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Magistrados conservadores del Supremo expresan su voluntad de ir al Constitucional, pese a la falta de aspirantes alegada por los vocales conservadores

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El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, en un pleno el 8 de septiembre de 2022.
El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, en un pleno el 8 de septiembre de 2022.POUL

Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que negocian el nombramiento de dos magistrados del Tribunal Constitucional volverán a reunirse este miércoles. Sobre la mesa habrá, por primera vez, nombres de magistrados del Tribunal Supremo que aspiran a esos puestos, pero, por ahora, solo los aportados por el sector progresista, ya que los conservadores aseguraron en la reunión celebrada el viernes que ningún juez del alto tribunal se había dirigido a ellos para postularse. Este periódico ha hablado en las últimas horas con varios magistrados de distintas salas del Supremo considerados de tendencia conservadora que muestran su disposición a ir al tribunal de garantías, aunque no han acordado formalmente su candidatura con los vocales propuestos por el PP. El presidente del Supremo, Carlos Lesmes, ha sondeado a algunos de ellos, que le han dado su conformidad a que su nombre pueda tenerse en cuenta en las negociaciones. Entre ellos están Inés Huerta, Diego Córdoba, Francisco Marín Castán, Antonio Sempere y Rafael Fernández Valverde, que ya fue propuesto por los vocales progresistas el pasado viernes, en la comisión negociadora constituida para tratar de alcanzar un acuerdo sobre los dos candidatos que debe nombrar el Consejo.

Desde que en julio pasado el CGPJ recibió el encargo de designar dos magistrados del Constitucional, el foco se puso sobre el Supremo, el tribunal del que suelen proceder los candidatos del Consejo cuando, cada nueve años, le corresponde realizar esta designación. Enseguida empezaron a trascender nombres de posibles aspirantes tanto por parte del ala progresista como de la conservadora. Pero mientras los vocales progresistas fueron confirmando públicamente esas candidaturas y se mostraron dispuestos a la vuelta del verano a empezar a debatirlas con el otro sector, la mayoría conservadora, atrincherada de inicio contra la ley que les obliga a nombrar a los dos magistrados del Constitucional, se ha negado hasta ahora a poner sobre la mesa nombres concretos o a confirmar si los que se habían difundido como posibles eran una opción real con la que hubieran contactado. Fuentes de este sector han sostenido en las últimas semanas que todavía no era el momento de hablar de nombres y que antes de revelar sus aspirantes querían conocer el elegido como candidato principal por los progresistas y el de los dos magistrados que le corresponde nombrar al Gobierno.

Sin embargo, el número de magistrados conservadores dispuestos a acceder al Constitucional es creciente, según se está poniendo de manifiesto a lo largo de los últimos días, en paralelo a las supuestas dificultades que encuentran los vocales de la misma área ideológica para realizar propuestas de nombres que puedan representarles. Tras dos reuniones entre ambos bloques, y ante el temor de que las conversaciones se eternizaran sin entrar en el fondo del asunto (acordar dos candidatos de consenso, uno por cada sector ideológico), los progresistas sugirieron el pasado viernes empezar a concretar candidaturas y ahí fue cuando los conservadores advirtieron de que no estaban en disposición de presentar ninguna porque no los tenían. Ningún magistrado del Supremo afín a sus preferencias se había postulado ante ellos, aseguraron.

Ante este anuncio, los progresistas anunciaron que ellos disponían de nueve nombres y que los iban a enviar a todos los miembros del Consejo como punto de partida en la negociación. En esta lista estaban cinco magistrados progresistas de los que se venía hablando desde hace semanas (Pablo Lucas, José Manuel Bandrés, Ángeles Huet, Eduardo Espín, y Jacobo Barja de Quiroga); y otros cuatro jueces del Supremo que se habían ofrecido a los progresistas o al presidente del Consejo, Carlos Lesmes, para estar entre los candidatos a ser nombrado magistrado del Constitucional: Isabel Perelló, María Luisa Segoviano, Rosa María Virolés y Rafael Fernández Valverde. Este último era hasta marzo ―cuando se jubiló de forma forzosa al cumplir 72 años― magistrado del Supremo y miembro del CGPJ, al que accedió a propuesta del PP y en el que fue parte activa del sector conservador. Él mismo, según las fuentes consultadas, ha informado de su disposición a sus antiguos compañeros del Consejo, tanto al sector progresista como al conservador.

