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Martín Pallín: “La Fiscalía archivó lo del rey emérito por servilismo”

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José Antonio Martín Pallín, exjuez del Supremo, en su despacho de Madrid el pasado 14 de septiembre.
José Antonio Martín Pallín, exjuez del Supremo, en su despacho de Madrid el pasado 14 de septiembre.Claudio Alvarez

José Antonio Martín Pallín (A Coruña, 86 años) quería ser ingeniero de caminos, pero se le atragantaron las matemáticas. Hijo de “un golpista”, teniente coronel de la Guardia Civil del que pese a todo, destaca su “ejemplar sentido ético”, se matriculó en Derecho “con poco entusiasmo” y terminó descubriendo su “verdadera vocación”. Acumula “6.000 juicios orales como fiscal y unas 2.000 sentencias como magistrado del Supremo”. En 2011 se retiró en el alto tribunal, pero sigue en activo, ahora asesorando a un bufete de abogados, como representante español en la Comisión Internacional de Juristas y escribiendo libros. El último se titula Los derechos de la Tierra.

Pregunta. En una reciente entrevista en este diario, Pedro González-Trevijano, presidente del Tribunal Constitucional, dijo: “Los juristas somos casi todos gente conservadora porque el derecho es una ciencia conservadora”. ¿Lo comparte?

Respuesta. El derecho no es una ciencia exacta, está más cerca de la filosofía o las humanidades. Me parece inaudito que un presidente del Constitucional diga eso. ¿Acaso un Parlamento democrático solo puede hacer leyes conservadoras? En cuanto a los jueces conservadores, efectivamente hay razones de origen, familias pudientes que pueden permitirse esas oposiciones que son una aberración tal y como están concebidas ahora, y luego es fácil que después de ese esfuerzo haya quien diga: “Ya soy funcionario, voy a meterme en pocas complicaciones”. Pero en el derecho también hay gente que vemos las cosas de otra manera.

P. ¿Cuál sería el mejor método para llegar a juez?

R. En Francia, los aspirantes a jueces tienen que pasar, además, un examen de cultura general. A un amigo íntimo, el jurista Philippe Texier, le preguntaron qué era la nouvelle vague. También hay países que hacen exámenes de tipo psicológico. Encontrar el sistema perfecto es difícil, pero quizá el más razonable sea el inglés. Allí necesitas diez años de ejercicio del derecho y unos informes favorables. Solían decirme: “En tu país puedes ser juez con veintipocos años ¡Estáis locos!”. En el sistema alemán también hay prácticas, pasas por todo el circuito judicial. Aquí falta eso, práctica.

Los jueces tienen que serlo de la ley, no de la moral

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P. Admite que el sistema español favorece una mayoría conservadora entre los jueces, pero es partidario de cambiar el método en el Poder Judicial para que los jueces elijan a los jueces. ¿No restaría eso pluralidad teniendo en cuenta que la mayoría de jueces asociados pertenecen a asociaciones conservadoras?

R. Los jueces que están elegidos por el Parlamento cuando gana el PP también son de mayoría conservadora. Le he dado muchas vueltas a este asunto. El problema no es que sean conservadores. He trabajado con jueces conservadores que eran magníficos juristas, como Luis Vivas, que había estado en la División Azul [los españoles que lucharon del lado de los alemanes de Hitler en la II Guerra Mundial]. El problema es que sean trepas, que cedan su independencia a intereses partidistas.

P. ¿Podría terminar ocurriendo aquí algo parecido a lo que ha pasado en EE UU, con el Supremo restringiendo derechos adquiridos, como el aborto?

R. El Supremo de EEUU no ha anulado el aborto, ha hecho una interpretación por la cual cada Estado puede regularlo como estime conveniente, como hizo con la pena de muerte. Aquí, con la actual composición del Constitucional creo que lo de abortar a los 16 años sin consentimiento de tus padres no pasa de ninguna de las maneras. La modificación ad hoc que se introdujo en la ley de autonomía del paciente [en 2015, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy] para que a los 16 años no pudieran abortar sin consentimiento paterno es un ejemplo de cómo el derecho se pone a veces al servicio del conservadurismo. En todo esto hay que recordar lo obvio: solo las mujeres se quedan embarazadas y nadie puede decidir por ellas. Los jueces tienen que serlo de la ley, no de la moral. Con el tema de la eutanasia ocurre igual.

