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La plataforma Escuela de Todos exige en la calle medidas para garantizar el bilingüismo en Cataluña

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“En español queremos estudiar”. Con este grito unánime ha acabado este domingo la manifestación convocada por la plataforma Escuela de Todos —que agrupa en Cataluña a diferentes entidades que rechazan el modelo de inmersión lingüística de la Generalitat, como la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Societat Civil o Impulso Ciudadano— que ha exigido medidas para que el castellano sea lengua vehicular en todos los colegios catalanes y se utilice al menos en una cuarta parte de las clases lectivas en Cataluña. La plataforma ha liderado una marcha por el centro de Barcelona que ha concentrado a 2.800 personas, según la Guardia Urbana, y muchos miles más según los organizadores. Entre los participantes estaban representantes de las ejecutivas del PP, Vox, Ciudadanos y Valents, que han conseguido robar el protagonismo a las entidades convocantes.

Los partidos de la derecha han vuelto a pisar la calle de la misma forma que lo hicieron en otras marchas, como la de la reforma de la ley ‘mordaza’ en noviembre de 2021 o la de ganaderos en enero de este año, en las que se presionaba al Gobierno de Pedro Sánchez.

Los organizadores aseguraban al inicio de la marcha que no habría miembros de los partidos políticos en la cabecera de la manifestación, reservada para los representantes de las entidades sociales que arropan la protesta. Sin embargo, la protesta se ha iniciado con la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, portando la pancarta, que rezaba: “Español, lengua vehicular”. Entre los manifestantes también estaba el líder del Vox, Santiago Abascal, que ha sido recibido al grito de “presidente, presidente”, aunque no ha aparecido en la cabecera.

La marcha ha comenzado pasado el mediodía en el monumento del Arco de Triunfo. Minutos antes de que comenzara la manifestación, los líderes políticos han comenzado su particular batalla para restar protagonismos unos a otros. El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha excusado su asistencia, pero sí que ha acudido la número dos de su partido, Cuca Gamarra, quien ha subrayado el compromiso del partido “con los derechos lingüísticos de los catalanes. Las lenguas están para unir”. El líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, ha apostillado: “Las lenguas no tienen derechos, somos las personas las que tenemos derechos a recibir educación en nuestra lengua materna”.

Arrimadas ha arremetido directamente contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que ha afeado que tenga que ser “la gente en Cataluña la que tiene que salir a la calle para defender lo que ya se ha ganado en los tribunales”. Abascal, por su parte, ha reclamado la aplicación del artículo 155 de la Constitución [que supone la intervención de la Generalitat] “para que los que ven sus derechos pisoteados recuperen la libertad”.

La protesta ha finalizado cerca de la estación de França. Al concluir la marcha, la activista Julia Calvet ha leído un manifiesto donde acusaban al sistema educativo catalán de “favorecer la separación de Cataluña de España con prácticas hispanofóbicas” que, según los organizadores, han sido “toleradas por el Gobierno de España”. Los convocantes han pedido a las fuerzas políticas que se comprometan para conseguir que el castellano sea lengua vehicular y han exigido que “el Gobierno de Cataluña cambie su política lingüística represora e intimidante y haga del castellano una lengua protegida, prestigiada y de convivencia”.

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Estaba previsto que al final de la marcha hablara Javier Pulido, el padre de la niña de Canet de Mar que consiguió una sentencia que obligaba a la escuela Turó del Drac a impartir el 25% de las clases en castellano. Pulido acabó denunciado que él y su familia son víctimas del acoso después de haber defendido el derecho de su hija a ser educada en español. Durante la mañana de este domingo, Pulido ha llamado a los organizadores y ha manifestado que estaba “roto” y que no podía acudir a la protesta. José Domingo, de Impulso Ciudadano, ha leído, en su nombre, el discurso del bautizado como “héroe de Canet”.

Cabecera de la manifestación bajo el lema 'Español, lengua vehicular'.
Cabecera de la manifestación bajo el lema ‘Español, lengua vehicular’.CRISTÓBAL CASTRO

El escrito del Pulido animaba a los asistentes: “Hay que vencer el miedo y salir a defender los derechos propios. Nos quieren amedrentados y ante el miedo siempre nos quedan dos opciones: agachar la cabeza y huir o afrontarlo y encontrar una solución a aquello que produce el miedo”. Según Pulido, el único recurso que queda es el judicial y ha animado a los asistentes a denunciar y reivindicar sus derechos. “Quisiera dirigirme al presidente Pere Aragonès”, ha concluido el escrito mientras los asistentes silbaban y gritaban al escuchar el nombre del líder del Ejecutivo catalán. “Queremos la mejor educación para nuestros hijos. No queremos atacar el catalán. Podéis engañar a las personas un tiempo, pero no podéis engañar a todo el mundo siempre”, ha acabado.

