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Artur Mas: “Junts tiene que apretar, pero sin romper el Govern”

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No es militante de Junts per Catalunya, pero sus opiniones pesan, y mucho, en el seno de la formación que hoy lideran Laura Borràs y Jordi Turull y que vive inmersa en el debate de si deben abandonar el Ejecutivo de Pere Aragonès. Artur Mas (Barcelona, 1956) vive apartado de la primera línea política después de verse apeado de la presidencia de la Generalitat en pleno proceso independentista, el fenómeno político que él mismo lideró desde sus inicios. Diez años después del comienzo de ese pulso con el Estado, Mas llama al independentismo a buscar nexos de unión y rechaza que Junts abandone el Govern.

Pregunta. Coincidiendo con el aniversario del inicio del procés y cinco años después de la declaración de independencia fallida vuelve a asomar el debate de si hay que reactivar la declaración unilateral de independencia (DUI). ¿Es partidario de ello? ¿Lo ve realista como defiende la Assemblea Nacional Catalana?

Respuesta. La DUI se ha convertido en una especie de tótem. Pero lo importante no es proclamarla o verbalizarla; es saber qué quiere decir, qué consecuencias tiene. Entonces la gente podrá calibrar entre los sacrificios y los beneficios, decidir si aquella batalla compensa o no. Ese debate no existe en Cataluña. Ya hubo una DUI en octubre de 2017 y seguimos siendo una comunidad autónoma en el marco del Estado español.

P. Junts, pese al desmarque de este jueves, es la formación que le ha dado más alas a ese discurso.

R. Esquerra fue el que más empujó hacia ahí antes de 2017. Pero el tema es cómo se recupera en el soberanismo catalán e incluso más allá, un consenso básico, un mínimo común denominador. Ahora, con la división actual, no somos creíbles. Además de este consenso entre independentistas es necesario otro para blindar los temas básicos del país, que puede incorporar perfectamente al PSC y a los comunes.

El presidente Mas en su despacho de expresidente, este jueves.
El presidente Mas en su despacho de expresidente, este jueves.Albert Garcia

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P. Pero el Govern es reacio incluso a pactar unos Presupuestos con el PSC.

R. Los comunes pactaron las últimas cuentas y yo no veo por qué el PSC no pueda estar en ese posible pacto. De hecho, el consejero de Economía ha abierto la puerta a ello.

P. ¿Cree que Junts será capaz de trabar un discurso unitario sobre la ruptura o permanencia en el Govern?

R. Hay que entender a Junts como un proyecto en construcción. Mi opinión personal, aunque no soy militante de Junts, es que tiene que apretar, tiene que exigir, pero sin romper el Govern. Porque si no somos capaces de hacer o mantener un gobierno independentista, ¿cómo vamos a convencer a alguien de que vamos a dar la independencia?

P. ¿Qué cree que Junts puede exigir?

R. No se puede tener una mesa de diálogo con el Gobierno que no haya sido previamente pactada en Cataluña por parte de las fuerzas políticas soberanistas. No tiene ningún sentido que Junts no esté ahí. En la mesa se tiene que mostrar fuerza y esa fuerza pasa por la cohesión. Si solamente está uno, el Gobierno español, ya tiene el trabajo hecho. Y Junts tiene que estar representado como ellos decidan. Y hay que fijar una estrategia común de presión y de influencia en las Cortes españolas.

P. Pero Junts, en el Congreso, parece instalada en el no a todo.

R. Hay que mantener una política común en Madrid, que no tiene por qué ser en el 100% de los casos, pero sí en lo fundamental. Entre otras cosas, porque el soberanismo catalán, al igual que el nacionalismo vasco, tienen una fuerza aritmética muy significativa en las Cortes españolas. Y más la tendrán, porque cada vez parece más lejos la posibilidad de que haya un gran consenso en la política española entre populares y socialistas. Algunas veces se da en algunos temas concretos. Se dio para anular la autonomía catalana en octubre de 2017. Ahí se dio ese consenso, pero pocas otras veces. Por tanto, ahí hay margen para actuar.

