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Las comunidades del PP acentúan la competencia fiscal a la baja a un año de las elecciones

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La política tiene sus calendarios. Cuando se aproximan los ciclos electorales se multiplican los anuncios de bajadas de impuestos en los territorios gobernados por el Partido Popular bajo el argumento de que así se espolea la economía y se crea empleo. Los dirigentes de izquierdas, por contra, apuestan por elevar el gasto social y las inversiones con la tesis de que así reducen la desigualdad. En las últimas semanas, este catecismo fiscal se está cumpliendo a rajatabla. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, anunció este lunes que suprimirá el impuesto de patrimonio. Una medida que solo beneficia al 0,2% de los contribuyentes andaluces, unos 20.000 ciudadanos. Las familias más pudientes, con un patrimonio superior a 700.000 euros sin contar la vivienda habitual, dejarán de pagar de media 5.800 euros al año. La madrileña Isabel Díaz Ayuso también ha anunciado rebajas fiscales, rebajará el IRPF de acuerdo con la inflación y ha prometido deducciones fiscales para vivienda, educación y otros guiños tributarios a los hogares y autónomos. Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, también ha comprometido una “rebaja fiscal histórica”. Y así todos los presidentes autonómicos del PP están anunciando rebajas tributarias en la fase final de la legislatura.

Esta movilización tributaria del PP contribuye a agravar la competencia fiscal entre las autonomías a nueve meses de las elecciones autonómicas en un país con una de las tasas de presión fiscal más bajas de la Unión Europea. La recaudación tributaria en España respecto a su riqueza ascendió al 39,1% del PIB al cierre del año pasado, siete puntos menos que la media de la UE. Lo que evidencia que España cosecha menos ingresos tributarios que el resto de países de su entorno, a pesar de ser uno de los más desiguales.

En los últimos años, sobre todo tras superar el síncope de la pasada crisis financiera, las comunidades autónomas gobernadas por los populares iniciaron una carrera fiscal a la baja en sus impuestos cedidos. Aunque apenas aplicaban rebajas cosméticas, casi limitados al impuesto de sucesiones, porque no tenían mucha capacidad para ahondar en los regalos fiscales. Rubén Gimeno, experto del Consejo General de Economistas, recuerda que a diferencia del impuesto sobre el patrimonio que ha estado años sin tocarse, la carrera a la baja en el impuesto sobre sucesiones y donaciones empezó hace años.

Madrid siempre ha ido más lejos. Lleva años enarbolando esta política liberal como laboratorio ideológico del PP. Antes con Esperanza Aguirre y ahora con Ayuso. Hace unas semanas fue la primera en anunciar que deflactará la tarifa del IRPF, una medida que beneficiará tanto a las rentas bajas como a los que más ganan. Las sucesivas rebajas de Madrid en su escala del impuesto sobre la renta, en patrimonio, sucesiones y donaciones y otras figuras tributarias han generado recelos en el resto de autonomías, que la acusan de competencia fiscal desleal. Aducen que Madrid se puede permitir bajar los impuestos más que el resto porque es la sede de las grandes compañías y de las grandes instituciones del Estado, con trabajadores con salarios más elevados. Y critican que la capital explote esta política para atraer grandes patrimonios que cambian su domicilio fiscal para beneficiarse de las ayudas tributarias.

“El modelo fiscal de Madrid está siendo copiado por el resto de comunidades del PP”, explica Rubén Gimeno, director del servicio de estudios del REAF-REGAF del Consejo General de Economistas. Madrid ya no es la única autonomía que rebaja impuestos. La abundancia de recursos que ofrece el sistema de financiación y las medidas aprobadas por el Gobierno central para que las comunidades puedan garantizar los servicios públicos esenciales durante la pandemia y la crisis energética ha llenado las arcas públicas regionales a niveles nunca vistos. Y eso permite a otras autonomías populares seguir esta política de guiños fiscales. “El Gobierno central ha sido tan protector con la autonomía financiera de las comunidades autónomas que sin querer ha dado margen para que puedan hacer eso”, explica Santiago Lago, catedrático de Economía de la Universidad de Vigo.

