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La derecha se vuelca con la manifestación en Barcelona en defensa del castellano en las aulas

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Jordi López, un padre que ha pedido el 25% del castellano, en El Prat de Llobregat, el pasado martes.
Jordi López, un padre que ha pedido el 25% del castellano, en El Prat de Llobregat, el pasado martes.Gianluca Battista

La plataforma Escuela de Todos —que agrupa en Cataluña a diferentes entidades que rechazan el modelo de inmersión lingüística, como la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Societat Civil o Impulso Ciudadano— ha convocado este domingo una manifestación en Barcelona para reclamar, como sintetiza su lema, que el “español sea también vehicular” en la escuela. Es decir, que se imparta en castellano alguna asignatura, más allá de la de Lengua Castellana. Los convocantes han organizado la marcha tras la aprobación en el Parlament de la nueva ley de uso de lenguas oficiales, que sigue considerando el catalán como única lengua vehicular aunque por primera vez califica al castellano como “lengua curricular”. Ese nuevo estatus comporta que el castellano pueda usarse en materias distintas a la de Lengua Castellana, algo que queda a criterio de los centros en función de la realidad sociolingüística de cada uno. Con esa ley —en la que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ve “indicios de inconstitucionalidad”—, la Generalitat ha evitado por el momento cumplir la sentencia que obligaba a garantizar la condición de vehicular del castellano impartiendo un mínimo del 25% de clases en esa lengua. El PP, Ciudadanos y Vox se han movilizado para dar apoyo a la marcha.

Escuela de Todos decidió organizar en junio la movilización, después de que el Parlament —con el apoyo de los partidos independentistas, En Comú Podem y el PSC, que suman 106 de los 135 diputados— aprobara la nueva norma y de que el Gobierno catalán impulsara un decreto-ley en la misma dirección. La convocatoria se asentó una vez que la coordinadora de entidades constató que el Gobierno de Pedro Sánchez no recurriría la ley al Tribunal Constitucional —lo que podría haber paralizado su aplicación—, tras exponer esa posición en la mesa de diálogo con la Generalitat. Después de la aprobación de la ley en el Parlament, el TSJC concluyó que la sentencia del 25% es por el momento inaplicable y la elevó al Tribunal Constitucional para que dictamine si la Generalitat ha incurrido en un “fraude de ley” con el fin de burlar el cumplimiento de la sentencia.

El PSC defiende la nueva ley, por lo que no respaldará la manifestación. Los socialistas aducen que, por primera vez, el castellano va a tener la categoría de “lengua de aprendizaje”. “Los planes lingüísticos se aplicarán en función de la realidad sociolingüística de cada centro”, afirman fuentes del partido. Los convocantes subrayan, sin embargo, que la Generalitat “no respeta el ordenamiento jurídico y las múltiples sentencias” del Constitucional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Cataluña que, desde hace más de 30 años, establecen que el castellano debe ser “vehicular”.

A la marcha asistirán Cuca Gamarra, número dos del PP; Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos; y Santiago Abascal, líder de Vox. Alberto Núñez Feijoo ha excusado su asistencia al coincidir la manifestación con una reunión interparlamentaria del PP en Toledo. Además, la marcha cuenta con el apoyo de los escritores Félix de Azúa y Mario Vargas Llosa; el dramaturgo y actor Albert Boadella; el filósofo Fernando Savater, y el economista Gonzalo Bernardos. La plataforma convocante ha explicado que se han fletado siete autocares: dos desde Alicante, uno de Madrid, otro de Zaragoza y uno por cada provincia catalana. La marcha partirá desde Arc de Triomf y acabará junto al Parc de la Ciutadella. A pesar de la presencia de líderes políticos, la pancarta principal la portarán familias que han solicitado el 25% de castellano en los colegios de sus hijos.

Uno de estos padres es Jordi López, del Prat de Llobregat. A su hijo mayor le diagnosticaron problemas de aprendizaje y los expertos, señala, le aseguraron que su hijo avanzaría más en la escuela si la enseñanza fuera en su lengua materna, el castellano. Después de pensarlo mucho, decidió recurrir a la AEB (de la cual actualmente es vocal) para reclamar por vía judicial el 25% de castellano para sus dos hijos. “Nos costó tomar la decisión. Sabíamos que causaría rechazo en el colegio”, explica. Los jueces se lo concedieron hace un año para el menor, y a finales del curso pasado para el hijo mayor. Sin embargo, al inicio de este curso el departamento de Educación de la Generalitat ordenó a los colegios que dejen de aplicar el 25% porque, a su juicio, entra en contradicción con la nueva ley. En la clase del hijo mayor de López, por tanto, ha dejado de aplicarse la medida; el hijo menor la mantiene porque su escuela ha preferido no atender la orden de la Generalitat hasta tener una notificación judicial.

