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El Gobierno planea diluir el aumento del gasto militar para salvar el rechazo de sus socios

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El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid los pasados 29 y 30 de junio.
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid los pasados 29 y 30 de junio.Eduardo Parra – Europa Press (Europa Press)

El Gobierno planea diluir entre distintas partidas el previsto incremento del gasto militar para facilitar así la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2023 por parte de sus socios de coalición, Unidas Podemos, y de sus aliados parlamentarios, según fuentes gubernamentales. El presidente Pedro Sánchez se comprometió durante la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid los pasados 29 y 30 de junio a elevar el gasto en defensa hasta el 2% del PIB en 2029. Eso supondrá casi duplicar en siete años los 13.130 millones de euros (el 1,01% del PIB) a los que, según cálculos de la OTAN, ascenderá este año el gasto militar español.

Para iniciar la senda de crecimiento, el presupuesto de Defensa debería aumentar en unos 2.500 millones el próximo ejercicio, pero un crecimiento tan fuerte resulta difícil de explicar ante la necesidad de atender las urgentes demandas sociales generadas por la escalada de precios y la crisis económica. La fórmula que baraja el Gobierno consiste en aprobar un moderado aumento del presupuesto de Defensa y complementarlo luego con créditos a corto y medio plazo.

De hecho, esa fórmula ya se ha aplicado este año. Según la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el Ministerio de Defensa es el que más se ha beneficiado de las ampliaciones, suplementos e incorporaciones de crédito aprobadas por el Gobierno hasta el pasado 31 de julio, con un total de 2.205 millones, que se suman a los 10.155 del presupuesto inicial (el cálculo de la OTAN es superior porque incluye conceptos como las pensiones militares, que paga la Seguridad Social). Este aumento incluye, entre otras partidas, el crédito de 999,7 millones aprobado el pasado 5 de julio para compensar los gastos de la guerra de Ucrania y más de 500 millones para financiar las llamadas operaciones de mantenimiento de la paz (OMP), que solo en una pequeña parte se sufragan con el presupuesto ordinario.

La mayor parte de este dinero sale del llamado Fondo de Contingencia, una cantidad incluida en los Presupuestos Generales del Estado para hacer frente a imprevistos y cuyo montante equivale al 2% del gasto no financiero, excluidas las transferencias a comunidades autónomas y entes locales. Está previsto que en 2023 ascienda a casi 4.000 millones.

El problema de tirar de esta hucha para sufragar el gasto en Defensa es que se corre el riesgo encontrarla vacía cuando se la necesite para hacer frente a una catástrofe o una emergencia. Además, a diferencia del presupuesto ordinario, los departamentos beneficiados no pueden disponer de estos fondos desde el 1 de enero, sino solo a medida que el Consejo de Ministros va aprobando las correspondientes transferencias, y pierden todo lo que no sean capaces de gastar antes del 31 de diciembre. Por eso, el aumento del presupuesto de Defensa no puede medirse a partir de los 12.300 millones de los que ha dispuesto finalmente este año, sino de los 10.155 que aprobaron las Cortes.

En declaraciones a la Cadena SER, el pasado día 1, Pedro Sánchez reiteró su compromiso de aumentar el gasto en Defensa y apeló, además de a la necesidad de disuadir a Rusia, a la labor de la Unión Militar de Emergencias (UME), empeñada este verano en la lucha contra los incendios forestales; al incremento del sueldo de los militares y a los 100.000 empleos generados por la industria de Defensa. La ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reiterado su rechazo al anunciado aumento del gasto militar subrayando que “España no necesita más aviones ni armas sino invertir en conciliación, dependencia y lucha contra la violencia machista”, pero ha dejado una puerta abierta al matizar que “se puede hacer una inversión para subir el salario de la tropa, en vez de gastarlo en empresas armamentísticas americanas”.

