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¿Las víctimas de la tragedia de la valla de Melilla murieron en Marruecos o en España?

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Decenas de inmigrantes en Marruecos, junto a la frontera Española, tras el intento de salto de finales del pasado junio.
Decenas de inmigrantes en Marruecos, junto a la frontera Española, tras el intento de salto de finales del pasado junio.AMDH-NADOR (Europa Press)

A punto de cumplirse tres meses de la muerte de al menos 23 personas cuando intentaban cruzar a la fuerza el puesto fronterizo de Barrio Chino, que separa Marruecos de Melilla, sigue habiendo más preguntas que respuestas sobre la tragedia. La última cuestiona si la explanada donde se produjo la estampida en la que murieron decenas de migrantes y refugiados es suelo español o marroquí. La cuestión lleva semanas en el aire, pero la ha lanzado públicamente este lunes el diputado de EH-Bildu Jon Iñarritu en su Twitter: “La avalancha y la mayoría de muertes del pasado 24 de junio en la frontera hispano-marroquí se produjeron en el espacio señalado en rojo. ¿Es territorio marroquí o español?, ¿Alguien tiene un mapa más preciso? Es que Google Earth fija los hechos en España”.

La avalancha y la mayoría de muertes del pasado 24 de junio en la frontera hispano-marroquí se produjeron en el espacio señalado en rojo.

¿Es territorio marroquí o español @MAECgob @interiorgob?

¿Alguien tiene un mapa más preciso? Es que Google Earth fija los hechos en España. pic.twitter.com/c2GERORRUY

— Jon Inarritu (@JonInarritu) September 19, 2022

La Dirección General del Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda, y los mapas del Instituto Geográfico Nacional, integrado en el de Transportes, sitúan la explanada donde suceden las muertes violentas en territorio español, pero el Ministerio del Interior asegura que se trata de territorio marroquí. La respuesta es compleja porque una cosa son los tratados internacionales que delimitaron hace más dos de dos siglos las fronteras con Marruecos y que sitúan el lugar de los hechos en España y otra es cómo, de facto, ambos países ejercen su soberanía sobre el terreno.

Iñarritu planteó su pegunta justo dos días antes de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparezca en el Congreso para dar cuenta de los hechos. La de este miércoles será la primera comparecencia oficial de Grande-Marlaska sobre un asunto especialmente delicado para el Gobierno español que, aunque acabó lamentando las muertes, no ha cuestionado en ningún momento la actuación marroquí. Al contrario. Días después, en una visita a Rabat, el ministro declaró: “Marruecos está realizando un trabajo de contención importante hacia la emigración irregular, que debe ser reconocido”.

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La mañana del 24 de junio un grupo de casi 2.000 personas, la mayoría refugiados sudaneses, se dirigió hacia el puesto fronterizo del Barrio Chino, en Nador. Iban pertrechados con palos y equipados con una radial con la intención de forzar la puerta de un paso que acabó convirtiéndose en una ratonera. Las imágenes divulgadas de ese día mostraron cómo los sudaneses se toparon con tornos y puertas de acceso cerradas y acabaron aglomerándose en un patio en el interior del puesto fronterizo mientras las fuerzas de seguridad marroquíes les golpeaban y cargaban contra ellos con gases lacrimógenos. El Consejo Nacional de los Derechos Humanos, el único organismo marroquí que ha investigado los hechos, sugirió que la actuación de las fuerzas de seguridad españolas agravó la tragedia: “Se produjo violencia detrás de la valla debido a la reticencia de las autoridades españolas a prestar la asistencia y el socorro necesarios a pesar de la estampida y la enorme aglomeración de migrantes a nivel de las puertas torniquetes, que permanecían herméticamente cerradas, lo que tuvo el efecto probable de aumentar el número de muertos y heridos”.

