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Política

La declaración de Cristina Kirchner compromete el accionar de su custodia

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“En ese momento, personal de mi custodia me dijo ‘vamos, vamos’ porque me quería alejar del túmulo y ahí terminé el círculo, firmo los últimos libros y subo. Reitero, solo me di cuenta del hecho cuando lo vi por televisión”, dijo Cristina Kirchner en un  tramo de su declaración testimonial ante la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, que el 2 de septiembre, horas después del ataque, se constituyeron en el domicilio de la Vicepresidenta en Recoleta para conversar con la funcionaria en el marco de la instrucción que acababa de comenzar.

El que le preguntó a la titular del Senado si su custodia le había dado alguna indicación tras el ataque fue Rívolo y la frase de la Vicepresidenta solo colocó más dudas sobre el accionar de sus custodios y la falta de un seguimiento claro del Protocolo Nº 7, que marca las pautas generales con las que debe actuar la custodia de los funcionarios y dignatarios.

Según Cristina Kirchner, uno de los custodios le dijo “vamos, vamos”. En los videos se observa que su seguridad no habría cumplido con lo pautado en el manual de procedimiento.

TN accedió a documentos oficiales del Ministerio de Seguridad en los que se detallan punto por punto cómo debió haber actuado la custodia según el Protocolo 7. El punto 2.4 del apartado “Reacciones” establece que ante el ataque el jefe de la custodia “deberá hacer agachar al dignatario tomándolo por el cinturón y haciendo que sus rodillas se inclinen ligeramente”. Nada de esto ocurrió.

Los videos muestran cómo tras el ataque de Fernando Sabag Montiel la Vicepresidenta permanece en el lugar y observa cómo la militancia se lleva al atacante. Por las fallas en el operativo de Seguridad, la cartera que conduce Aníbal Fernández abrió un sumario administrativo para establecer si existió responsabilidad o negligencia por parte de los agentes que debían resguardar a Cristina Kirchner.

Qué dice el Protocolo 7 que debieron haber respetado los custodios de Cristina Kirchner



Otro de los puntos que no se respetó es el que indica que en caso de existiera un vehículo cerca del funcionario atacado, este debe ser introducido en el interior. El manual agrega: “Se introducirá al dignatario con la mayor premura en el asiento trasero, debiendo el oficial a cargo colocarse encima de éste, cubriéndolo con su cuerpo. En cuanto le sea posible deberá revisarlo físicamente en forma superficial en busca de heridas”.

A tan solo centímetros de la Vice se encontraba un Toyota Corolla blanco que forma parte de su custodia, pero ninguno de sus agentes la colocó allí. Según la propia Cristina Kirchner instantes después del intento de asesinato continuó con la firma de libros y luego se retiró hacia su departamento.

Que la Vicepresidenta haya permanece en el lugar viola otra de las normativas, ya que el primer ataque puede haber sido una maniobra de distracción. El manual detalla. “La adopción de estos procedimientos son aptos para defender la integridad física del dignatario respecto de un ataque secundario, ello ante la previsión de que el primer ataque que se registre pudiera tratarse de una táctica de distracción”.

La Justicia busca determinar si la custodia actuó acorde a este protocolo. ¿Por qué no se trasladó a Cristina Kirchner a un lugar seguro? ¿En qué momento los agentes tomaron noción de que se trataba de un ataque? ¿La reacción fue acorde a lo establecido?

En este sentido, uno de los puntos que no queda claro es si se respetó el punto 2.4.3.2 “B” del tramo “Evacuación”, que establece que “el 2º jefe de la custodia deberá interponer su persona entre el dignatario y el lugar de donde provenga el ataque”.

La custodia de Cristina Kirchner sigue a cargo de Diego Carbone, histórico jefe de su custodia. La remoción de los agentes no tocó a los altos mandos, según pudo saber TN de fuentes oficiales. Cristina Kirchner tiene 100 agentes de seguridad de la Policía Federal que la cuidan a ella y a su familia.

Se trata de una custodia que trabaja bajo la modalidad denominada 24×48, es decir, 24 horas de trabajo y 48 horas de descanso. Todos los agentes se dividen en tres turnos para garantizar la seguridad de la funcionaria durante todo el día, incluido los fines de semana. El ataque provocó que se incremente en 20 la cantidad de agentes en la puerta del edificio de Recoleta y se revean los protocolos.

En La Cámpora continúa el malestar con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que tras el ataque se reunió con Cristina Kirchner. La agrupación que comanda Máximo Kirchner lo cuestiona porque debió haber asegurado la zona, ya que la Policía Federal estaba a cargo de la custodia del lugar tras la decisión del juez Gallardo, que le ordenó a la Policía de la Ciudad que se retire.

Cuestionan, a su vez, el accionar de los custodios. Los mismos que -sin intención alguna- Cristina Kirchner parece haber comprometido con su declaración.

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Política

El Gobierno porteño denunció a los padres de los alumnos que tomaron escuelas

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Las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires denunciaron penalmente este lunes a los padres de los alumnos que tomaron los colegios.

La protesta empezó en el colegio Mariano Acosta y se sumaron la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas “Sofía Broquen de Spangenberg”, la Escuela N°1 de Cerámica, el colegio Mariano Moreno, el Instituto de Educación Superior “Juan Ramón Fernández”, Escuela Federico García Lorca, Lengüitas, el Liceo 5 Pascual Guaglianone, la Escuela Osvaldo Pugliese, el Normal 8 y la Julio Cortázar.

