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El Supremo condena a Chaves y Griñán en el ‘caso de los ERE’ por crear un sistema de ayudas para “evitar todo control administrativo”

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El Tribunal Supremo considera que la cúpula del Gobierno andaluz creó y mantuvo, entre los años 2000 y 2009, un sistema de concesión de ayudas sociolaborales para evitar “todo control administrativo”, “disponiendo del dinero público de forma discrecional y al margen de toda legalidad”. Esta es la conclusión a la que han llegado tres de los cinco magistrados del alto tribunal que revisaron los recursos presentados por los expresidentes socialistas andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán contra la sentencia de la Audiencia de Sevilla que les condenó por el fraude de los ERE.

El Supremo ha notificado este miércoles la sentencia, que ya es firme y que condena a Griñán a seis años de cárcel por un delito de malversación. La resolución cuenta con el voto particular de dos magistradas, que consideran que Griñán y otros cuatro ex altos cargos de la Junta condenados por el Supremo no malversaron. El fallo absuelve a tres ex altos cargos, condena a cinco por prevaricación y a 10 por malversación, lo que implica su ingreso en la cárcel.

La Sala de lo Penal del Supremo comunicó el pasado 26 de julio el fallo al que habían llegado los magistrados que han revisado el recurso del caso de los ERE, y que incluía la confirmación de las condenas de seis años de prisión a Griñán por malversación y nueve de inhabilitación a Chaves por prevaricación. Pero faltaba por conocer el contenido íntegro de la sentencia con los argumentos que han llevado a los jueces a ratificar la tesis de la Audiencia de Sevilla y eso es lo que ha notificado este miércoles el alto tribunal en un fallo de 1.205 páginas.

Según el Supremo, los dos expresidentes andaluces y el resto de altos cargos intervinieron de forma “determinante” en los procesos de aprobación de las partidas presupuestarias que permitieron la concesión y ayuda sociolaborales, y lo hicieron “a sabiendas” de que las aprobaban a través de “un instrumento jurídico ilegal” y ”con la finalidad de eludir el control previo” de la Intervención de la Junta de Andalucía y la restante normativa de subvenciones aprobada por el Parlamento andaluz.

Esta es la base del delito de prevaricación que se atribuye a Griñán y Chaves y a otros ex altos cargos, entre ellos Gaspar Zarrías, exconsejero de Presidencia; Magdalena Álvarez, exconsejera de Economía y exministra de Fomento; José Salgueiro, exviceconsejero de Hacienda; Antonio Vicente Lozano, ex director general de Presupuestos; y Jacinto Cañete, ex director general de IDEA.

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A Griñán y otros cuatro exconsejeros, dos exvicesonseveros y dos ex directores Generales se les imponen penas de cárcel como autores de un delito de malversación. Según los tres magistrados que firman la sentencia mayoritaria (Juan Ramón Berdugo, Eduardo de Porres y Carmen Lamela), su actuación no se limitó a utilizar un “criterio ilegal” de presupuestación para conseguir agilizar las ayudas sino que, además, decidieron disponer de los fondos públicos “sin control” de forma “discrecional y arbitraria, al margen de todo condicionante legal”. Sobre el expresidente, subrayan que no evitara el fraude con su “pasividad”: “Tuvo conocimiento [Griñán] también de las ilegalidades que se venían produciendo en la concesión y pago de las ayudas, haciendo posible con su pasividad que esta situación se prolongara”.

Los jueces justifican que como consejero de Economía, Griñán debía conocer las irregularidades, aunque sin aportar hechos concretos: “Desde criterios de racionalidad y sentido común Griñán tuvo conocimiento de la ilegalidad (…) Los canales de información de que disponía para advertir lo que sucedía eran muy diversos”. Los jueces creen que su viceconsejera, Carmen Martínez-Aguayo, debió trasladarle los informes de la Intervención que alertaron del fraude: “Los informes se referían a una actuación palmariamente ilegal, fueron reiterados y contenían una información altamente preocupante y suficientemente precisa del despilfarro de los fondos públicos, pese a lo cual las partidas presupuestarias ilegales se siguieron aprobando año a año de forma contumaz”.