Aunque la explanada donde se produce la estampida está en el aparente lado marroquí de la valla, tanto el catastro como el Instituto Geográfico Nacional tienen registrado ese espacio en territorio español. La zona donde se encuentra está catalogada por el catastro con el número 56101A003000770000RB, polígono 3, parcela 77, en el área de Molares de Melilla. Según los dos organismos, la totalidad de las instalaciones fronterizas del Barrio Chino están igualmente en territorio español.

También defiende la españolidad de ese espacio el profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Cádiz Miguel Ángel Acosta. El profesor es autor del libro Las fronteras internacionales de España en África: Melilla, en el que responde a lo que él llama la “gran pregunta”: ¿Dónde están las fronteras de España con Marruecos? Acosta explica que los límites fronterizos se establecieron en acuerdos internacionales de los siglos XVIII y XIX. En aquella época, el territorio melillense se delimitó con 17 mugas, unas construcciones de piedra de forma cuadrada de unos dos metros de altura separadas entre sí. La complicación, asegura Acosta, llega cuando en 1998 el Gobierno de José María Aznar decidió instalar vallas de tres metros (que José Luis Rodríguez Zapatero elevó después hasta los seis metros y Grande-Marlaska hasta 10) para frenar la entrada de subsaharianos. El profesor explica por qué el vallado actual no acompañó el que era estrictamente el perímetro español: “Por cuestiones orográficas se decide instalar la valla sin seguir la demarcación de las mugas, sino retranqueando hacia territorio español”.

Acosta mantiene que, con la construcción de la valla, España acabó renunciando de facto a un territorio de unos 160.000 metros cuadrados que fue rápida y naturalmente asumido por Marruecos, donde se han construido edificaciones. El profesor señala que esa renuncia, aunque haya sido aceptada desde el comienzo por España, viola los tratados internacionales, que solo pueden modificarse previo paso por las Cortes. Las mugas, insiste Acosta, siguen todas en pie y en perfecto estado de conservación. “Y el espacio comprendido entre ellas y la valla exterior sigue siendo territorio español. Esa distancia entre las mugas y la valla, en algunos casos, es de hasta 25 metros, como ocurre justamente en el Barrio Chino”, añade.

Amnistía Internacional también plantea dudas sobre el límite fronterizo. “Tenemos indicios para considerar que todo ocurrió en territorio español”, señala Virginia Álvarez, investigadora de la ONG y que participa en el informe que esta está elaborando sobre lo ocurrido y que harán público en los próximos meses. Amnistía Internacional asegura que remitió el 8 de agosto sendas cartas a la Fiscalía y el Defensor del Pueblo en las que, entre otras cuestiones, les planteaba la necesidad de investigar este punto. También enviaron entonces una misiva “con preguntas” al departamento de Grande-Marlaska que, añade Álvarez, aún no ha obtenido respuesta.

“No hay dudas sobre la territorialidad marroquí”

En el Ministerio del Interior rechazan cualquier interpretación que apunte a que la tragedia sucedió en suelo español: “Más allá de anécdotas del pasado que han sido repetidamente descartadas por la justicia y debates inventados en los últimos días por ciertos partidos políticos, esta es una cuestión pacífica tanto en Melilla como del lado marroquí. Nadie, ni las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ni las administraciones de Melilla, ni la Fiscalía General del Estado, ni el Defensor del Pueblo, ni las autoridades marroquíes han puesto nunca en duda que los hechos ocurrieron en territorio marroquí. Es más que evidente que se trata de una zona de actuación de las autoridades marroquíes (tanto policiales como servicios de asistencia sanitaria) al que no accede la Guardia Civil ni otras autoridades españolas”.

El Defensor del Pueblo, que ha recibido justamente este martes los vídeos que registraron los hechos y que aún tiene que evaluar, no es tan categórico con la soberanía marroquí en este espacio. “Ángel Gabilondo no se ha pronunciado sobre si la explanada es territorio español o marroquí”, afirmó una portavoz. La Fiscalía tampoco y señala las dificultades para avanzar en sus pesquisas entre otros motivos, porque no se cuenta con el contenido de las autopsias supuestamente realizadas por las autoridades de Rabat a los fallecidos, pieza clave para determinar la causa y el lugar en el que se produjeron las muertes. Ambos organismos tienen abiertas sendas investigaciones sobre aquel día.

