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El consejero de Economía afirma que Cataluña no puede eliminar ahora el impuesto de Patrimonio

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La Generalitat de Cataluña no se puede permitir eliminar el impuesto de patrimonio, tal y como ha planteado el Gobierno andaluz, al menos mientras siga en vigor el actual modelo de financiación autonómica. Así lo ha defendido este miércoles el consejero catalán de Economía, Jaume Giró. Pero eso no quiere decir que dentro del Gobierno catalán no haya quien piense que sería mejor eliminar ese tributo estatal cedido a las comunidades. Giró ha entrado en el debate de la batalla fiscal afirmando que es posible que en algún momento se lo tengan que plantear “en serio y profundamente”. El impuesto de patrimonio aportó en 2021 a la tesorería de la Generalitat más de 600 millones de euros, la mitad de todo lo recaudado en el conjunto de España por ese tributo, según datos del Ministerio de Hacienda.

“Puedo garantizar que, si en Cataluña podemos suprimir algún día el impuesto de patrimonio, no haremos bandera para invitar a andaluces o traer empresas hacia aquí”, ha dicho Giró, criticando que una comunidad, como la andaluza, que no redistribuye recursos a otras comunidades a través de los fondos de solidaridad pueda al mismo tiempo rebajar sus impuestos.

Las palabras de Giró representan la posición de Junts en el Govern sobre este asunto, pero no la de ERC que, si bien mantiene un perfil bajo en lo que respecta a un tema espinoso como el de la fiscalidad, ya ha mostrado su oposición a la posibilidad de bonificar el impuesto de Patrimonio o el de Sucesiones y Donaciones, también en el foco de la derecha. Lo hizo cuando, en julio, Junts aprobó una ponencia en su congreso en la que abogaba por seguir el camino de la Comunidad de Madrid (el mismo que ha tomado ahora la Junta de Andalucía) y bonificar ambas figuras tributarias para rebajar la presión fiscal a las rentas altas.

Para salir al paso de aquella minicrisis, los republicanos aseguraron que la modificación de esos tributos no figuraba en el programa electoral de la coalición y que, por lo tanto, no se incluiría en los presupuestos, ámbito que controla Giró. Haber dicho lo contrario habría complicado sobremanera la negociación presupuestaria, ahora en ciernes. El año pasado el Govern aprobó las cuentas con el apoyo parlamentario de En Comú Podem, que este año es socio prioritario en esa negociación, aunque el PSC y la CUP también están en las listas de posibles aliados. Esos tres partidos están en contra de rebajar un impuesto que en Cataluña pagan 82.000 personas, apenas un 1% de la población.

La opinión de Giró expresada este miércoles difiere de la que su consejería trasladó el pasado marzo, cuando se elaboraba el Libro Blanco sobre la reforma tributaria. Entonces el Gobierno catalán abogaba por que fuera el Estado el que fijara una tributación mínima en todo el territorio y a partir de ahí cada comunidad autónoma pudiera fijar su participación en el impuesto. Influida por el modelo estadounidense, con su propuesta cada comunidad fijaría su propio porcentaje de gravamen. Si superaba o se situaba en el mismo nivel estipulado por el Gobierno central, la recaudación se la quedaría la comunidad. Pero, si el gravamen territorial, por una cuestión de imagen, era inferior, entonces el ejecutivo autonómico solo ingresaría hasta ese porcentaje y el resto iría a parar a las arcas del Estado, ya que todos los contribuyentes estarían obligados a pagar el tipo mínimo estatal. La Generalitat estimaba que, con su fórmula, se recaudarían 1.000 millones de euros más.

Consciente de que la modificación del marco tributario va para largo, la Generalitat proponía también una fórmula transitoria similar a la que impera en el IRPF. Es decir, que el impuesto de patrimonio tuviera un tramo fijado por el Estado y otro por las comunidades autónomas, de forma que existiera cierta homogeneización y evitar casos como el madrileño.

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Pese al deseo de la Generalitat de mantener el impuesto de patrimonio, el Govern también es consciente de la complejidad de su gestión. “Es el tributo más difícil de controlar desde el punto de vista de la Administración”, afirma el economista Alejandro Esteller, que junto a José María Durán elaboró un informe sobre la brecha fiscal (la diferencia entre los ingresos estimados de un impuesto y lo que se acaba ingresando) de Cataluña. Para 2018, de una recaudación potencial de 768 millones de euros, apenas se ingresaron 428 millones, según el informe encargado por el Gobierno catalán. Esteller señala que el problema obedece básicamente a la dificultad de rastrear bienes en el extranjero y a la presencia de bienes fácilmente ocultables.