P. Usted acabó por apartarse de la política después de que la CUP exigiera su relevo para apoyar la investidura de un presidente catalán. Carles Puigdemont sigue en la primera línea desde Bruselas. ¿Comparte la idea de que debería apartarse siguiendo la petición de entidades como Òmnium Cultural que reclaman nuevas voces?

R. Las personas que han ejercido un liderazgo muy intenso en estos últimos cuatro o cinco años han de poder tener un papel a menos que ellos no renuncien a ese papel. Sería un error dejarlos al margen. Se trate de Puigdemont o de Oriol Junqueras.

P. ¿Debería el Consell per la República, que pilota Puigdemont, ser quien lleve la acción independentista?

R. Si el Consell es un espacio de consenso no lo veo mal, o puede ser otra, pero tiene que haber una. El movimiento soberanista catalán, como decía el presidente de Òmnium este fin de semana, necesita una dirección estratégica. La necesita como el pan que come, y no la tiene. No es imposible de conseguir. La tuvimos.

P. La interinidad en la presidencia del Parlament es una situación absolutamente disfuncional. ¿Laura Borràs debería, como usted hizo en 2016, dar un paso al lado para facilitar el desbloqueo?

R. Si en 2018, con la autonomía suspendida, se eligió un a un presidente de la Generalitat, ¿Por qué ahora que no la tenemos suspendida, aunque sí vigilada y controlada, no se puede elegir a una un presidente o presidenta del Parlament de Cataluña? Laura Borràs lleva una buena parte de razón cuando dice que lo que ha pasado tiene que ver con ser quien es y defender lo que defiende. Pero una cosa es tener la razón y otra cosa es que te la reconozcan y tener la mayoría para sostenerla.

P. No es solo una cuestión de mayorías. La suspensión es el resultado de la aplicación del reglamento votado por la propia Cámara.

R. Incluir ese artículo en el reglamento fue un error, porque es darle a jueces y fiscales el poder de poner y quitar a alguien que ha sido elegido en las urnas. Pero una vez metido, pues es el reglamento y solo te queda intentar cambiarlo.

P. La próxima semana se cumple una década de la reunión con Mariano Rajoy en La Moncloa para pedirle una financiación específica para Cataluña, el pacto fiscal, lo que fue avanzadilla del proceso independentista. Hoy, no solo no hay este pacto fiscal, sino que todas las autonomías siguen arrastrando el modelo de financiación caducado en 2014. ¿Alguna vez pensó que todo pudiera salir tan mal?

R. No. Tenía una alguna esperanza, ingenua quizá, de que Rajoy entendía lo que pasaba en Cataluña después de la sentencia sobre el Estatut y no atribuía [el malestar] a “un calentón de verano”, como lo definieron. El Tribunal Constitucional dilapidó la columna vertebral de lo que los catalanes habían votado, con una posición muy dura del PP. Pensé que no serían tan miopes ni actuarían de forma tan chulesca.

Artur Mas, este jueves en Barcelona.
Artur Mas, este jueves en Barcelona.Albert Garcia

P. Quizá también fue interpretado como chulesco que su planteamiento fuera o pacto fiscal o nada.

R. Cuando digo chulesco me refiero a la actitud prepotente de alguien que, al tener la mayoría absoluta, sabe que no depende de nadie y trata a los otros con indiferencia. Me encontré con una miopía terrible ante la evidencia que algo pasaba en Cataluña y que yo había ganado las elecciones con la bandera del pacto fiscal para salir atolladero tras la sentencia del Tribunal Constitucional. Y esa bandera no era ni la independencia ni la autodeterminación, era una salida dentro del marco constitucional, que buscaba resolver el tema económico y financiero.

P. Cataluña tradicionalmente lideraba el debate del modelo de la financiación autonómica, hasta que optó por borrarse de las mesas de discusión por el procés. ¿Qué salida ve si no cambia la posición de la Generalitat?

R. La ley obliga a revisar el modelo cada cinco años. Tocaba en 2014 y estamos en 2022. Estamos ante un fraude de ley. Y no le toca al independentismo catalán liderar este debate, sino al Gobierno.