EL PAÍS ha contactado con varios magistrados del alto tribunal considerados de tendencia conservadora que han sonado como futuros magistrados del Constitucional y siete de ellos han confirmado su interés en ir al tribunal de garantías. En rigor, ninguno se ha presentado como aspirante a acceder al Constitucional, porque las reglas aprobadas para este proceso de elección no prevén la libre postulación personal de los candidatos. El sistema establecido consiste en dar la iniciativa a los vocales del CGPJ, para que sean estos quienes realicen sus propuestas después de conocer si los nombres que pongan sobre la mesa pertenecen a magistrados que estén dispuestos a aceptar la designación. Los puestos vacantes en el Constitucional son dos, y hasta el momento han aparecido no menos de 13 nombres de miembros del Supremo que están dispuestos a formar parte del tribunal de garantías. Se trata de los nueve que propusieron los vocales progresistas el pasado viernes y de los cinco antes mencionados.

Tanto Huerta, como Marín Castán, Sempere, Córdoba y Fernández Valverde confirmaron este lunes a EL PAÍS que los negociadores pueden contar sus nombres, dato que es conocido en el Supremo. Todos los consultados señalan su interés en ir al tribunal de garantías, pero coinciden en que no pretenden tomar parte en una competición para conseguirlo. Ninguno de ellos reprocha a los vocales conservadores que no le haya propuesto, pero tampoco ninguno ha negado que aspire a formar parte del Constitucional. Para comprobarlo, basta con interesarse en la búsqueda de candidatos, y preguntarles sobre su disposición personal. A estos se suman otros dos que han pedido anonimato, pero que explican que, aunque han dado a conocer en el seno del tribunal e incluso en conversaciones con vocales del Consejo su disposición, no han concretado su candidatura con ningún miembro del órgano de gobierno de los jueces.

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Otros magistrados con los que ha hablado este periódico afirman que estarían dispuestos a presentar su candidatura, pero admiten que la postura ambigua del bloque conservador del Consejo con los nombramientos pendientes, les frena para postularse. “Tiene que haber una cierta garantía de que va a ser una negociación seria”, señala un juez. Fuentes del sector conservador del Supremo afirman que miembros de este bloque se han dirigido a magistrados del alto tribunal para pedirle que fueran sus candidatos y lo han rechazado. Entre ellos, los magistrados Antonio del Moral y Pablo Llarena (de la Sala de lo Penal) e Ignacio Sancho (Sala Civil). Estas fuentes señalan que aspiran a que algunos de estos y otros nombres que por ahora no han querido dar el paso, acaben dándolo cuando la negociación avance.

Como magistrados del Supremo, por otra parte, todos ellos gozan de un amplio currículum, que incluye años de ejercicio en este alto tribunal. Este factor es clave porque los vocales conservadores han subrayado en varias ocasiones que la trayectoria profesional y la idoneidad para el cargo resultan esenciales en este proceso de elección. El comunicado dado a conocer por los vocales conservadores el pasado viernes, al término de la primera reunión con la delegación progresista, hacía hincapié en este punto, afirmando que “la selección de los candidatos a tan alta magistratura ha de llevarse a cabo tras una minuciosa evaluación de sus currículos”. La dificultad, en este aspecto, sería mínima, porque todos los magistrados a los que se les han pedido tales acreditaciones las han entregado, en este caso a los vocales progresistas, que son los que han elaborado una primera lista de nueve candidatos. No consta, en cambio, que la delegación conservadora haya pedido currículum alguno entre los magistrados del Supremo.

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La ‘reina de la coca’ paga por traficar: condenada a 16 años de cárcel

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Ana María Cameno, en el banquillo de la Audiencia Nacional, el pasado 29 de marzo.
Ana María Cameno, en el banquillo de la Audiencia Nacional, el pasado 29 de marzo.

El peso de la ley ha caído sobre Ana María Cameno, alias La reina de la coca. La Audiencia Nacional ha condenado a 16 años de cárcel a esta burgalesa de familia acomodada, que levantó un presunto imperio del narco desde la nada y que en 2011 ya fue detenida por montar el mayor laboratorio de cocaína de Europa. El tribunal ha considera probado que la acusada, tras aquel arrestó, volvió a las andadas y creó una nueva organización criminal para traficar con este estupefaciente. Una trama que encabezaba y dirigía al detalle, según reza el fallo de los jueces, que le impone también una multa de 21,2 millones de euros.

La sentencia, fechada el 21 de septiembre y a la que tuvo acceso EL PAÍS, inflige un duro golpe a la reina de la coca. Muy esquiva con la prensa durante el juicio celebrado la pasada primavera, Cameno se acogió a su derecho a no declarar ante el tribunal y observó satisfecha cómo ninguno de sus colaboradores la delataba. Pero la baza del silencio no le ha servido para esquivar la condena. Y la policía la detuvo esta misma semana, antes de conocerse el contenido de la resolución judicial, ante el peligro de que se fugase tras hacerse público el fallo, según la agencia Efe.