Lago explica que aunque los anuncios de rebajas en patrimonio o sucesiones y donaciones en realidad representan poco en la recaudación fiscal, pero sí terminan provocando un movimiento más perverso. “El desplazamiento de rentas supone que un individuo termina tributando por IRPF, cuyo impacto es más significativo, en otro territorio”, precisa. En realidad, reconoce Lago, la Comunidad de Madrid es un sitio atractivo más allá de los impuestos, más que otras capitales de provincia. Además, añade, Cataluña ha dejado de serlo tras los años del procés. Cuando los ciudadanos, sobre todo los que tienen un gran patrimonio, empiezan a experimentar que además pagan menos impuestos se termina produciendo un desplazamiento de domicilios fiscales. “Y, ¿hasta cuándo aguantan las comunidades que han perdido contribuyentes? Cada vez más el resto de autonomías van a jugar a no perder y terminará produciéndose más bajadas”, razona. Y eso es lo que está pasando ya en Andalucía, que anuncia rebajas para evitar la fuga de patrimonios.

Lago reconoce que también hay una parte ideológica en el tratamiento fiscal de las comunidades del PP. “La visión fiscal de la izquierda y la derecha no es la misma”, dice. Para los partidos de derecha los tributos terminan siendo un obstáculo para la actividad económica. Por eso, se afanan en reducirlos. Para la izquierda es un instrumento para reforzar el Estado social.

Medida “efectista”

Por todo eso, el PP andaluz no es una excepción, ha hecho de la bajada de impuestos una de sus consignas básicas. Moreno llevaba la supresión progresiva del impuesto de patrimonio en su programa electoral para el 19-J, pero la supresión absoluta anunciada este lunes se ha convertido en una de las medidas estrella en la vuelta del verano. El presidente de la Junta la ha justificado con que favorecerá la atracción de ciudadanos para que establezcan su domicilio fiscal en Andalucía, tener más ingresos y generar más inversión. Los expertos consultados por este diario coinciden en que se trata de una medida claramente política y “más efectista que eficaz”.

“Aquí no se discute el sentido del efecto de la medida, sino de la cuantía; y no parece que vaya a ser tan relevante como se está queriendo decir”, señala Manuel Hidalgo, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), y que fue secretario de Economía al comienzo de la anterior legislatura de Moreno. “Es dudoso que quien cambie su domicilio fiscal a Andalucía lo haga por la supresión de este impuesto”, abunda Hidalgo, que también cuestiona que quienes tienen mayor patrimonio generen mayor riqueza. “Los que tienen más patrimonio son quienes concentran el ahorro y son tenedores que difícilmente movilizan el capital”.

Una impresión que comparte Diego Martínez, profesor de Economía Aplicada de la UPO. “La inversión ligada al impuesto de patrimonio es improductiva, son las empresas las que generan la inversión y ellas tributan por sociedades”, subraya. Ambos profesores coinciden en el dudoso silogismo que aplica Moreno al asegurar que una bajada de impuestos se traduce en mayor actividad recaudatoria. “Andalucía está por debajo de la media nacional en la recaudación de los tributos cedidos”, advierte Martínez. “Las bajadas de impuestos no se están autofinanciando con la generación de actividad”, apostilla Hidalgo.

El presidente del Colegio de Economistas de Andalucía, Francisco Tato, también hace alusión al “menor efecto” en el sistema recaudatorio que puede suponer la supresión de este impuesto, pero desde una óptica positiva. “Si no es del menor recaudación, será el de los menores. Y todo lo que sea bajar impuestos sin afectar a los servicios sociales es bueno”, indica. “El efecto será muy pequeño”, apostilla, en consonancia con sus colegas, si bien difiere en cuanto a las consecuencias. “Puede animar a la gente a que recupere su residencia fiscal en Andalucía y aliviar con ello la fuga de patrimonio de los últimos años”, agrega.