P. Pero Cataluña rechaza participar en foros, por ejemplo, el de expertos sobre el tema puesto en marcha por el Ejecutivo.

R. Creo no nos tenemos que inhibir de este tipo de debates. Al final la realidad es la que es y nos necesitamos todos para mejorar nuestro sistema de financiación. Pero una cosa es no inhibirse y la otra liderar el debate. Cuando hacíamos esto recibíamos todos los golpes y al final había un acuerdo que acababa modificado para contentar al resto de gobiernos y luego en Cataluña muchos no lo entendían.

P. ¿Y no deberían aliarse con otras comunidades con problemas parecidos?

R. Sí, y en cualquier caso deberíamos, tejer alguna alianza con Valencia y Baleares, territorios sistemáticamente castigados. No solo lo somos nosotros.

P. Xavier Trias y usted comparten haber dicho que no volverían a la primera línea de la política. El excalcalde parece que se lo está repensando, en parte porque cree que fue defenestrado injustamente por la llamada Operación Cataluña. ¿Y usted?

R. El nunca, el jamás, no existen ni en la vida ni tampoco en la política. Mantengo el sentido de la responsabilidad necesario, pero en este momento me falta algo que es fundamental, la voluntad. Como Trias, me siento víctima de ese Estado que permite que haya un estado paralelo que intenta destruir personas, familias e ideas. Y eso me interpela, pero no hasta el punto de volver a la primera línea de la escena política.

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RTVE elige como presidenta provisional a la periodista Elena Sánchez tras la dimisión de Tornero

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El presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, durante una comparecencia en el Congreso, el 28 de abril.
El presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, durante una comparecencia en el Congreso, el 28 de abril.MARISCAL (EFE)

Elena Sánchez Caballero, una profesional con una larga trayectoria en RTVE, será la nueva presidenta provisional de la corporación de la radio y televisión públicas, según ha resultado de una reunión del Consejo de Administración del ente este martes. Sánchez ha recibido los apoyos de los representantes del PSOE (dos votos de los tres que tiene), Unidas Podemos (dos votos) y PNV (un voto). El PP (tres votos) ha rechazado la candidatura. También concurría al puesto el consejero Ramón Colom (por el PSOE), que se ha votado a sí mismo.

Con la elección de Elena Sánchez se cierra una crisis abierta tras la dimisión este lunes de José Manuel Pérez Tornero, que ha ocupado la presidencia de RTVE durante año y medio. La retirada de la confianza por parte de sus principales avales, los socialistas y Unidas Podemos, ha llevado a la corporación a un callejón sin salida. La elección de Sánchez, una periodista vinculada desde hace cuatro décadas a RTVE, al frente del consejo de administración supone una apuesta interna, con un gran conocimiento de la empresa, de sus necesidades y sus retos.

Una situación similar se produjo tras la renuncia de Alberto Oliart en 2011, que también fue elegido con el apoyo del PP y del PSOE durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Para poner en marcha el proceso de sucesión tras la salida de Pérez Tornero y analizar las alternativas de relevo, el secretario general de la corporación, Alfonso Morales, se reunió ese lunes en La Moncloa con responsables del Gobierno. El consejo de informativos de RTVE ha emitido un comunicado en el que manifiesta su “honda preocupación” por el futuro inmediato de la corporación y lanza un mensaje al actual Gobierno y al arco parlamentario: “Si los presentes o inmediatos movimientos en RTVE tienen por objetivo someter a este servicio público a intereses partidistas, los trabajadores no lo permitiremos”.

La ley establece que el Congreso de los Diputados designará entre los consejeros electos el que desempeñará el cargo de presidente de la corporación y del consejo, una elección que requiere dos tercios de la Cámara. Pero no es previsible que en el actual contexto político los dos principales partidos alcancen un pacto para elegir a un nuevo responsable de RTVE, toda vez que los puentes entre el PSOE y el PP para la renovación de las instituciones parecen estar dinamitados.

