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El enigma de las desapariciones “idénticas” de dos temporeros africanos tras discutir con su patrón

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Ibrahima Diouf, temporero senegalés desaparecido en 2021 en Villacarrillo (Jaén).
Ibrahima Diouf, temporero senegalés desaparecido en 2021 en Villacarrillo (Jaén).

Una pregunta recorre Villacarrillo (10.545 habitantes, Jaén) desde hace un año, ocho meses y 17 días: ¿Dónde está Ibrahima Diouf? El temporero senegalés fue visto con vida por última vez el 5 de enero del año pasado arrastrando una maleta trolley roja, camino de la casa de su patrón, Ginés V. L., el empresario local de la aceituna a quien acababa de acusar de abuso laboral. Iba a exigir que se le pagase lo que se le debía, y se marchaba. La Guardia Civil está convencida de que está muerto y ahora, 20 meses después, busca su cadáver en la casa del empleador y en breve lo hará en otras propiedades vinculadas con él.

Ginés V. L., de 53 años, ya fue condenado por explotación laboral por explotación laboral en un juicio, pero en el mismo quedó absuelto de la desaparición de Tidiany Coulibaly, otro temporero de quien tampoco se sabe nada desde las navidades de 2013, precisamente tras discutir por cuestiones de trabajo y quedarse a solas con este patrón.

Las dos desapariciones “son idénticas”, aseguran fuentes de la investigación, y la última persona con la que se sabe que estuvieron las víctimas fue el empresario. Pero no hay cadáveres ni pruebas, y él no está detenido.

La Guardia Civil previó concluir este jueves la actual fase de registros, a los que se han incorporado agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), y ya ha solicitado autorización para revisar otros emplazamientos, incluidas fincas de cultivo. De momento ha puesto patas arriba la casa del empresario, el garaje anexo, un solar, un pozo del patio y la casa donde se alojaba el desaparecido, todo en la calle Guerrilleros Hermanos Uribe. El instituto armado ha desplazado a la zona cuatro perros especializados en localizar restos de personas, ha enviado a buzos para sumergirse en el pozo y a agentes de montaña, ha pasado el georradar buscando anomalías en el subsuelo, ha removido una tonelada de leña… Pero nada, ni rastro.

El caso de la desaparición de Ibrahima cuando contaba 31 años, casado y con una hija, se ha reactivado por orden del Juzgado de Instrucción Número 1 de Villacarrillo. La Guardia Civil se muestra muy cauta porque, aunque cree tener resuelta la investigación, carece del material probatorio. La subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina Madueño, pidió la mañana de este miércoles “prudencia” y recordó que el agricultor “está investigado, pero no está detenido”. Ni siquiera se ha referido a la anterior desaparición, pese a que la mecánica en ambos casos fue la misma: descontento laboral, discusión por el jornal y las condiciones en el tajo, reunión para zanjar el asunto y desaparición. El último que vio con vida a ambas víctimas, Gines V. L., insiste en su inocencia.

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Las últimas horas de Ibrahima Diouf están claras hasta que llegó a casa de Ginés V. L. Quería hablar con él y luego tomar un autobús para mudarse a Cartaya (Huelva). Pero nunca se subió en él. Aquel día llovía a mares. El olivar era un pantano, pero el patrón insistió en que la cuadrilla tenía que ir a recoger la aceituna. Discutieron. Ibrahima decidió que se despedía y que esa tarde pasaría a cobrar el mes que le debía, según se cuenta en la denuncia interpuesta por Abdou Bity, un amigo del desaparecido. Aquel último día, Ibrahima, de casi dos metros de altura, vestía pantalón azul, chaqueta negra y zapatillas negras y blancas. Arrastraba una maleta roja de ruedas. Su cuenta de ahorro personal no se ha tocado desde el día en que desapareció y no saben nada de él ni su familia ni sus amigos ni quienes le esperaban para trabajar en Cartaya. Los compañeros de trabajo del desaparecido han recordado que el empresario recorrió el pueblo con su coche para arrancar los afiches con la foto de Ibrahima pegados por la localidad, volcada en el monocultivo del olivar.

Cartel de búsqueda de Ibrahima, difundido por SOS desparecidos.
Cartel de búsqueda de Ibrahima, difundido por SOS desparecidos.