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Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha subrayado que España se ha comprometido a llegar al 2% del PIB en gasto militar “y eso se va a cumplir. Por mucho que le demos vueltas, la posición del Gobierno es muy clara y está marcada por el presidente”, zanjaba el pasado lunes. Robles no ha querido, sin embargo, entrar en detalles sobre cómo debe arbitrarse ese incremento, alegando que la fórmula concreta corresponde a Hacienda.

Más allá de su propio presupuesto, Defensa tiene otras fuentes de financiación, como la venta de terrenos militares, pero el mecanismo que planea emplear el Gobierno para completar el aumento del gasto militar son los créditos del Ministerio de Industria para prefinanciar proyectos tecnológicos de la industria de Defensa.

En los presupuestos de este año, Industria disponía de una partida de 358,2 millones para sufragarlos, pero el Consejo de Ministros aprobó nuevos programas militares (Halcón, Tigre MK III y Euromale REPAS) por otros 374 millones. Aunque el compromiso máximo de gasto previsto para 2023 era de 874 millones, solo los tres nuevos programas suman 554 millones para el próximo ejercicio.

Estos créditos no computan como gasto público, pues se trata de créditos a la industria militar que esta tendrá que devolver cuando entregue sus productos a los ejércitos y Defensa le pague. Por eso tenía razón la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, al asegurar que al menos esta parte del aumento del presupuesto militar no está incluido en el techo de gasto pactado por el Gobierno y aprobado el pasado día 13 por el Congreso. Pero inevitablemente ese dinero acabará figurando en el presupuesto de Defensa. No en el de 2023, pero sí en los de años venideros.

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Felipe VI refuerza en Angola las relaciones económicas y diplomáticas como país “prioritario” en la región

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España da un paso más en su apuesta por ocupar una posición preeminente en África. Un propósito que ha impulsado el viaje de Estado de los reyes Felipe y Letizia a Angola, con el que pretenden reforzar las relaciones económicas, políticas e institucionales al más alto nivel. “Necesitamos socios con capacidad, credibilidad y voluntad con los que, partiendo de una confianza mutua, España pueda estar más presente en la región en beneficio de todos”, subrayó Felipe VI ante el presidente de Angola, João Lourenço, en la capital, Luanda, este martes. La elección de Angola como destino tiene relevancia al ser el primer país del África subsahariana que visitan los monarcas. “Angola es para España un país prioritario por su estabilidad política y social; por sus recursos y buenas perspectivas económicas, y por su activa diplomacia regional y multilateral”, incidió el Rey en su discurso en el palacio presencial.

El avión de la Fuerza Aérea Española aterrizó sobre las 20.15 de este lunes en el aeropuerto Quatro de Fevereiro. Junto a los Reyes han viajado el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, como parte de la delegación española de una visita que se ha prolongado hasta la tarde de este miércoles. La agenda oficial de los reyes arrancó este martes en el memorial a Agostinho Neto, un mausoleo en recuerdo del primer presidente de Angola tras su independencia de Portugal, y fallecido en Moscú cuatro años después de tomar posesión de su cargo. Tras mostrar sus respetos, los monarcas se dirigieron al palacio presidencial de Luanda, donde fueron recibidos con honores por representantes de los tres ejércitos. Una vez dentro, el jefe del Estado y el presidente de Angola firmaron tres acuerdos de cooperación diplomática, industrial y de promoción deportiva. “[España] asumirá la presidencia rotativa de la UE en el segundo semestre”, recordó João Lourenço, reelegido mandatario de Angola el pasado verano. “Me gustaría que incluyera a Angola en la agenda de financiación de los países que carecen de recursos por las dificultades persistentes de la pandemia”, solicitó el mandatario al Rey. Fuentes de Exteriores avanzan que Felipe VI jugará también un papel durante la Presidencia europea.

