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Lesmes ultima su dimisión y comunica que será sustituido por el presidente de la Sala Civil del Supremo

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El presidente de la Sala I (Civil) del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, sustituirá a Carlos Lesmes al frente de la presidencia del alto tribunal y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) si este finalmente opta por dimitir, como él mismo anunció que haría si no se renueva a corto plazo el órgano de gobierno de los jueces por el bloqueo del PP. El propio Lesmes ha encargado un informe al gabinete técnico del Consejo sobre quién debería relevarlo y el texto concluye que debe ser Marín Castán, que actualmente es vicepresidente del Supremo porque quien antes ocupaba este cargo, Ángel de Juanes, se jubiló hace tres años y, al estar el CGPJ en funciones, no ha podido ser sustituido.

El informe encargado por Lesmes deja claro que el presidente del Consejo está preparando formalmente su renuncia para las próximas semanas, una posibilidad de la que dudaron tras su anuncio vocales del grupo conservador, al que pertenece. Antes de materializar la dimisión, sin embargo, Lesmes quiere dejar resuelta la sustitución de los dos vocales del Tribunal Constitucional que corresponde nombrar al CGPJ, y que por ley deberían haber sido elegidos antes del pasado 13 de septiembre. El bloqueo impuesto por una parte del sector conservador del Consejo ha impedido esa renovación hasta el momento.

Lesmes ostenta la presidencia tanto del Supremo como del Consejo y existían dudas en ambos órganos sobre si una sola persona debería asumir ambos cargos en el caso de que el presidente renunciara o si debían desdoblarse, de forma que la jefatura del alto tribunal la asumiera el vicepresidente de este órgano, Marín Castán, y la del CGPJ, el vocal de mayor edad, actualmente el progresista Rafael Mozo. Finalmente, se optó por preguntar al gabinete técnico, que ha concluido que la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial conciben ambas presidencias como “una titularidad conjunta e indisociable”, lo que excluye la posibilidad de separarlas. Descartada la opción de nombrar dos sustitutos, la presidencia de ambos órganos debe recaer, según los técnicos, en el vicepresidente del Supremo.

El informe, cuyas conclusiones ha avanzado este viernes el propio Consejo, es una muestra en sí mismo de la situación diabólica que viven el CGPJ y el Supremo debido al bloqueo de la renovación del órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato está prorrogado desde diciembre de 2018. Una reforma legal de 2013 estableció la figura de vicepresidente del Supremo, que no existía, y Ángel Juanes, hasta entonces presidente de la Audiencia Nacional, estrenó el cargo para ser el número dos de Lesmes. Juanes se jubiló en 2019, pero no pudo ser sustituido porque la ley prohíbe al Consejo en funciones nombrar a un nuevo presidente o vicepresidente, por lo que los técnicos establecieron que el cargo fuera asumido por el presidente de sala del Supremo de mayor edad, en este caso el jefe de la Sala Civil.

Marín Castán no es vocal del CGPJ, pero el informe encargado por Lesmes establece que debe asumir también la presidencia de este órgano y hacerlo “de forma automática”, sin necesidad de acuerdo por parte del Consejo. Esta conclusión permite sortear el veto a hacer nombramientos discrecionales que tiene el actual Consejo desde que una reforma legal prohibió este tipo de designaciones mientras el CGPJ tuviera el mandato caducado, como ocurre ahora. Lesmes, según ha anunciado este viernes el CGPJ, dará cuenta del texto a los miembros de la Sala de Gobierno del alto tribunal en la sesión que este órgano celebrará el lunes, y a los vocales del CGPJ durante el pleno ordinario señalado para el jueves 29.