“Estamos denunciando penalmente a las familias que están autorizando e ingresando con sus hijos a las escuelas que se tomaron”, afirmó la ministra de Educación porteña.

En esa línea, aseguró: “Los adultos responsables de aquellos alumnos que participan de las tomas deberán responder por los daños que pudieran sufrir los estudiantes y los bienes escolares”.

Además, el Gobierno porteño confirmó que prepara una demanda civil para transferirles el costo correspondiente al pago de los sueldos a docentes y no docentes por cada día sin clases debido a la toma de la escuela.

“Hay menores de edad en un edificio público con adultos que desconocemos. Esto es responsabilidad de las familias que autorizan a sus hijos a estar ahí. En el 2018 hubo 40 familias que fueron procesadas en la justicia porque esto es un delito”, agregó Acuña.

También se refirió a la situación de los jóvenes que tomaron las escuelas: “Van a tener que recuperar cada día de clases que pierden, dejan de tener la posibilidad de participar de otras prácticas educativas, otras series estudiantiles y salidas pedagógicas; pierden todo ese tipo de beneficios; y obviamente, al perder días de clases, pierden oportunidades de aprender e instancias de recuperación”.

“No soy una ministra que no dialoga, lo que no voy a hacer es aceptar la violencia y la coacción a través de una toma. No vamos a dialogar con estudiantes que estén tomando escuelas. Tuvimos la oportunidad de dialogar todo este tiempo y se negaron. Lo que es claro es que empiezan a regir otras reglas del juego”, manifestó.

En el caso del Mariano Acosta, ya fueron demandados 8 adultos que consintieron la participación de sus hijos en la toma.

Cuál es el reclamo de los alumnos que tomaron las escuelas en CABA

Son varios los reclamos que nuclea la toma de los estudiantes a las escuelas. Entre ellos, piden:

  • Mejoras edilicias.
  • Mejoras alimenticias en las viandas que reciben: se incluye la consigna “con hambre no se puede estudiar”, por lo que piden que se apruebe el proyecto de Ley Integral del Derecho a la Alimentación Adecuada en las Instituciones Educativas, presentado por la legisladora porteña por el Frente de Todos, Ofelia Fernández. Lo que promueve es un cambio en el sistema de los comedores escolares de los establecimientos públicos. Uno de sus ejes es la universalización y gratuidad de la asistencia alimentaria escolar y la prohibición de que las empresas que fueron multadas por un mal servicio puedan proveer alimentos.
  • El fin de las prácticas laborales obligatorias y no rentadas en empresas privadas y dependencias públicas: A fines de 2021, el jefe de Gobierno porteño anunció que a partir del ciclo lectivo 2022, comenzarían las prácticas laborales obligatorias en empresas y organizaciones para todos los estudiantes del último año de secundaria. La medida alcanza a 29.400 chicos de 442 colegios de gestión pública y privada, y forma parte de la cursada necesaria para aprobar el secundario. Según los alumnos del Lenguas Vivas se trata de “perder horas irrecuperables de clase”, además de estar “puestos en riesgo al no ser acompañados por profesores responsables a las prácticas”.

En algunos casos realizan una toma, otras escuelas definieron “pernoctar” en los establecimientos como el colegio Julio Cortázar y el Normal 8 Presidente Roca.

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Conflicto del neumático: el Gobierno aseguró que busca un acuerdo rápido entre sindicalistas y fabricantes

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Tras el fracaso de una nueva audiencia entre el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) y a las cámaras empresariales del sector en el Ministerio de Trabajo el lunes, desde el Gobierno hicieron un llamado a la “sensatez de todos los sectores” para resolver el conflicto.

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, dijo: “Hacemos un llamado a la sensatez de todos los sectores, es un conflicto que tiene que resolverse, es un sector importantísimo y transversal para el país, necesitamos neumáticos para muchas actividades de la vida cotidiana”.

A su vez, en diálogo con Radio 10 remarcó la presencia del Gobierno en el conflicto que lleva más de 100 días: “Se llevaron a cabo 35 reuniones en las que intervino el Ministerio de Trabajo. Es un conflicto que fue creciendo porque fue cambiando la mesa de negociación, es una discusión compleja y delicada”.

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Mapuches incendiaron un puesto móvil de Gendarmería en Villa Mascardi

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El conflicto mapuche en Villa Mascardi sumó un nuevo capítulo en las últimas horas después de que el dueño de la cabaña Los Radales, ubicada en las inmediaciones del predio que ocupa la lof mapuche Lafken Winkul Mapu, denunció públicamente un nuevo ataque en su propiedad. Esta vez, fue directamente a una casilla de Gendarmería que custodiaba el lugar desde hacía dos semanas, tras el pedido de mayor seguridad luego del incendio ocurrido a comienzos de agosto.

Anoche se habrían producido pedradas ante la presencia de gendarmes y el incendio de una casilla y un galpón.

Un grupo de encapuchados, pertenecientes presuntamente a agrupaciones mapuches, incendió anoche una casilla móvil que los gendarmes habían instalado en la localidad de Río Negro para custodiar un predio que había sido vandalizado hace casi dos meses atrás.

De acuerdo a lo que informaron vecinos de la zona, los agresores sorprendieron con piedras, palos e incluso disparos a los cinco uniformados que estaban en la casilla, quienes tuvieron que retirarse para no resultar heridos.

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