España importa de Angola, un país con una enorme desigualdad, principalmente petróleo —un 98% del producto que llega del país es crudo—. Mientras que las exportaciones se refieren principalmente a maquinaria pesada. Unas 40 empresas españolas operan además en el país subsahariano, dedicadas en su gran mayoría a proyectos de infraestructuras y desarrollo energético, sectores que presentan importantes oportunidades al ser un país con necesidades en estos ámbitos. Entre las firmas se encuentran Elecnor, Airbus, Indra y Navantia. Las inversiones, que sufrieron un fuerte frenazo por la caída del precio del petróleo y el mazazo de la pandemia, vuelven a reactivarse ahora. De hecho, el Gobierno de Lourençao ha promovido un plan nacional para avanzar en el desarrollo del país. Para el que necesita de inversión extranjera.

“Con este viaje esperamos consolidar la colaboración bilateral existente y animar a las empresas españolas a que aporten su conocimiento, su capacidad y su tecnología en beneficio de todos”, ha afirmado Felipe VI, este miércoles, en un foro económico al que han asistido un centenar de empresarios, entre españoles y angoleños, interesados en la actividad de la región, y en el que también ha estado presente Garamendi. “Las empresas españolas podrán aportar su experiencia y su profesionalidad, pudiendo ser así de gran utilidad para generar los mejores resultados a corto, medio y largo plazo”, ha proseguido el jefe del Estado.

Toda la visita ha transcurrido en Luanda, una ciudad de enormes contrastes, salpicada por modernos edificios de más de diez plantas junto a barriadas desfavorecidas con viviendas precarias. Caminando por el paseo marítimo del centro, una enorme y solitaria pancarta recibe al viandante: “Hola Madrid”. El cartel publicitario corresponde a la nueva línea directa que la compañía nacional angoleña —Taag— inauguró el pasado otoño junto a Iberia, y que conecta Luanda con Madrid. Una muestra más de los dos estados por estrechar lazos y a la que se ha referido en varias ocasiones el Rey en sus intervenciones.

El Rey durante su visita a la Asamblea Nacional de Angola, este miércoles.
El Rey durante su visita a la Asamblea Nacional de Angola, este miércoles.CASA DE S.M. EL REY/FRANCISCO GÓMEZ (CASA DE S.M. EL REY/EFE)

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Por su parte, el ministro de Exteriores anunció este martes que la próxima semana se trasladará a Adís Abeba (Etiopía) para intervenir en la Cumbre de la Unión Africana. “Me dirigiré al Consejo de la Unión Africana precisamente para pulsar el sentir de África”, aseveró José Manuel Albares. Fuentes del Ministerio destacan la necesidad de que España se afiance como un país de referencia en África, y cooperar así en atajar los problemas endémicos de la zona, como la inmigración irregular, la presencia rusa del Grupo Wagner o la hambruna. Un continente con el que España comparte fronteras.

“España sigue con atención y gran interés los profundos cambios y transformaciones que se están produciendo en este continente”, ha sostenido el Rey este miércoles en otra intervención solemne ante la Asamblea Nacional, en el que ha sido su tercer discurso como monarca en un Parlamento, y en el que ha subrayado “la necesidad de trabajar juntos por la preservación de la paz y la seguridad mundiales”. Unas palabras que llegan en medio de la ofensiva de Rusia sobre Ucrania, que “se recrudecerá en los propios días”, inciden fuentes de Exteriores. Tanto Felipe VI como Lourençao han manifestado la facilidad de entendimiento al compartir lenguas hermanas. Un factor con el que no cuentan otros países de la zona. Y un acercamiento que permite a Angola ir más allá de las relaciones con Portugal.

El esfuerzo como socios “prioritarios” se refleja, a su vez, en que la visita de Felipe VI es la primera de un monarca occidental a Angola en su historia reciente. También es la primera de un jefe de Estado tras la toma de posesión de Lourençao desde este verano. El dirigente angoleño recibió a su vez en abril de 2021 al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Hasta ese momento, ningún jefe del Ejecutivo español había viajado al país africano. Fue en 1992, cuando el expresidente Felipe González estuvo en Angola en plena guerra civil. Mariano Rajoy tenía prevista otra cita, pero los problemas con el procés impidieron que llegara a término. La delegación encabezada por los Reyes supone así otro avance en el “camino” que ambos países pretenden recorrer de la mano.