La dirección nacional del PP respalda y defiende la rebaja fiscal de Andalucía, informa Elsa García de Blas. Los populares discrepan de que se trate de una medida en favor de los ricos, a pesar de que grava a los patrimonios de más de 700.000 euros. “No puedo aceptar la afirmación de que sea para los ricos porque Zapatero fue el primero en eliminarlo”, defendió este lunes el coordinador general de los populares, Elías Bendodo, en rueda de prensa en la sede del PP en la calle Génova. El expresidente del Gobierno socialista suprimió este tributo con una exención al 100% en 2008, con el argumento de que incidía “desigualmente en el tratamiento fiscal de los españoles” porque recaía, dijo, sobre todo en las clases medias, pero no en las altas, que tienen “diversos instrumentos y fáciles mecanismos de elusión”. En 2011, sin embargo, Zapatero recuperó el impuesto a petición de Alfredo Pérez Rubalcaba, que se presentaba como candidato socialista a las elecciones generales de ese año.

El PP de Alberto Núñez Feijóo es firme partidario de suprimir el impuesto de Patrimonio, como parte de una política económica que tiene como punto central las rebajas fiscales generalizadas. “A nadie le debe sorprender el anuncio de Juanma Moreno. El PP lleva en el ADN la bajada de impuestos”, sostuvo este lunes el coordinador general. El líder popular promueve desde hace semanas, además, la “deflactación” de varios tramos del IRPF por la elevada inflación.

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La ‘reina de la coca’ paga por traficar: condenada a 16 años de cárcel

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Ana María Cameno, en el banquillo de la Audiencia Nacional, el pasado 29 de marzo.
Ana María Cameno, en el banquillo de la Audiencia Nacional, el pasado 29 de marzo.

El peso de la ley ha caído sobre Ana María Cameno, alias La reina de la coca. La Audiencia Nacional ha condenado a 16 años de cárcel a esta burgalesa de familia acomodada, que levantó un presunto imperio del narco desde la nada y que en 2011 ya fue detenida por montar el mayor laboratorio de cocaína de Europa. El tribunal ha considera probado que la acusada, tras aquel arrestó, volvió a las andadas y creó una nueva organización criminal para traficar con este estupefaciente. Una trama que encabezaba y dirigía al detalle, según reza el fallo de los jueces, que le impone también una multa de 21,2 millones de euros.

La sentencia, fechada el 21 de septiembre y a la que tuvo acceso EL PAÍS, inflige un duro golpe a la reina de la coca. Muy esquiva con la prensa durante el juicio celebrado la pasada primavera, Cameno se acogió a su derecho a no declarar ante el tribunal y observó satisfecha cómo ninguno de sus colaboradores la delataba. Pero la baza del silencio no le ha servido para esquivar la condena. Y la policía la detuvo esta misma semana, antes de conocerse el contenido de la resolución judicial, ante el peligro de que se fugase tras hacerse público el fallo, según la agencia Efe.

La Fiscalía pedía inicialmente 25 años de cárcel para la narco por liderar una organización criminal e impulsar operaciones para la venta de casi 100 kilos de cocaína en 2014 que le reportarían beneficios millonarios. Una condena que el tribunal ha dejado en 16 años de prisión: 12 por tráfico de drogas y 4 por blanqueo de capitales. Eso sí, los magistrados la han absuelto del delito de tenencia ilícita de armas. La Audiencia Nacional ha impuesto también penas, de cuatro a nueve años de cárcel, a 11 de sus colaboradores. Otro de ellos, José Ramón Parra, quien fuera pareja de La Reina, huyó antes del juicio.

La sentencia describe la intensa implicación de Cameno en el negocio de la droga. “Mantenía contactos regulares con los suministradores y con los encargados del transporte de la sustancia”, explican los jueces en su resolución, donde se detalla que la narco también se encargaba, junto a su entonces novio, de los pagos por la venta de la cocaína, “así como de los contactos con la red encargada de darle soporte técnico, jurídico y financiero [para] garantizar la ocultación y colocación en el exterior de los fondos procedentes de la actividad delictiva”.