La territorialidad del lugar de los hechos es clave para investigarlos y apurar responsabilidades. Fuentes de la Fiscalía aseguran que si se determina que se produjeron en territorio marroquí la investigación se archivará. Si, por el contrario, han sido en territorio español, deberían seguir adelante. No obstante, fuentes fiscales restan valor al hecho de que el catastro señale que la explanada donde ocurrió la tragedia está en España.

El Ministerio del Interior mantiene que diversas resoluciones judiciales le dan la razón, pero no las aporta. Hay una de 2014 que pone de manifiesto que la actuación de las fuerzas de seguridad españolas no necesariamente se ajusta a las fronteras marcadas por los tratados internacionales. En septiembre de ese año, un juez de Melilla imputó al máximo responsable de la Guardia Civil en la ciudad por la devolución en caliente de inmigrantes que habían saltado la valla. En el auto, el juez hacía hincapié que ya entonces el Gobierno español aplicaba un “concepto operativo de frontera” en el que, según recogía un documento interno del instituto armado incorporado a la causa, se consideraba la valla interna más cercana a Melilla como la línea que delimitaba el territorio nacional, “a los solos efectos de extranjería”. La resolución afirmaba: “Nos encontramos ante dos conceptos de fronteras diferentes, uno de naturaleza jurídica y otro de naturaleza operativo o funcional. El primero se acomoda a los Tratados Internacionales suscritos entre los reinos de España y Marruecos, mientras que el segundo parece responder a un criterio de gobierno, político o de simple operatividad policial”.

Aquel auto fue recurrido por la Fiscalía y la Abogacía del Estado y la Audiencia Provincial de Málaga lo tumbó siete meses después. En su resolución, el tribunal señalaba que el propio Estado español contribuía “a la ambigüedad del concepto de frontera en relación con la valla fronteriza”.

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El gasto social de los Presupuestos, último escollo entre los socios de Gobierno para cerrarlos

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el Senado el pasado 6 de septiembre.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el Senado el pasado 6 de septiembre.Juanjo Martín (EFE)

Hace un año, cuando se presentaron los segundos Presupuestos de la coalición, los que más costaron —tanto que se retrasó varias semanas su tramitación y hubo que recurrir a un proceso exprés— en el mundo político se instaló la idea de que serían los últimos. Ya había pasado con los primeros, en 2020. Acostumbrados como estaban a años de prórrogas en la época de Mariano Rajoy, los políticos españoles de los dos lados del Hemiciclo asumieron que a medida que se acercaran las elecciones, la coalición se distanciaría y sus socios de mayoría, especialmente ERC, el más inestable, se alejarían. Pero la coalición se dispone este martes a presentar tras el Consejo de Ministros los terceros Presupuestos de Pedro Sánchez desde que llegó a La Moncloa, que confía en aprobar con los respaldos habituales —PNV, ERC, Más País, Compromís, EH Bildu— con un claro contenido social y un tinte progresista que servirá como prueba de estabilidad y una especie de presentación del proyecto en el año electoral de 2023, cuando entren en vigor.

La negociación entre el PSOE y Unidas Podemos lleva semanas en marcha, desde agosto, y se ha acelerado una vez cerrado el paquete fiscal que se presentó el jueves. Los últimos escollos se sitúan alrededor del gasto social, que Unidas Podemos quiere llevar un poco más lejos en asuntos especialmente sensibles para los ministerios que controla como la ampliación de la prestación por desempleo, que la última reforma de Rajoy limitó hasta dejar fuera a muchos trabajadores —además se está tramitando la ley que incorpora a las trabajadoras del hogar, un gran hito del Ejecutivo— y también de los 100 euros mensuales por hijo de cero a tres años, que ahora está limitada a madres trabajadoras y el grupo de Yolanda Díaz quiere hacer universal, también para los que no tengan empleo fijo (aunque posiblemente con algún límite máximo de renta para evitar que se beneficien también las clases más acomodadas).

