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Nueve ONG denuncian la muerte de una mujer por disparos de policías marroquíes cuando iba a subir a una patera

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Nueve organizaciones no gubernamentales han denunciado en un comunicado que una mujer de origen subsahariano murió en la madrugada del lunes por un disparo de agentes de la Gendarmería marroquí que intentaban evitar la salida de una patera, rumbo a Canarias, desde una playa situada entre las localidades de Akfhennir y Tarfaya (en el sur de Marruecos, próximas al Sáhara Occidental). En la embarcación se disponían a viajar 35 personas (29 de ellas subsaharianas y seis marroquíes). Entre ellas había, según han relatado los migrantes a estas ONG, 15 mujeres y dos niños. Las autoridades marroquíes no han confirmado el incidente.

Helena Maleno, portavoz de Caminando Fronteras, ha explicado en conversación telefónica con este periódico que, según los testimonios que ella ha recabado, la policía apareció cuando los migrantes estaban inflando la neumática. Para ganar tiempo, lanzaron piedras contra los agentes, quienes abrieron fuego. “A esta chica le pegaron en el pecho”, relata Maleno, quien cita a testigos supervivientes. “Pero además hay varios heridos, tres de ellos graves con heridas de bala en la espalda”, dice. La activista asegura que entre los heridos se encuentra el hijo del alcalde de Akfhennir, de 26 años. Además, relata, varios jóvenes fueron atropellados por un coche mientras intentaban ponerse a salvo de los disparos. Según el medio local Bladna 24, el cadáver de la mujer se encuentra en la morgue del hospital Moulay Hassan bin Al-Mehdi en El Aaiún, donde también están ingresados los heridos.

Asesinada de un tiro en el pecho una joven subsahariana cuando intentaba subir a una patera. Las autoridades marroquíes abrieron fuego contra los migrantes.

— Helena Maleno Garzón (@HelenaMaleno) September 12, 2022

“Nosotras hemos podido hablar con varios supervivientes”, ha asegurado Maleno, “y está todo el mundo en shock”. “Nunca habíamos visto una operación policial con una violencia así en una playa”, ha relatado la activista. “Nuestras compañeras sobre el terreno están intentando que se identifique a la chica muerta, para que así se informe a los familiares y se le dé sepultura y para que las administraciones tomen medidas”.

“El empleo de armas de fuego frente a población civil no armada”, sostienen las nueve asociaciones firmantes en su comunicado, “evidencia una vez más el incremento exponencial del uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad estatales [marroquíes] en sus actuaciones en territorio fronterizo, considerándose a las personas migrantes como una amenaza en vez de como sujetos de cuidado y derecho”.

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En este sentido, Maleno sostiene que, tras los acuerdos entre España y Marruecos, la ruta atlántica “se está pareciendo cada vez más a la libia, tanto en las salidas como en la violencia de las autoridades y la de las redes criminales”. “La situación era dura antes, pero desde la masacre de Melilla está siendo un horror”, subraya. En la madrugada del pasado 24 de junio, 2.000 personas intentaron entrar en España escalando las vallas que separan ambos países, con el resultado de 23 africanos muertos y al menos 200 heridos, según cifras oficiales. “Aquello fue una muestra por parte de Marruecos. Y España y Europa no solo aplaudieron, sino que incrementaron la ayuda a Marruecos contra la inmigración”, incide Maleno.

En agosto, fuentes comunitarias anunciaron a este periódico que Bruselas ultima un paquete de al menos 500 millones de euros con los que se cubrirán parte de los esfuerzos de Rabat contra la inmigración irregular. Este acuerdo constituyó una señal del creciente protagonismo de Marruecos como socio no solo de España o Francia, sino de todo el club comunitario. “La externalización del control de las fronteras por parte de la Unión Europea y del Estado español al Reino de Marruecos”, señalan en este sentido las nueve asociaciones firmantes, “continúa agravando la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran las personas migrantes en estos territorios y vulnerando de forma sistemática el derecho fundamental a la vida”. El comunicado lo suscriben las siguientes organizaciones: Caminando Fronteras, Coordinadora de Barrios, Asociación Apoyo, Asociación Elin, Mundo en Movimiento, Asociación Karibu, CIEs no Madrid, CP San Carlos Borromeo y Red Solidaria de Acogida.