P. En El Gobierno de las togas critica la judicialización de la política. Llega a decir que está en peligro la separación de poderes. ¿Es partidario de limitar la acción popular de los partidos políticos?

R. Los partidos políticos tienen un escenario acotado, el Parlamento. No suprimiría la acción popular, pero habría que acotarla, aunque en la práctica cualquier diputado “a título personal” o tres militantes de un partido podrían ejercer la acción penal porque la ley dice que “los ciudadanos españoles” podrán ejercitarla.

P. Entonces, ¿cómo se acota?

R. Limitándola a los ciudadanos. Y si versa sobre asuntos con un claro matiz político, la norma ya permite a los jueces rechazar de plano cualquier querella cuyos hechos no sean manifiestamente constitutivos de delito.

P. ¿Cómo le explicaría a un profano las consecuencias del bloqueo en la renovación del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional?

R. En su vida diaria, no le afecta. No impide su divorcio, su desahucio, su testamento, su reclamación de cantidad.. Pero es un órgano constitucional y como tal, tiene que ajustarse a las normas constitucionales. Imaginemos que el Gobierno dijese que no convoca elecciones, que sigue otros cuatro años, y en el poder legislativo igual… sería un golpe institucional. Lo que está ocurriendo en el Poder Judicial es una anomalía constitucional. Es inconcebible que no se disuelva automáticamente.

P. ¿Deberían haber dimitido?

R. Eso por un lado. La ley dice que, transcurridos los cuatro años, el presidente del Tribunal Supremo convocará elecciones entre los jueces para presentar sus candidaturas. Esto se hizo a finales de 2018. Te puedes presentar con 25 avales y resultaron preelegidos 51. Es un proceso institucional que ya está abierto. ¿Por qué no se completa? El Gobierno dice que estando en funciones no pueden hacer nombramientos y se monta un gran escándalo por las vacantes, pero es que cuando el Gobierno está en funciones también está limitado: no puede presentar proyectos de ley, por ejemplo, y en el poder legislativo, igual cuando pasa a ser la diputación permanente. ¿Por qué va a poder hacer el Poder Judicial lo que le dé la gana?

P. ¿Se le ocurre algún método para impedir que ese bloqueo vuelva a repetirse?

Soy partidario de anular la sentencia de los ERE. Hay una responsabilidad política, no penal, y ya la han pagado

R. Una modificación de la ley de forma que, transcurrido el mandato, se convocan elecciones a jueces y dimiten todos los vocales salvo los necesarios para que siga en funcionamiento la comisión disciplinaria… lo fundamental. No podrían hacer nombramientos y las vacantes que se fueran produciendo las cubrirían magistrados suplentes: catedráticos, juristas de reconocido prestigio…

P. ¿Quiénes son los principales culpables de la situación actual?

R. ¿Cui prodest? ¿A quién beneficia? Incuestionablemtente, al PP.

P. Ha sido muy crítico con la sentencia del caso de los ERE. ¿Es partidario del indulto?

R. Soy partidario de anular la sentencia. Eso no es delito. El derecho penal no puede juzgar una política emanada de un Gobierno, aprobada por un Parlamento, con el apoyo en su día del PP, que llegó a pedir aumentar la partida. El clientelismo no sale en el Código Penal. Hay una responsabilidad política, pero no penal, y esa ya la han pagado perdiendo el Gobierno andaluz.

P. ¿Existen casos parecidos que no hayan tenido sanción penal?

R. Lo que está haciendo el juez García Castellón con los audios que hablan de Aguirre o la conversación de Ignacio González con Zaplana… eso sí es un cáncer para la justicia y no el Poder Judicial. El tipo que se hizo pasar por cura… que no se haya investigado… Son resoluciones arbitrarias injustas.

P. ¿Puede la justicia ser incoherente?

R. No. La justicia tiene que ser coherente. Estos casos son de libro: si cambias los nombres en una facultad como ejercicio práctico y un alumno me dice que eso no hay que investigarlo le suspendo. Lo que influye en que unas cosas se investiguen y otras no es el factor humano. Y el que tenga alguna duda de por qué está pasando esto que repase la conversación entre Ignacio González y Eduardo Zaplana.

P. También ha sido muy crítico con la sentencia del procés, pero al contrario que en la de los ERE, ahí todos los magistrados estaban de acuerdo.