La titular de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado, optimista, que espera llegar a un acuerdo “en las próximas horas”. “Hasta el final de un pacto, no se puede dar nada por seguro”, ha matizado también en declaraciones a Efe. “A estas horas no hay acuerdo. Quedará un anoche larga e intensa y me dejaré la piel”, ha asegurado por su parte Díaz en una entrevista en Cadena SER a las diez y media de la noche de este lunes, en la que ha afeado que se lleve al límite el acuerdo y ha reconocido diferencias profundas entre los socios. En un contexto de incertidumbre económica, marcado por la elevada inflación (9% en septiembre), está previsto que la presentación de las cuentas coincida también con la comparecencia en la sala de prensa de La Moncloa de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. El Gobierno ha adelantado que elevará una décima su previsión de crecimiento para este año, al 4,4%, y bajará en seis décimas la de 2023, al 2,1%.

Durante algunas semanas, especialmente antes del verano, alrededor de la cumbre de la OTAN, pareció que el asunto del aumento de gastos en Defensa que Pedro Sánchez ha comprometido con los miembros de la alianza atlántica, muy especialmente con EE UU, podía hacer caer estos Presupuestos. De hecho, esta cuestión estuvo detrás del Consejo de Ministros más tenso que se recuerda en la coalición, a principios de julio. Sin embargo, después de varias conversaciones discretas entre los socios y alguna directa entre Sánchez y Díaz, esta cuestión ha quedado aparentemente resuelta con una fórmula que implica que los aumentos más significativos no irán a través de un aumento directo del Presupuesto de defensa, sino a través de créditos extraordinarios y del llamado Fondo de Contingencia, que está pensado para hacer frente a imprevistos. Se trata así de diluir el aumento para evitar el choque con Unidas Podemos a la vez que se cumple con los compromisos. “El PSOE y en este caso el presidente de Gobierno cumplimos los compromisos, siempre los vamos a cumplir”, señaló el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. Sin embargo, la manera de plantear técnicamente ese aumento es clave para evitar el choque no solo con Unidas Podemos, sino con otros miembros de la mayoría. El grupo de Díaz quiere que quede claro que el posible aumento no compite de ninguna manera con la subida del gasto social para hacer frente al frenazo económico y a la crisis energética.

Unidas Podemos también quería aprovechar la negociación presupuestaria para lograr más avances en la ley de vivienda, que está atascada en el Congreso, pero los socialistas insisten en que esa norma ya estaba cerrada y presentada por el Ejecutivo —de hecho fue clave hace un año en la negociación de las Cuentas anteriores— y acusa a sus socios de querer reabrir la negociación con 60 enmiendas nuevas. Este asunto no parecía encima de la mesa en las últimas horas de la negociación de Presupuestos previa a que este martes por la mañana, como es habitual en los últimos años, la cierren Sánchez y Díaz poco antes del Consejo de Ministros con alguna fotografía que pueda marcar el momento del acuerdo. Tampoco la ley trans, que genera problemas entre los socios, con un sector del PSOE muy claramente opuesto, parece esta vez vinculada a los Presupuestos.