El ataque de Giró al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, fue seguida por el president Pere Aragonès, quien arremetió contra lo que denominó “catalanofobia fiscal” como único objetivo para conseguir votos en las próximas elecciones municipales. Giró había dicho que las declaraciones de Moreno Bonilla son uno de los motivos por las que “algunos”, entre los que se incluyó, quieren irse de España “lo antes posible”.

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Así nació el movimiento contra los coches okupa

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Juan Larreta (Pamplona, 54 años) es un hombre afable y de sonrisa tímida que deja ver en innumerables ocasiones. Portero de balonmano en su juventud, su ídolo es el célebre guardameta de fútbol Arconada. Lo es hasta tal punto de que su nombre en redes sociales es ese, Arconada. Licenciado en Márketing, en diciembre de 2018 tuvo que dejar de trabajar por el avance de la esclerosis múltiple que le fue diagnosticada hace ya 16 años. Su jubilación apenas duró 15 días: “No sé si es porque dejé de trabajar con 50 años, pero en dos semanas empecé con esto. Podrían haberme dicho ‘Juan, descansa un poco, vete a ver obras’, pero era un proyecto con el que podía ayudar a los demás”. Se refiere Larreta a #Okupasmotorizados, iniciativa que denuncia diariamente en redes sociales a los coches aparcados de forma ilegal en las plazas para personas con movilidad reducida.

Desde que fundó el movimiento en 2019, son ya más de 9.500 las fotos divulgadas a diario, la inmensa mayoría de Navarra, imágenes con las que, además de visibilizar la situación, ha conseguido que se implante en este territorio una tarjeta de aparcamiento única para personas con discapacidad. Hasta 2022, la comunidad foral era la única en España en la que esta tarjeta todavía era gestionada en el ámbito municipal. Este mes de enero, Larreta ha decidido terminar con la fotodenuncia diaria y lo ha hecho con más de 4.200 seguidores, iniciativas similares en otras comunidades autónomas y un acto en el Parlamento navarro.

Cuando dejó de trabajar, Larreta empezó a moverse más por el centro y se dio cuenta del mal uso de las plazas para personas con movilidad reducida. “La gente te pregunta ‘¿para tanto es? A mí, andar 20 metros me supone lo que a vosotros andar varios kilómetros”, explica. Un día, un amigo suyo le envió una imagen de un coche mal aparcado y lo colgó en Facebook. Era un vehículo de la Guardia Civil: “Yo en ese momento no sabía que los vehículos policiales, en caso de emergencia, también pueden aparcar ahí. En este caso habían acudido para revisar una cámara porque se había denunciado un robo en una tienda, no sé yo qué tiene eso de emergencia, pero bueno”. Y lo que pudo ser una anécdota se convirtió en #Okupasmotorizados. Le empezaron a mandar fotos más amigos y se juntaron una decena de personas. Personas de diversos perfiles, con o sin relación con el mundo de la discapacidad, entre los que había periodistas, publicistas o abogados. También los medios de comunicación se involucraron. Hasta el momento, les han enviado imágenes 550 personas.

Su iniciativa se está extendiendo por diferentes comunidades autónomas: “La primera se creó en Bizkaia hace un par de años. Una persona de Barakaldo me mandaba todos los días varias fotos, y un día le propuse, ‘¿por qué no lo montas tú?’ Ahora es el que más cuelga”. El año pasado empezó en Granada, Huelva y en Dos Hermanas, en el área metropolitana de Sevilla. También en el distrito de Barajas, en el este de la ciudad de Madrid.

El proyecto denuncia a los conductores que ocupan plazas de movilidad reducida sin disponer de la tarjeta y también a quienes hacen un uso fraudulento de ella. Larreta detalla que son incontables los casos en los que un familiar del titular del permiso hace uso de él, incluso cuando la persona con discapacidad ha fallecido. “Es igual de grave o más aún porque es gente que sale de casa con la tarjeta debajo del brazo sabiendo que no es suya”, critica. “Me parece increíble que haya gente que tenga relación con una discapacidad y que sea capaz de impedir que otro ejerza su derecho a esta plaza”.