R. Yo creo que tenían el esquema de la querella ya preparado porque en tres días presentaron una de 103 páginas. Yo he sido fiscal, he hecho querellas y sé lo que cuestan. Aquí se hizo la ley del referéndum y el Constitucional la declaró inconstitucional. Perfecto, impecablemente democrático. Con la ley de transitoriedad, lo mismo. Luego se abrió el procedimiento. La sedición se basa en lo que ocurrió en la consellería y la sentencia dice en un momento dado que en los alrededores se concentró gente entre gritos reivindicativos y actos lúdicos consistentes en actuaciones musicales y reparto de bocadillos. Menuda sedición. Y en lo del 1 de octubre el propio Marchena reconoce que todo quedó abortado en cuanto se publicó en el BOE la aplicación del 155. Lo que se ha hecho es una perversión y una utilización fraudulenta del derecho penal y no lo digo yo, lo ha dicho el grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias, el comité de derechos humanos de la ONU y jueces de Bélgica, Alemania, Escocia, Suiza…

P. ¿Dejaría el delito de sedición tal y como está en el Código Penal?

R. Lo de alzamiento público y tumultuario podría cambiarse a actuaciones que causen una grave alteración del orden público. Aplicando la doctrina Marchena, que cree que no hace falta violencia, los del Consejo serían sediciosos.

P. En Los derechos de la tierra se plantea si el derecho puede “proporcionar instrumentos para ordenar y controlar el cese de la sangría de la Tierra”. ¿Puede?

R. Puede y debe porque en ello nos va la vida de las futuras generaciones. A partir de la explosión de la fábrica de fertilizantes de Bhopal, en la India, en la que murieron cerca de 30.000 personas, se empezó a hablar del delito medioambiental. El derecho ya tiene instrumentos, pero yo doy un paso más, de la mano de cerca de 400 científicos, juristas, filósofos.. que llevan tiempo trabajando en una utópica Constitución de la Tierra.

P. ¿Una especie de declaración de los derechos del niño pero para el planeta?

R. Sería la carta de los derechos fundamentales de la naturaleza. Luigi Ferrajoli, que es un mangnífico jurista, tiene un libro en el que desarrolla hasta 100 artículos de esa constitución. Yo soy un poco más modesto. La Universidad Libre de Bogotá tiene un mamotreto de muchos autores, entre ellos un constitucionalista español buenísimo, Marco Aparicio, en el que plantea esa idea revolucionaria, que un árbol puede tener derechos. Yo lo sostengo.

P. En España ni siquiera la prevalencia del varón sobre la mujer en la sucesión al trono ha animado a los grupos políticos a cambiar la Constitución. Nadie quiere abrir el melón de la ley de leyes.

R. Esto es una patología preocupante. Alemania ha modificado más de 20 veces su constitución y no ha pasado nada. En una sociedad sana, madura, no hay problema. ¿Por qué se pudo hacer lo del 135 y hoy no se puede cambiar disminuídos por discapacitados?

P. Usted restringe la interpretación sobre la inviolabilidad del Rey. ¿Podría haber hecho otra cosa la Fiscalía distinta al archivo?

R. Negar la inviolabilidad del Rey fuera de los actos propios de sus funciones es el derecho internacional de todos los países civilizados. La Constitución habla de que será inviolable y “sus actos refrendados por los ministros”, es decir, está hablando de actos en el ejercicio de su cargo. Esto lo solucionó de manera magistral Lord Nichols en el caso Pinochet: no dudaba de la inviolabilidad de los reyes y jefes de Estado por los actos desempeñados en el ejercicio de su cargo, pero explicó que no es una función propia de un jefe de Estado torturar y hacer desaparecer personas, por lo que accedió a su entrega a España. La Fiscalía ha hecho lo que ha hecho con el rey emérito por servilismo, por no atraverse a crear un conflicto político para el que quizá la sociedad española no estaba preparada.

P. Las exhumaciones de los republicanos enterrados sin consentimiento familiar en el Valle de los Caídos están paradas porque, pese que el TSJ de Madrid levantó las cautelares, el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial se niega a conceder de nuevo la licencia de obra y un juzgado de Madrid les ampara. ¿Qué le parece?

R. Ciertos jueces han tenido una actitud de rechazo general ante todo lo relacionado con la memoria histórica porque detectan que tienen a su favor a la opinión mediática y a la derecha. Esto del Valle de los Caídos me parece una medida arbitraria e injusta porque no hay ningún invonveniente para seguir adelante con las actuaciones. Se ha hecho una interpretación mecanicista e ideológica del derecho. Una sentencia vale siempre lo que valen sus razonamientos.