El tribunal sostiene que se pagaron las ayudas a trabajadores inmersos en procesos de reestructuración sin efectuar los controles que las leyes establecen antes y después de su concesión, y el dinero presupuestado se utilizó también para otros fines diferentes, sin cumplir siquiera las finalidades previstas en los presupuestos. “Se modificó el sistema de presupuestación, no por razones técnicas o neutrales, sino con una deliberada finalidad: con el pretexto de agilizar el pago de ayudas se buscó un sistema para disponer libérrimamente de los fondos públicos eliminando todos los controles y todas las exigencias de la normativa de subvenciones”, señala el Supremo.

La sentencia cuenta con el voto particular de las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, que discrepan sobre la condena impuesta por malversación a Griñán y otros cuatro ex altos cargos, ya que no hay pruebas que los incriminen ni consideran el delito acreditado. Según ambas magistradas, estos acusados no deben responder por la concesión irregular de ayudas que se materializaba en la fase final de ejecución de los presupuestos autonómicos. “Ninguno de los cinco acusados referidos intervino en esos actos fraudulentos del tramo final de la ejecución del presupuesto, ni tampoco tuvo conocimiento de que estaban siendo realizados por autoridades y funcionarios de la Consejería de Empleo”, sostiene.

El abogado de Griñán, José María Calero, prevé presentar un incidente de nulidad ante el Supremo y un recurso de amparo ante el Constitucional, basándose en el voto particular de las dos juezas discrepantes.

Las magistradas que firman el voto particular sostienen que la conclusión a la que han llegado sus compañeros va más allá de la que alcanzó la Audiencia de Sevilla, dado que el tribunal que juzgó el caso no estimó que la decisión de las autoridades y funcionarios de la Consejería de Empleo y de las autoridades políticas que establecieron el procedimiento específico para la concesión de ayudas fuera “un mero pretexto para cometer actos arbitrarios malversadores”. “Es decir, se obtiene una inferencia que rebasa ampliamente los márgenes que fijó la sentencia” recurrida, advierten Ferrer y Polo.

“Para sentar su desmesurada y desbordante conclusión”, critican las juezas, sus tres compañeros que firman la sentencia mayoritaria prescinden de lo que, según la Audiencia, justificó el objetivo inicial de todos los acusados: “Imprimir rapidez y agilidad en la adopción y ejecución de las medidas políticas necesarias para paliar las necesidades urgentes derivadas de la crisis socioeconómica que aquejó Andalucía”. En esta fase, según el voto particular, se cometen “actos subsumibles en el delito de prevaricación, pero no en el de malversación”. Y concluyen su argumentación con una crítica sin tapujos a sus compañeros de tribunal: “Los indicios barajados no son unívocos y concluyentes, sino que construyen una secuencia incriminatoria a través de inferencias demasiado ambiguas y abiertas, que generan márgenes de incertidumbre en los aspectos nucleares sobre los que se construye la autoría de los acusados”.

Una vez que la sentencia es firme, se abre el proceso para la entrada en la cárcel de los condenados. El Supremo ya ha enviado a la Audiencia de Sevilla el fallo y esta ahora debe ejecutarlo. Este órgano debe citar a las partes y, habitualmente, les concede un plazo de 10 días para presentarse en el centro penitenciario que elijan. Pero la petición de indulto que ya ha presentado la familia de Griñán y que prevén presentar la mayoría de los condenados por malversación, puede retrasar este paso. Para eso, las defensas solicitarán a la Audiencia de Sevilla que retrase la ejecución de la sentencia.