Los convocantes defienden el uso del español en las aulas catalanas porque es la lengua materna de más del 55% de la población y han acusado al Gobierno catalán, de utilizar “el sistema educativo para favorecer la separación de Cataluña de España con prácticas hispanofóbicas”.

La convocatoria se concretó después de que, por amplia mayoría, el Parlament de Cataluña aprobara la nueva ley de uso de lenguas oficiales que sigue manteniendo el catalán como única lengua vehicular, pero que por primera vez califica al castellano como “lengua curricular”. Esa nueva figura abre la puerta a que el castellano pueda usarse en materias distintas a la de Lengua Castellana, ventana inexistente hasta ahora. La medida, sin embargo, queda a criterio de los centros en función de la realidad sociolingüística de cada uno.

Cartel contra el adoctrinamiento del catalán en las escuelas, este domingo en Barcelona.
Cartel contra el adoctrinamiento del catalán en las escuelas, este domingo en Barcelona.CRISTÓBAL CASTRO

Con esa nueva norma —en la que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ve “indicios de inconstitucionalidad”— la Generalitat ha evitado por el momento cumplir la sentencia que obligaba a garantizar la condición de vehicular del castellano impartiendo un mínimo del 25% de clases en esa lengua. La ley fue aprobada por las formaciones independentistas, pero también contó con el voto favorable del PSC y En Comú Podem ( en total 106 de los 135 diputados del Parlament) y el Gobierno de Pedro Sánchez ya ha manifestado que no va a recurrirla al Constitucional, decisión que finalmente impulsó la convocatoria de este domingo.

Al finalizar la protesta de Barcelona, la portavoz de Escuela de Todos, Ana Losada, ha concluido: “Queremos una escuela como a la que van los hijos de González Cambray, Junquera o Montilla, pero no queremos que sea privada, sino una escuela pública y concertada”.

El último de los activistas que se ha dirigido a los concentrados ha sido José Domingo, de Impulso Ciudadano, que ha protestado ante el cálculo de manifestantes que ha hecho la Guardia Urbana. “No somos 2.800, les ha faltado un cero [y se ha equivocado] somos 200.000″, ha concluido.

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El comisario europeo de Justicia se reunió con González Pons antes de viajar España

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El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha mantenido una reunión con el eurodiputado del Partido Popular Esteban González Pons antes de su viaje a España, esta semana, en el que abordará el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), empantanado desde hace casi cuatro años por el bloqueo del PP. La reunión, confirman en el Gabinete de Reynders, ha sido en Estrasburgo, hace unos 10 días, coincidiendo con el pleno del Parlamento Europeo. Desde el Gabinete del comisario belga señalan que es una práctica habitual de Reynders mantener reuniones con eurodiputados con cierta frecuencia para tratar asuntos legislativos en curso y futuros, así como temas de actualidad, y no dan más detalles del contenido de la reunión. González Pons, europarlamentario desde 2014, también es la persona elegida por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para negociar con el Gobierno la renovación del Poder Judicial.

Fuentes oficiales del PP han confirmado el encuentro, pero lo circunscriben a las “reuniones periódicas” de González Pons con Reynders en su calidad de portavoz para los temas de Justicia del Partido Popular Europeo, informa Elsa García de Blas. En ese encuentro no se habló “en ningún caso” del tema específico de España, aseguran estas fuentes, que añaden que les resulta “enternecedor que el Gobierno quiera decir ahora que el PP manda en la Comisión Europea, después de haber hablado de la complicidad de Von der Leyen con Pedro Sánchez”.

El comisario de Justicia no ha mantenido recientemente, no obstante, encuentros similares con otros eurodiputados ni con el Gobierno español; aunque se reunió con representantes del Ejecutivo de Pedro Sánchez (de los Veintisiete) la semana pasada en el marco del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE en Bruselas.

Un retraso “preocupante”

Reynders (liberal) ha insistido en que viaja a España para una visita habitual y no para resolver el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Pero durante el viaje, hablará del informe del Estado de Derecho de 2022, donde la Comisión define como “preocupante” el retraso en la renovación del CGPJ y pide a España que lo emprenda con “carácter prioritario”, además de reclamar a Madrid que cambie el método de elección de sus vocales “teniendo en cuenta las normas europeas”, es decir que los jueces elijan a los miembros del CGPJ de forma directa y no indirecta, como ahora, que son elegidos por las Cortes de una lista aportada por los jueces. El comisario también se preparará para la presidencia española de la UE, prevista para el segundo semestre de 2022, según su equipo.