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La cifra del 25% de castellano en las aulas catalanas la fijó por primera vez el Tribunal Superior de Cataluña en 2014. Hasta entonces, varias sentencias del Constitucional y el Supremo habían obligado a la Generalitat a cambiar el modelo para garantizar que el castellano, y no sólo el catalán, fuera vehicular, pero sin establecer cómo hacerlo. Ante el silencio de la Generalitat, el TSJC fijó en 2014 ese mínimo del 25%, y ese porcentaje empezó a aplicarse, pero solo en las clases de los alumnos cuyas familias lo solicitaban. A finales de 2020, la justicia extendió la obligatoriedad del 25% de castellano a todo el sistema educativo, una sentencia que debía hacerse efectiva a finales del curso pasado. El Govern y los partidos favorables a la inmersión se pusieron en marcha para eludir su aplicación aprobando una ley parlamentaria y un decreto ley sobre el uso de las lenguas en la escuela; esas dos normas reconocían al castellano un carácter “curricular” pero no “vehicular”, y rechazaban cualquier porcentaje en el uso de las lenguas. Ambas están ahora están en manos del Tribunal Constitucional para valorar su legalidad.

Con este marco normativo en la mano, el Departamento de Educación consideró que las sentencias previas, las que afectaban a casos particulares, tampoco son ya aplicables, y así lo comunicó al TSJC, que todavía no se ha pronunciado. Con todo, la Generalitat decidió no esperar y antes del inicio de curso comunicó a las escuelas afectadas —27 centros y 48 alumnos— que dejaran de aplicar el 25%. No obstante, solo siete centros centros, según cifras de la AEB recabadas a partir de las familias afectadas, han acatado la orden de la Generalitat. Uno de los alumnos que se ha quedado sin el 25% es el hijo de Jordi López, una decisión que indigna al padre. “La Generalitat no es nadie para quitar a unos niños los derechos concedidos por un tribunal”, se queja.

López, de 51 años, estudió EGB en un momento en que la inmersión lingüística no existía. “Solo tenía dos horas en catalán”, asegura. Y admite que no habla catalán porque le cuesta. No está de acuerdo con el modelo de inmersión lingüística que, sobre el papel, marca que las clases deben impartirse en catalán, a excepción de Lengua Castellana (aunque en la práctica los estudios de la inspección educativa revelan que no es así y que muchos profesores cambian al castellano en algunas ocasiones), porque considera que excluye al español. “Estamos tratando nuestro idioma [el castellano] como una lengua extranjera”, se queja este padre, que apuesta por una presencia equitativa de las lenguas: un 33% de castellano, de catalán y de inglés. Él cree que sus hijos “tienen el deber de aprender en catalán, pero también en castellano”, y quiere “que hablen y escriban las dos lenguas por igual”. Admite que el catalán, con el que solo tienen contacto en la escuela, “les cuesta mucho”. Según él, el modelo de inmersión lingüística “perjudica a sus hijos”, aunque admite que no ha notado ningún cambio en el curso que su hijo ha contado con el 25%. Asimismo, pone en duda las pruebas diagnósticas del sistema que indican que los alumnos finalizan la ESO dominando las dos lenguas. “No me lo creo, no es lógico”, afirma.

La AEB está informando al TSJC de los centros que están dejando de aplicar las sentencias y está ultimando una demanda, por la vía penal, contra los responsables del departamento de Educación y los directores de los centros educativos.

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España

La ‘reina de la coca’ paga por traficar: condenada a 16 años de cárcel

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Ana María Cameno, en el banquillo de la Audiencia Nacional, el pasado 29 de marzo.
Ana María Cameno, en el banquillo de la Audiencia Nacional, el pasado 29 de marzo.

El peso de la ley ha caído sobre Ana María Cameno, alias La reina de la coca. La Audiencia Nacional ha condenado a 16 años de cárcel a esta burgalesa de familia acomodada, que levantó un presunto imperio del narco desde la nada y que en 2011 ya fue detenida por montar el mayor laboratorio de cocaína de Europa. El tribunal ha considera probado que la acusada, tras aquel arrestó, volvió a las andadas y creó una nueva organización criminal para traficar con este estupefaciente. Una trama que encabezaba y dirigía al detalle, según reza el fallo de los jueces, que le impone también una multa de 21,2 millones de euros.

La sentencia, fechada el 21 de septiembre y a la que tuvo acceso EL PAÍS, inflige un duro golpe a la reina de la coca. Muy esquiva con la prensa durante el juicio celebrado la pasada primavera, Cameno se acogió a su derecho a no declarar ante el tribunal y observó satisfecha cómo ninguno de sus colaboradores la delataba. Pero la baza del silencio no le ha servido para esquivar la condena. Y la policía la detuvo esta misma semana, antes de conocerse el contenido de la resolución judicial, ante el peligro de que se fugase tras hacerse público el fallo, según la agencia Efe.