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El presidente de la Sala Civil es uno de los magistrados conservadores del Supremo que han admitido su interés por dar el salto al Constitucional, pero el bloque conservador del Consejo, que asegura no tener candidatos porque ningún magistrado se les ha ofrecido, no estima que sea un candidato adecuado. Marín Castán es considerado un conservador moderado, miembro de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, y entre los vocales propuestos por el PP predomina un perfil mucho más duro y afín a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

Lesmes no ha puesto fecha a su posible renuncia, pero su entorno considera que, si no ve opciones reales de una renovación inmediata del Consejo, dimitirá en octubre. Antes, Lesmes quiere dejar cerrado el nombramiento de dos magistrados del Constitucional, un proceso que tenía que haber concluido antes del 13 de septiembre, pero que se está alargando debido a las trabas impuestas por un sector mayoritario del bloque conservador del órgano de gobierno de los jueces. Tras un encuentro celebrado el miércoles para intentar avanzar en la designación, los vocales propuestos por el PP anunciaron que mantendrían una reunión interna el día 28 y que descartaban reunirse de nuevo con los progresistas antes de esa fecha, lo que impedía cualquier posibilidad previa de acuerdo. Un día más tarde, el 29 de septiembre, hay convocado un pleno ordinario del CGPJ, y Lesmes, según fuentes cercanas, no descarta poner sobre la mesa una propuesta de candidato conservador a magistrado del Constitucional para intentar sacarla adelante junto a un candidato progresista con el apoyo de los ocho miembros de este bloque, y, al menos, tres vocales de su grupo a los que cree poder convencer.

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El comisario europeo de Justicia se reunió con González Pons antes de viajar España

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El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha mantenido una reunión con el eurodiputado del Partido Popular Esteban González Pons antes de su viaje a España, esta semana, en el que abordará el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), empantanado desde hace casi cuatro años por el bloqueo del PP. La reunión, confirman en el Gabinete de Reynders, ha sido en Estrasburgo, hace unos 10 días, coincidiendo con el pleno del Parlamento Europeo. Desde el Gabinete del comisario belga señalan que es una práctica habitual de Reynders mantener reuniones con eurodiputados con cierta frecuencia para tratar asuntos legislativos en curso y futuros, así como temas de actualidad, y no dan más detalles del contenido de la reunión. González Pons, europarlamentario desde 2014, también es la persona elegida por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para negociar con el Gobierno la renovación del Poder Judicial.

Fuentes oficiales del PP han confirmado el encuentro, pero lo circunscriben a las “reuniones periódicas” de González Pons con Reynders en su calidad de portavoz para los temas de Justicia del Partido Popular Europeo, informa Elsa García de Blas. En ese encuentro no se habló “en ningún caso” del tema específico de España, aseguran estas fuentes, que añaden que les resulta “enternecedor que el Gobierno quiera decir ahora que el PP manda en la Comisión Europea, después de haber hablado de la complicidad de Von der Leyen con Pedro Sánchez”.

El comisario de Justicia no ha mantenido recientemente, no obstante, encuentros similares con otros eurodiputados ni con el Gobierno español; aunque se reunió con representantes del Ejecutivo de Pedro Sánchez (de los Veintisiete) la semana pasada en el marco del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE en Bruselas.

Un retraso “preocupante”

Reynders (liberal) ha insistido en que viaja a España para una visita habitual y no para resolver el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Pero durante el viaje, hablará del informe del Estado de Derecho de 2022, donde la Comisión define como “preocupante” el retraso en la renovación del CGPJ y pide a España que lo emprenda con “carácter prioritario”, además de reclamar a Madrid que cambie el método de elección de sus vocales “teniendo en cuenta las normas europeas”, es decir que los jueces elijan a los miembros del CGPJ de forma directa y no indirecta, como ahora, que son elegidos por las Cortes de una lista aportada por los jueces. El comisario también se preparará para la presidencia española de la UE, prevista para el segundo semestre de 2022, según su equipo.

El comisario europeo de Justicia, que la semana pasada aseguró que descarta instrumentos más duros —como el expediente sancionador que ha abierto a Polonia por su situación judicial— sobre España, intentará “facilitar el diálogo entre las fuerzas políticas para encontrar un apoyo rápido y urgente”, dicen desde su Gabinete.