El comisario europeo de Justicia, que la semana pasada aseguró que descarta instrumentos más duros —como el expediente sancionador que ha abierto a Polonia por su situación judicial— sobre España, intentará “facilitar el diálogo entre las fuerzas políticas para encontrar un apoyo rápido y urgente”, dicen desde su Gabinete.

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España

Feijóo sobre la dimisión de Pérez Tornero: “Demuestra que ni siquiera el Gobierno cumple los pactos”

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La dimisión del presidente de RTVE José Manuel Pérez Tornero, que ascendió a ese puesto por un pacto entre el PSOE y el PP, ha servido a Alberto Núñez Feijóo como argumento en su favor en el bloqueo de cualquier acuerdo entre el Gobierno y su partido, como en el caso del Consejo General del Poder Judicial. Tras el anuncio del cese de Pérez Tornero por haber perdido el favor de los socialistas y Unidas Podemos, el líder del PP ha acusado al Ejecutivo de “tomar” y “asaltar” las instituciones del Estado y de incumplir los acuerdos con la oposición. “Después de un pacto para el nombramiento del consejo de administración de RTVE, que el Gobierno unilateralmente lo rompa y obligue a cesar a una persona que había sido elegida, acredita que ni siquiera el Gobierno respeta los pactos. Esto es especialmente grave”, se ha quejado Feijóo.

El líder del PP ha cargado contra el Ejecutivo por lo que considera es una ocupación partidista de algunas instituciones del Estado, como RTVE, el CNI o el INE. “Lo que se ha venido a confirmar con la obligatoria dimisión del director de RTVE es la toma de las instituciones por parte del Gobierno. Han cesado a la directora del CNI, al del INE, y han pedido que dimita el director de la compañía de RTVE, que nace de un pacto entre los grandes partidos, simplemente porque no les gusta como dirige la cadena. Esto confirma la uitilización de las instituciones del Estado por parte del Gobierno”, ha manifestado en declaraciones a los periodistas en Palma de Mallorca.

“Es lamentable que vivamos en un país donde el Gobierno no distinga entre sus competencias para gobernar y las instituciones”, ha criticado Feijóo, que se ha detenido especialmente en la televisión pública. “Lamento que también RTVE se vea sometida al control férreo del Gobierno. Y es que, o haces lo que te mandan, o simplemente te cesan”, se ha quejado. En el pasado, los trabajadores de RTVE han promovido protestas contra el PP cuando estaba en el Gobierno por el control de la radiotelevisión pública, como los famosos viernes negros. En las televisiones autonómicas de Gobiernos populares también hay acusaciones de manipulación, como en Telemadrid, donde Isabel Díaz Ayuso tomó el control en 2021 con el cese de la dirección.

Feijóo ha aprovechado la dimisión de Pérez Tornero para alejar otros acuerdos con el Gobierno, como el del Consejo General del Poder Judicial, bloqueado desde hace casi cuatro años. “Es muy difícil fiarse de un Gobierno que ocupa las instituciones”, ha advertido el líder del PP, convencido de tener nuevos argumentos para cargar la responsabilidad de la falta de acuerdos en el PSOE.

El jefe de la oposición se ha pronunciado hoy, por otro lado, 48 horas después, sobre el triunfo de la ultraderecha en las elecciones en Italia. Tras haber optado por el silencio en su discurso ante el comité de dirección del PP este lunes, según su gabinete de forma consciente porque la dirección “no comenta otros procesos electorales”, Feijóo se ha referido este martes a la victoria de Giorgia Meloni a preguntas de los periodistas. El líder del PP ha manifestado “respeto por la decisión de los italianos” y ha reconocido que el Partido Popular Europeo (del que forma parte el partido de Silvio Berlusconi, Forza Italia) “no ha tenido un buen resultado en Italia”. A renglón seguido, Feijóo ha pedido al nuevo Gobierno de la coalición de conservadores, posfascistas y populistas que rectifique su euroescepticismo inicial, sobre todo en el caso de Meloni. “Habrá que respetar y ver qué hace el Gobierno de Italia. Todo lo que sea rectificar sus planteamientos iniciales en favor del europeísmo y de una Europa cohesionada sería una buena rectificación. Espero que algunas manifestaciones durante la campaña se maticen, e Italia no abandone el compromiso con el euro y con la UE”, ha reflexionado.