El caso es idéntico al de Tidiany Coulibaly al que jamás se le ha vuelto desde que se reunió con Ginés V. L., con quien cumplía su tercera temporada de trabajo. Según han relatado los testigos, el bracero, que entonces tenía 22 años, vareaba en la finca El Molinillo, donde el empresario les pidió que trabajasen a destajo y no a jornal, lo que rebajaba considerablemente el estipendio diario. El 17 de diciembre de 2013, el trabajador dijo que se marchaba, lo que llevó la discusión con el patrón hasta la misma puerta de la vivienda que ocupaban los inmigrantes.

Tidiany Coulibaly se quedó algo más en la vivienda para reunirse de nuevo con Ginés V. L., quien le había prometido, según los mismos testigos, que lo iba a colocar en otra explotación. Se les vio tomar un café en un bar de la localidad. Y ya está. Desde entonces no contesta al teléfono. Ya en enero de 2014, casi un año después, la Guardia Civil encontró en La Moratilla, otra finca del mismo empresario, las orejeras de estampado militar que Coulibaly, bastante friolero, casi siempre llevaba puestas. Un lugar extraño, porque en esa finca se supone que no trabajó el desaparecido. En 2016 la Sección Segunda de la Audiencia de Jaén lo condenó a un año de cárcel y multa de 4.200 euros por un delito contra los trabajadores, que “eran explotados”, y a otro año y medio de prisión por un delito contra la Administración de Justicia, con otra multa de 6.000 euros. Además, por una falta de defraudación de fluido eléctrico se le condenó al pago de otra multa por valor de 1.200 euros. Pero resultó absuelto del delito de desaparición forzosa de Coulibaly.

Agentes de la Guardia Civil transportan el georradar para continuar la búsqueda de un senegalés desaparecido en enero de 2021 en Villacarrillo (Jaén).
Agentes de la Guardia Civil transportan el georradar para continuar la búsqueda de un senegalés desaparecido en enero de 2021 en Villacarrillo (Jaén).Jose Manuel Pedrosa (EFE)

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El comisario europeo de Justicia se reunió con González Pons antes de viajar España

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El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha mantenido una reunión con el eurodiputado del Partido Popular Esteban González Pons antes de su viaje a España, esta semana, en el que abordará el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), empantanado desde hace casi cuatro años por el bloqueo del PP. La reunión, confirman en el Gabinete de Reynders, ha sido en Estrasburgo, hace unos 10 días, coincidiendo con el pleno del Parlamento Europeo. Desde el Gabinete del comisario belga señalan que es una práctica habitual de Reynders mantener reuniones con eurodiputados con cierta frecuencia para tratar asuntos legislativos en curso y futuros, así como temas de actualidad, y no dan más detalles del contenido de la reunión. González Pons, europarlamentario desde 2014, también es la persona elegida por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para negociar con el Gobierno la renovación del Poder Judicial.

Fuentes oficiales del PP han confirmado el encuentro, pero lo circunscriben a las “reuniones periódicas” de González Pons con Reynders en su calidad de portavoz para los temas de Justicia del Partido Popular Europeo, informa Elsa García de Blas. En ese encuentro no se habló “en ningún caso” del tema específico de España, aseguran estas fuentes, que añaden que les resulta “enternecedor que el Gobierno quiera decir ahora que el PP manda en la Comisión Europea, después de haber hablado de la complicidad de Von der Leyen con Pedro Sánchez”.

El comisario de Justicia no ha mantenido recientemente, no obstante, encuentros similares con otros eurodiputados ni con el Gobierno español; aunque se reunió con representantes del Ejecutivo de Pedro Sánchez (de los Veintisiete) la semana pasada en el marco del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE en Bruselas.

Un retraso “preocupante”

Reynders (liberal) ha insistido en que viaja a España para una visita habitual y no para resolver el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Pero durante el viaje, hablará del informe del Estado de Derecho de 2022, donde la Comisión define como “preocupante” el retraso en la renovación del CGPJ y pide a España que lo emprenda con “carácter prioritario”, además de reclamar a Madrid que cambie el método de elección de sus vocales “teniendo en cuenta las normas europeas”, es decir que los jueces elijan a los miembros del CGPJ de forma directa y no indirecta, como ahora, que son elegidos por las Cortes de una lista aportada por los jueces. El comisario también se preparará para la presidencia española de la UE, prevista para el segundo semestre de 2022, según su equipo.