Los magistrados también explican que —pese a que ni ella ni su pareja “desarrollaban ninguna actividad laboral, mercantil o empresarial lícita”— vivían a todo trapo. “Disponían de varias casas lujosas arrendadas, vehículos de alta gama y otros muchos gastos suntuarios”, enumera la sentencia: “Estas consideraciones se efectúan exclusivamente para poner de manifiesto que los únicos ingresos económicos conocidos de los referidos eran los que pueden deducirse de su dedicación en exclusiva al tráfico de drogas, a través de la estructura que tenían organizada al efecto”.

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La Policía siempre ha definido a la reina de la coca como una mujer muy preocupada por los detalles. La Audiencia Nacional también lo deja claro: “Adoptaba medidas de seguridad extremas, evitando en lo posible las comunicaciones telefónicas, valiéndose de terceras personas y realizando encuentros personales en el interior de los distintos vehículos de los que era usuaria y en otros lugares”, subraya el dictamen firmado por los magistrados José Ricardo de Prada, José Antonio Mora y María Teresa García.

Cameno tiene otra causa pendiente en la Audiencia Nacional. El tribunal tiene pendiente juzgarla por su arresto de 2011, cuando comienza a construir su leyenda al poner en marcha presuntamente el mayor laboratorio de cocaína de Europa, para el que se había traído a cuatro profesores de bioquímica de una universidad colombiana que “desarrollasen el proceso de fabricación y manipulación” de la cocaína, según el juez instructor. Para entonces, la narco ya había escalado a la cumbre del narcotráfico español, contaba con una veintena de subordinados y había tejido relaciones con otras tres organizaciones: el clan de Los Miami, dirigido por los hermanos Álvaro y Artemio López Tardón; la banda de los hermanos Raúl y Víctor Juárez Smith; y la red del hispano-colombiano Laurentino Sánchez, Lauro.

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RTVE elige como presidenta provisional a la periodista Elena Sánchez tras la dimisión de Tornero

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El presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, durante una comparecencia en el Congreso, el 28 de abril.
El presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, durante una comparecencia en el Congreso, el 28 de abril.MARISCAL (EFE)

Elena Sánchez Caballero, una profesional con una larga trayectoria en RTVE, será la nueva presidenta provisional de la corporación de la radio y televisión públicas, según ha resultado de una reunión del Consejo de Administración del ente este martes. Sánchez ha recibido los apoyos de los representantes del PSOE (dos votos de los tres que tiene), Unidas Podemos (dos votos) y PNV (un voto). El PP (tres votos) ha rechazado la candidatura. También concurría al puesto el consejero Ramón Colom (por el PSOE), que se ha votado a sí mismo.

Con la elección de Elena Sánchez se cierra una crisis abierta tras la dimisión este lunes de José Manuel Pérez Tornero, que ha ocupado la presidencia de RTVE durante año y medio. La retirada de la confianza por parte de sus principales avales, los socialistas y Unidas Podemos, ha llevado a la corporación a un callejón sin salida. La elección de Sánchez, una periodista vinculada desde hace cuatro décadas a RTVE, al frente del consejo de administración supone una apuesta interna, con un gran conocimiento de la empresa, de sus necesidades y sus retos.

Una situación similar se produjo tras la renuncia de Alberto Oliart en 2011, que también fue elegido con el apoyo del PP y del PSOE durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Para poner en marcha el proceso de sucesión tras la salida de Pérez Tornero y analizar las alternativas de relevo, el secretario general de la corporación, Alfonso Morales, se reunió ese lunes en La Moncloa con responsables del Gobierno. El consejo de informativos de RTVE ha emitido un comunicado en el que manifiesta su “honda preocupación” por el futuro inmediato de la corporación y lanza un mensaje al actual Gobierno y al arco parlamentario: “Si los presentes o inmediatos movimientos en RTVE tienen por objetivo someter a este servicio público a intereses partidistas, los trabajadores no lo permitiremos”.

La ley establece que el Congreso de los Diputados designará entre los consejeros electos el que desempeñará el cargo de presidente de la corporación y del consejo, una elección que requiere dos tercios de la Cámara. Pero no es previsible que en el actual contexto político los dos principales partidos alcancen un pacto para elegir a un nuevo responsable de RTVE, toda vez que los puentes entre el PSOE y el PP para la renovación de las instituciones parecen estar dinamitados.

