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Seis golpes de las cloacas de Interior a independentistas, bajo la lupa judicial

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María Dolores de Cospedal y Jorge Fernández Diaz, en junio de 2015, en la misa del Corpus Christi en la catedral de Toledo.
María Dolores de Cospedal y Jorge Fernández Diaz, en junio de 2015, en la misa del Corpus Christi en la catedral de Toledo.ULY MARTIN

Veteranos comisarios de policía a las órdenes del Gobierno del PP comenzaron el 12 de septiembre de 2012 a elaborar informes anónimos salpicados de pruebas falsas para desacreditar con gruesas acusaciones de corrupción a los principales políticos independentistas, a varios editores de periódicos, a jueces y a fiscales de Cataluña. Era la primera de las seis operaciones ahora conocidas que ejecutaron esos policías contra independentistas catalanes entre 2012 y 2018, durante los gobiernos del PP. De todas esas acciones ilegales existen pruebas a través de las grabaciones que hizo el comisario José Manuel Villarejo y de sus agendas personales.

Esta guerra sucia será investigada ahora en la Audiencia Nacional —el instructor del caso Villarejo abrió una pieza separada—, en el Tribunal Supremo —donde se presentó una querella por estos hechos contra exdirigentes del PP y de Interior—, la Fiscalía Anticorrupción y el Congreso —que aprobó el jueves la creación de una comisión parlamentaria sobre esa policía política—.

Las maniobras ilegales contra dirigentes nacionalistas catalanes comenzaron sólo un día después de la multitudinaria Diada independentista del 11 de septiembre de 2012. La Generalitat de Cataluña se apoyó en aquella movilización para justificar su aventura secesionista, incumpliendo para ello la Constitución, las leyes y las sentencias.

Desde el 12 de septiembre de 2012 hasta la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) utilizó a su brazo armado policial de Interior para ejecutar media docena de operaciones secretas contra los independentistas, todas ellas perpetradas a espaldas de los jueces.

La estrategia política del Ejecutivo de Mariano Rajoy hasta casi el final del desafío secesionista consistió en apoyarse en los tribunales para frenar el intento de ruptura sin tomar otras medidas más drásticas. El primer referéndum ilegal o consulta participativa de 2014, recurrido por el Gobierno y prohibido por los tribunales, se celebró sin apenas resistencia del Ejecutivo central. “A Rajoy le engañaron dirigentes republicanos”, señala ahora un ministro de aquel Gabinete, “al decirle que el referéndum no se iba a celebrar”.

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Pero frente a esa acción política, hubo una iniciativa policial mucho más dura contra “los hijos de puta de los catalanes”, según la expresión que el comisario José Manuel Villarejo compartió con el número dos de Interior mientras planeaban nuevos golpes a los independentistas.

Un grupo de comisarios atacó a los principales líderes nacionalistas catalanes difundiendo informes anónimos cargados de falsedades en determinados medios de comunicación. Además, impulsaron denuncias prefabricadas, muchas de las cuales fueron archivadas, pero al menos una reunió indicios sólidos para el procesamiento de Jordi Pujol y su familia por corrupción.

La familia del empresario catalán Carles Sumarroca, y Narciso Ortega, exjefe policial en Cataluña que fue destituido nada más llegar el PP al poder en enero de 2012, han denunciado ahora ante el Supremo y la Fiscalía Anticorrupción aquellas maniobras ilegales. En sus escritos señalan como responsables al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz; a su número dos, Francisco Martínez; a la exlíder del PP en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, hoy diputada en la Asamblea de Madrid y senadora; a la ex secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, y a Villarejo.

Las evidencias existentes, a través de los audios de la corrupción publicados en EL PAÍS y otras pruebas del sumario, destapan hasta seis operaciones policiales contra el desafío independentista. Son estas:

1. El informe apócrifo contra independentistas. El 12 de noviembre de 2012, a escasos días de las elecciones anticipadas que convocó el Gobierno de Artur Mas para promover su desafío independentista ilegal, el comisario Villarejo se reunió con el financiero Javier de la Rosa para sonsacarle información con la que prefabricar una causa contra los independentistas catalanes. “Hay un gran interés en el partido”, le cuenta Villarejo a De la Rosa. “Porque esta gente ha roto las reglas del juego unilateralmente, gratuitamente, y a pesar de tener unos acuerdos que están para cumplirse, no para romperse. Todo el mundo está muy enfadado (…) y se está dispuesto a radicalizar posturas en función de la radicalización de posturas del otro lado”.

