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El PSOE acepta la comisión de la Operación Cataluña si se limita hasta su llegada al gobierno

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El PSOE negocia contra reloj con su socio de coalición y sus aliados nacionalistas en el Congreso de los Diputados la votación a favor este jueves en el pleno para que se forme una nueva comisión de investigación sobre corrupciones relacionadas con el PP, en este caso en torno al Ministerio del Interior y la llamada Operación Cataluña montada para desprestigiar a dirigentes independentistas catalanes. El PSOE persigue, para dar su visto bueno y que la comisión prospere y empiece a funcionar en las próximas semanas, que el objeto de la comisión se limite temporalmente hasta su llegada al Gobierno, en 2018, para demostrar que la policía ahora no ejecuta ese tipo de actuaciones ilegales.

El PSOE ya avanzó, antes del verano, su decisión de respaldar la iniciativa de poner en marcha esta nueva comisión de investigación sobre comportamientos irregulares fomentados durante los gobiernos del PP de Mariano Rajoy, presentada el 17 de junio por ERC, Junts, PDeCAT, la CUP y el BNG. Ahora esa propuesta debe pasar este jueves el filtro del pleno del Congreso y los socialistas siguen estudiando y negociando aspectos y detalles para validarla. Las conversaciones continúan, pero este lunes, tras los últimos contactos con algunos de esos partidos proponentes, el PSOE aún no había comunicado su voto final. Quiere asegurarse hasta dónde pretenden llegar en sus indagaciones algunos de esos socios habituales y también conocer qué tipo de comparecientes quieren solicitar para que acudan a declarar al Congreso; fijar unas condiciones mínimas de trabajo, según varios interlocutores consultados por EL PAÍS.

En estas últimas conversaciones, el PSOE también pretende delimitar de manera bien clara qué se puede considerar como Operación Cataluña y marcar así que se trataría de averiguar hasta dónde llegó la que entienden como una “conjura policial para fabricar pruebas falsas contra dirigentes del Gobierno catalán con el conocimiento de los principales jefes políticos del Ministerio del Interior” de la etapa del exministro popular Jorge Fernández. En la propuesta inicial de las formaciones nacionalistas, catalanas, vascas y gallegas, el objetivo de la comisión de investigación llegaba hasta la situación actual. El PSOE no acepta ese envite. Entiende que desde la llegada al poder de Pedro Sánchez y la actual coalición gubernamental ya no se realizan ese tipo de prácticas irregulares en Interior y que, por tanto, estos últimos años no deben ser motivo de indagaciones.

El PSOE está trasladando esas objeciones en estos días a sus aliados habituales en el Parlamento y todavía no ha comunicado qué votará este jueves cuando llegue la iniciativa al pleno. La primera intención es votar afirmativamente si los socios aceptan estas condiciones. El PP y los demás partidos del centro y la derecha se manifestarán en contra. Los socialistas engloban este tipo de actuaciones en su intención declarada de pasar “a la ofensiva” política y parlamentaria contra el PP actual de Alberto Núñez Feijóo, aunque el nuevo máximo dirigente popular no tuviera nada que ver con ese momento del gobierno de Rajoy.

La comisión de investigación de la Operación Cataluña se centra, fundamentalmente, en intentar destripar el origen de la decisión de poner en marcha desde Interior una serie de actuaciones para desacreditar a dirigentes separatistas catalanes en uno de los momentos más delicados del proceso independentista y según las informaciones y revelaciones publicadas por EL PAÍS y el diario digital Fuentes Informadas con una serie de audios que prueban la connivencia de los principales responsables de ese Ministerio con una cúpula policial comandada por el comisario jubilado José Manuel Villarejo que durante varios años se dedicó a elaborar y filtrar a determinados medios de comunicación informes cargados de pruebas falsas. El sentido final de esa operación contra esos dirigentes nacionalistas catalanes era desacreditarlos y, de esa manera, intentar frenar el desafío independentista que el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, puso en marcha desde septiembre de 2012.

En esos audios de la corrupción se puede escuchar cómo los comisarios de policía a los que el PP había dado todo el poder maquinaban estrategias para desacreditar a los principales dirigentes catalanes, con maniobras incluso de extorsión a determinados bancos para conseguir información incriminatoria. De alguna de esas maniobras era conocedor e incluso inductor, según los audios de la corrupción, el propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y la entonces secretaria general y número dos del PP, Dolores de Cospedal.