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El comisario europeo de Justicia se reunió con González Pons antes de viajar España

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El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha mantenido una reunión con el eurodiputado del Partido Popular Esteban González Pons antes de su viaje a España, esta semana, en el que abordará el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), empantanado desde hace casi cuatro años por el bloqueo del PP. La reunión, confirman en el Gabinete de Reynders, ha sido en Estrasburgo, hace unos 10 días, coincidiendo con el pleno del Parlamento Europeo. Desde el Gabinete del comisario belga señalan que es una práctica habitual de Reynders mantener reuniones con eurodiputados con cierta frecuencia para tratar asuntos legislativos en curso y futuros, así como temas de actualidad, y no dan más detalles del contenido de la reunión. González Pons, europarlamentario desde 2014, también es la persona elegida por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para negociar con el Gobierno la renovación del Poder Judicial.

Fuentes oficiales del PP han confirmado el encuentro, pero lo circunscriben a las “reuniones periódicas” de González Pons con Reynders en su calidad de portavoz para los temas de Justicia del Partido Popular Europeo, informa Elsa García de Blas. En ese encuentro no se habló “en ningún caso” del tema específico de España, aseguran estas fuentes, que añaden que les resulta “enternecedor que el Gobierno quiera decir ahora que el PP manda en la Comisión Europea, después de haber hablado de la complicidad de Von der Leyen con Pedro Sánchez”.

El comisario de Justicia no ha mantenido recientemente, no obstante, encuentros similares con otros eurodiputados ni con el Gobierno español; aunque se reunió con representantes del Ejecutivo de Pedro Sánchez (de los Veintisiete) la semana pasada en el marco del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE en Bruselas.

Un retraso “preocupante”

Reynders (liberal) ha insistido en que viaja a España para una visita habitual y no para resolver el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Pero durante el viaje, hablará del informe del Estado de Derecho de 2022, donde la Comisión define como “preocupante” el retraso en la renovación del CGPJ y pide a España que lo emprenda con “carácter prioritario”, además de reclamar a Madrid que cambie el método de elección de sus vocales “teniendo en cuenta las normas europeas”, es decir que los jueces elijan a los miembros del CGPJ de forma directa y no indirecta, como ahora, que son elegidos por las Cortes de una lista aportada por los jueces. El comisario también se preparará para la presidencia española de la UE, prevista para el segundo semestre de 2022, según su equipo.

El comisario europeo de Justicia, que la semana pasada aseguró que descarta instrumentos más duros —como el expediente sancionador que ha abierto a Polonia por su situación judicial— sobre España, intentará “facilitar el diálogo entre las fuerzas políticas para encontrar un apoyo rápido y urgente”, dicen desde su Gabinete.

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Feijóo sobre la dimisión de Pérez Tornero: “Demuestra que ni siquiera el Gobierno cumple los pactos”

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La dimisión del presidente de RTVE José Manuel Pérez Tornero, que ascendió a ese puesto por un pacto entre el PSOE y el PP, ha servido a Alberto Núñez Feijóo como argumento en su favor en el bloqueo de cualquier acuerdo entre el Gobierno y su partido, como en el caso del Consejo General del Poder Judicial. Tras el anuncio del cese de Pérez Tornero por haber perdido el favor de los socialistas y Unidas Podemos, el líder del PP ha acusado al Ejecutivo de “tomar” y “asaltar” las instituciones del Estado y de incumplir los acuerdos con la oposición. “Después de un pacto para el nombramiento del consejo de administración de RTVE, que el Gobierno unilateralmente lo rompa y obligue a cesar a una persona que había sido elegida, acredita que ni siquiera el Gobierno respeta los pactos. Esto es especialmente grave”, se ha quejado Feijóo.