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En 2018, la falta de votos en Congreso para renovar el consejo de RTVE condujo a una situación de interinidad que se prolongó durante tres años. La periodista Rosa María Mateos fue elegida administradora provisional única, un cargo en el que se mantuvo hasta marzo de 2021, cuando las Cortes eligieron a Pérez Tornero. La ley fijaba su mandato en seis años, pero ha dejado el cargo a los 18 meses tras haber perdido la confianza del PSOE y de Unidas Podemos.

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Elena Sánchez, cuatro décadas en defensa de la televisión pública

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La periodista Elena Sánchez Caballero, en una imagen de archivo.
La periodista Elena Sánchez Caballero, en una imagen de archivo.

La nueva presidenta provisional de RTVE, Elena Sánchez Caballero (Madrid, 64 años), está ligada a la televisión pública del 1984. Entró con un contrato temporal y tres años más tarde obtuvo una plaza por oposición. En estas cuatro décadas ha desempeñado todo tipo de labores, desde redactora de base a alta directiva, y ha visto cómo se ha ido transformando una empresa históricamente codiciada por los gobiernos de turno y sometida a los vaivenes políticos. Comprometida con el servicio público, ha estado delante y detrás de las cámaras y ha asumido funciones directivas. En 2018 se incorporó al equipo de Rosa María Mateo como secretaria general de la corporación, cargo que abandonó por decisión propia dos años más tarde. Desde marzo de 2021 forma parte del consejo de administración de RTVE a propuesta de los socialistas, en un cuarteto del que también formaron parte José Manuel Pérez Tornero, Concepción Cascajosa y Ramón Colom.

Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, dio sus primeros pasos en Diario 16, Antena 3 Radio y la agencia Efe. En TVE comenzó su larga trayectoria en el área de deportes, que le llevó a presentar Teledeporte y a cubrir los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, Seúl y Barcelona. A lo largo de una sólida carrera ha presentado y dirigido telediarios, programas de actualidad y debates. Fue presentadora de los telediarios, reportera en Informe semanal y en Crónicas y dirigió Imprescindibles, un programa de documentales biográficos. Durante su etapa ligada a los informativos diarios, compartió pantalla con Luis Mariñas y Pedro Piqueras y en La 2 condujo Enfoque, un formato de análisis y debate sobre la actualidad.

Su paso por múltiples puestos dentro de TVE le ha granjeado un excelente conocimiento de la empresa. “Conoce muy bien la casa. La gente la respeta y la quiere. Está muy preparada. Sabe los entresijos de la televisión y está muy volcada con lo que debe ser una televisión pública”, aseguran dentro de la cadena. Por imperativo del convenio colectivo, tiene previsto acogerse a la jubilación el próximo mes de noviembre, cuando cumpla los 65 años. Pero llegar a esa edad no le impedirá seguir formando parte del consejo de administración.

Firme defensora del servicio público, Sánchez fue candidata, junto a otros 90 aspirantes, a presidir RTVE en el concurso público convocado por las Cortes. Formó parte de la lista presentada por los socialistas en el Parlamento y así entró a formar parte del consejo de administración. Durante la presentación de su proyecto ante el Congreso, confesó que no participaba sobre el fatalismo sobre el futuro y la vialidad de RTVE. Abogó por el servicio público, la información veraz como cortafuego de los bulos y el entretenimiento de calidad “digno y variado”. En aquella exposición aseguró que RTVE debía transformarse totalmente y defendió un plan estratégico a través del cual garantizar la viabilidad de la compañía y adaptarse al nuevo entorno digital. En los últimos meses, ha dirigido para TVE Encuentros, un espacio de entrevistas a fondo a personalidades de la cultura, presentado junto al periodista y escritor Jesús Marchamalo. Su estreno, en La 2, está previsto para el próximo 13 de octubre con una conversación con el pintor Antonio López. Entre las figuras que pasarán por el programa se encuentran también Santiago Muñoz Machado, Rosa Montero, Peridis, Luis Landero, Rosa Regás y Gonzalo Suárez.

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