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En 2018, la falta de votos en Congreso para renovar el consejo de RTVE condujo a una situación de interinidad que se prolongó durante tres años. La periodista Rosa María Mateos fue elegida administradora provisional única, un cargo en el que se mantuvo hasta marzo de 2021, cuando las Cortes eligieron a Pérez Tornero. La ley fijaba su mandato en seis años, pero ha dejado el cargo a los 18 meses tras haber perdido la confianza del PSOE y de Unidas Podemos.

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Elena Sánchez, cuatro décadas en defensa de la televisión pública

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La periodista Elena Sánchez Caballero, en una imagen de archivo.
La periodista Elena Sánchez Caballero, en una imagen de archivo.

La nueva presidenta provisional de RTVE, Elena Sánchez Caballero (Madrid, 64 años), está ligada a la televisión pública del 1984. Entró con un contrato temporal y tres años más tarde obtuvo una plaza por oposición. En estas cuatro décadas ha desempeñado todo tipo de labores, desde redactora de base a alta directiva, y ha visto cómo se ha ido transformando una empresa históricamente codiciada por los gobiernos de turno y sometida a los vaivenes políticos. Comprometida con el servicio público, ha estado delante y detrás de las cámaras y ha asumido funciones directivas. En 2018 se incorporó al equipo de Rosa María Mateo como secretaria general de la corporación, cargo que abandonó por decisión propia dos años más tarde. Desde marzo de 2021 forma parte del consejo de administración de RTVE a propuesta de los socialistas, en un cuarteto del que también formaron parte José Manuel Pérez Tornero, Concepción Cascajosa y Ramón Colom.

Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, dio sus primeros pasos en Diario 16, Antena 3 Radio y la agencia Efe. En TVE comenzó su larga trayectoria en el área de deportes, que le llevó a presentar Teledeporte y a cubrir los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, Seúl y Barcelona. A lo largo de una sólida carrera ha presentado y dirigido telediarios, programas de actualidad y debates. Fue presentadora de los telediarios, reportera en Informe semanal y en Crónicas y dirigió Imprescindibles, un programa de documentales biográficos. Durante su etapa ligada a los informativos diarios, compartió pantalla con Luis Mariñas y Pedro Piqueras y en La 2 condujo Enfoque, un formato de análisis y debate sobre la actualidad.

Su paso por múltiples puestos dentro de TVE le ha granjeado un excelente conocimiento de la empresa. “Conoce muy bien la casa. La gente la respeta y la quiere. Está muy preparada. Sabe los entresijos de la televisión y está muy volcada con lo que debe ser una televisión pública”, aseguran dentro de la cadena. Por imperativo del convenio colectivo, tiene previsto acogerse a la jubilación el próximo mes de noviembre, cuando cumpla los 65 años. Pero llegar a esa edad no le impedirá seguir formando parte del consejo de administración.

Firme defensora del servicio público, Sánchez fue candidata, junto a otros 90 aspirantes, a presidir RTVE en el concurso público convocado por las Cortes. Formó parte de la lista presentada por los socialistas en el Parlamento y así entró a formar parte del consejo de administración. Durante la presentación de su proyecto ante el Congreso, confesó que no participaba sobre el fatalismo sobre el futuro y la vialidad de RTVE. Abogó por el servicio público, la información veraz como cortafuego de los bulos y el entretenimiento de calidad “digno y variado”. En aquella exposición aseguró que RTVE debía transformarse totalmente y defendió un plan estratégico a través del cual garantizar la viabilidad de la compañía y adaptarse al nuevo entorno digital. En los últimos meses, ha dirigido para TVE Encuentros, un espacio de entrevistas a fondo a personalidades de la cultura, presentado junto al periodista y escritor Jesús Marchamalo. Su estreno, en La 2, está previsto para el próximo 13 de octubre con una conversación con el pintor Antonio López. Entre las figuras que pasarán por el programa se encuentran también Santiago Muñoz Machado, Rosa Montero, Peridis, Luis Landero, Rosa Regás y Gonzalo Suárez.