El corazón de la negociación en las últimas horas es, pues, puramente económico y social, con una discusión entre Unidas Podemos y Hacienda sobre las dimensiones de algunos avances en los que ambos coinciden, como la mejora de la prestación por desempleo, del Iprem (el salario de integración), de las ayudas por hijo o de otras propuestas contempladas en la ley de familias, del Ministerio de Derechos Sociales, en manos de Ione Belarra, como la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad, la creación de otro para cuidados o el que las familias monoparentales al menos con dos hijos tengan el mismo trato administrativo que las familias numerosas. Este lunes, el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, reconoció que los socios han acercado posiciones para revertir los recortes el PP en las prestaciones por desempleo, pero evitó desvelar más detalles. Fernández sí apostó por vincular la ley de vivienda y los Presupuestos, aunque esto no parece encima de la mesa. “Creemos que es importante que el PSOE entienda que la ley de vivienda es estratégica, que hay que rebajar el precio de los alquileres, ampliar el parque público de vivienda y acabar con los desahucios sin alternativa habitacional”, reiteró el portavoz. En plena recta final de las negociaciones, Fernández cargó contra el PSOE por la enmienda a la ley de enjuiciamiento criminal para desalojar a los okupas en 48 horas. “Es un error estratégico que en esta materia el PSOE compre la agenda de la derecha y la extrema derecha”, señaló. En su opinión, los socialistas “tienen que entender que el acceso a la vivienda es un derecho esencial y para que se ponga en práctica es imprescindible aprobar la ley de vivienda”, reivindicó.

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Sin embargo, pese a este beligerante tono público, todo indica que este martes habrá finalmente acuerdo y los terceros Presupuestos de la coalición iniciarán su trámite para lograr la aprobación definitiva antes de que acabe el año, mostrando una vez más que pese a ser el presidente con menos escaños propios de la democracia —los 120 del PSOE— Sánchez y la coalición que ha formado con el grupo de Díaz tiene más estabilidad en el Parlamento que muchos otros gobiernos.

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Aragonès alienta la ruptura en el Govern al rechazar la última propuesta de Junts

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El secretario general de Junts, Jordi Turull, este lunes, tras anunciar la pregunta de la consulta a la militancia.
El secretario general de Junts, Jordi Turull, este lunes, tras anunciar la pregunta de la consulta a la militancia.David Zorrakino (Europa Press)

Todo parece indicar, si no hay un giro intempestivo de guion, que el próximo sábado será el día definitivo en la crisis del Govern que comparten Esquerra y Junts per Catalunya. Ese día se conocerán los resultados oficiales de la consulta a la militancia de Junts, formada por 6.465 afiliados, a los que se preguntará si quieren seguir en el Gobierno catalán y desde el Palau de la Generalitat muestran respeto por ese proceso interno. Esta votación surge de un mandato congresual, pero el anuncio de la redacción de la pregunta, este lunes, ha coincidido con el portazo del president Pere Aragonès a la última propuesta de Junts con sus exigencias para mantenerse dentro del Ejecutivo. Todo parece llevar a la ruptura, pero el número dos de Junts, Jordi Turull, ha aceptado que una “propuesta extraordinaria” para activar la coordinación independentista podría implicar congelar la votación. Sin embargo, en las filas republicanas parecen cada vez más convencidos de querer deshacerse de Junts e intentar gobernar en minoría.

La pregunta aprobada por la cúpula de Junts es directa y Turull ha explicado que no habrá ningún tipo de baremo para evaluar el resultado más allá de si imponen los síes o los noes. Al texto “¿quieres que Junts siga formando parte del Govern de Cataluña?” le precede una introducción donde se recuerda que el partido ha “constatado” los incumplimientos de la hoja de ruta del Ejecutivo sobre la orientación del plan independentista. Y que, “hasta el momento”, ERC no ha aceptado ninguna de las propuestas en los tres puntos que denuncia que no se cumplen: crear una coordinación del espacio soberanista, pactar la unidad de acción en el Congreso y que la mesa de diálogo con el Gobierno se centre solo en hablar de autodeterminación.