“En un caso normal, la Sala reclama a los penados que ingresen en prisión en 10 días, pero mañana o pasado presentaremos los indultos y pediremos la suspensión y la sala decidirá”, apunta un abogado que exige anonimato. Los letrados pedirán a la Audiencia que suspenda el ingreso en la cárcel invocando el artículo 4.4 del Código Penal mientras se tramita la medida de gracia. La mayoría de los condenados prevén también recurrir ante el tribunal Constitucional. Para estos casos, la jurisprudencia contempla la posibilidad de dejar en suspenso la pena para aquellos condenados que hayan sido castigados con menos de cinco años de cárcel. Una medida excepcional que no siempre se aplica y que depende de las circunstancias particulares.

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La ‘reina de la coca’ paga por traficar: condenada a 16 años de cárcel

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Ana María Cameno, en el banquillo de la Audiencia Nacional, el pasado 29 de marzo.
Ana María Cameno, en el banquillo de la Audiencia Nacional, el pasado 29 de marzo.

El peso de la ley ha caído sobre Ana María Cameno, alias La reina de la coca. La Audiencia Nacional ha condenado a 16 años de cárcel a esta burgalesa de familia acomodada, que levantó un presunto imperio del narco desde la nada y que en 2011 ya fue detenida por montar el mayor laboratorio de cocaína de Europa. El tribunal ha considera probado que la acusada, tras aquel arrestó, volvió a las andadas y creó una nueva organización criminal para traficar con este estupefaciente. Una trama que encabezaba y dirigía al detalle, según reza el fallo de los jueces, que le impone también una multa de 21,2 millones de euros.

La sentencia, fechada el 21 de septiembre y a la que tuvo acceso EL PAÍS, inflige un duro golpe a la reina de la coca. Muy esquiva con la prensa durante el juicio celebrado la pasada primavera, Cameno se acogió a su derecho a no declarar ante el tribunal y observó satisfecha cómo ninguno de sus colaboradores la delataba. Pero la baza del silencio no le ha servido para esquivar la condena. Y la policía la detuvo esta misma semana, antes de conocerse el contenido de la resolución judicial, ante el peligro de que se fugase tras hacerse público el fallo, según la agencia Efe.

La Fiscalía pedía inicialmente 25 años de cárcel para la narco por liderar una organización criminal e impulsar operaciones para la venta de casi 100 kilos de cocaína en 2014 que le reportarían beneficios millonarios. Una condena que el tribunal ha dejado en 16 años de prisión: 12 por tráfico de drogas y 4 por blanqueo de capitales. Eso sí, los magistrados la han absuelto del delito de tenencia ilícita de armas. La Audiencia Nacional ha impuesto también penas, de cuatro a nueve años de cárcel, a 11 de sus colaboradores. Otro de ellos, José Ramón Parra, quien fuera pareja de La Reina, huyó antes del juicio.

La sentencia describe la intensa implicación de Cameno en el negocio de la droga. “Mantenía contactos regulares con los suministradores y con los encargados del transporte de la sustancia”, explican los jueces en su resolución, donde se detalla que la narco también se encargaba, junto a su entonces novio, de los pagos por la venta de la cocaína, “así como de los contactos con la red encargada de darle soporte técnico, jurídico y financiero [para] garantizar la ocultación y colocación en el exterior de los fondos procedentes de la actividad delictiva”.

Los magistrados también explican que —pese a que ni ella ni su pareja “desarrollaban ninguna actividad laboral, mercantil o empresarial lícita”— vivían a todo trapo. “Disponían de varias casas lujosas arrendadas, vehículos de alta gama y otros muchos gastos suntuarios”, enumera la sentencia: “Estas consideraciones se efectúan exclusivamente para poner de manifiesto que los únicos ingresos económicos conocidos de los referidos eran los que pueden deducirse de su dedicación en exclusiva al tráfico de drogas, a través de la estructura que tenían organizada al efecto”.