En las publicaciones, explica, intentan “ser respetuosos con el lenguaje, tapar las matrículas y las caras”. “No queremos ser la típica cuenta de insultos. Nuestro objetivo no es criminalizar a la persona, sino sensibilizar sobre todo lo que conlleva esto”, señala el creador del movimiento. Evitar los insultos es la idea, pero sonríe al reconocer que, a veces, es complicado. E insiste en que no es un proyecto de “policías de balcón”, sino que “son personas que impiden a otras ejercer su derecho”.

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En numerosas ocasiones los infractores son trabajadores de reparto. Larreta asegura que “todas las empresas de paquetería” han pasado por la cuenta y han sido galardonadas en todas las ediciones del premio Okupa Motorizado del Año. “Le damos un trofeo al que más veces aparece en nuestra cuenta y hacemos una votación en Twitter. El primer año fue Prosegur, luego Correos, Seur y, este año, Amazon”, señala Larreta. Sí reconoce que algunas de estas empresas, como Correos, han movido ficha y han solicitado a sus empleados una mayor responsabilidad. Con nueve ayuntamientos de Navarra que aglutinan a la mitad de la población autonómica, ha lanzado incluso campañas de concienciación.

El proyecto le ha permitido crear una comunidad, conocer gente en situaciones similares: “Muchos te cuentan cuando te envían la foto que tienen una hija con discapacidad o con una enfermedad rara, que llevan toda la vida con esto, con personas que ocupan la plaza y le dicen que espere cinco minutos…” Ahora, tras cuatro años de publicaciones diarias, el desgaste le ha llevado a dejar de divulgar imágenes todos los días.

“Los okupas motorizados son gente egoísta”

La nueva etapa la ha celebrado con un acto en el Parlamento foral, cámara a la que logró llevar una propuesta para cambiar la legislación autonómica. Hasta 2022, Navarra no tuvo una normativa única que regulara las tarjetas de aparcamiento para personas con discapacidad, era una competencia municipal. “En Navarra hay 272 municipios y el formato de la tarjeta era diferente en cada población. Había sitios en los que se cumplimentaban a boli, a máquina de escribir… Nos llegamos a encontrar de todo, incluso una tarjeta sin ningún dato”, recuerda.

El trabajo tuvo sus frutos. En marzo de 2022, se aprobó la Orden Foral 52/2022 que regula esta cuestión. Será a partir de abril cuando empiecen a verse los resultados, pues es cuando termina el plazo para poder renovar las tarjetas ya emitidas. Ese mes también se pondrá en marcha una base de datos única, administrada por el Gobierno foral, en la que los agentes de policía podrán comprobar si efectivamente la tarjeta colocada en un vehículo corresponde a una persona con discapacidad. Hoy en día, detalla Larreta, la policía municipal de Pamplona retira de media dos tarjetas a la semana. “Casi todo el mundo utiliza la tarjeta bien y aparca donde debe, pero esta gente nos hace mucho daño”, lamenta.

El fundador de #Okupasmotorizados está orgulloso del camino recorrido: “¿Soy un ciudadano pelma? Pues soy pelma, pero hay cosas que tenemos que reivindicar. Los okupas motorizados son gente egoísta que no tiene educación, civismo ni empatía”. Hay más batallas en su mente, como la de los comercios que tienen un escalón a la entrada. Es una realidad que sufre también al entrar en edificios públicos, donde sigue habiendo barreras insalvables para algunas personas con movilidad reducida. En cualquier caso, promete que no va a meterse en otro proyecto: “Voy a descansar”. Y su mujer, Ainhoa Esparza, incrédula, solo puede echarse a reír al escucharle.

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Cuatro ediles del PP de Nerva abandonan el partido en protesta por el vertedero que la Junta se niega a cerrar

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Después de 25 años de residuos tóxicos, los vecinos de Nerva (5.300 habitantes, Huelva) se han manifestado infinidad de veces para intentar cerrar su vertedero, un caso excepcional en España por la extrema cercanía de la instalación a la población, menos de 700 metros. Entre los residentes más indignados destacan desde el pasado jueves los cuatro concejales del Partido Popular, que hartos de las promesas de la Junta para cerrar el basurero de residuos peligrosos, han dicho basta y abandonarán en breve sus actas en protesta por la inacción de sus compañeros de partido en el Gobierno regional.

“La política medioambiental de la Junta es nefasta. Llevan cuatro años de reuniones mareando la perdiz para tenernos entretenidos. Son los poderes económicos que lo controlan todo y no seremos los títeres, nosotros entramos en política por el futuro de Nerva”. José Antonio Lozano, líder del grupo popular en la localidad onubense, está furioso y decepcionado con su partido y la sucesión de promesas falsas que ha recibido desde 2019, cuando el PP tomó las riendas de la Junta andaluza con supuestos aires de cambio.