P. ¿Tiene alguna sentencia de la que se arrepienta, algún caso que le persiga?

R. Arrepentirme no. Mi preocupación siempre ha sido que mis argumentos se entendieran. El derecho no es una técnica, es la aplicación de la razón a los hechos y en donde nos podemos confundir a veces es en los hechos. Ese es el peligro, pero para eso también hay una máxima que nos libera y es la de in dubio, pro reo. El que me persigue, pero porque él lo recuerda siempre, es Mario Conde, que entró en el Supremo con 10 años de condena y salió con 20.

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Ayuso se desmarca de Feijóo y celebra la bajada del paro en Madrid pese a que el PP sostiene que las cifras están maquilladas

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Alberto Nunez Feijoo, presidente del Partido Popular, e Isabel Diaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP Regional, en un mitin celebrado el pasado 26 de noviembre.
Alberto Nunez Feijoo, presidente del Partido Popular, e Isabel Diaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP Regional, en un mitin celebrado el pasado 26 de noviembre.Olmo Calvo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado este viernes los datos del paro en Madrid, lo que entra en contradicción con la línea argumental del PP nacional, que pone en duda esa estadística porque la considera “maquillada”. “Cae el paro en la Comunidad de Madrid, y lo hace el doble que en el conjunto de España”, ha escrito en Twitter la líder conservadora, dando por buenos unos registros que su partido está intentando emplear para abrir un nuevo frente contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Ayuso ha sido la única presidenta autonómica del PP que ha celebrado este viernes la bajada del paro en su comunidad, coincidiendo con que el Grupo Parlamentario Popular ha registrado este viernes en el Congreso una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a modificar las estadísticas de empleo por la contabilidad de los fijos discontinuos. El Ministerio de Trabajo recuerda por su parte que la catalogación de los fijos discontinuos en el SEPE (antes INEM) está definida en una orden ministerial desde hace 37 años, y no se ha alterado desde entonces. “Me gustaría pedirle a la derecha que dejen de ejercer el trumpismo en materia laboral y  económica”, ha contestado muy dura la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

Cae el paro en la Comunidad de Madrid, y lo hace el doble que en el conjunto de España.

Es la región donde más empleo se ha creado en noviembre: 34.000 nuevos puestos de trabajo.

— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) December 2, 2022

Ante esa contradicción entre Ayuso y la línea marcada por la dirección nacional, el PP se ha lanzado este viernes a protagonizar un difícil ejercicio de equilibrismos. Para intentar conciliar la denuncia de que los datos del paro no son creíbles con la celebración del balance en Madrid, los portavoces conservadores han venido a emplear la parábola de la báscula rota: aunque el peso que arroje sea erróneo, si siempre se usa la misma báscula acaba reflejando una tendencia de fondo que sí es creíble.

“Que dude el PP de datos no es contradictorio con que presumamos de los datos que hay”, sostiene una fuente del equipo de confianza de la presidenta regional. “Y cuando salgan los verdaderos, serán mejores”, apostilla. Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, defiende que “hay organismos independientes que denuncian que el Gobierno miente con las cifras de parados, que los esconde”. “Lo que no se puede esconder son los datos de creación de empleo, o de puestos de trabajo”, incide, distinguiendo entre los datos que sí se cree la formación conservadora, y los que no. “Que no nos creamos las encuestas de Tezanos no significa que estas a veces no se acerquen al resto. No hay ninguna discrepancia en el seno del PP”. “No es contradictorio”, ha remachado el portavoz parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid, Pedro Muñoz Abrines. “La situación afecta a todo el país, pero en Madrid sí se crea empleo, lo que significa que la economía madrileña va mucho mejor que en el resto del país”.

También el consejero de Economía y Hacienda de Ayuso, Javier Fernández-Lasquetty, se ha visto obligado a intentar coincidir al mismo tiempo con la tesis de la líder regional y de la dirección nacional. “Madrid sigue tirando para adelante y tirando de toda España, pero hay otro punto que es necesario aclarar”, ha aseverado. “El Ministerio de Trabajo tiene que publicar las cifras de las personas que no figuran como desempleados, pero sí están buscando empleo, porque tienen un contrato discontinuo. [La ministra] Yolanda Díaz los ha puesto en otro sitio”.