El comisario europeo de Justicia, que la semana pasada aseguró que descarta instrumentos más duros —como el expediente sancionador que ha abierto a Polonia por su situación judicial— sobre España, intentará “facilitar el diálogo entre las fuerzas políticas para encontrar un apoyo rápido y urgente”, dicen desde su Gabinete.

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Feijóo sobre la dimisión de Pérez Tornero: “Demuestra que ni siquiera el Gobierno cumple los pactos”

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La dimisión del presidente de RTVE José Manuel Pérez Tornero, que ascendió a ese puesto por un pacto entre el PSOE y el PP, ha servido a Alberto Núñez Feijóo como argumento en su favor en el bloqueo de cualquier acuerdo entre el Gobierno y su partido, como en el caso del Consejo General del Poder Judicial. Tras el anuncio del cese de Pérez Tornero por haber perdido el favor de los socialistas y Unidas Podemos, el líder del PP ha acusado al Ejecutivo de “tomar” y “asaltar” las instituciones del Estado y de incumplir los acuerdos con la oposición. “Después de un pacto para el nombramiento del consejo de administración de RTVE, que el Gobierno unilateralmente lo rompa y obligue a cesar a una persona que había sido elegida, acredita que ni siquiera el Gobierno respeta los pactos. Esto es especialmente grave”, se ha quejado Feijóo.

El líder del PP ha cargado contra el Ejecutivo por lo que considera es una ocupación partidista de algunas instituciones del Estado, como RTVE, el CNI o el INE. “Lo que se ha venido a confirmar con la obligatoria dimisión del director de RTVE es la toma de las instituciones por parte del Gobierno. Han cesado a la directora del CNI, al del INE, y han pedido que dimita el director de la compañía de RTVE, que nace de un pacto entre los grandes partidos, simplemente porque no les gusta como dirige la cadena. Esto confirma la uitilización de las instituciones del Estado por parte del Gobierno”, ha manifestado en declaraciones a los periodistas en Palma de Mallorca.

“Es lamentable que vivamos en un país donde el Gobierno no distinga entre sus competencias para gobernar y las instituciones”, ha criticado Feijóo, que se ha detenido especialmente en la televisión pública. “Lamento que también RTVE se vea sometida al control férreo del Gobierno. Y es que, o haces lo que te mandan, o simplemente te cesan”, se ha quejado. En el pasado, los trabajadores de RTVE han promovido protestas contra el PP cuando estaba en el Gobierno por el control de la radiotelevisión pública, como los famosos viernes negros. En las televisiones autonómicas de Gobiernos populares también hay acusaciones de manipulación, como en Telemadrid, donde Isabel Díaz Ayuso tomó el control en 2021 con el cese de la dirección.

Feijóo ha aprovechado la dimisión de Pérez Tornero para alejar otros acuerdos con el Gobierno, como el del Consejo General del Poder Judicial, bloqueado desde hace casi cuatro años. “Es muy difícil fiarse de un Gobierno que ocupa las instituciones”, ha advertido el líder del PP, convencido de tener nuevos argumentos para cargar la responsabilidad de la falta de acuerdos en el PSOE.

El jefe de la oposición se ha pronunciado hoy, por otro lado, 48 horas después, sobre el triunfo de la ultraderecha en las elecciones en Italia. Tras haber optado por el silencio en su discurso ante el comité de dirección del PP este lunes, según su gabinete de forma consciente porque la dirección “no comenta otros procesos electorales”, Feijóo se ha referido este martes a la victoria de Giorgia Meloni a preguntas de los periodistas. El líder del PP ha manifestado “respeto por la decisión de los italianos” y ha reconocido que el Partido Popular Europeo (del que forma parte el partido de Silvio Berlusconi, Forza Italia) “no ha tenido un buen resultado en Italia”. A renglón seguido, Feijóo ha pedido al nuevo Gobierno de la coalición de conservadores, posfascistas y populistas que rectifique su euroescepticismo inicial, sobre todo en el caso de Meloni. “Habrá que respetar y ver qué hace el Gobierno de Italia. Todo lo que sea rectificar sus planteamientos iniciales en favor del europeísmo y de una Europa cohesionada sería una buena rectificación. Espero que algunas manifestaciones durante la campaña se maticen, e Italia no abandone el compromiso con el euro y con la UE”, ha reflexionado.