La Fiscalía pedía inicialmente 25 años de cárcel para la narco por liderar una organización criminal e impulsar operaciones para la venta de casi 100 kilos de cocaína en 2014 que le reportarían beneficios millonarios. Una condena que el tribunal ha dejado en 16 años de prisión: 12 por tráfico de drogas y 4 por blanqueo de capitales. Eso sí, los magistrados la han absuelto del delito de tenencia ilícita de armas. La Audiencia Nacional ha impuesto también penas, de cuatro a nueve años de cárcel, a 11 de sus colaboradores. Otro de ellos, José Ramón Parra, quien fuera pareja de La Reina, huyó antes del juicio.

La sentencia describe la intensa implicación de Cameno en el negocio de la droga. “Mantenía contactos regulares con los suministradores y con los encargados del transporte de la sustancia”, explican los jueces en su resolución, donde se detalla que la narco también se encargaba, junto a su entonces novio, de los pagos por la venta de la cocaína, “así como de los contactos con la red encargada de darle soporte técnico, jurídico y financiero [para] garantizar la ocultación y colocación en el exterior de los fondos procedentes de la actividad delictiva”.

Los magistrados también explican que —pese a que ni ella ni su pareja “desarrollaban ninguna actividad laboral, mercantil o empresarial lícita”— vivían a todo trapo. “Disponían de varias casas lujosas arrendadas, vehículos de alta gama y otros muchos gastos suntuarios”, enumera la sentencia: “Estas consideraciones se efectúan exclusivamente para poner de manifiesto que los únicos ingresos económicos conocidos de los referidos eran los que pueden deducirse de su dedicación en exclusiva al tráfico de drogas, a través de la estructura que tenían organizada al efecto”.

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La Policía siempre ha definido a la reina de la coca como una mujer muy preocupada por los detalles. La Audiencia Nacional también lo deja claro: “Adoptaba medidas de seguridad extremas, evitando en lo posible las comunicaciones telefónicas, valiéndose de terceras personas y realizando encuentros personales en el interior de los distintos vehículos de los que era usuaria y en otros lugares”, subraya el dictamen firmado por los magistrados José Ricardo de Prada, José Antonio Mora y María Teresa García.

Cameno tiene otra causa pendiente en la Audiencia Nacional. El tribunal tiene pendiente juzgarla por su arresto de 2011, cuando comienza a construir su leyenda al poner en marcha presuntamente el mayor laboratorio de cocaína de Europa, para el que se había traído a cuatro profesores de bioquímica de una universidad colombiana que “desarrollasen el proceso de fabricación y manipulación” de la cocaína, según el juez instructor. Para entonces, la narco ya había escalado a la cumbre del narcotráfico español, contaba con una veintena de subordinados y había tejido relaciones con otras tres organizaciones: el clan de Los Miami, dirigido por los hermanos Álvaro y Artemio López Tardón; la banda de los hermanos Raúl y Víctor Juárez Smith; y la red del hispano-colombiano Laurentino Sánchez, Lauro.

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RTVE elige como presidenta provisional a la periodista Elena Sánchez tras la dimisión de Tornero

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El presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, durante una comparecencia en el Congreso, el 28 de abril.
El presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, durante una comparecencia en el Congreso, el 28 de abril.MARISCAL (EFE)

Elena Sánchez Caballero, una profesional con una larga trayectoria en RTVE, será la nueva presidenta provisional de la corporación de la radio y televisión públicas, según ha resultado de una reunión del Consejo de Administración del ente este martes. Sánchez ha recibido los apoyos de los representantes del PSOE (dos votos de los tres que tiene), Unidas Podemos (dos votos) y PNV (un voto). El PP (tres votos) ha rechazado la candidatura. También concurría al puesto el consejero Ramón Colom (por el PSOE), que se ha votado a sí mismo.

Con la elección de Elena Sánchez se cierra una crisis abierta tras la dimisión este lunes de José Manuel Pérez Tornero, que ha ocupado la presidencia de RTVE durante año y medio. La retirada de la confianza por parte de sus principales avales, los socialistas y Unidas Podemos, ha llevado a la corporación a un callejón sin salida. La elección de Sánchez, una periodista vinculada desde hace cuatro décadas a RTVE, al frente del consejo de administración supone una apuesta interna, con un gran conocimiento de la empresa, de sus necesidades y sus retos.

Una situación similar se produjo tras la renuncia de Alberto Oliart en 2011, que también fue elegido con el apoyo del PP y del PSOE durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Para poner en marcha el proceso de sucesión tras la salida de Pérez Tornero y analizar las alternativas de relevo, el secretario general de la corporación, Alfonso Morales, se reunió ese lunes en La Moncloa con responsables del Gobierno. El consejo de informativos de RTVE ha emitido un comunicado en el que manifiesta su “honda preocupación” por el futuro inmediato de la corporación y lanza un mensaje al actual Gobierno y al arco parlamentario: “Si los presentes o inmediatos movimientos en RTVE tienen por objetivo someter a este servicio público a intereses partidistas, los trabajadores no lo permitiremos”.