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Fuentes de Génova sostienen, por su parte, que Ayuso “hace bien” en celebrar la bajada del paro en Madrid porque está siguiendo la estadística oficial, aunque el PP la discuta. “Si cambian la metodología de cómputo a lo mejor ese tipo de aseveraciones no se pueden hacer”, afirman estas fuentes, “pero ahora es lo que hay”, precisan. Ayuso no avisó a Génova de que publicaría un tuit felicitándose por la bajada del desempleo el mismo día que el PP denuncia el “maquillaje” de la estadística, pero en la dirección nacional insisten en que ese no es el debate, sino qué pasa con los parados en España.

Los populares han registrado este viernes una proposición no de ley en la que instan a modificar y “adaptar a la realidad” las estadísticas de empleo publicadas por el SEPE. En el texto, firmado por los diputados Jaime de Olano, Mario Garcés y Diego Movellán, inciden en que los contratos fijos discontinuos que se han disparado con la nueva reforma laboral “no han creado más trabajo, sino que han sustituido un tipo de contrato [el temporal] por otro [el fijo discontinuo] para cubrir las mismas necesidades temporales”. Los diputados reconocen que los fijos discontinuos son “técnicamente contratos indefinidos” y “tienen más garantías para un trabajador que un contrato temporal, como antigüedad o mayor indemnización en caso de despido”, pero denuncian que la situación del trabajador al final “es igual de inestable”.

El PP admite que esta modalidad de contrato de trabajo “no es nueva y siempre se ha contabilizado de la misma manera a efectos estadísticos”, dice el texto de la proposición no de ley registrada, lo que choca con la tesis expresada por Alberto Núñez Feijóo de que se trata de cifras alteradas. Pero argumentan que, al haberse limitado los contratos temporales, los fijos discontinuos se han disparado. Y la diferencia con la situación anterior a la reforma a efectos estadísticos, según el PP, es que mientras el trabajador temporal contabiliza como parado cuando se extingue su contrato, el fijo discontinuo, “aunque esté en su casa sin trabajar, sin cotizar y cobrando el paro, no cuenta como parado a efectos de las estadísticas, sino como ocupado”. Pero la cuestión es que antes tampoco contaba como parado, porque siempre se ha contabilizado igual a los fijos discontinuos. Solo que ahora hay muchos más.

Fuentes del Ministerio de Trabajo recuerdan que la catalogación de las personas con contrato fijo discontinuo en el SEPE (antes INEM) está definida en una Orden Ministerial de 11 de marzo de 1985, esto es, hace 37 años. La reforma laboral no afectó a esta normativa que lleva vigente cuatro décadas, lo que incluye 14 años de gobiernos del Partido Popular. “El SEPE ahora y antes el INEM contabiliza a las personas con contrato fijo discontinuo, cuando están en un periodo de inactividad, como demandantes de empleo no parados”, afirma Trabajo.

El criterio en todos los casos, recuerda el Ministerio, es que se considera demandantes no parados a las personas que no están buscando activamente un empleo o que no están en disponibilidad de aceptar una oferta de forma inmediata. Las personas con un contrato indefinido fijo discontinuo tienen activa una relación laboral con su empleador, como las que están en ERTE, por ejemplo, y por eso no se les registra como desempleadas. Y ponen un ejemplo: “Una profesora que termina el curso escolar el 30 de junio y empieza el siguiente curso el 1 de septiembre y tiene un contrato indefinido fijo discontinuo no busca empleo en julio y agosto, espera a que empiece el curso escolar para reincorporarse a su puesto de trabajo y, por lo tanto, no es una desempleada”.

“Me gustaría pedirle a la derecha que dejen de ejercer el trumpismo en materia laboral y  económica”, ha cargado la vicepresidenta Yolanda Díaz este viernes. “Me gustaría que por primera vez el señor Feijóo se pueda alegrar de que los datos de paro en su país, quedando mucho por hacer, son positivos”, ha pedido la titular de Trabajo en conferencia de prensa tras reunirse con organizaciones de defensa del derecho a la vivienda. “Estoy segura de que el señor Feijóo y la derecha de nuestro país no piensan que en Galicia, en Madrid o en Andalucía se han maquillado los datos de paro”, ha enfatizado Díaz, quien ha recordado que la competencia en el registro de estas cifras es autonómica y el SEPE solo se encarga de “recepcionarlas”. La vicepresidenta ha afeado al líder popular que “cuestione” también el PIB o los datos de inflación. “Lo que un dirigente debe hacer es valorar las cosas que en su país se están haciendo de manera positiva. Entiendo que es difícil cuando alguien ha calificado las medidas que están cambiando la vida de la gente como ‘timo ibérico’, pero le pido a la derecha que esté a la altura de las circunstancias y deje de hacer trumpismo”, ha exhortado. “Esto no pasa en ningún país de nuestro entorno (…) es gravísimo”, ha denunciado Díaz, quien acusa al PP de tratar de “impugnar  la institucionalidad”, informa Paula Chouza.