El líder del PP ha cargado contra el Ejecutivo por lo que considera es una ocupación partidista de algunas instituciones del Estado, como RTVE, el CNI o el INE. “Lo que se ha venido a confirmar con la obligatoria dimisión del director de RTVE es la toma de las instituciones por parte del Gobierno. Han cesado a la directora del CNI, al del INE, y han pedido que dimita el director de la compañía de RTVE, que nace de un pacto entre los grandes partidos, simplemente porque no les gusta como dirige la cadena. Esto confirma la uitilización de las instituciones del Estado por parte del Gobierno”, ha manifestado en declaraciones a los periodistas en Palma de Mallorca.

“Es lamentable que vivamos en un país donde el Gobierno no distinga entre sus competencias para gobernar y las instituciones”, ha criticado Feijóo, que se ha detenido especialmente en la televisión pública. “Lamento que también RTVE se vea sometida al control férreo del Gobierno. Y es que, o haces lo que te mandan, o simplemente te cesan”, se ha quejado. En el pasado, los trabajadores de RTVE han promovido protestas contra el PP cuando estaba en el Gobierno por el control de la radiotelevisión pública, como los famosos viernes negros. En las televisiones autonómicas de Gobiernos populares también hay acusaciones de manipulación, como en Telemadrid, donde Isabel Díaz Ayuso tomó el control en 2021 con el cese de la dirección.

Feijóo ha aprovechado la dimisión de Pérez Tornero para alejar otros acuerdos con el Gobierno, como el del Consejo General del Poder Judicial, bloqueado desde hace casi cuatro años. “Es muy difícil fiarse de un Gobierno que ocupa las instituciones”, ha advertido el líder del PP, convencido de tener nuevos argumentos para cargar la responsabilidad de la falta de acuerdos en el PSOE.

El jefe de la oposición se ha pronunciado hoy, por otro lado, 48 horas después, sobre el triunfo de la ultraderecha en las elecciones en Italia. Tras haber optado por el silencio en su discurso ante el comité de dirección del PP este lunes, según su gabinete de forma consciente porque la dirección “no comenta otros procesos electorales”, Feijóo se ha referido este martes a la victoria de Giorgia Meloni a preguntas de los periodistas. El líder del PP ha manifestado “respeto por la decisión de los italianos” y ha reconocido que el Partido Popular Europeo (del que forma parte el partido de Silvio Berlusconi, Forza Italia) “no ha tenido un buen resultado en Italia”. A renglón seguido, Feijóo ha pedido al nuevo Gobierno de la coalición de conservadores, posfascistas y populistas que rectifique su euroescepticismo inicial, sobre todo en el caso de Meloni. “Habrá que respetar y ver qué hace el Gobierno de Italia. Todo lo que sea rectificar sus planteamientos iniciales en favor del europeísmo y de una Europa cohesionada sería una buena rectificación. Espero que algunas manifestaciones durante la campaña se maticen, e Italia no abandone el compromiso con el euro y con la UE”, ha reflexionado.

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Griñán presenta un incidente de nulidad ante el Supremo para intentar evitar la cárcel

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El expresidente andaluz José Antonio Griñán ha presentado este martes ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo un incidente de nulidad contra la sentencia que le condenó a seis años de cárcel por malversación y prevaricación en el caso de los ERE. Tras la petición de indulto parcial elevada al Gobierno por su familia a principios de septiembre y este recurso de nulidad, la defensa de Griñán prevé presentar a continuación un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por supuesta vulneración de algún derecho fundamental durante la investigación judicial, por el que los magistrados podrían suspender de manera excepcional la condena. Las tres iniciativas tienen el mismo objetivo: evitar el ingreso en prisión de quien fue también presidente del PSOE.

