que ubicando ese Estado Mayor del secesionismo en el Consell de la República, que preside Carles Puigdemont, se busque minar la autoridad del president si no que cree que allí podrá actuar lejos de las “garras” del Estado.

Los republicanos mantienen que las divisiones internas de los posconvergentes trastabillan al Ejecutivo: “Hay una parte de Junts per Catalunya que trabaja para romper el gobierno de la Generalitat”, ha manifestado la portavoz de ERC, Marta Vilalta. Su partido, ha asegurado, está “preparado” para sostener “un gobierno en minoría”, pese a que se abre a contar con “todos los que quieran trabajar para servir a la gente desde el respeto y la lealtad”. Una declaración que se interpreta como un guiño hacia aquellos consellers de Junts que apuesten abiertamente por permanecer en el Ejecutivo.

Campaña interna

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Hasta que se cierren las urnas el viernes, Junts también se juega su futuro como partido político. La claridad de la pregunta obligará a posicionarse meridianamente y será muy evidente la división interna ante el futuro del Govern. La gestión de un resultado igualado será muy complicada. Turull ha dicho que revelará en “los próximos días” cuál será su sentido de voto, pero ha declinado explicar si, en caso de que gane la opción contraria, eso deba tener consecuencias organizativas. Borràs ha dicho que optará por la neutralidad pese a que todos la sitúan al frente de quienes quieren romper. La consejera de Acción Exterior, Victòria Alsina, ha tomado la decisión de afiliarse el partido y de hacer campaña abiertamente a favor de continuar en el Gobierno, asumiendo así el rol de cara visible de esa posibilidad.

La consulta comenzará el jueves y finalizará a las cinco de la tarde del viernes. Ese día habrá resultados, pero los definitivos no se conocerán hasta el sábado. Turull, que a diferencia del pasado lunes ha comparecido sin la presidenta de la formación, Laura Borràs, no ha querido adelantar cómo se asumiría un triunfo de la opción de abandonar el Govern y en qué plazos se desplegaría. “Solo deseo que no haya un empate”, ha bromeado, en referencia a la consulta de la CUP sobre la investidura de Artur Mas, en 2015, y que acabó igualada a 1.515 votos. En la elección de Laura Borràs como presidenta de Junts y de Turull como segundo al mando, el pasado verano, solo participó uno de cada tres afiliados.

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Las polémicas del líder de Vox en Castilla y León comprometen al PP de Mañueco

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El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, durante una presentación de productos alimenticios de su comunidad en Las Rozas (Madrid), este viernes.
El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, durante una presentación de productos alimenticios de su comunidad en Las Rozas (Madrid), este viernes.Cézaro De Luca (Europa Press)

Los terremotos mediáticos y políticos que provocan los responsables de Vox ante un micrófono o en Twitter generan réplicas que sacuden a su socio en el Gobierno de Castilla y León, el PP. El estilo agresivo de Juan García-Gallardo, vicepresidente autonómico por el partido de extrema derecha, rompe la estrategia pausada de su socio conservador, el popular Alfonso Fernández Mañueco. Este, en la línea del PP nacional de Alberto Núñez Feijóo, se vuelca en cargar contra el Ejecutivo central, pero ve cómo por su derecha lo adelanta un Vox que cabalga el exabrupto.

El reciente historial de embates de Gallardo agrieta el discurso del vicesecretario institucional del PP, Esteban González Pons, que ha sostenido este lunes en Onda Cero que su formación ha conseguido “moderar” a los de Santiago Abascal al incluirlos en el Gobierno de Castilla y León y ha destacado que son los populares quienes marcan la política autonómica. Estas palabras llegan tres días después de que Gallardo se refiriera a La Sexta, ante los micrófonos de la cadena de televisión, en estos términos: “Es un medio encaminado a contaminar la convivencia y a enfrentar a unos españoles contra otros”. Asimismo, instó a la reportera que lo entrevistaba a llevarle “un chorizo” al Gran Wyoming, en alusión a una sanción tributaria que recibió el presentador en 2020. “Estamos para gestionar y hacer política, a los castellanos y leoneses no les interesan las polémicas estériles”, se jactó Gallardo, causante de buena parte de esas “polémicas estériles”, como cuando sostuvo que la despoblación se debía en parte a la hipersexualización.

García-Gallardo también se expresa en su muro de Twitter, donde persiste en negar la existencia de la violencia machista incluso en casos como el acontecido en Palencia la semana pasada, cuando una mujer de 32 años fue asesinada por su pareja, de 36, dejando dos niños huérfanos. El político definió los hechos como “tragedia familiar”, insistió en que “la violencia no tiene género” y aseguró que “pronto todas las víctimas de violencia serán tratadas por igual y no se alimentarán políticas identitarias discriminatorias por razón de sexo”.

El secretario del PP autonómico, Francisco Vázquez, se separó de esa línea: “Hay muchas fuerzas políticas que opinan cosas distintas. Hay libertad de expresión, pero no compartimos esas expresiones”, dijo. Mañueco, único mandatario regional aliado con Vox, no se ha manifestado al respecto, algo recurrente desde que pactó con este partido. La consejera de Familia de Castilla y León, Isabel Blanco (PP), sí lo tildó como “asesinato machista” y clamó por “seguir luchando contra la lacra de la violencia de género”. Una de las exigencias de Vox para pactar con Mañueco, que este aceptó, fue impulsar una “ley de violencia intrafamiliar”, ya en tramitación, aunque el presidente insiste en que no implicará retrocesos en Igualdad. Solo tres de los 12 altos cargos de la coalición son mujeres.

Gallardo ha exhibido igualmente su tono en sede parlamentaria. En el último pleno llamó “imbécil” a su predecesor, Francisco Igea (Ciudadanos). El presidente de las Cortes, Carlos Pollán (Vox), no reprendió a su compañero. Igea, a su vez, ha amenazado con denunciar a Pollán por “difamación”, pues pese a su puesto de árbitro parlamentario redifundió en Twitter contenidos ofensivos contra el exvicepresidente. García-Gallardo, que no dirige ninguna consejería, ya levantó airadas protestas en su primera cita en el hemiciclo, cuando le espetó a Noelia Frutos, una procuradora socialista con discapacidad, que le hablaría “como si fuese una persona como otra cualquiera”. El PP salvó al dirigente de Vox de ser reprobado por ese episodio.

Las recurrentes algaradas del socio de Mañueco causan, según considera una fuente del PP, un efecto contradictorio en los de Alberto Núñez Feijóo: a escala autonómica perjudican porque “la gente de derechas ve nefasto un Gobierno con ese nivel”, pero en lo nacional “refuerzan porque Vox pierde prestigio como alternativa”. “Vox ha defraudado porque se le han visto las costuras”, opina este dirigente.

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