La denuncia del PP sobre el paro no es nueva ―Feijóo denunció el “maquillaje” del paro el pasado mes de junio, al poco de llegar a la presidencia del PP―, aunque ahora los populares la llevan al Congreso. En junio, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, contestó al líder del PP que no está “preparado para gobernar” con esas aseveraciones, porque “los fijos discontinuos no son parados, pero no ahora, por la reforma laboral, sino desde hace 25 años”, remarcó Díaz. “Son contratos de calidad, que cotizan en todos sus extremos, que son estables y que son garantía de derechos para los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país”, defendió. Esta semana, Feijóo ha vuelto a la carga denunciando la “doble contabilidad en el paro”, y su secretaria general, Cuca Gamarra, ha insistido en que el Gobierno “busca triquiñuelas” para “ocultar los verdaderos datos del paro”.

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España

El nuevo fiscal jefe de Tráfico: “Los datos apuntan hacia un cierto repunte de la siniestralidad vial”

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El fiscal jefe de Seguridad Vidal, Luis del Río, en su despacho en Madrid.
El fiscal jefe de Seguridad Vidal, Luis del Río, en su despacho en Madrid.Andrea Comas

Luis del Río (Las Palmas de Gran Canaria, 59 años) se puso al frente de la Fiscalía de Seguridad Vial el pasado marzo. Con casi tres décadas de carrera a la espalda y una amplia experiencia en Anticorrupción y Siniestralidad Laboral, sustituyó en el cargo a Bartolomé Vargas, que se jubiló tras 15 años encabezando esta área del ministerio público. El canario llega en un momento complejo: la delincuencia vial aumentó en 2021 y generó el volumen de actividad judicial más alto de la última década; la movilidad crece y se sitúa ya en niveles previos a la pandemia; y, como indica Del Río, los datos provisionales de 2022 de la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre fallecidos en carreteras “apuntan hacia un cierto repunte de la siniestralidad”.

Pregunta. Si tuviéramos que hacer ahora una foto fija de la delincuencia vial en España, ¿a qué escenario nos enfrentamos?

Respuesta. Actualmente lo que se percibe es que, si bien durante la última década ha habido una mejora considerable en materia de seguridad vial y de movilidad en general, quizás en el último periodo del que tenemos datos oficiales, que es el año 2021, ha habido un pequeño retroceso. Un retroceso porque se han incrementado los asuntos incoados, las sentencias condenatorias dictadas y los escritos de acusación.

P. ¿Y a qué lo achacan?

R. No tenemos muy claro cuál es el motivo. Algunos expertos que se dedican al ámbito de la seguridad vial han querido ver una especie de efecto rebote tras estos años más duros de pandemia; sobre todo, de los periodos de confinamiento. Quizás, a un malentendido sentimiento de recuperación de la libertad.

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P. ¿Y la campaña de verano y los meses posteriores han confirmado esa tendencia?

R. Los datos que nos va facilitando la DGT confirman que, en cuanto a fallecimientos y lesiones de cierta entidad, sí ha habido un cierto incremento. Eso, según los datos provisionales de lo que llevamos de año. Habrá que esperar, no obstante, al final de año para hacer una evaluación más completa y objetiva. Pero los datos parece que apuntan hacia un cierto repunte de la siniestralidad vial en los últimos tiempos.

P. Usted afirma que se ha producido un cierto aumento de los delitos de peligro, ¿a qué tipo de delitos y actitudes se refiere?

R. Me estoy refiriendo a conducir a una velocidad excesiva, superando los límites que fija el Código Penal, que son 60 kilómetros hora y 80 kilómetros hora, según sea vía urbana o interurbana; y los delitos de conducción bajo el influjo de bebidas alcohólicas y de droga. También la conducción temeraria e incluso sin el permiso de conducir.