Sólo tres días después de su cita con De la Rosa, el comisario se reúne con el jefe de gabinete del ministro del Interior, Francisco Martínez, para contarle los planes contra el independentismo basados en la información que le ha dado De la Rosa. Martínez le da el visto bueno y ambos traman una emboscada a los Pujol en Suiza después de que El Mundo publique un informe policial donde se acusa al expresidente catalán de ocultar una fortuna en el banco Lombard Odier.

Martínez. ¿Y el extracto donde lo vas a poner, en El Mundo?

Villarejo. Sí, sí. Es que es el sitio. El extracto, junto a uno de los informes duros, va a ir en El Mundo, porque ellos a partir de ahí van a radicalizar posturas y van a ser más drásticos.

Martínez. Ajá.

El Mundo publicó tres días después de aquella conversación que grabó Villarejo el “informe duro” —”Los Pujol tienen 137 millones en Ginebra, según la policía”, titulaba en portada—. Un informe policial sin firma, ni fecha, ni autor conocido pero con el membrete de la UDEF, la unidad policial antifraude que desmintió que hubiera redactado ese documento. Todo resultó falso. Ni una sola prueba y mucho menos un extracto bancario.

Pese a ello, el Gobierno del PP utilizó las informaciones publicadas para atacar a los independentistas. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, pidió al presidente catalán Artur Mas, que diera explicaciones sobre la supuesta fortuna en Suiza. El presidente Mariano Rajoy negó que detrás de aquellos informes policiales estuvieran las cloacas del Estado. Sin embargo, en aquellas fechas, el ministro del Interior y su número dos estaban al tanto de los movimientos de sus comisarios en la “Operación Cataluña”, según demuestran los audios de la corrupción que publicó EL PAÍS y el digital Fuentes Informadas.

CiU, el partido cuyos dirigentes habían sido acusados de corrupción, sufrió un revés electoral: pasó de 62 escaños (a seis de la mayoría absoluta) a sólo 50 (a 18 de la mayoría absoluta). El grupo de partidos independentistas sumó una mayoría absoluta holgada y todos los planteamientos de CiU sobre la ruptura con España se endurecieron.

2. Cinco informes policiales anónimos con denuncias falsas llegan a EL PAÍS. Villarejo y la policía política al servicio del PP pusieron en circulación otros cinco informes anónimos sin sello ni firma titulados “Sumario Palau. Análisis de situación”, fechados entre el 12 de septiembre y el 31 de octubre de 2012. EL PAÍS analizó aquellos documentos e informó sobre ellos en un artículo titulado “Conjura policial contra el soberanismo”, donde se destacaba la falsedad de muchos de los datos de los informes y se denunciaba una ilegal operación policial.

3. Denuncias prefabricadas por la policía contra Mas y Pujol. Tras el escándalo que desencadenó la difusión de un informe policial sobre los independentistas catalanes sin fecha ni autor conocido y no asumido por ningún departamento de Interior, Villarejo amenazó a sus superiores con contar quién estaba detrás de aquellas maniobras si no le autorizaban a llevar a los juzgados dos denuncias prefabricadas contra los Pujol y Mas. Para ello se reunió a finales de noviembre de 2012 con Francisco Martínez, entonces jefe de gabinete del ministro del Interior:

Villarejo. He quedado esta noche con un notario amigo mío, y esta mañana he depositado pruebas para el acta notarial, por si me detienen en alguna circunstancia o me pasa algo; está depositado.

Martínez. ¿Qué tipo de pruebas?

Villarejo. Pues que demuestran que todos estabais en esta movida.

La “movida” eran las maniobras policiales contra el independentismo que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, dirigió sólo unos días después. El 16 de diciembre de 2012, viernes, se reunió con el director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, y con Villarejo, para planificar la presentación de denuncias contra el independentismo por parte de confidentes —Javier de la Rosa y Victoria Álvarez, la examante de un hijo de Jordi Pujol— a los que tenían controlados. El ministro ordenó a los comisarios que no se metieran con el editor de La Vanguardia, les comentó lo importante que era la unidad de España, y les preguntó por el juez que iba a tramitar las denuncias. Villarejo le contestó que sería Pablo Ruz y el ministro contestó: “Pues no es el mejor, ¿no?”. Ruz era el juez que instruía el caso Gürtel, una extensa trama de corrupción vinculada al PP.

En esa conversación, el ministro advirtió a sus interlocutores:

Fernández Díaz. Está claro que el ministro no sabe nada.

Villarejo. Yo no he hablado nada nunca…

Fernández Díaz. El ministro no sabe nada, ¿eh? Está claro, ¿verdad? Y digo esto porque sé que estoy hablando con servidores del Estado ¿eh? Está claro, ¿verdad? Por tanto, yo negaré incluso bajo tortura que esta reunión ha existido.