La Fiscalía pedía inicialmente 25 años de cárcel para la narco por liderar una organización criminal e impulsar operaciones para la venta de casi 100 kilos de cocaína en 2014 que le reportarían beneficios millonarios. Una condena que el tribunal ha dejado en 16 años de prisión: 12 por tráfico de drogas y 4 por blanqueo de capitales. Eso sí, los magistrados la han absuelto del delito de tenencia ilícita de armas. La Audiencia Nacional ha impuesto también penas, de cuatro a nueve años de cárcel, a 11 de sus colaboradores. Otro de ellos, José Ramón Parra, quien fuera pareja de La Reina, huyó antes del juicio.

La sentencia describe la intensa implicación de Cameno en el negocio de la droga. “Mantenía contactos regulares con los suministradores y con los encargados del transporte de la sustancia”, explican los jueces en su resolución, donde se detalla que la narco también se encargaba, junto a su entonces novio, de los pagos por la venta de la cocaína, “así como de los contactos con la red encargada de darle soporte técnico, jurídico y financiero [para] garantizar la ocultación y colocación en el exterior de los fondos procedentes de la actividad delictiva”.

Los magistrados también explican que —pese a que ni ella ni su pareja “desarrollaban ninguna actividad laboral, mercantil o empresarial lícita”— vivían a todo trapo. “Disponían de varias casas lujosas arrendadas, vehículos de alta gama y otros muchos gastos suntuarios”, enumera la sentencia: “Estas consideraciones se efectúan exclusivamente para poner de manifiesto que los únicos ingresos económicos conocidos de los referidos eran los que pueden deducirse de su dedicación en exclusiva al tráfico de drogas, a través de la estructura que tenían organizada al efecto”.

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La Policía siempre ha definido a la reina de la coca como una mujer muy preocupada por los detalles. La Audiencia Nacional también lo deja claro: “Adoptaba medidas de seguridad extremas, evitando en lo posible las comunicaciones telefónicas, valiéndose de terceras personas y realizando encuentros personales en el interior de los distintos vehículos de los que era usuaria y en otros lugares”, subraya el dictamen firmado por los magistrados José Ricardo de Prada, José Antonio Mora y María Teresa García.

Cameno tiene otra causa pendiente en la Audiencia Nacional. El tribunal tiene pendiente juzgarla por su arresto de 2011, cuando comienza a construir su leyenda al poner en marcha presuntamente el mayor laboratorio de cocaína de Europa, para el que se había traído a cuatro profesores de bioquímica de una universidad colombiana que “desarrollasen el proceso de fabricación y manipulación” de la cocaína, según el juez instructor. Para entonces, la narco ya había escalado a la cumbre del narcotráfico español, contaba con una veintena de subordinados y había tejido relaciones con otras tres organizaciones: el clan de Los Miami, dirigido por los hermanos Álvaro y Artemio López Tardón; la banda de los hermanos Raúl y Víctor Juárez Smith; y la red del hispano-colombiano Laurentino Sánchez, Lauro.

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RTVE elige como presidenta provisional a la periodista Elena Sánchez tras la dimisión de Tornero

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El presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, durante una comparecencia en el Congreso, el 28 de abril.
El presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, durante una comparecencia en el Congreso, el 28 de abril.MARISCAL (EFE)

Elena Sánchez Caballero, una profesional con una larga trayectoria en RTVE, será la nueva presidenta provisional de la corporación de la radio y televisión públicas, según ha resultado de una reunión del Consejo de Administración del ente este martes. Sánchez ha recibido los apoyos de los representantes del PSOE (dos votos de los tres que tiene), Unidas Podemos (dos votos) y PNV (un voto). El PP (tres votos) ha rechazado la candidatura. También concurría al puesto el consejero Ramón Colom (por el PSOE), que se ha votado a sí mismo.

Con la elección de Elena Sánchez se cierra una crisis abierta tras la dimisión este lunes de José Manuel Pérez Tornero, que ha ocupado la presidencia de RTVE durante año y medio. La retirada de la confianza por parte de sus principales avales, los socialistas y Unidas Podemos, ha llevado a la corporación a un callejón sin salida. La elección de Sánchez, una periodista vinculada desde hace cuatro décadas a RTVE, al frente del consejo de administración supone una apuesta interna, con un gran conocimiento de la empresa, de sus necesidades y sus retos.

Una situación similar se produjo tras la renuncia de Alberto Oliart en 2011, que también fue elegido con el apoyo del PP y del PSOE durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Para poner en marcha el proceso de sucesión tras la salida de Pérez Tornero y analizar las alternativas de relevo, el secretario general de la corporación, Alfonso Morales, se reunió ese lunes en La Moncloa con responsables del Gobierno. El consejo de informativos de RTVE ha emitido un comunicado en el que manifiesta su “honda preocupación” por el futuro inmediato de la corporación y lanza un mensaje al actual Gobierno y al arco parlamentario: “Si los presentes o inmediatos movimientos en RTVE tienen por objetivo someter a este servicio público a intereses partidistas, los trabajadores no lo permitiremos”.