Esa salvedad —”hasta el momento”— es precisamente la que deja claro que, al menos Turull, no cierra la puerta a unas negociaciones de ultimísimo minuto. Preguntado directamente sobre si se congelaría la consulta en caso de una contrapropuesta por parte de los republicanos, el secretario general de la formación ha dejado la puerta abierta, aunque supeditándolo a la contundencia de la oferta. En el Palau de la Generalitat creen que no les corresponde a ellos hacer ninguna propuesta adicional y se envían señales de que se respetará el proceso interno de sus socios. El punto álgido de la crisis fue la semana pasada, cuando Junts le dijo a Aragonès que si no podía garantizar que los tres puntos avanzaran, se debería someter a una cuestión de confianza. El jefe del Govern defenestró a su número dos, Jordi Puigneró, por no contarle ese plan.

Con todo, Turull se ha empleado a fondo en argumentar que Junts ha descafeinado su propuesta inicial para intentar el acuerdo con los republicanos y que son estos los que se cierran en banda. Además de retirar de la oferta la petición de restituir al exvicepresident, se pedía poner una fecha para la constitución del órgano de coordinación del independentismo y él mismo y la portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, declinaban a ser los representantes del partido en la mesa de diálogo con el Gobierno. El exconsejero de Presidencia también ha rechazado que ubicando ese Estado Mayor del secesionismo en el Consell de la República, que preside Carles Puigdemont, se busque minar la autoridad del president si no que cree que allí podrá actuar lejos de las “garras” del Estado.

Los republicanos mantienen que las divisiones internas de los posconvergentes trastabillan al Ejecutivo: “Hay una parte de Junts per Catalunya que trabaja para romper el gobierno de la Generalitat”, ha manifestado la portavoz de ERC, Marta Vilalta. Su partido, ha asegurado, está “preparado” para sostener “un gobierno en minoría”, pese a que se abre a contar con “todos los que quieran trabajar para servir a la gente desde el respeto y la lealtad”. Una declaración que se interpreta como un guiño hacia aquellos consellers de Junts que apuesten abiertamente por permanecer en el Ejecutivo.

Campaña interna

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Hasta que se cierren las urnas el viernes, Junts también se juega su futuro como partido político. La claridad de la pregunta obligará a posicionarse meridianamente y será muy evidente la división interna ante el futuro del Govern. La gestión de un resultado igualado será muy complicada. Turull ha dicho que revelará en “los próximos días” cuál será su sentido de voto, pero ha declinado explicar si, en caso de que gane la opción contraria, eso deba tener consecuencias organizativas. Borràs ha dicho que optará por la neutralidad pese a que todos la sitúan al frente de quienes quieren romper. La consejera de Acción Exterior, Victòria Alsina, ha tomado la decisión de afiliarse el partido y de hacer campaña abiertamente a favor de continuar en el Gobierno, asumiendo así el rol de cara visible de esa posibilidad.

La consulta comenzará el jueves y finalizará a las cinco de la tarde del viernes. Ese día habrá resultados, pero los definitivos no se conocerán hasta el sábado. Turull, que a diferencia del pasado lunes ha comparecido sin la presidenta de la formación, Laura Borràs, no ha querido adelantar cómo se asumiría un triunfo de la opción de abandonar el Govern y en qué plazos se desplegaría. “Solo deseo que no haya un empate”, ha bromeado, en referencia a la consulta de la CUP sobre la investidura de Artur Mas, en 2015, y que acabó igualada a 1.515 votos. En la elección de Laura Borràs como presidenta de Junts y de Turull como segundo al mando, el pasado verano, solo participó uno de cada tres afiliados.

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Las polémicas del líder de Vox en Castilla y León comprometen al PP de Mañueco

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El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, durante una presentación de productos alimenticios de su comunidad en Las Rozas (Madrid), este viernes.
El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, durante una presentación de productos alimenticios de su comunidad en Las Rozas (Madrid), este viernes.Cézaro De Luca (Europa Press)

Los terremotos mediáticos y políticos que provocan los responsables de Vox ante un micrófono o en Twitter generan réplicas que sacuden a su socio en el Gobierno de Castilla y León, el PP. El estilo agresivo de Juan García-Gallardo, vicepresidente autonómico por el partido de extrema derecha, rompe la estrategia pausada de su socio conservador, el popular Alfonso Fernández Mañueco. Este, en la línea del PP nacional de Alberto Núñez Feijóo, se vuelca en cargar contra el Ejecutivo central, pero ve cómo por su derecha lo adelanta un Vox que cabalga el exabrupto.