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Enrique López se prepara para abandonar el gobierno de Díaz Ayuso en Madrid

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (c) junto con sus consejeros de Justicia e Interior, Enrique López (2d) y Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (d) asiste al acto de conmemoración del XXV aniversario de la creación del Centro de Emergencias Madrid 112 celebrado este martes en la Casa de Correos.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (c) junto con sus consejeros de Justicia e Interior, Enrique López (2d) y Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (d) asiste al acto de conmemoración del XXV aniversario de la creación del Centro de Emergencias Madrid 112 celebrado este martes en la Casa de Correos.MARISCAL (EFE)

Enrique López, consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, ha renunciado a su condición de afiliado del PP como paso previo a una posible vuelta a la judicatura. El exmagistrado del Tribunal Constitucional, marcado por no haber apoyado explícitamente a Isabel Díaz Ayuso en su guerra con Pablo Casado, no abandonará inmediatamente el Ejecutivo, según fuentes populares, pero lo deja todo listo para hacerlo en el caso de que no repita como consejero tras las elecciones autonómicas del 28 de mayo.

“Prepara su vuelta a la judicatura para después de las elecciones, si es que no sigue en política”, explica una fuente que cuenta con la confianza de la presidenta regional. “Los jueces no pueden estar afiliados a partidos políticos”, recuerda. Y puntualiza: “Para ser consejero no hace falta estar afiliado”.

López quedó desplazado del núcleo de máxima confianza de Díaz Ayuso en junio, cuando la presidenta eligió a Enrique Ossorio como vicepresidente regional, un puesto que ocupaba de facto el exmagistrado. Fue la constatación de que había perdido la oreja de la líder, tras jugar un papel clave en la confrontación del gobierno regional con el central durante la pandemia, pues no hubo recurso judicial que presentara Madrid sin que antes lo revisara López.

“He solicitado mi baja como militante en el PP, lo cual no significa en absoluto renunciar a la defensa de los principios y valores que representa la ideología del partido”, explica el propio López a través de un audio enviado a los medios de comunicación tras la noticia adelantada por Abc. “De esta decisión personal ya era conocedora la presidenta Isabel Díaz Ayuso, y esto me va a permitir seguir trabajando, mientras cuente con su confianza, con mayor ahínco y con mayor entrega en el gobierno”.

La salida de Casado como líder del PP dejó a López en una posición precaria. El que fuera líder de los conservadores entre 2018 y 2021 fue quien lo aupó hasta la consejería del primer gobierno de Ayuso, y tras una carrera judicial marcada por la proximidad de López al PP. Mientras la mayoría de consejeros de Ayuso mostraban su apoyo a la presidenta en plena guerra civil contra la dirección nacional, ni él, ni el titular de Transportes e Infraestructuras, David Pérez, ni el consejero de Administración Local y Digitalización, Carlos Izquierdo, lo hicieron.

Todos quedaron señalados. Una circunstancia que abrió una herida en el gobierno regional que la presidenta no quiso agravar con destituciones inmediatas que fueran interpretables como ajustes de cuentas. El tiempo, concluyó la líder conservadora, haría el mismo trabajo por activa o por pasiva, y sin ningún escándalo.

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Es justo lo que ha pasado. Con la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia nacional del PP, López perdió la secretaría de justicia que le había encomendado Casado en enero de 2020, puesto en el que sustituyó al exministro Rafael Catalá. El ascenso de Ossorio en el gobierno de Madrid le restó poder interno. Y ahora la proximidad de las elecciones del 28 de mayo le ha empujado a tomar una decisión que allana su retorno a la judicatura. Una vuelta a la toga que, en realidad, siempre ha dependido de Ayuso, como ocurre con la posible salida del titular de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero, hacia la candidatura a la alcaldía de Pozuelo de Alarcón, puesto para el que el PP también había tanteado a López.

Si la líder conservadora gana las elecciones y forma gobierno, será ella quien decida uno a uno el nombre de los consejeros. Y si en 2021 Díaz Ayuso apostó por dar continuidad al equipo con el que había llegado al poder en 2019, ahora todo apunta a lo contrario: borrón y cuenta nueva en varias carteras.