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Griñán presenta un incidente de nulidad ante el Supremo para intentar evitar la cárcel

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El expresidente andaluz José Antonio Griñán ha presentado este martes ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo un incidente de nulidad contra la sentencia que le condenó a seis años de cárcel por malversación y prevaricación en el caso de los ERE. Tras la petición de indulto parcial elevada al Gobierno por su familia a principios de septiembre y este recurso de nulidad, la defensa de Griñán prevé presentar a continuación un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por supuesta vulneración de algún derecho fundamental durante la investigación judicial, por el que los magistrados podrían suspender de manera excepcional la condena. Las tres iniciativas tienen el mismo objetivo: evitar el ingreso en prisión de quien fue también presidente del PSOE.

El incidente de nulidad, que tiene escasas posibilidades de prosperar según coinciden fuentes jurídicas, esgrime una posible lesión del principio de presunción de inocencia, al ser “fraccionada” la sentencia del Supremo en un primer anuncio el pasado 26 de julio (cuando se avanzó la condena) y la posterior notificación del fallo completo el pasado 14 de septiembre (con los argumentos y las 1.205 páginas del fallo). Para la defensa de Griñán, “durante 50 días hubo una proclamación pública de culpabilidad sin sentencia”.

Además, el incidente de nulidad señala la supuesta falta de contestación a dos de los motivos incluidos en el recurso de casación formulado por Griñán frente a la sentencia inicial de la Audiencia de Sevilla, avisa de dilaciones indebidas en el trámite de resolución del recurso de casación y, sobre todo, esgrime el voto particular formulado por dos de los cinco miembros del tribunal de la sentencia del Supremo.

Sobre la falta de contestación de dos motivos, la Audiencia mencionó “la pasividad” de Griñán cuando la Intervención General de la Junta reclamaba mejoras y este alegó que siempre elevó las peticiones de control financiero de la Intervención al Consejo de Gobierno. Sin embargo, el Supremo no contesta a esa petición de aclaración sobre la supuesta “pasividad” del expresidente, que ni siquiera se menciona en ese punto de la sentencia (página 499). Además, en la resolución de las cuestiones previas al juicio en la Audiencia, las ayudas sociolaborales no fueron incluidas como objeto de enjuiciamiento y luego sí aparecen en la sentencia, lo que para Griñán es una clara vulneración del derecho de defensa.

El tercer motivo del incidente de nulidad es el voto particular, emitido por las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, que diferencian, con relación al delito de malversación, entre quienes formaban parte de la Consejería de Empleo, donde descargan la responsabilidad de la malversación, y quienes intervinieron en el trámite presupuestario pero sin conocer ni participar directamente, a su juicio, en el reparto final de los fondos, como Griñán. “Ninguno de los cinco acusados referidos intervino en esos actos fraudulentos del tramo final de la ejecución del presupuesto, ni tampoco tuvo conocimiento de que estaban siendo realizados por autoridades y funcionarios de la Consejería de Empleo”, sostienen las juezas en su voto particular.

Por último, la defensa del expresidente destaca una “vulneración” del principio de presunción de inocencia, analizando que la sentencia del Supremo, “más que revisar” la de la Audiencia, “completa los vacíos” de la misma, es decir, que “va más allá” de su cometido. “De la eventual posibilidad de que Griñán conociera el dolo eventual, el Supremo le atribuye un dolo directo y dice que todos los políticos tenían el mismo propósito de sustraer fondos públicos. Es una afirmación que supera a la Audiencia de Sevilla y sin prueba de soporte”, subrayan fuentes de la defensa del expresidente. El incidente destaca también las dilaciones indebidas de dos años (entre el 15 de junio de 2020 y el 14 de septiembre de 2022) transcurridos entre el fallo de la Audiencia de Sevilla y el del Supremo.

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El incidente de nulidad solicita así anular la sentencia del Supremo o una “moderación” de las penas impuestas, pidiendo en paralelo la suspensión de la resolución judicial a la espera de respuesta a las cuestiones planteadas frente a la misma, recibida el pasado día 19 por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, precisamente para comenzar su fase de ejecución.

En su petición de indulto parcial, la familia de Griñán no alegó discrepancias con la sentencia sino “razones de humanidad y equidad”, ya que el expresidente andaluz es “un ciudadano de 76 años con una intachable trayectoria vital” y que, “tras más de 40 años al servicio público desde las más altas responsabilidades, jamás ha obtenido remuneración alguna distinta de su sueldo como funcionario”, descartando cualquier “enriquecimiento personal ni familiar”.

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Fuente, El Pais, www.elpais.com, Junto a su autor correspondiente .
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