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Feijóo sobre la dimisión de Pérez Tornero: “Demuestra que ni siquiera el Gobierno cumple los pactos”

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La dimisión del presidente de RTVE José Manuel Pérez Tornero, que ascendió a ese puesto por un pacto entre el PSOE y el PP, ha servido a Alberto Núñez Feijóo como argumento en su favor en el bloqueo de cualquier acuerdo entre el Gobierno y su partido, como en el caso del Consejo General del Poder Judicial. Tras el anuncio del cese de Pérez Tornero por haber perdido el favor de los socialistas y Unidas Podemos, el líder del PP ha acusado al Ejecutivo de “tomar” y “asaltar” las instituciones del Estado y de incumplir los acuerdos con la oposición. “Después de un pacto para el nombramiento del consejo de administración de RTVE, que el Gobierno unilateralmente lo rompa y obligue a cesar a una persona que había sido elegida, acredita que ni siquiera el Gobierno respeta los pactos. Esto es especialmente grave”, se ha quejado Feijóo.

El líder del PP ha cargado contra el Ejecutivo por lo que considera es una ocupación partidista de algunas instituciones del Estado, como RTVE, el CNI o el INE. “Lo que se ha venido a confirmar con la obligatoria dimisión del director de RTVE es la toma de las instituciones por parte del Gobierno. Han cesado a la directora del CNI, al del INE, y han pedido que dimita el director de la compañía de RTVE, que nace de un pacto entre los grandes partidos, simplemente porque no les gusta como dirige la cadena. Esto confirma la uitilización de las instituciones del Estado por parte del Gobierno”, ha manifestado en declaraciones a los periodistas en Palma de Mallorca.

“Es lamentable que vivamos en un país donde el Gobierno no distinga entre sus competencias para gobernar y las instituciones”, ha criticado Feijóo, que se ha detenido especialmente en la televisión pública. “Lamento que también RTVE se vea sometida al control férreo del Gobierno. Y es que, o haces lo que te mandan, o simplemente te cesan”, se ha quejado. En el pasado, los trabajadores de RTVE han promovido protestas contra el PP cuando estaba en el Gobierno por el control de la radiotelevisión pública, como los famosos viernes negros. En las televisiones autonómicas de Gobiernos populares también hay acusaciones de manipulación, como en Telemadrid, donde Isabel Díaz Ayuso tomó el control en 2021 con el cese de la dirección.

Feijóo ha aprovechado la dimisión de Pérez Tornero para alejar otros acuerdos con el Gobierno, como el del Consejo General del Poder Judicial, bloqueado desde hace casi cuatro años. “Es muy difícil fiarse de un Gobierno que ocupa las instituciones”, ha advertido el líder del PP, convencido de tener nuevos argumentos para cargar la responsabilidad de la falta de acuerdos en el PSOE.

El jefe de la oposición se ha pronunciado hoy, por otro lado, 48 horas después, sobre el triunfo de la ultraderecha en las elecciones en Italia. Tras haber optado por el silencio en su discurso ante el comité de dirección del PP este lunes, según su gabinete de forma consciente porque la dirección “no comenta otros procesos electorales”, Feijóo se ha referido este martes a la victoria de Giorgia Meloni a preguntas de los periodistas. El líder del PP ha manifestado “respeto por la decisión de los italianos” y ha reconocido que el Partido Popular Europeo (del que forma parte el partido de Silvio Berlusconi, Forza Italia) “no ha tenido un buen resultado en Italia”. A renglón seguido, Feijóo ha pedido al nuevo Gobierno de la coalición de conservadores, posfascistas y populistas que rectifique su euroescepticismo inicial, sobre todo en el caso de Meloni. “Habrá que respetar y ver qué hace el Gobierno de Italia. Todo lo que sea rectificar sus planteamientos iniciales en favor del europeísmo y de una Europa cohesionada sería una buena rectificación. Espero que algunas manifestaciones durante la campaña se maticen, e Italia no abandone el compromiso con el euro y con la UE”, ha reflexionado.

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Griñán presenta un incidente de nulidad ante el Supremo para intentar evitar la cárcel

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El expresidente andaluz José Antonio Griñán ha presentado este martes ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo un incidente de nulidad contra la sentencia que le condenó a seis años de cárcel por malversación y prevaricación en el caso de los ERE. Tras la petición de indulto parcial elevada al Gobierno por su familia a principios de septiembre y este recurso de nulidad, la defensa de Griñán prevé presentar a continuación un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por supuesta vulneración de algún derecho fundamental durante la investigación judicial, por el que los magistrados podrían suspender de manera excepcional la condena. Las tres iniciativas tienen el mismo objetivo: evitar el ingreso en prisión de quien fue también presidente del PSOE.