P. Hemos visto gente que se graba conduciendo de forma temeraria para después subir los vídeos a internet, ¿han detectado algún tipo de relación entre el aumento de la conducción temeraria y este fenómeno?

R. No tenemos conocimiento de que haya habido un estudio riguroso sobre esa cuestión. Pero sí parece que, a veces, esas ganas exacerbadas de exposición y de demostrar que se hacen cosas originales, llegan al absurdo de cometer conductas que ponen en peligro la vida de los demás. Y la vida propia también.

P. En la memoria de la Fiscalía se detalla que, pese a los esfuerzos realizados, la atención jurídica de las víctimas no es la debida en dependencias policiales, juzgados y oficinas de atención. ¿Qué deficiencias han detectado?

R. En los últimos años se ha producido una mejoría: se han duplicado esfuerzos, tanto del ministerio fiscal como de los órganos judiciales y la propia Policía. Pero todavía queda mucho camino por recorrer y quedan esfuerzos que realizar para que se dé cumplimiento al estatuto de la víctima. Por ejemplo, las Oficinas de Atención a las Víctimas de Delito deberían tener más en cuenta a las víctimas de los siniestros viales y prestarles mayor atención. Somos conscientes de que, en la mayor parte de los sitios, estas oficinas están empezando a instalarse ahora y llevan muy poco tiempo. Y somos conscientes de que no tienen excesivos medios: ni personales ni materiales. E indudablemente, para dar una debida atención, hace falta inversión. También, en materia de responsabilidad civil, tenemos un sistema de cálculo de las mismas [para pedir indemnizaciones] que, en algunos supuestos, es especialmente complicado y requiere de ciertas operaciones, a veces matemáticas, de cierta complejidad.

P. Unos sistemas matemáticos muy complicados para las víctimas.

R. Efectivamente, a veces no es fácil, sobre todo para la víctima. Necesita un asesoramiento especializado, sobre todo los casos más complejos, para poder determinar bien las cantidades a las que tiene derecho a la hora de reclamar.

El fiscal jefe de Seguridad Vidal, durante la entrevista con EL PAÍS.
El fiscal jefe de Seguridad Vidal, durante la entrevista con EL PAÍS.Andrea Comas

P. Su predecesor anunció en 2021 que trabajaban en un dictamen para analizar los puntos negros en las carreteras para dar una respuesta penal si los accidentes respondían a fallos en la construcción de las vías. ¿Han avanzado en ello?

R. Seguimos en ello. Lo estamos estudiando, pero es un tema especialmente complejo porque sería susceptible de tipificación en el artículo 385 del Código Penal, que es un tipo penal bastante complejo y que ha sido escasamente aplicado por los tribunales, y además las veces en que se ha aplicado ha sido en supuestos distintos a los que usted me plantea. Por lo tanto, requiere que continuemos estudiando debidamente esta cuestión.

P. Respecto a los patinetes eléctricos, la memoria de la Fiscalía también apunta la necesidad de un marco normativo claro, bien estructurado y territorialmente armonizado ¿Dónde se puede mejorar?

R. Esta es una materia, en principio, de carácter administrativo. Es decir, supera un poco nuestras competencias. Nosotros intervenimos cuando normalmente se ha producido algún delito. Recientemente se ha producido alguna reforma en la normativa: en el sentido de exigir mayores medidas de seguridad y, en todo lo que sean mejoras en la seguridad vial, van a tener nuestro apoyo. En el caso de los vehículos de movilidad personal, por una parte, son usuarios especialmente vulnerables respecto a otros vehículos, pero a su vez también los peatones son especialmente vulnerables respecto a los patinetes. Con lo cual, hay que buscar un equilibrio entre una normativa que permita la máxima seguridad de los usuarios de estos vehículos de movilidad personal y de terceros; y que, a su vez, no paralice iniciativas que puedan dar lugar a una movilidad más sostenible.

P. ¿Han detectado un aumento de los casos penales que involucren a patinetes?

R. Aunque no tenemos datos estadísticos separados referidos únicamente a esta clase de vehículos de movilidad personal, sí hemos observado en los últimos tiempos algunas actuaciones judiciales.

P. ¿Y representan un volumen preocupante?

R. No es que sea un volumen alarmante, pero sí que tienen cierta entidad. Quizás, lo que más nos preocupa a nosotros es que, al ser un fenómeno nuevo, a veces el encaje penal presenta algunas dificultades.