El exministro del Interior negó durante años que hubiera despachado alguna vez con Villarejo. Incluso lo hizo cuando EL PAÍS se puso en contacto con él a través de su abogado y pese a conocer que existía una grabación, insistió en negarlo.

Pino y Villarejo acordaron con el ministro aquel 16 de diciembre de 2012 presentar varias denuncias en la Audiencia Nacional y en los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, contra el expresidente Jordi Pujol y Artur Mas.

4. Filtración contra jueces favorables a la consulta. La policía política se metió en un lío cuando sacó de sus bases de datos las fotografías del DNI de 22 jueces favorables a la consulta en Cataluña y se las facilitó al diario La Razón. La apertura de una causa judicial por este motivo preocupó a la cúpula policial, que en una de sus reuniones sobre las operaciones contra el independentismo trató el tema (archivado dos años después sin que el juez encontrase al autor de la filtración).

Eugenio Pino. Si usted quiere saber quién lo ha filtrado, pregúnteselo al periódico [que lo ha publicado].

Villarejo. Sí, sí, sí.

Pino. Si he sido yo, pues ya dirá que he sido yo.

Pedro Esteban (comisario de Cataluña). Pero es importante si se pudieran borrar los registros.

Pino. Están intentándolo.

Pedro Esteban. Mejor.

Pino. De todas maneras, a ti, si te preguntan, no digas que…

Pedro Esteban. ¿A mí qué me van a venir a preguntar?

Pino. Tú estás protegido por la ley de secretos oficiales, no tienes ninguna obligación de explicar esa información. Le nombras la normativa y ya está. Yo, todo lo que tal…

En esa reunión, la policía política seguía maquinando planes contra el independentismo.

Pedro Esteban. El consejo de transición catalán y toda esa historia… Es que no paran. Hemos hecho un recopilatorio de todas las denuncias y todas las actuaciones corruptas de CiU desde que estaba Pujol en el Gobierno. Ahí está un resumen de todo (…) De eso sí que se puede hacer…

Pino. Eso sí se puede filtrar.

Pedro Esteban. Eso se refríe, se cocina y ya está.

Marcelino Martín Blas (Comisario jefe de Asuntos Internos). Pero, mira, a Convergència ya le estamos dando caña. Ahora tenemos que darle caña a…

Pedro Esteban. A Esquerra. Pero ese es otro tema. Yo te digo lo que hay. Esquerra lo que va a hacer es forzar al límite todo.

5. La fortuna oculta de Pujol en Andorra y las cuentas de otros 4.000 catalanes. En las conversaciones mantenidas en el despacho de Eugenio Pino, número uno de la Policía, se decidió la estrategia para destapar la fortuna oculta del expresidente Jordi Pujol en Andorra.

Las maniobras policiales de extorsión a los propietarios del banco andorrano BPA dieron sus frutos. Los dueños entregaron un documento que acreditaba el fraude fiscal de los Pujol. El Gobierno del PP filtró un pantallazo de las cuentas a El Mundo antes de facilitárselo al juez. Una estrategia muy ensalzada por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. El banco BPA y su filial española Banco Madrid fueron intervenidos. Pero mucho después inspectores del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales del Banco de España negaron que el BPA tuviera una estructura para blanquear capitales.

Siete años después de la caída del Banco Madrid, filial del BPA, todos sus gestores fueron exculpados de blanqueo de capitales, la acusación por la que se intervino y liquidó la entidad. Lo pagaron los 15.000 clientes, los 300 empleados, que perdieron sus trabajos, y los administradores. Una juez andorrana imputó al expresidente Mariano Rajoy y a los exministros del Interior, Jorge Fernández Díaz, y de Hacienda, Cristóbal Montoro, por estos hechos.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo en una visita a la Audiencia Nacional, el pasado 1 de septiembre.
El comisario jubilado José Manuel Villarejo en una visita a la Audiencia Nacional, el pasado 1 de septiembre. KIKE PARA

Apenas dos meses antes de la detención de Villarejo, en septiembre de 2017, el comisario habló con Dolores de Cospedal sobre distintas estrategias para combatir el independentismo catalán, entre ellas, la difusión de 4.000 cuentas en Andorra propiedad de catalanes. El comisario se quejó a Cospedal de que el director del CNI había parado esa operación para proteger la fortuna oculta de Juan Carlos I.