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Griñán presenta un incidente de nulidad ante el Supremo para intentar evitar la cárcel

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El expresidente andaluz José Antonio Griñán ha presentado este martes ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo un incidente de nulidad contra la sentencia que le condenó a seis años de cárcel por malversación y prevaricación en el caso de los ERE. Tras la petición de indulto parcial elevada al Gobierno por su familia a principios de septiembre y este recurso de nulidad, la defensa de Griñán prevé presentar a continuación un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por supuesta vulneración de algún derecho fundamental durante la investigación judicial, por el que los magistrados podrían suspender de manera excepcional la condena. Las tres iniciativas tienen el mismo objetivo: evitar el ingreso en prisión de quien fue también presidente del PSOE.

El incidente de nulidad, que tiene escasas posibilidades de prosperar según coinciden fuentes jurídicas, esgrime una posible lesión del principio de presunción de inocencia, al ser “fraccionada” la sentencia del Supremo en un primer anuncio el pasado 26 de julio (cuando se avanzó la condena) y la posterior notificación del fallo completo el pasado 14 de septiembre (con los argumentos y las 1.205 páginas del fallo). Para la defensa de Griñán, “durante 50 días hubo una proclamación pública de culpabilidad sin sentencia”.

Además, el incidente de nulidad señala la supuesta falta de contestación a dos de los motivos incluidos en el recurso de casación formulado por Griñán frente a la sentencia inicial de la Audiencia de Sevilla, avisa de dilaciones indebidas en el trámite de resolución del recurso de casación y, sobre todo, esgrime el voto particular formulado por dos de los cinco miembros del tribunal de la sentencia del Supremo.

Sobre la falta de contestación de dos motivos, la Audiencia mencionó “la pasividad” de Griñán cuando la Intervención General de la Junta reclamaba mejoras y este alegó que siempre elevó las peticiones de control financiero de la Intervención al Consejo de Gobierno. Sin embargo, el Supremo no contesta a esa petición de aclaración sobre la supuesta “pasividad” del expresidente, que ni siquiera se menciona en ese punto de la sentencia (página 499). Además, en la resolución de las cuestiones previas al juicio en la Audiencia, las ayudas sociolaborales no fueron incluidas como objeto de enjuiciamiento y luego sí aparecen en la sentencia, lo que para Griñán es una clara vulneración del derecho de defensa.

El tercer motivo del incidente de nulidad es el voto particular, emitido por las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, que diferencian, con relación al delito de malversación, entre quienes formaban parte de la Consejería de Empleo, donde descargan la responsabilidad de la malversación, y quienes intervinieron en el trámite presupuestario pero sin conocer ni participar directamente, a su juicio, en el reparto final de los fondos, como Griñán. “Ninguno de los cinco acusados referidos intervino en esos actos fraudulentos del tramo final de la ejecución del presupuesto, ni tampoco tuvo conocimiento de que estaban siendo realizados por autoridades y funcionarios de la Consejería de Empleo”, sostienen las juezas en su voto particular.

Por último, la defensa del expresidente destaca una “vulneración” del principio de presunción de inocencia, analizando que la sentencia del Supremo, “más que revisar” la de la Audiencia, “completa los vacíos” de la misma, es decir, que “va más allá” de su cometido. “De la eventual posibilidad de que Griñán conociera el dolo eventual, el Supremo le atribuye un dolo directo y dice que todos los políticos tenían el mismo propósito de sustraer fondos públicos. Es una afirmación que supera a la Audiencia de Sevilla y sin prueba de soporte”, subrayan fuentes de la defensa del expresidente. El incidente destaca también las dilaciones indebidas de dos años (entre el 15 de junio de 2020 y el 14 de septiembre de 2022) transcurridos entre el fallo de la Audiencia de Sevilla y el del Supremo.

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El incidente de nulidad solicita así anular la sentencia del Supremo o una “moderación” de las penas impuestas, pidiendo en paralelo la suspensión de la resolución judicial a la espera de respuesta a las cuestiones planteadas frente a la misma, recibida el pasado día 19 por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, precisamente para comenzar su fase de ejecución.

En su petición de indulto parcial, la familia de Griñán no alegó discrepancias con la sentencia sino “razones de humanidad y equidad”, ya que el expresidente andaluz es “un ciudadano de 76 años con una intachable trayectoria vital” y que, “tras más de 40 años al servicio público desde las más altas responsabilidades, jamás ha obtenido remuneración alguna distinta de su sueldo como funcionario”, descartando cualquier “enriquecimiento personal ni familiar”.

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