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La Policía siempre ha definido a la reina de la coca como una mujer muy preocupada por los detalles. La Audiencia Nacional también lo deja claro: “Adoptaba medidas de seguridad extremas, evitando en lo posible las comunicaciones telefónicas, valiéndose de terceras personas y realizando encuentros personales en el interior de los distintos vehículos de los que era usuaria y en otros lugares”, subraya el dictamen firmado por los magistrados José Ricardo de Prada, José Antonio Mora y María Teresa García.

Cameno tiene otra causa pendiente en la Audiencia Nacional. El tribunal tiene pendiente juzgarla por su arresto de 2011, cuando comienza a construir su leyenda al poner en marcha presuntamente el mayor laboratorio de cocaína de Europa, para el que se había traído a cuatro profesores de bioquímica de una universidad colombiana que “desarrollasen el proceso de fabricación y manipulación” de la cocaína, según el juez instructor. Para entonces, la narco ya había escalado a la cumbre del narcotráfico español, contaba con una veintena de subordinados y había tejido relaciones con otras tres organizaciones: el clan de Los Miami, dirigido por los hermanos Álvaro y Artemio López Tardón; la banda de los hermanos Raúl y Víctor Juárez Smith; y la red del hispano-colombiano Laurentino Sánchez, Lauro.

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RTVE elige como presidenta provisional a la periodista Elena Sánchez tras la dimisión de Tornero

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El presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, durante una comparecencia en el Congreso, el 28 de abril.
El presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, durante una comparecencia en el Congreso, el 28 de abril.MARISCAL (EFE)

Elena Sánchez Caballero, una profesional con una larga trayectoria en RTVE, será la nueva presidenta provisional de la corporación de la radio y televisión públicas, según ha resultado de una reunión del Consejo de Administración del ente este martes. Sánchez ha recibido los apoyos de los representantes del PSOE (dos votos de los tres que tiene), Unidas Podemos (dos votos) y PNV (un voto). El PP (tres votos) ha rechazado la candidatura. También concurría al puesto el consejero Ramón Colom (por el PSOE), que se ha votado a sí mismo.

Con la elección de Elena Sánchez se cierra una crisis abierta tras la dimisión este lunes de José Manuel Pérez Tornero, que ha ocupado la presidencia de RTVE durante año y medio. La retirada de la confianza por parte de sus principales avales, los socialistas y Unidas Podemos, ha llevado a la corporación a un callejón sin salida. La elección de Sánchez, una periodista vinculada desde hace cuatro décadas a RTVE, al frente del consejo de administración supone una apuesta interna, con un gran conocimiento de la empresa, de sus necesidades y sus retos.

Una situación similar se produjo tras la renuncia de Alberto Oliart en 2011, que también fue elegido con el apoyo del PP y del PSOE durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Para poner en marcha el proceso de sucesión tras la salida de Pérez Tornero y analizar las alternativas de relevo, el secretario general de la corporación, Alfonso Morales, se reunió ese lunes en La Moncloa con responsables del Gobierno. El consejo de informativos de RTVE ha emitido un comunicado en el que manifiesta su “honda preocupación” por el futuro inmediato de la corporación y lanza un mensaje al actual Gobierno y al arco parlamentario: “Si los presentes o inmediatos movimientos en RTVE tienen por objetivo someter a este servicio público a intereses partidistas, los trabajadores no lo permitiremos”.

La ley establece que el Congreso de los Diputados designará entre los consejeros electos el que desempeñará el cargo de presidente de la corporación y del consejo, una elección que requiere dos tercios de la Cámara. Pero no es previsible que en el actual contexto político los dos principales partidos alcancen un pacto para elegir a un nuevo responsable de RTVE, toda vez que los puentes entre el PSOE y el PP para la renovación de las instituciones parecen estar dinamitados.