P. ¿A qué dificultades se refiere?

R. Que puedan ser considerados o no vehículos a motor, a efectos de aplicar los delitos de peligro. Porque, si bien en principio quedan al margen de estos al no reunir las características típicas que existen en estos delitos, a veces los usuarios o los fabricantes les introducen determinadas reformas que los potencian, haciéndolos asimilables a los vehículos que sí encajan en los tipos penales de peligro.

Repunte de fallecidos

A 1 de diciembre de 2022, los datos provisionales de la DGT sobre fallecidos en carretera suman 1.049 víctimas, un 14% más que en el mismo periodo de 2021, cuando se contabilizaron 918. Por tipo de vía, los muertos aumentaron especialmente en las convencionales, un 15%; frente al 13% que se registró en autopistas y autovías. Por edad, sube el grupo de las víctimas de mayores de 64 años, un 42%, con 202 fallecidos este 2022. Y, por tipo de vehículo, crecen en especial los siniestros mortales con turismos, un 17%.

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España

Jaén acogerá un centro tecnológico de seguridad de la Defensa, con 220 millones de inversión y 2.500 empleos en seis años

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En el invierno de 2021, la sociedad de Jaén se echó a la calle para rebelarse contra lo que consideraban el enésimo agravio sufrido por esta tierra: la elección de Córdoba para acoger el plan Colce del Ministerio de Defensa, cuando ya todas las instituciones locales se frotaban las manos por el supuesto compromiso previo que el Gobierno había alcanzado con Jaén. Este viernes, a punto de cumplirse dos años de aquellas protestas (inéditas en la historia más reciente de Jaén), el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado a esta tierra para una reconciliación con esta provincia. El dirigente socialista ha anunciado la elección de Jaén para acoger un centro tecnológico de seguridad de Defensa, uno de los proyectos “más emblemáticos” del Ejecutivo dentro de su plan de deslocalización de centros e instituciones.

“Durante años, Jaén ha visto pasar muchas oportunidades. Por eso, la deuda del Estado con Jaén tiene que saldarse, es momento de romper inercias históricas y de agravios injustificados”, ha señalado el presidente del Gobierno este viernes al presentar el Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex) del Ministerio de Defensa, que llega con una inversión anunciada de 220 millones de euros (financiado con fondos europeos de recuperación) y la creación de más de 2.500 empleos en un periodo de seis años.

“Queremos convertir a Jaén en motor de la investigación y la innovación con un centro que tendrá un efecto catalizador de inversión privada”, ha señalado Sánchez, que ha defendido esta inversión para la cohesión territorial. “Esto también es hacer patria”, ha enfatizado Sánchez. El Cetedex estará vinculado principalmente hacia la industria aeronáutica, como centro de experimentación antidrones, el desarrollo de sistemas de defensa y como centro de inteligencia artificial. Será posible gracias al convenio suscrito entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, y el alcalde de Jaén, Julio Millán. La capital jiennense ha cedido los terrenos para ubicar este proyecto en el polígono Nuevo Jaén, precisamente la superficie elegida en su día para albergar el fallido plan Colce.

La elección de Jaén para albergar este centro tecnológico de la defensa sirve también para limar asperezas políticas con el PSOE jiennense. El propio alcalde de la capital, Julio Millán (PSOE), calificó en su día como una “afrenta” del Gobierno de Sánchez que el Colce volara hacia Córdoba cuando ya había un compromiso previo con su gobierno municipal. Además del Colce, los socialistas de Jaén han criticado que la provincia haya estado en el furgón de cola de las inversiones en los dos últimos Presupuestos Generales del Estado.

“Actos como los de hoy tapan los momentos de más dificultades para los que nos dedicamos a lo público”, ha referido Francisco Reyes, presidente de la Diputación y líder del PSOE provincial. Desde el comité federal socialista en el que se forzó la dimisión de Sánchez, Reyes y el PSOE de Jaén estaban distanciados con la dirección federal del partido. Y ello a pesar de que el PSOE de Jaén ha defendido que en las últimas citas electorales esta provincia ha sido la de mayor apoyo porcentual hacia el PSOE en toda España.

La polvareda política y social que generó el fallido Colce en Jaén acabó en los tribunales y aceleró la aparición de partidos de índole provincial, como Jaén Merece Más, uno de los firmantes de la recién constituida Federación de la España Vaciada.

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