Los cuatro concejales que ahora tiran la toalla se han reunido para lograr el ansiado cierre con la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, el PP de Huelva y la empresa DSM. La compañía busca prolongar la vida del vertedero varios años, motivo de conflicto con la población de Nerva, cansada tras un cuarto de siglo de los malos olores y el peligro potencial de derrames y contaminación medioambiental.

El vertedero de Nerva fue centro de la polémica hace un año cuando saltó a la luz el traslado a granel de 18.800 toneladas de granalla desde Montenegro hasta Sevilla en barcos tras bordear Doñana por el Guadalquivir y luego en camiones hasta Nerva. Estos viajes pusieron de relieve el tráfico internacional de residuos, que es legal, y cómo España recibe mucho más basura industrial peligrosa de la que exporta (923.299 toneladas importadas por 101.077 exportadas), con Nerva como una de sus principales cloacas.

Vista aérea de las instalaciones para residuos en Nerva, el pasado viernes.
Vista aérea de las instalaciones para residuos en Nerva, el pasado viernes.PACO PUENTES

“Montaron la instalación engañando al pueblo y Nerva solo ha tenido promesas incumplidas desde 1995, cuando la instalación iba a ser la salvación del pueblo y solo ha dado 30 empleos. Engañaron a los mineros para sacarlos de las primeras manifestaciones en contra del vertedero”. ¿Qué pasará ahora con el PP? “Pues la papeleta no es fácil, pero cuando nos llamaron la última vez les dejé claro que nos íbamos”, explica Lozano sobre su decisión compartida con Jerónimo Delgado, Remedios Cid y José Manuel Flores. El PSOE gobierna el Ayuntamiento con siete concejales, cuatro tiene el PP y dos IU, pero Lozano habla de las “decenas de votos” que le faltaron en las últimas elecciones para hacer una pinza y desbancar a los socialistas de la mano de IU.

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La Junta local del PP de Nerva pidió a la dirección provincial del partido una fecha de cierre y propuso el límite de 2026, pero fue rechazado: “No hay ninguna intención de cerrar el vertedero a corto o medio plazo, a pesar del informe topográfico de 2014 que evidenciaba el próximo llenado de las instalaciones, incluido el recrecido”, informó la formación en un comunicado. El presidente del PP en Huelva, Manuel Andrés González, critica la salida de sus concejales: “Están completamente equivocados, el Gobierno de Juan Manuel Moreno trabaja por el cierre del vertedero. Es normal el relevo, en todos los pueblos pasa”, comenta tras añadir que conoce la decisión desde hace más de un año.

El futuro del vertedero es incierto, pero de momento sigue recibiendo residuos desde el extranjero y territorio nacional, unas 100.000 toneladas de basura tóxica al año, según cálculos del PP local. La intención de DSM es ampliar su capacidad, para lo que ha pedido al Ayuntamiento de Nerva (PSOE) una licencia urbanística. El Consistorio estudia ahora la manera de denegarla porque su objetivo es el cierre, pero la última vez que se opuso, el Tribunal Superior de Justicia andaluz (TSJA) le obligó a concedérsela.

Vista aérea de Nerva.
Vista aérea de Nerva. PACO PUENTES

“Intentamos rechazar la licencia, pero la Junta está de perfil y nos deja a los pies de los caballos. Ahora vendría la fase dos y tres, que serían otros 25 años sin contraprestación a cambio”, critica el alcalde socialista de Nerva, José Antonio Ayala.

En paralelo a la ampliación solicitada al Ayuntamiento, DSM ha pedido a la Junta una segunda autorización para “mejorar su actividad interior”, según fuentes de la Consejería de Sostenibilidad, que asegura que esta transformación no implica un recrecimiento del vertedero. “Trabajamos en un cierre ordenado siempre respetando la seguridad jurídica y las normas vigentes”, alegó el pasado viernes Ramón Fernández-Pacheco, consejero de Sostenibilidad. Sin embargo, el Ejecutivo sigue sin dar una fecha de cierre.

Para la Comisión por el cierre del vertedero ya, formada por asociaciones locales y todos los partidos excepto el PP, el cierre ordenado esgrimido por la Junta es “una cortina de humo, no siendo un término técnico ni jurídico”.