La maniobra salpicaba al monarca, dado que de ese modo aparecerían traspasos de dinero a cuentas suizas gestionadas por Arturo Fasana, un gestor de grandes fortunas españolas en el país helvético que también se ocupaba de la fortuna del rey emérito.

6. La cuenta falsa de Trías en Suiza. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, recibió al jefe antifraude catalán en su despacho en el otoño de 2014, para hablar de las corruptelas de los dirigentes independentistas catalanes. Fernández Díaz, que ordenó grabar aquella cita, conocía que sus policías tenían una información, supuestamente bien documentada, de una cuenta suiza del exalcalde de Barcelona, Xavier Trías.

La policía política hizo con esa información lo mismo que unos meses antes con la cuenta de Jordi Pujol en Andorra. Filtró la noticia a El Mundo, aunque en este caso resultó falsa. Villarejo contó los detalles de ese fiasco en una comida con el comisario José Luis Olivera y el periodista Antonio García Ferreras:

Olivera. Eso es mentira también.

Villarejo. Y también se lo dijimos.

Ferreras. ¿Y por qué se la cuelan?

Villarejo. Se la cuelan a él porque se lo comió y porque… yo se lo dije, se lo advertí, se lo dije a Eduardo [Inda], le dije Eduardo, eso es mentira. Esa cuenta es chunga, porque…

Ferreras. ¿Por qué tira para adelante? Le dije, le dije, Eduardo, yo te voy a preguntar, pero te voy a decir que me resulta muy raro también.

Villarejo. Yo le advertí… ¿y sabes lo que provocó eso? Que se fuera cabreado al DAO [director adjunto operativo de la policía, Eugenio Pino] y la cagó más. Porque el DAO se puso nervioso, se acojonó y le enseñó el número. Y él publica el número, y ahí es donde la caga (…).

El comisario Villarejo acaba sugiriendo en la conversación que en realidad el propio informador de la policía fue quien engañó a sus jefes: “Es que hay un pavo de nuestro gremio que cobra cada vez que trae una información. Y cuando tiene el mes jodido…”.

Trías se querelló contra los que habían destrozado su imagen, incluyendo el exministro del Interior. El caso se archivó.

Cospedal: “Lo de CiU es muy gordo y lo han dejado en nada”  

La secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, llamaba muy preocupada al comisario José Manuel Villarejo el 20 de enero de 2013 para saber si el diario El Mundo tenía los papeles de Bárcenas, la contabilidad secreta del PP, publicados por EL PAÍS, sólo 11 días después.  

Cospedal no entendía que un periódico donde la policía patriótica había colocado sus informes con pruebas falsas contra los independentistas catalanes, hubiera sacado ahora el tema del supuesto cobro de dinero negro por parte de algunos de los principales dirigentes del PP.  

“Lo de CiU es muy gordo y lo han convertido en nada (…) Han dejado sin efecto lo de los catalanes”, se lamentaba la líder del PP en su conversación con el comisario Villarejo, con quien mantenía una intensa relación desde que estallase el caso Gürtel. 

Mientras tanto, en el Ministerio del Interior, mantenían muy viva la Operación Cataluña contra los principales líderes independentistas catalanes.  

En los días previos a la llamada de Cospedal, la policía patriótica intenta judicializar los distintos casos de corrupción que han disparado previamente contra Jordi Pujol y Artur Mas.  

A principios de enero de 2013, los dirigentes del PP ya conocen que los informes anónimos que difunden los medios están llenos de falsedades —destapadas por EL PAÍS en diciembre de 2012—. Pese a ello, la secretaria general del PP se queja de que El Mundo se haya fijado en el tema de los papeles de Bárcenas olvidando los escándalos de corrupción que acosan a los dirigentes independentistas de Cataluña. “Lo de CiU es muy gordo, lo ha convertido en nada. Y la denuncia anónima de un tío que es un sinvergüenza lo ha puesto en toda España para cargarse un Gobierno del PP, eso es lo que ha hecho Pedro J. Que lo hayan sacado ahora me parece una mezquindad porque han dejado sin efecto de los catalanes”. 

Pese a que los papeles de Bárcenas, publicados por EL PAÍS el 31 de enero de 2013, amenazaron la estabilidad del Gobierno de Mariano Rajoy durante los años siguientes, el PP mantuvo intacta su estrategia contra el desafío independentista catalán. La policía patriótica siguió buscando corruptelas de los independentistas catalanes y, en algún caso, fabricando pruebas falsas que acabaron publicadas, también en El Mundo, y desmentidas en 24 horas. 