La ley establece que el Congreso de los Diputados designará entre los consejeros electos el que desempeñará el cargo de presidente de la corporación y del consejo, una elección que requiere dos tercios de la Cámara. Pero no es previsible que en el actual contexto político los dos principales partidos alcancen un pacto para elegir a un nuevo responsable de RTVE, toda vez que los puentes entre el PSOE y el PP para la renovación de las instituciones parecen estar dinamitados.

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En 2018, la falta de votos en Congreso para renovar el consejo de RTVE condujo a una situación de interinidad que se prolongó durante tres años. La periodista Rosa María Mateos fue elegida administradora provisional única, un cargo en el que se mantuvo hasta marzo de 2021, cuando las Cortes eligieron a Pérez Tornero. La ley fijaba su mandato en seis años, pero ha dejado el cargo a los 18 meses tras haber perdido la confianza del PSOE y de Unidas Podemos.

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Elena Sánchez, cuatro décadas en defensa de la televisión pública

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La periodista Elena Sánchez Caballero, en una imagen de archivo.
La periodista Elena Sánchez Caballero, en una imagen de archivo.

La nueva presidenta provisional de RTVE, Elena Sánchez Caballero (Madrid, 64 años), está ligada a la televisión pública del 1984. Entró con un contrato temporal y tres años más tarde obtuvo una plaza por oposición. En estas cuatro décadas ha desempeñado todo tipo de labores, desde redactora de base a alta directiva, y ha visto cómo se ha ido transformando una empresa históricamente codiciada por los gobiernos de turno y sometida a los vaivenes políticos. Comprometida con el servicio público, ha estado delante y detrás de las cámaras y ha asumido funciones directivas. En 2018 se incorporó al equipo de Rosa María Mateo como secretaria general de la corporación, cargo que abandonó por decisión propia dos años más tarde. Desde marzo de 2021 forma parte del consejo de administración de RTVE a propuesta de los socialistas, en un cuarteto del que también formaron parte José Manuel Pérez Tornero, Concepción Cascajosa y Ramón Colom.

Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, dio sus primeros pasos en Diario 16, Antena 3 Radio y la agencia Efe. En TVE comenzó su larga trayectoria en el área de deportes, que le llevó a presentar Teledeporte y a cubrir los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, Seúl y Barcelona. A lo largo de una sólida carrera ha presentado y dirigido telediarios, programas de actualidad y debates. Fue presentadora de los telediarios, reportera en Informe semanal y en Crónicas y dirigió Imprescindibles, un programa de documentales biográficos. Durante su etapa ligada a los informativos diarios, compartió pantalla con Luis Mariñas y Pedro Piqueras y en La 2 condujo Enfoque, un formato de análisis y debate sobre la actualidad.

Su paso por múltiples puestos dentro de TVE le ha granjeado un excelente conocimiento de la empresa. “Conoce muy bien la casa. La gente la respeta y la quiere. Está muy preparada. Sabe los entresijos de la televisión y está muy volcada con lo que debe ser una televisión pública”, aseguran dentro de la cadena. Por imperativo del convenio colectivo, tiene previsto acogerse a la jubilación el próximo mes de noviembre, cuando cumpla los 65 años. Pero llegar a esa edad no le impedirá seguir formando parte del consejo de administración.

Firme defensora del servicio público, Sánchez fue candidata, junto a otros 90 aspirantes, a presidir RTVE en el concurso público convocado por las Cortes. Formó parte de la lista presentada por los socialistas en el Parlamento y así entró a formar parte del consejo de administración. Durante la presentación de su proyecto ante el Congreso, confesó que no participaba sobre el fatalismo sobre el futuro y la vialidad de RTVE. Abogó por el servicio público, la información veraz como cortafuego de los bulos y el entretenimiento de calidad “digno y variado”. En aquella exposición aseguró que RTVE debía transformarse totalmente y defendió un plan estratégico a través del cual garantizar la viabilidad de la compañía y adaptarse al nuevo entorno digital. En los últimos meses, ha dirigido para TVE Encuentros, un espacio de entrevistas a fondo a personalidades de la cultura, presentado junto al periodista y escritor Jesús Marchamalo. Su estreno, en La 2, está previsto para el próximo 13 de octubre con una conversación con el pintor Antonio López. Entre las figuras que pasarán por el programa se encuentran también Santiago Muñoz Machado, Rosa Montero, Peridis, Luis Landero, Rosa Regás y Gonzalo Suárez.

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