Calle Gil Vélez, en la localidad onubense de Nerva.
Calle Gil Vélez, en la localidad onubense de Nerva. PACO PUENTES

El pasado verano el Ministerio de Transición Ecológica anuló el envío desde Montenegro a Nerva y multó a la empresa francesa responsable tras una inspección de la Guardia Civil a sus barcos. Hace un mes el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, se reunió con el alcalde y la plataforma anti vertedero para mostrarles su apoyo al cierre y prometió visitar Nerva antes de finales de abril.

Para los ecologistas, la instalación representa un peligro creciente con el accidente de Zaldibar (Bizkaia) en el retrovisor. “El vertedero hay que cerrarlo porque en algunos sitios sobrepasa el nivel del muro de escollera y la montaña en sistema de bancales no tiene sujeción, está a la intemperie. Con lluvias torrenciales, la filtración de los residuos será por arrastre, como pasó en Zaldibar”, lamenta Juan Romero, portavoz de Ecologistas en Acción en Huelva. Romero critica que este vertedero ejecute el enterramiento “puro y duro”, cuando la directiva europea prima la inertización y obliga a las mejores técnicas disponibles para evitar “el mero enterramiento de sustancias peligrosas”.

Ante el nivel de colmatación del vertedero, varios alcaldes de pueblos del sur de Badajoz han mantenido reuniones con DSM y otras empresas para instalar un basurero tóxico en su término municipal, pero de momento las negociaciones no han cuajado por la oposición vecinal, entre otros motivos.

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El borrador de sentencia sobre el aborto: “El ‘nasciturus’ no es titular del derecho a la vida”

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Pleno del Tribunal Constitucional el pasado 24 de enero. A la izquierda, en segundo término y con chaqueta gris, Enrique Arnaldo, ponente de la sentencia sobre la ley del aborto.
Pleno del Tribunal Constitucional el pasado 24 de enero. A la izquierda, en segundo término y con chaqueta gris, Enrique Arnaldo, ponente de la sentencia sobre la ley del aborto.Alberto Ortega (Europa Press)

El pleno del Tribunal Constitucional —compuesto en esta ocasión por siete magistrados del sector progresista y tres del conservador— se reunirá este martes, 7 de febrero, para intentar acordar por fin una sentencia sobre el recurso que más tiempo lleva esperando resolución en los cajones del tribunal: el que presentó el PP contra la ley del aborto de 2010. Los magistrados debatirán sobre la base de la ponencia (borrador de sentencia) que ha elaborado el magistrado Enrique Arnaldo, del sector conservador. En esa ponencia, Arnaldo hace una defensa inequívoca de la esencia de la ley —el modelo de plazos, que reconoce el derecho de la mujer a abortar en las primeras 14 semanas de embarazo sin dar explicaciones ni tener que cumplir requisitos— y solo aprecia inconstitucionalidad en un asunto: la forma en la que la mujer ha de ser informada antes de tomar su decisión.

El ponente, que llegó al tribunal en noviembre de 2021 a propuesta del PP, pide evitar en este caso los “juicios morales, que son por esencia personalísimos”. “No se trata de dar respuesta a un conflicto entre el Derecho y la moral, sino de resolver si una ley determinada es o no conforme con la Constitución, y en esa resolución no hay otro soporte para el Tribunal Constitucional que la propia Norma suprema”, subraya. “Es un conflicto estrictamente jurídico, que con criterios jurídicos ha de ser resuelto”. Lo que sigue es un resumen de las 91 páginas de la ponencia, a la que ha tenido acceso EL PAÍS:

El conflicto entre el ‘nasciturus’ y la madre

El argumento principal del recurso del PP era que el modelo de plazos es, en la práctica, un modelo de aborto libre, porque durante las primeras 14 semanas de embarazo despoja al nasciturus (el concebido y aún no nacido) de cualquier protección. De esa manera, según el PP, se vulnera el artículo 15 de la Constitución —el que establece de forma ambigua que “todos” tienen derecho a la vida— y se vulnera también la sentencia del Constitucional que en 1985 avaló la ley de supuestos del Gobierno de Felipe González. Aquella sentencia obligaba a ponderar dos deberes: proteger al nasciturus y respetar los derechos fundamentales de la mujer. Al desaparecer los supuestos y por tanto los requisitos, sostenía el PP, ya no hay ponderación: solo cuentan los derechos de la mujer.