La ley establece que el Congreso de los Diputados designará entre los consejeros electos el que desempeñará el cargo de presidente de la corporación y del consejo, una elección que requiere dos tercios de la Cámara. Pero no es previsible que en el actual contexto político los dos principales partidos alcancen un pacto para elegir a un nuevo responsable de RTVE, toda vez que los puentes entre el PSOE y el PP para la renovación de las instituciones parecen estar dinamitados.

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En 2018, la falta de votos en Congreso para renovar el consejo de RTVE condujo a una situación de interinidad que se prolongó durante tres años. La periodista Rosa María Mateos fue elegida administradora provisional única, un cargo en el que se mantuvo hasta marzo de 2021, cuando las Cortes eligieron a Pérez Tornero. La ley fijaba su mandato en seis años, pero ha dejado el cargo a los 18 meses tras haber perdido la confianza del PSOE y de Unidas Podemos.

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Elena Sánchez, cuatro décadas en defensa de la televisión pública

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La periodista Elena Sánchez Caballero, en una imagen de archivo.
La periodista Elena Sánchez Caballero, en una imagen de archivo.

La nueva presidenta provisional de RTVE, Elena Sánchez Caballero (Madrid, 64 años), está ligada a la televisión pública del 1984. Entró con un contrato temporal y tres años más tarde obtuvo una plaza por oposición. En estas cuatro décadas ha desempeñado todo tipo de labores, desde redactora de base a alta directiva, y ha visto cómo se ha ido transformando una empresa históricamente codiciada por los gobiernos de turno y sometida a los vaivenes políticos. Comprometida con el servicio público, ha estado delante y detrás de las cámaras y ha asumido funciones directivas. En 2018 se incorporó al equipo de Rosa María Mateo como secretaria general de la corporación, cargo que abandonó por decisión propia dos años más tarde. Desde marzo de 2021 forma parte del consejo de administración de RTVE a propuesta de los socialistas, en un cuarteto del que también formaron parte José Manuel Pérez Tornero, Concepción Cascajosa y Ramón Colom.

Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, dio sus primeros pasos en Diario 16, Antena 3 Radio y la agencia Efe. En TVE comenzó su larga trayectoria en el área de deportes, que le llevó a presentar Teledeporte y a cubrir los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, Seúl y Barcelona. A lo largo de una sólida carrera ha presentado y dirigido telediarios, programas de actualidad y debates. Fue presentadora de los telediarios, reportera en Informe semanal y en Crónicas y dirigió Imprescindibles, un programa de documentales biográficos. Durante su etapa ligada a los informativos diarios, compartió pantalla con Luis Mariñas y Pedro Piqueras y en La 2 condujo Enfoque, un formato de análisis y debate sobre la actualidad.

Su paso por múltiples puestos dentro de TVE le ha granjeado un excelente conocimiento de la empresa. “Conoce muy bien la casa. La gente la respeta y la quiere. Está muy preparada. Sabe los entresijos de la televisión y está muy volcada con lo que debe ser una televisión pública”, aseguran dentro de la cadena. Por imperativo del convenio colectivo, tiene previsto acogerse a la jubilación el próximo mes de noviembre, cuando cumpla los 65 años. Pero llegar a esa edad no le impedirá seguir formando parte del consejo de administración.

Firme defensora del servicio público, Sánchez fue candidata, junto a otros 90 aspirantes, a presidir RTVE en el concurso público convocado por las Cortes. Formó parte de la lista presentada por los socialistas en el Parlamento y así entró a formar parte del consejo de administración. Durante la presentación de su proyecto ante el Congreso, confesó que no participaba sobre el fatalismo sobre el futuro y la vialidad de RTVE. Abogó por el servicio público, la información veraz como cortafuego de los bulos y el entretenimiento de calidad “digno y variado”. En aquella exposición aseguró que RTVE debía transformarse totalmente y defendió un plan estratégico a través del cual garantizar la viabilidad de la compañía y adaptarse al nuevo entorno digital. En los últimos meses, ha dirigido para TVE Encuentros, un espacio de entrevistas a fondo a personalidades de la cultura, presentado junto al periodista y escritor Jesús Marchamalo. Su estreno, en La 2, está previsto para el próximo 13 de octubre con una conversación con el pintor Antonio López. Entre las figuras que pasarán por el programa se encuentran también Santiago Muñoz Machado, Rosa Montero, Peridis, Luis Landero, Rosa Regás y Gonzalo Suárez.

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