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Aragonès destituye a su vicepresidente, de Junts, en plena crisis de los socios del Gobierno catalán

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Situación límite en el Gobierno catalán que, pese a estar acostumbrado a la inestabilidad, ha vivido este miércoles sus horas más bajas. Los partidos que lo integran, Esquerra Republicana y Junts per Catalunya han elevado su enfrentamiento bordeando la ruptura después de que los segundos hayan planteado que el presidente, Pere Aragonès (ERC), se someta a una cuestión de confianza en el Parlament acusándole de no estar cumpliendo el programa de Gobierno y la hoja de ruta independentista. El president interpreta la petición como una pérdida de confianza y ha abierto consultas con su partido, con los consejeros de Junts y con la dirección del partido con el que comparte el Govern. Tras horas de reuniones en un ambiente irrespirable, la decisión de Aragonès ha sido destituir a Jordi Puigneró, vicepresidente de su Gobierno, de Junts, por no haberle informado de la maniobra que preparaba Junts. “No me informó de las decisiones de su grupo parlamentario de pedir que me sometiera a una cuestión de confianza”, ha justificado Aragonès en una comparecencia en la Generalitat pasadas las once de la noche.

La destitución del vicepresidente y consejero de Territorio y Políticas digitales ha llegado después de la profunda crisis desatada el martes durante el debate de política general del Parlament, cuando Junts planteó la cuestión de confianza para Aragonès, a quien acusa de no estar cumpliendo el plan de gobierno y la hoja de ruta independentista. El president ha afirmado que le ha sabido mal la destitución de Puigneró -“Es absolutamente necesario para fortalecer el Govern”- pero a la vez ha expresado su deseo de que Junts siga en el Gobierno. Según Aragonès, el resto de consejeros de Junts siguen gozando de su confianza, aunque ha lamentado el “ruido” en determinados ámbitos del independentismo que han acabado perjudicando el Ejecutivo. Lo ha dicho en referencia a entidades como la Assemblea Nacional Catalana, que ha elevado sus exigencias hasta límites que no podía soportar Aragonès, como declarar la independencia unilateralmente el año que viene.

Junts ha convocado este jueves por la mañana a su ejecutiva pero esta noche ya ha avanzado con un comunicado el enorme malestar que ha generado la destitución de Puigneró. La ha tildado de “error histórico” que pone en peligro la continuidad del proyecto independentista. “Vulnera el acuerdo entre los dos partidos y defrauda además el mandato electoral”, sostiene Junts. Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, ha agradecido a Puigneró en un mensaje en la red su lealtad. “De otros no podremos decir lo mismo cuando dejen el cargo”, ha dicho.

El comunicado de Junts deja ahora mismo en el aire la continuidad del Govern. Aragonès ha llamado a “rehacer la confianza” entre los partidos independentistas pero ha dejado claro que no tolerará deslealtades como la que, en opinión, iba a cometer Junts con la cuestión de confianza. Este aviso a navegantes llega después de que Junts haya amenazado las últimas semanas con descolgarse del Govern mediante una consulta a sus bases que no se ha concretado. Está por ver quién asumirá de Junts el puesto de vicepresidente. La destitución de Puigneró llega dos meses después de que Junts sufriera ya la baja de Laura Borràs como presidenta del Parlament. Fue suspendida tras ser procesada por un caso de presunta corrupción. La presidenta del partido y el secretario general salieron este miércoles de la Generalitat en silencio y con caras largas acompañando a Puigneró justo antes de la comparecencia de Aragonès. Junts reunirá hoy la ejecutiva del partido para debatir su estrategia.

Lo ocurrido en la reunión del Gobierno catalán, celebrada durante la tarde del miércoles, varía según si se consultan fuentes de Junts o de Esquerra Republicana. Según un comunicado oficial del partido de Laura Borràs y Jordi Turull, los consejeros de Junts se han reafirmado en la idea que Aragonès se someta a una votación en el Parlament que valide o no su continuidad en el cargo. Sin embargo, según fuentes de Presidencia (ERC), los consejeros de Junts han expuesto matices sobre esta espinosa cuestión, lo que explicaría que solo haya habido una destitución.