El magistrado Arnaldo, citando la propia sentencia de 1985 y otras del tribunal, deja en primer lugar clara una cuestión: “En nuestro ordenamiento, a tenor de la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional, el nasciturus no es titular del derecho a la vida”. Sólo los nacidos —en tanto que personas— son titulares de ese derecho. El nasciturus, eso sí, es un “bien jurídico constitucionalmente protegido”. Y ese “deber de protección del Estado de la vida prenatal” se manifiesta “en dos obligaciones básicas: “la de abstenerse de interrumpir o de obstaculizar el proceso natural de gestación, y la de establecer un sistema legal para la defensa de la vida que suponga una protección efectiva de la misma y que, dado el carácter fundamental de la vida, incluya también, como última garantía, las normas penales”.

Federico Trillo y otros diputados del PP en 2010, tras presentar el recurso contra la ley del aborto ante el Tribunal Constitucional.
Federico Trillo y otros diputados del PP en 2010, tras presentar el recurso contra la ley del aborto ante el Tribunal Constitucional.Uli Martín

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Pero que el Estado tenga el deber de proteger al nasciturus, sostiene el ponente, no quiere decir necesariamente que deba hacerlo por la vía de establecer sanciones penales. Ni el artículo 15 ni ningún otro de la Constitución imponen “la penalización del aborto”, señala. Y que la sentencia de 1985 avalara el modelo de supuestos no quiere decir “que la Constitución excluya otros”. Para sostener su tesis, Arnaldo cita esta frase de aquella primera sentencia sobre el aborto: “Las leyes humanas contienen patrones de conducta en los que, en general, encajan los casos normales, pero existen situaciones singulares o excepcionales en las que castigar penalmente el incumplimiento de la Ley resultaría totalmente inadecuado”.

La vía penal no es la única

Si no es imprescindible recurrir a la vía penal, ¿qué otra forma hay de garantizar que se produce la debida protección del nasciturus por parte del Estado? El magistrado responde: la fórmula que estableció el legislador en 2010 es que “la tutela de la vida prenatal” durante las primeras 14 semanas de gestación “se articula a través de una doble vía: la información a la mujer embarazada acerca de los derechos, prestaciones y ayudas públicas a la maternidad y el periodo de reflexión de al menos tres días desde la recepción de esa información”. “Todo ello orientado a favorecer una decisión consciente y meditada de la mujer en la resolución del conflicto”, señala.

Y esa fórmula, dice Arnaldo, es “razonablemente suficiente” y, por tanto, perfectamente constitucional: “El legislador pondera los intereses en conflicto y articula un modelo de protección alternativo al Derecho penal […] al entender que en esa primera fase del embarazo, en la que la vida en formación es completamente dependiente de la vida de la madre, tiene más posibilidades de proteger al nasciturus cuando actúa con la madre y no en su contra”, elabora Arnaldo.

“La intervención de un tercero que constate la existencia de un conflicto y pondere los valores en conflicto no resulta una exigencia constitucional”, insiste la ponencia. “Además”, remata, “la intervención determinante de un tercero distorsionaría un sistema en cuya concepción resulta esencial que la decisión final esté en manos de la mujer y que la intervención de terceros se articule en el momento del asesoramiento y no en el de la decisión”.

La información, verbal. Y el periodo de reflexión, imprescindible

La ponencia incluye, no obstante, un importante matiz a esa declaración de constitucionalidad del modelo de plazos: este es constitucional, señala Arnaldo, porque existe esa protección al nasciturus por la vía de informar a la mujer de todas las alternativas al aborto y darle un período de reflexión de tres días. Por tanto, ese es un requisito “necesario”, porque “de otro modo no podría hablarse verdaderamente de un consentimiento informado”. El actual Gobierno de PSOE-Unidas Podemos ha eliminado el requisito de la información previa a la mujer y los tres días de reflexión (en una reforma puntual de la ley que está a punto de ser aprobada), pero eso queda fuera del alcance de esta sentencia, que se refiere exclusivamente a la ley de 2010, la que aprobó el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

“Información personalizada, suficiente, clara y comprensible a la mujer embarazada acerca de los extremos señalados, y periodo de reflexión aparecen como requisitos indisociablemente unidos y constituyen el presupuesto necesario para que la mujer pueda adoptar de manera libre, consciente y meditada una decisión acerca de la interrupción o no de su embarazo, en forma compatible con el derecho a la protección de la vida prenatal”, argumenta la ponencia. “En la medida en que el impugnado artículo 14 de la Ley Orgánica 2/2010 establece estos requisitos […] ha de concluirse, como ya hemos señalado, que el precepto no puede merecer reproche constitucional, pues la solución del legislador, que determina la renuncia a la protección penal durante ese periodo, descansa en una adecuada ponderación de los bienes y derechos en conflicto”.