El reciente historial de embates de Gallardo agrieta el discurso del vicesecretario institucional del PP, Esteban González Pons, que ha sostenido este lunes en Onda Cero que su formación ha conseguido “moderar” a los de Santiago Abascal al incluirlos en el Gobierno de Castilla y León y ha destacado que son los populares quienes marcan la política autonómica. Estas palabras llegan tres días después de que Gallardo se refiriera a La Sexta, ante los micrófonos de la cadena de televisión, en estos términos: “Es un medio encaminado a contaminar la convivencia y a enfrentar a unos españoles contra otros”. Asimismo, instó a la reportera que lo entrevistaba a llevarle “un chorizo” al Gran Wyoming, en alusión a una sanción tributaria que recibió el presentador en 2020. “Estamos para gestionar y hacer política, a los castellanos y leoneses no les interesan las polémicas estériles”, se jactó Gallardo, causante de buena parte de esas “polémicas estériles”, como cuando sostuvo que la despoblación se debía en parte a la hipersexualización.

García-Gallardo también se expresa en su muro de Twitter, donde persiste en negar la existencia de la violencia machista incluso en casos como el acontecido en Palencia la semana pasada, cuando una mujer de 32 años fue asesinada por su pareja, de 36, dejando dos niños huérfanos. El político definió los hechos como “tragedia familiar”, insistió en que “la violencia no tiene género” y aseguró que “pronto todas las víctimas de violencia serán tratadas por igual y no se alimentarán políticas identitarias discriminatorias por razón de sexo”.

El secretario del PP autonómico, Francisco Vázquez, se separó de esa línea: “Hay muchas fuerzas políticas que opinan cosas distintas. Hay libertad de expresión, pero no compartimos esas expresiones”, dijo. Mañueco, único mandatario regional aliado con Vox, no se ha manifestado al respecto, algo recurrente desde que pactó con este partido. La consejera de Familia de Castilla y León, Isabel Blanco (PP), sí lo tildó como “asesinato machista” y clamó por “seguir luchando contra la lacra de la violencia de género”. Una de las exigencias de Vox para pactar con Mañueco, que este aceptó, fue impulsar una “ley de violencia intrafamiliar”, ya en tramitación, aunque el presidente insiste en que no implicará retrocesos en Igualdad. Solo tres de los 12 altos cargos de la coalición son mujeres.

Gallardo ha exhibido igualmente su tono en sede parlamentaria. En el último pleno llamó “imbécil” a su predecesor, Francisco Igea (Ciudadanos). El presidente de las Cortes, Carlos Pollán (Vox), no reprendió a su compañero. Igea, a su vez, ha amenazado con denunciar a Pollán por “difamación”, pues pese a su puesto de árbitro parlamentario redifundió en Twitter contenidos ofensivos contra el exvicepresidente. García-Gallardo, que no dirige ninguna consejería, ya levantó airadas protestas en su primera cita en el hemiciclo, cuando le espetó a Noelia Frutos, una procuradora socialista con discapacidad, que le hablaría “como si fuese una persona como otra cualquiera”. El PP salvó al dirigente de Vox de ser reprobado por ese episodio.

Las recurrentes algaradas del socio de Mañueco causan, según considera una fuente del PP, un efecto contradictorio en los de Alberto Núñez Feijóo: a escala autonómica perjudican porque “la gente de derechas ve nefasto un Gobierno con ese nivel”, pero en lo nacional “refuerzan porque Vox pierde prestigio como alternativa”. “Vox ha defraudado porque se le han visto las costuras”, opina este dirigente.

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