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El Supremo reduce de ocho a seis años de prisión una condena por agresión sexual a un menor con la ‘ley del solo sí es sí’

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Manifestantes frente al Tribunal Superior de Justicia el día de la sentencia de La Manada en Madrid.
Manifestantes frente al Tribunal Superior de Justicia el día de la sentencia de La Manada en Madrid.Andrea Comas

En plena tormenta política entre PSOE y Unidas Podemos a raíz de la proposición de ley presentada por los socialistas en el Congreso para reformar la ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del solo sí es sí, el Tribunal Supremo notificó ayer una nueva rebaja de pena a un agresor en aplicación de la ley impulsada por el Ministerio de Igualdad. La Sala de lo Penal ha reducido de ocho a seis años de prisión el castigo impuesto a un hombre que agredió sexualmente a un menor de 12 años, al concluir que la ley del solo sí es sí resulta más favorable para el acusado en este caso y se le debe aplicar retroactivamente. La bajada de penas en las agresiones a menores en la que se ha basado el Supremo para tomar su decisión es una de las que se eliminará si prospera la propuesta socialista, que eleva el castigo mínimo de seis a ocho años para esos supuestos (agresiones con penetración).

La sentencia del Supremo consolida la jurisprudencia del alto tribunal en una de las casuísticas más habituales con las que se están encontrando los tribunales: casos en los que el agresor fue condenado en su momento a la pena mínima posible, pero la ley ha reducido el castigo mínimo para ese delito, aunque el que le impusieron entonces siga dentro de la horquilla prevista en el nuevo Código Penal. La Fiscalía se había opuesto a la rebaja siguiendo las directrices marcadas por el fiscal general, que aconsejó rechazar las reducciones de penas cuando la impuesta fuera también posible con el nuevo Código Penal. No obstante, en el escrito presentado en el alto tribunal, el fiscal admite que la petición de la defensa no era “disparatada” y encajaba en el criterio que ya ha ido fijando el Supremo en las últimas semanas.

Los hechos sobre los que se ha pronunciado el Supremo ocurrieron en enero de 2021 en Madrid, cuando el acusado contactó con el menor a través de la red social Instagram y se citó con él en un parque. Se besaron en los labios y el hombre masturbó al chico, le hizo una felación y le pidió que le hiciese una penetración anal, aunque esta no llegó a culminarse. El hombre intentó quedar de nuevo con el menor, pero la cita no se produjo, aunque sí intercambiaron mensajes que, a la postre, sirvieron para incriminar al acusado. Fue el hermano del niño, que era mayor de edad y había mantenido relaciones con el mismo hombre cuando era menor, el que le llevó a denunciar los hechos.

Antes de la ley del solo sí es sí la Audiencia Provincial de Madrid calificó los hechos como abuso sexual con penetración, castigados con entre ocho a 12 años de prisión. El tribunal optó por imponer la pena mínima, al aplicar la atenuante de reparación parcial del daño (el hombre había consignado antes del juicio 3.000 euros para una eventual responsabilidad civil) y teniendo en cuenta la “madurez relativa” del menor y su consentimiento para realizar los actos de naturaleza sexual. Según la Audiencia, este castigo de ocho años sancionaba los hechos “suficiente y adecuadamente”.

La sentencia del Supremo explica que la nueva ley marca ahora para estos casos una pena de seis a 12 años de prisión, pero al aplicar la atenuante la pena sería de seis a nueve años. Según el Supremo, los criterios que llevaron a imponer la pena mínima se mantienen “por su activo consentimiento en la relación sexual objeto de condena”.

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Con este caso, son ya más de 460 las reducciones de pena concedidas por los tribunales en aplicación de la ley de libertad sexual, según los datos que han ido facilitando los propios tribunales. Aunque posiblemente el número sea más elevado porque no todos los tribunales superiores están difundiendo sus datos.

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