El incidente de nulidad, que tiene escasas posibilidades de prosperar según coinciden fuentes jurídicas, esgrime una posible lesión del principio de presunción de inocencia, al ser “fraccionada” la sentencia del Supremo en un primer anuncio el pasado 26 de julio (cuando se avanzó la condena) y la posterior notificación del fallo completo el pasado 14 de septiembre (con los argumentos y las 1.205 páginas del fallo). Para la defensa de Griñán, “durante 50 días hubo una proclamación pública de culpabilidad sin sentencia”.

Además, el incidente de nulidad señala la supuesta falta de contestación a dos de los motivos incluidos en el recurso de casación formulado por Griñán frente a la sentencia inicial de la Audiencia de Sevilla, avisa de dilaciones indebidas en el trámite de resolución del recurso de casación y, sobre todo, esgrime el voto particular formulado por dos de los cinco miembros del tribunal de la sentencia del Supremo.

Sobre la falta de contestación de dos motivos, la Audiencia mencionó “la pasividad” de Griñán cuando la Intervención General de la Junta reclamaba mejoras y este alegó que siempre elevó las peticiones de control financiero de la Intervención al Consejo de Gobierno. Sin embargo, el Supremo no contesta a esa petición de aclaración sobre la supuesta “pasividad” del expresidente, que ni siquiera se menciona en ese punto de la sentencia (página 499). Además, en la resolución de las cuestiones previas al juicio en la Audiencia, las ayudas sociolaborales no fueron incluidas como objeto de enjuiciamiento y luego sí aparecen en la sentencia, lo que para Griñán es una clara vulneración del derecho de defensa.

El tercer motivo del incidente de nulidad es el voto particular, emitido por las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, que diferencian, con relación al delito de malversación, entre quienes formaban parte de la Consejería de Empleo, donde descargan la responsabilidad de la malversación, y quienes intervinieron en el trámite presupuestario pero sin conocer ni participar directamente, a su juicio, en el reparto final de los fondos, como Griñán. “Ninguno de los cinco acusados referidos intervino en esos actos fraudulentos del tramo final de la ejecución del presupuesto, ni tampoco tuvo conocimiento de que estaban siendo realizados por autoridades y funcionarios de la Consejería de Empleo”, sostienen las juezas en su voto particular.

Por último, la defensa del expresidente destaca una “vulneración” del principio de presunción de inocencia, analizando que la sentencia del Supremo, “más que revisar” la de la Audiencia, “completa los vacíos” de la misma, es decir, que “va más allá” de su cometido. “De la eventual posibilidad de que Griñán conociera el dolo eventual, el Supremo le atribuye un dolo directo y dice que todos los políticos tenían el mismo propósito de sustraer fondos públicos. Es una afirmación que supera a la Audiencia de Sevilla y sin prueba de soporte”, subrayan fuentes de la defensa del expresidente. El incidente destaca también las dilaciones indebidas de dos años (entre el 15 de junio de 2020 y el 14 de septiembre de 2022) transcurridos entre el fallo de la Audiencia de Sevilla y el del Supremo.

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El incidente de nulidad solicita así anular la sentencia del Supremo o una “moderación” de las penas impuestas, pidiendo en paralelo la suspensión de la resolución judicial a la espera de respuesta a las cuestiones planteadas frente a la misma, recibida el pasado día 19 por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, precisamente para comenzar su fase de ejecución.

En su petición de indulto parcial, la familia de Griñán no alegó discrepancias con la sentencia sino “razones de humanidad y equidad”, ya que el expresidente andaluz es “un ciudadano de 76 años con una intachable trayectoria vital” y que, “tras más de 40 años al servicio público desde las más altas responsabilidades, jamás ha obtenido remuneración alguna distinta de su sueldo como funcionario”, descartando cualquier “enriquecimiento personal ni familiar”.

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Fuente, El Pais, www.elpais.com, Junto a su autor correspondiente .
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