Manifestación en Valencia el 8 de marzo de 1992, reivindicando un modelo de plazos en la ley del aborto.
Manifestación en Valencia el 8 de marzo de 1992, reivindicando un modelo de plazos en la ley del aborto.Santiago Carreguí

Y en relación con este asunto de la información a la embarazada se produce el único elemento inconstitucional de la ley, según Arnaldo: el ponente sostiene que la información “ha de proporcionarse verbalmente, como regla general, dejando constancia en la historia clínica, y debe comprender, como mínimo, la indicación de la finalidad y la naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias, así como de las consecuencias médicas, psicológicas y sociales de la prosecución del embarazo o de la interrupción del mismo”. Eso es así, dice el magistrado, porque la ley del aborto de 2010 remite en este punto a la ley de autonomía del paciente de 2002, y esa norma establece que la información facilitada al paciente debe ser verbal, “como regla general”. Así, Arnaldo propone declarar “inconstitucional y nulo” el último inciso del artículo 17.5 de la ley del aborto de 2010, que plantea dar a la embarazada la información por escrito y hacerlo de forma verbal sólo “si la mujer lo solicita”.

No queda claro, no obstante, si la ponencia establece que debe darse de forma verbal únicamente la información referida a los riesgos médicos de la intervención o también la información sobre las alternativas al aborto y las ayudas públicas a la maternidad. Fuentes del sector progresista del Constitucional interpretan lo segundo, y por eso rechazan aceptar esta propuesta del ponente.

Permiso paterno para las menores

La ponencia no se pronuncia sobre uno de los aspectos controvertidos de la ley de 2010: el derecho de las mujeres de 16 y 17 años a abortar sin tener que contar con permiso de sus padres. Y no lo hace porque, en 2015, la ley fue modificada en ese punto: el Gobierno de Mariano Rajoy reintrodujo la obligación del permiso paterno, y por tanto, dice Arnaldo, se ha producido una “desaparición sobrevenida del objeto del presente recurso” en ese punto concreto.

La paradoja es que precisamente ese artículo de la ley está a punto de ser modificado ahora de nuevo en sentido contrario: el Gobierno ha vuelto a eliminar la necesidad de permiso paterno en esos casos de mujeres de 16 y 17 años. Pero Arnaldo avisa ya de que eso no cambia la premisa: “La regla general en el recurso de inconstitucionalidad”, subraya, “es que carecería de sentido […] que este tribunal se pronuncie sobre normas que el propio legislador ha expulsado ya de dicho ordenamiento de modo total […], sin que pueda excepcionarse esta regla por el hecho de que el legislador ulteriormente la restablezca en términos análogos a los que figuraban en la versión inicial del texto legal que fue objeto del recurso de inconstitucionalidad”.

El aborto por anomalías fetales

En su recurso de 2010, el PP no sólo rechazaba el modelo de plazos para el aborto, sino que sostenía que la malformación fetal tenía que dejar de ser un supuesto legal para permitir a una mujer interrumpir su embarazo. Para argumentarlo, los populares equiparaban el aborto de un feto con “graves anomalías” a las leyes de exterminio y esterilización nazis, y denunciaban que suponía una “discriminación” del nasciturus similar a la discriminación por motivos de raza. Afirmaban también, remitiéndose a la sentencia de 1985, que ese supuesto legal pudo tener sentido en una época en la que el Estado no disponía de medios suficientes para atener a las personas con graves discapacidades, pero que ahora (en 2010), con muchos más medios y una Ley de Dependencia, ya no había lugar a esa “discriminación”.

El borrador de sentencia rechaza rotundamente esos argumentos. Arnaldo insiste en que el nasciturus “no es titular del derecho a la vida ni de derecho fundamental alguno”: ni a la igualdad ni a la no discriminación. Y no le es aplicable ninguna normativa nacional ni internacional al respecto. En cuanto a que el desarrollo de las medidas asistenciales del Estado hayan convertido en innecesario ese supuesto, lo descarta también: “Incluso si el aspecto asistencial estuviera cubierto (algo que no se acredita en el recurso ni resulta una evidencia no necesitada de acreditación, ni puede valorarse en este procedimiento de inconstitucionalidad), ello supondría ignorar todos los otros aspectos no meramente asistenciales que implica la maternidad en tales circunstancias, y que convierten en inexigible la imposición bajo amenaza penal de la continuación del embarazo”, subraya.