El incidente de nulidad, que tiene escasas posibilidades de prosperar según coinciden fuentes jurídicas, esgrime una posible lesión del principio de presunción de inocencia, al ser “fraccionada” la sentencia del Supremo en un primer anuncio el pasado 26 de julio (cuando se avanzó la condena) y la posterior notificación del fallo completo el pasado 14 de septiembre (con los argumentos y las 1.205 páginas del fallo). Para la defensa de Griñán, “durante 50 días hubo una proclamación pública de culpabilidad sin sentencia”.

Además, el incidente de nulidad señala la supuesta falta de contestación a dos de los motivos incluidos en el recurso de casación formulado por Griñán frente a la sentencia inicial de la Audiencia de Sevilla, avisa de dilaciones indebidas en el trámite de resolución del recurso de casación y, sobre todo, esgrime el voto particular formulado por dos de los cinco miembros del tribunal de la sentencia del Supremo.

Sobre la falta de contestación de dos motivos, la Audiencia mencionó “la pasividad” de Griñán cuando la Intervención General de la Junta reclamaba mejoras y este alegó que siempre elevó las peticiones de control financiero de la Intervención al Consejo de Gobierno. Sin embargo, el Supremo no contesta a esa petición de aclaración sobre la supuesta “pasividad” del expresidente, que ni siquiera se menciona en ese punto de la sentencia (página 499). Además, en la resolución de las cuestiones previas al juicio en la Audiencia, las ayudas sociolaborales no fueron incluidas como objeto de enjuiciamiento y luego sí aparecen en la sentencia, lo que para Griñán es una clara vulneración del derecho de defensa.

El tercer motivo del incidente de nulidad es el voto particular, emitido por las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, que diferencian, con relación al delito de malversación, entre quienes formaban parte de la Consejería de Empleo, donde descargan la responsabilidad de la malversación, y quienes intervinieron en el trámite presupuestario pero sin conocer ni participar directamente, a su juicio, en el reparto final de los fondos, como Griñán. “Ninguno de los cinco acusados referidos intervino en esos actos fraudulentos del tramo final de la ejecución del presupuesto, ni tampoco tuvo conocimiento de que estaban siendo realizados por autoridades y funcionarios de la Consejería de Empleo”, sostienen las juezas en su voto particular.

Por último, la defensa del expresidente destaca una “vulneración” del principio de presunción de inocencia, analizando que la sentencia del Supremo, “más que revisar” la de la Audiencia, “completa los vacíos” de la misma, es decir, que “va más allá” de su cometido. “De la eventual posibilidad de que Griñán conociera el dolo eventual, el Supremo le atribuye un dolo directo y dice que todos los políticos tenían el mismo propósito de sustraer fondos públicos. Es una afirmación que supera a la Audiencia de Sevilla y sin prueba de soporte”, subrayan fuentes de la defensa del expresidente. El incidente destaca también las dilaciones indebidas de dos años (entre el 15 de junio de 2020 y el 14 de septiembre de 2022) transcurridos entre el fallo de la Audiencia de Sevilla y el del Supremo.

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El incidente de nulidad solicita así anular la sentencia del Supremo o una “moderación” de las penas impuestas, pidiendo en paralelo la suspensión de la resolución judicial a la espera de respuesta a las cuestiones planteadas frente a la misma, recibida el pasado día 19 por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, precisamente para comenzar su fase de ejecución.

En su petición de indulto parcial, la familia de Griñán no alegó discrepancias con la sentencia sino “razones de humanidad y equidad”, ya que el expresidente andaluz es “un ciudadano de 76 años con una intachable trayectoria vital” y que, “tras más de 40 años al servicio público desde las más altas responsabilidades, jamás ha obtenido remuneración alguna distinta de su sueldo como funcionario”, descartando cualquier “enriquecimiento personal ni familiar”.

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Fuente, El Pais, www.elpais.com, Junto a su autor correspondiente .
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