De izquierda a derecha, el conseller de salut, Josep Maria Argimon, el vicepresidente catalán, Jordi Puigneró y la consellera de Universidades, Gemma Geis, este miércoles.
De izquierda a derecha, el conseller de salut, Josep Maria Argimon, el vicepresidente catalán, Jordi Puigneró y la consellera de Universidades, Gemma Geis, este miércoles.Albert Garcia

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En cualquier caso, Junts ha emitido un comunicado en el que asegura que sus consejeros han apostado “de forma unánime”, dice el texto, “por el cumplimiento del acuerdo entre Junts y ERC para garantizar la estabilidad y la lealtad del ejecutivo en la misma línea que expresó ayer el grupo parlamentario tanto en lo que hace referencia al acuerdo de gobierno como a la cuestión de confianza”. Después de la reunión de Aragonès con sus consejeros el presidente catalán también celebró un encuentro con el secretario general de Junts, Jordi Turull. La presidenta del partido, Laura Borràs también ha acudido a la Generalitat pero no ha participado en la reunión. La cita se ha alargado tanto que provocó que Junts aplaza la reunión de su ejecutiva.

La serie de encuentros de este miércoles llega después del desafío público lanzado por sus socios de Junts, el pasado martes, al exigirle que muestre su “compromiso” para cumplir con el pacto de gobierno o que opte por someterse a una moción de confianza en el Parlament. Los consellers de Junts, explica la formación, han defendido en el Consell Executiu que haya concreciones sobre el cumplimiento del acuerdo de gobierno en lo que respecta al proyecto independentista y, si no, insistirán en la necesidad de recurrir a ese mecanismo parlamentario. “Tienen que definir si son Gobierno u oposición”, insisten voces cercanas a la presidencia de la Generalitat.

Con el quinto aniversario del referéndum ilegal del 1-O a la vuelta de la esquina, el próximo sábado, el tono de la reivindicación independentista está en su punto máximo, y nadie quiere ceder. La situación es inestable y tanto ERC como Junts tienen mucho que perder con una ruptura del Ejecutivo. Aragonès tiene la potestad de cesar consejeros y de apretar el botón de las elecciones. Se trata de la segunda amenaza que Junts pone sobre la mesa en menos de un mes y que implica algún tipo de ultimátum sobre romper el Govern. Ninguno se ha concretado. Detrás del enfado de ERC, que desconocía la propuesta de Junts, también se esconde la necesidad de dar un golpe de autoridad, pero este está limitado por el viacrucis que implicaría un eventual Ejecutivo en minoría y sin tener unas cuentas actualizadas.

Fuentes de la dirección de los republicanos han explicado que el malestar en el partido es “muy importante” debido a que el simple hecho de plantear una cuestión de confianza denota la ruptura de la mínima complicidad para mantener en pie el Ejecutivo. Estas fuentes insisten en que Aragonès se ha planteado todos los escenarios, incluido el de la expulsión de Junts, aunque no concretan por cuál se inclina.

El pasado fin de semana, el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, se había mostrado partidario de que Junts permanezca en el Govern, pero apuntó que ERC está “dispuesta” a asumir “todas las responsabilidades”. No se trata de una propuesta nueva: ante las dificultades para pactar con Junts la investidura de Aragonès, los republicanos plantearon hace un año y medio un Govern con los comunes y la CUP, que jamás fructificó.

“¿Cómo vamos a confiar en una nueva propuesta si no se cumple el acuerdo que facilitó su investidura? ¿Lo piensa cumplir?”, le había espetado el martes Albert Batet a Aragonès durante la primera sesión del debate de política general, como respuesta a la propuesta del president de plantear un referéndum copiando la vía canadiense. El líder de Junts en la Cámara catalana le había exigido “garantías y concreción” a su socio republicano. No solo eso: Batet, en tono agrio, le reclamó que, si no se las ofrece, se someta a una cuestión de confianza como hizo en su día Carles Puigdemont en 2016, una maniobra que acabó con la promesa de convocar un referéndum, para lograr el apoyo de la CUP. Aragonès contraatacó con una réplica que dejaba escaso margen a la conciliación: “Si alguien tiene que tomar decisiones, que las tome”, dijo. E insistió: “Pido que cuando se tengan que tomar, se haga con celeridad”.

El presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, interviene en el hemiciclo, el martes.
El presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, interviene en el hemiciclo, el martes.David Zorrakino (Europa Press)

Junts recrimina a Esquerra que desoiga sus demandas acerca de articular una dirección estratégica común del independentismo, así como la necesidad de actuar de manera conjunta en el Congreso y cambiar el enfoque de la mesa de diálogo. “Se lo hemos dicho del derecho y del revés, sin obtener el resultado esperado”, le había recriminado Batet a Aragonès en el debate. Laura Borras, presidenta de Junts per Catalunya, ha planteado incluso esta mañana, en la Agència Catalana de Noticies (ACN), obviando que la presidencia de la Generalitat está en manos de ERC, que deberían ser los republicanos los que deberían abandonar el Ejecutivo. “Si hay alguien dentro del Govern que no está cumpliendo los compromisos ¿Por qué no hablamos que salga del Govern quien no los cumple? ¿Por qué la pregunta es si Junts sale del Govern? ¿Por qué no es porque no sale ERC si no los cumple?”, ha defendido Borràs.