Arnaldo sí vuelve a poner un matiz a la constitucionalidad del artículo 15 en el apartado que autoriza el aborto, sin límite de plazo, por “enfermedad extremadamente grave e incurable” del feto: ese supuesto específico debe ser considerado constitucional siempre y cuando se entienda que “no autoriza la práctica de abortos sobre fetos viables por el mero hecho de presentar algún tipo de discapacidad física, mental, intelectual o sensorial”. “Lo que excluye”, dice, ”que pueda entenderse lícito el aborto de fetos que presenten algún tipo de discapacidad” fuera de los plazos legales.

Por último, el PP recurrió el artículo 15 de la ley en otro aspecto: el apartado que permite abortar hasta las 22 semanas de gestación si existe un “grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada”. Los populares entendían que otro artículo de la ley, el 2, abría la puerta a que dentro del concepto “riesgo para la salud de la madre” se incluyera una indeterminada “salud social”, no objetivable. La ponencia concluye que esa es una mera hipótesis sin base de los recurrentes. “El término ‘salud’ se refiere a la salud física o psíquica, como se deduce con toda evidencia de los debates parlamentarios. Así entendido, el art 15 a) de la Ley Orgánica 2/2010 no es inconstitucional”, replica Arnaldo.

Concentración de la plataforma Derecho a Vivir el pasado abril junto al Senado, para protestar contra la reforma legal que penaliza el acoso a las mujeres que acuden a clínicas donde se practican abortos.
Concentración de la plataforma Derecho a Vivir el pasado abril junto al Senado, para protestar contra la reforma legal que penaliza el acoso a las mujeres que acuden a clínicas donde se practican abortos.Javier Lizón (EFE)

La objeción de conciencia, más delimitada

La ponencia no acepta tampoco la crítica del PP a la regulación de la objeción de conciencia de los médicos (su derecho a negarse a practicar abortos por motivos religiosos o de conciencia) que recoge la ley de 2010. Pero sí plantea delimitar mejor su alcance. La ley dice, en su artículo 19.2, que “los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo tendrán el derecho de ejercer la objeción de conciencia sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabadas”. Ese artículo, señala el borrador de sentencia, es constitucional siempre y cuando se interprete de esta manera: “Que no se refiere exclusivamente a los profesionales que llevan a cabo la práctica de la intervención misma en los centros de la red sanitaria pública o en los acreditados, sino que incluye también a los profesionales sanitarios implicados en las actuaciones previas del proceso que lleva a la interrupción del embarazo por causas médicas a que se refieren los arts. 15 y 16 de la Ley Orgánica 2/2010 [es decir, la elaboración de dictámenes médicos para determinar las anomalías del feto] y que no excluye tampoco a otros que puedan tener una implicación ulterior, como son los encargados de recoger y destruir los restos derivados de la práctica del aborto”.

Formación sanitaria con “perspectiva de género”

El recurso del PP cuestionaba los artículos de la ley que obligan a introducir la “perspectiva de género” en la formación de los sanitarios, por considerarlo una imposición ideológica. La ponencia rechaza esa crítica. “La ‘perspectiva de género’”, afirma el borrador de sentencia, “no puede entenderse como una ideología, sino como un enfoque metodológico, que significa tomar en consideración las singularidades del hombre y la mujer en el diseño y ejecución de las políticas públicas con el objetivo de promover la igualdad efectiva y real entre mujeres y hombres y eliminar las desigualdades constitutivas de discriminación por razón de sexo”.

Una defensa rotunda del modelo de plazos

La ponencia redactada por Enrique Arnaldo está llena de afirmaciones en defensa del sistema de plazos como un modelo plenamente constitucional para regular el aborto. El magistrado empieza remarcando que ese modelo “se halla en consonancia con las legislaciones sobre interrupción voluntaria del embarazo de los países de nuestro entorno, cuyas Constituciones, por cierto, reconocen y garantizan el derecho a la vida en términos similares a los de la Constitución española”. Y rechaza la interpretación que hacía el PP, esto es, que la sentencia del Constitucional de 1985 cerraba la puerta a cualquier modelo que no fuera el de supuestos despenalizados: “La Constitución no es un programa cerrado, sino un texto abierto”, dice Arnaldo, y añade que, “sin perjuicio de la importancia de esta doctrina”, ni la sentencia de 1985 “ni ninguna otra” constituyen “el parámetro de control de constitucionalidad a aplicar por este tribunal”, que sólo está sometido a la Constitución.

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