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El Congreso rechaza ampliar el derecho al voto hasta los 16 años

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La diputada de ERC Marta Rosique, en su defensa de la propuesta, este martes en el Congreso.
La diputada de ERC Marta Rosique, en su defensa de la propuesta, este martes en el Congreso.FERNANDO VILLAR (EFE)

El Congreso rechazó este martes —y es ya la tercera vez— ampliar el derecho al voto a los 16 años. Lo que desestimó la Cámara en realidad fue una propuesta de ERC para activar ya el proceso legislativo, porque el PSOE no combate la idea, pero la supedita a una reforma más amplia de la ley electoral que hoy parece muy lejana. Solo los grupos a la izquierda de los socialistas y los independentistas de Junts anunciaron que apoyarán la iniciativa cuando se vote este jueves.

La diputada más joven de la Cámara, Marta Rosique (26 años), subió a la tribuna en nombre de ERC para defender que quien puede firmar un contrato laboral o autorizar un tratamiento médico también debe poder votar. Un argumento muy parecido al que ya se ha empleado para defender que las chicas de 16 años aborten sin permiso paterno y que se repitió en boca de casi todos los portavoces que se sumaron a la propuesta: Unidas Podemos, Junts, CUP, Compromís y BNG.

Rosique comparó los argumentos contrarios a la iniciativa con los que se esgrimieron en su día contra el sufragio femenino y evocó “a los jóvenes activistas de esta edad que han dado una lección y han sido un motor del cambio”. La diputada republicana no olvidó recordar al PSOE que en 2016 —”cuando estaba en la oposición”, subrayó— había votado a favor de una iniciativa similar. La réplica socialista a la diputada más joven partió de un veterano, José Zaragoza, quien esquivó cuidadosamente el fondo de la cuestión —se dedicó a zurrar a ERC y hasta al PP por otros asuntos— y defendió que el lugar para discutir este tipo de propuestas es una subcomisión específica creada en el Congreso para estudiar una reforma de la ley electoral. Hasta ahora la aportación de este grupo ha sido la supresión del llamado voto rogado de los residentes en el extranjero. El diputado de EH Bildu Jon Iñarritu apostó una comida desde la tribuna a que esa reforma global de la ley no saldrá adelante en lo que resta de legislatura. “Y la pagaría con gusto”, apostilló.

Entre los partidarios de esta “ampliación de derechos” hubo abundantes menciones a los países que ya la han implantado —16, según los cálculos de Iñarritu, además de cuatro estados alemanes— y a las recomendaciones en ese sentido de organismos internacionales como el Consejo de Europa. Unidas Podemos ya llevaba esta medida en el programa electoral y su diputada Lucía Muñoz (otra de las más jóvenes, con 29 años) la consideró “una cuestión democrática de primer orden”. De entre los detractores, solo el PP se detuvo en presentar una argumentación de fondo. Al igual que los socialistas, los populares pusieron en liza a un veterano, José Antonio Bermúdez de Castro, quien alegó que la propuesta choca con el precepto constitucional que establece la mayoría de edad a los 18 años. Subrayó que el Consejo de Europa también ha pedido que, además del derecho al voto, se introduzca el derecho a ser elegido a esa edad y se preguntó: “¿Alguien querría un alcalde de 16 años?”.

El PNV tampoco cuestionó el fondo y, en una línea parecida a la del PSOE, su diputado Mikel Legarda justificó su abstención porque cree que una medida así solo se puede tomar por consenso y tras una “reflexión sosegada”. El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, convirtió su intervención en una enmienda a la totalidad de la ley electoral, sin entrar en el asunto concreto. Vox también dio cancha a uno de sus diputados más juveniles, José María Figaredo (34 años), cuyos argumentos despertaron una mezcla de protestas e hilaridad en las bancadas opuestas. “Eso es lo que la izquierda ofrece a los jóvenes: ‘¡Votad a los 16 años!’, ‘¡consumid estupefacientes!”, clamó Figaredo, quien arremetió además contra la diputada proponente porque “ha vivido siempre de las mieles de la política”. Como Rosique ya no tenía derecho a réplica, se la hizo el socialista Zaragoza, quien recordó a Figaredo que ese justamente es el caso del líder de su partido, Santiago Abascal.

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