La petición de una moción de confianza, a la que Aragonès ha de acceder voluntariamente, no es solo una idea de Junts. El PP también la incluye como una propuesta de resolución, que se tendrá que votar el viernes. La CUP también la pide, pero mediante otro instrumento: una moción para un pleno ordinario, que se debatiría en próximas semanas.

En declaraciones al programa Aquí Catalunya, de la SER, Salvador Illa, líder del PSC, ha afirmado este miércoles que el Govern entró débil al debate y salió aún más perjudicado. “Ya dije que era un juguete roto. Les pido que no nos hagan perder más el tiempo a los catalanes. Es una decepción”, ha destacado Illa, señalando que no quiere precipitarse y que está a la expectativa de la decisión que tome Aragonès, precisando en cualquier caso que no se ve gobernando con ERC porque él está construyendo una alternativa. En un eventual Gobierno en solitario, la dependencia de los republicanos del apoyo del PSC sería total y eso, recuerdan en las filas de ERC, implicaría perder capacidad de presión en el Congreso.

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Álvarez de Toledo afea a Feijóo que busque el apoyo de Abascal y evite hacerse una foto con él

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El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, este miércoles en el club Siglo XXI, en Madrid, con la presidena de honor de dicho club (centro) y la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo.
El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, este miércoles en el club Siglo XXI, en Madrid, con la presidena de honor de dicho club (centro) y la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo.Fernando Villar (EFE)

La diputada del PP y exportavoz de su grupo Cayetana Álvarez de Toledo ha acusado este miércoles por la noche al presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, de “hipocresía política” por huir de aparecer públicamente junto al líder de Vox, Santiago Abascal. “Hay quienes no quieren mostrarse con Vox, ni manifestarse con Vox, ni votar con Vox. En cambio, están encantados de gobernar con Vox”, ha dicho, en alusión al Gobierno de coalición entre el PP y la formación ultra en Castilla y León, “Eso se llama hipocresía política”, ha apostillado. Por si quedara alguna duda de a quién se refería, Álvarez de Toledo ha calificado de “anomalía” la falta de “cordialidad” con Vox. “Resulta que hay que ser cordial con el PNV, con Esquerra y hasta con Bildu, pero está prohibido ser cordial con Vox. Si acaso, en secreto, solo de incógnito”, ha ironizado, en alusión a la reunión que Feijóo y Abascal mantuvieron el pasado jueves y que no se ha conocido hasta este miércoles.

La diputada del PP ha hecho estas declaraciones en el Club Siglo XXI, donde ha presentado una conferencia del portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros. Este último también se ha referido a la entrevista entre el líder del PP y el de su partido asegurando que ambos no se conocían y que ha sido un encuentro introductorio y un “buen primer paso para el futuro”. Eso sí, la relación entre los dos partidos dependerá de “lo que hagan y propongan” los populares, ha añadido. Espinosa se ha quejado de que, nada más trascender el encuentro entre Feijóo y Abascal, el PP se haya apresurado a filtrar que el primero también se ha reunido con la vicepresidenta segunda y líder de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, “como si tuviera que justificarse”.

La prueba del algodón de la futura colaboración entre el PP y Vox serán las próximas elecciones autonómicas y municipales, ha advertido. “¿Qué va a pasar en aquellos pueblos donde Vox quede por delante del PP? Tenemos mucho interés en ver qué va a pasar ahí”, ha subrayado Espinosa, sugiriendo que su partido no votará a los candidatos a alcaldes del PP, como sí sucedió en 2019, si el apoyo no es recíproco.

La presencia de Álvarez de Toledo como presentadora de Espinosa de los Monteros había despertado una gran expectación, más aún después de que la semana pasada se desmarcara de su partido apoyando en el Congreso una iniciativa de Vox que pedía que se aplique el artículo 155 de la Constitución para imponer la enseñanza en castellano en Cataluña. Ella mismo ha bromeado pidiendo al público —en el que había muchas caras conocidas de Vox y ninguna del PP— que “no pensara mal”, ya que ni ella piensa fichar por Vox ni tampoco a la inversa. Ha asegurado que mantiene diferencias ideológicas con el excesivo nacionalismo y el escaso liberalismo del partido de Abascal y ha atribuido su presencia en el acto a su “amistad” con Espinosa de los Monteros, a quien ha presentado como un parlamentario “serio, solvente, irónico y elegante”, alejado de cualquier populismo. No ha dicho si piensa igual de otros dirigentes de Vox.