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En 2018, la falta de votos en Congreso para renovar el consejo de RTVE condujo a una situación de interinidad que se prolongó durante tres años. La periodista Rosa María Mateos fue elegida administradora provisional única, un cargo en el que se mantuvo hasta marzo de 2021, cuando las Cortes eligieron a Pérez Tornero. La ley fijaba su mandato en seis años, pero ha dejado el cargo a los 18 meses tras haber perdido la confianza del PSOE y de Unidas Podemos.

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Elena Sánchez, cuatro décadas en defensa de la televisión pública

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La periodista Elena Sánchez Caballero, en una imagen de archivo.
La periodista Elena Sánchez Caballero, en una imagen de archivo.

La nueva presidenta provisional de RTVE, Elena Sánchez Caballero (Madrid, 64 años), está ligada a la televisión pública del 1984. Entró con un contrato temporal y tres años más tarde obtuvo una plaza por oposición. En estas cuatro décadas ha desempeñado todo tipo de labores, desde redactora de base a alta directiva, y ha visto cómo se ha ido transformando una empresa históricamente codiciada por los gobiernos de turno y sometida a los vaivenes políticos. Comprometida con el servicio público, ha estado delante y detrás de las cámaras y ha asumido funciones directivas. En 2018 se incorporó al equipo de Rosa María Mateo como secretaria general de la corporación, cargo que abandonó por decisión propia dos años más tarde. Desde marzo de 2021 forma parte del consejo de administración de RTVE a propuesta de los socialistas, en un cuarteto del que también formaron parte José Manuel Pérez Tornero, Concepción Cascajosa y Ramón Colom.

Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, dio sus primeros pasos en Diario 16, Antena 3 Radio y la agencia Efe. En TVE comenzó su larga trayectoria en el área de deportes, que le llevó a presentar Teledeporte y a cubrir los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, Seúl y Barcelona. A lo largo de una sólida carrera ha presentado y dirigido telediarios, programas de actualidad y debates. Fue presentadora de los telediarios, reportera en Informe semanal y en Crónicas y dirigió Imprescindibles, un programa de documentales biográficos. Durante su etapa ligada a los informativos diarios, compartió pantalla con Luis Mariñas y Pedro Piqueras y en La 2 condujo Enfoque, un formato de análisis y debate sobre la actualidad.

Su paso por múltiples puestos dentro de TVE le ha granjeado un excelente conocimiento de la empresa. “Conoce muy bien la casa. La gente la respeta y la quiere. Está muy preparada. Sabe los entresijos de la televisión y está muy volcada con lo que debe ser una televisión pública”, aseguran dentro de la cadena. Por imperativo del convenio colectivo, tiene previsto acogerse a la jubilación el próximo mes de noviembre, cuando cumpla los 65 años. Pero llegar a esa edad no le impedirá seguir formando parte del consejo de administración.

Firme defensora del servicio público, Sánchez fue candidata, junto a otros 90 aspirantes, a presidir RTVE en el concurso público convocado por las Cortes. Formó parte de la lista presentada por los socialistas en el Parlamento y así entró a formar parte del consejo de administración. Durante la presentación de su proyecto ante el Congreso, confesó que no participaba sobre el fatalismo sobre el futuro y la vialidad de RTVE. Abogó por el servicio público, la información veraz como cortafuego de los bulos y el entretenimiento de calidad “digno y variado”. En aquella exposición aseguró que RTVE debía transformarse totalmente y defendió un plan estratégico a través del cual garantizar la viabilidad de la compañía y adaptarse al nuevo entorno digital. En los últimos meses, ha dirigido para TVE Encuentros, un espacio de entrevistas a fondo a personalidades de la cultura, presentado junto al periodista y escritor Jesús Marchamalo. Su estreno, en La 2, está previsto para el próximo 13 de octubre con una conversación con el pintor Antonio López. Entre las figuras que pasarán por el programa se encuentran también Santiago Muñoz Machado, Rosa Montero, Peridis, Luis Landero, Rosa Regás y Gonzalo Suárez.

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