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El bloque conservador del Poder Judicial se atrinchera en la visita de Reynders para vetar la renovación del Constitucional

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No habrá acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para renovar el Tribunal Constitucional esta semana. Las opciones ya eran escasas porque el núcleo duro del bloque conservador, formado por ocho vocales, se había refugiado en la visita a España que inicia este miércoles el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, para impedir cualquier opción de acuerdo antes de esa fecha. Pero el hecho de que este jueves se celebre un pleno del CGPJ mantenía la puerta abierta a un cambio de postura de última hora. Sin embargo, en una reunión mantenida este miércoles, este grupo de vocales ha acordado que no participarán en ningún pacto para elegir a los dos magistrados del Constitucional hasta que no termine la visita a España del comisario europeo. “Entendemos que la importancia de la visita de Reynders justifica evaluar sus resultados antes de que el Pleno adopte decisiones en materia de nombramientos”, explican fuentes de los conservadores en un breve comunicado enviado a los medios.

Los consejeros que forman parte de este grupo defienden que la visita de Reynders puede desembocar en algún tipo de acuerdo “global” entre el PSOE y el PP para renovar el Consejo, a los dos magistrados del Constitucional que corresponde elegir al Gobierno y a otro juez del tribunal de garantías cuya designación corresponde al Senado y que también está pendiente. Y estos consejeros sostienen que lo que ocurra en esa hipotética negociación es determinante para la que mantienen los vocales del CGPJ, aunque ambos procesos son independientes y uno depende de los partidos y el otro, del órgano de gobierno de los jueces.

La reunión de los conservadores se produce no solo en la víspera de la visita de Reynders, sino también del pleno ordinario del mes de septiembre del CGPJ, en el que Lesmes ha incluido entre los asuntos a tratar el nombramiento de los magistrados del Constitucional. Esta decisión causó desconcierto en muchos vocales porque el presidente se había mostrado contrario hasta ahora a llevar al pleno los nombramientos mientras no existiera un acuerdo mayoritario sobre dos candidatos, algo que por el momento no ha ocurrido. El entorno de Lesmes explica esta decisión en que el orden del día se cerró el pasado viernes y el presidente quería dejar la puerta abierta a debatir los nombramientos si a lo largo de esta semana los vocales pactaban dos candidatos.

Otras fuentes no descartan que Lesmes haya querido que el asunto se trate en el pleno para forzar el debate y obligar a cada grupo a fijar su postura. A partir de ahí se abren varias opciones. La menos probable ahora mismo es que se vea posible un acuerdo a corto plazo que reúna a la mayoría de los 19 miembros del pleno y el presidente fije un pleno para los próximos días. Otra posibilidad es que Lesmes constate que parte del grupo conservador se mantiene, como hasta ahora, atrincherado contra cualquier acuerdo y el presidente opte por intentar precipitar un pacto de mínimos. Para ello, tendría que contar con el apoyo de los ocho vocales progresistas y, al menos, otros tres consejeros conservadores, ya que el nombramiento requiere un mínimo de 12 votos. La idea del presidente pasaría, en este caso, por proponer a un candidato conservador y al progresista que propongan los vocales de este grupo, ya sea en el pleno de este jueves o en uno la semana que viene. Las fuentes consultadas señalan que Lesmes tiene tomada la decisión de dimitir la próxima semana si la visita a España que ha iniciado este miércoles el comisario europeo de Justicia no sirve para desbloquear la renovación del CGPJ. Pero el presidente se comprometió a no abandonar el cargo hasta nombrar a los dos magistrados del Constitucional, por lo que está decidido a acelerar la designación.

En la reunión mantenida este miércoles, los vocales conservadores han abordado también el informe del gabinete técnico del Consejo, solicitado por el propio Lesmes, que ha determinado que el sustituto del presidente en el CGPJ debe ser el actual vicepresidente del Supremo, el magistrado Francisco Martín Castán. El orden del día del pleno recoge que Lesmes dará cuenta de ese texto a los vocales, y el sector conservador ha acordado no hacer pública su postura hasta después de la sesión. “Estaremos al resultado de esa dación de cuenta”, señala el comunicado difundido por este grupo. No obstante, fuentes de este bloque ya han advertido de que no comparten las conclusiones de los técnicos porque consideran que al presidente del Consejo deben elegirlo los vocales, como ocurre al inicio de cada mandato.

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Fuente, El Pais, www.elpais.com, Junto a su autor correspondiente .
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