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En España esas maniobras no están investigadas en ningún juzgado. En Andorra hay una causa abierta en la que se ha imputado al expresidente Mariano Rajoy y a Fernández Díaz por haber puesto en marcha una operación de extorsión al Banco de Andorra a cambio de información sobre las cuentas del expresidente catalán Jordi Pujol. Esa operación acabó con el cierre de la Banca Privada de Andorra (BPA), donde Pujol ocultó una fortuna no declarada a la Hacienda española.

Si esta comisión de investigación prospera finalmente, será la tercera vez que el Congreso indague sobre las actuaciones del Ministerio del Interior de aquellos gobiernos del PP. Las maniobras sucias contra el independentismo ya coparon en 2017 la comisión sobre la llamada policía patriótica, el grupo de agentes bajo el mando de Fernández Díaz que desarrolló la Operación Cataluña. En esta legislatura ya se creó otra comisión que puso el foco en la Operación Kitchen, otra oscura trama policial para destruir las pruebas sobre financiación ilegal del PP en manos del extesorero del partido Luis Bárcenas. En ambos casos, las conclusiones de esas sesiones fueron demoledoras contra el exministro Fernández Díaz.

Anticorrupción sostiene que Cospedal puso en marcha “una estrategia para hacer desaparecer pruebas contra el PP”

EL PAÍS

La Fiscalía Anticorrupción pidió la semana pasada que se investigue la implicación de dirigentes del PP en el caso Kitchen, una causa que instruye el juez Manuel García-Castellón y en la que han sido procesados el exministro del Interior Jorge Fernández y su número dos, Francisco Martínez, por una operación ilegal para destruir pruebas contra el PP en la que participaron supuestamente media docena de policías.

El escrito de Anticorrupción para justificar esta medida desglosa las distintas conversaciones grabadas por Villarejo con la que fue secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, y el exsecretario de Estado del ministerio del Interior Francisco Martínez. En esas conversaciones, pertenecientes al primer semestre de 2013, cuando se puso en marcha la operación Kitchen, Cospedal conversa con el comisario José Manuel Villarejo sobre la forma de evitar que se publiquen los papeles de Barcenas, o sacar de la investigación al inspector de policía encargado de hacer los informes para el juez que instruía el caso en aquel momento. 

Anticorrupción, que ya recurrió la decisión del juez de exculpar a Cospedal y sacarla de la causa, pide ahora que se vuelva a imputar a la exsecretaria general del PP y le atribuye, en función de las conversaciones conocidas tras su publicación en EL PAÍS y en el digital Fuentes Informadas, la intención de obstaculizar la investigación judicial contra el PP por financiación ilegal. “Los nuevos elemento indiciarios que contienen las grabaciones ahora publicadas”, señala la Fiscalía Anticorrupción, “ponen de manifiesto el contenido real de las reuniones entre María Dolores de Cospedal y el comisario Villarejo Pérez, que no era otro que poner en marcha una estrategia para hacer desaparecer parte de las pruebas que pudieran afectar al PP, o personalmente a la secretaria general del partido en el Gobierno, impidiendo su acceso al procedimiento penal del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional”.

Aunque Anticorrupción detalla las conversaciones en las que Villarejo presumía de que el expresidente Mariano Rajoy estaba al tanto de estas operaciones ilegales, no pide al juez la declaración del exlíder del PP.

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La ‘reina de la coca’ paga por traficar: condenada a 16 años de cárcel

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Ana María Cameno, en el banquillo de la Audiencia Nacional, el pasado 29 de marzo.
Ana María Cameno, en el banquillo de la Audiencia Nacional, el pasado 29 de marzo.

El peso de la ley ha caído sobre Ana María Cameno, alias La reina de la coca. La Audiencia Nacional ha condenado a 16 años de cárcel a esta burgalesa de familia acomodada, que levantó un presunto imperio del narco desde la nada y que en 2011 ya fue detenida por montar el mayor laboratorio de cocaína de Europa. El tribunal ha considera probado que la acusada, tras aquel arrestó, volvió a las andadas y creó una nueva organización criminal para traficar con este estupefaciente. Una trama que encabezaba y dirigía al detalle, según reza el fallo de los jueces, que le impone también una multa de 21,2 millones de euros.

La sentencia, fechada el 21 de septiembre y a la que tuvo acceso EL PAÍS, inflige un duro golpe a la reina de la coca. Muy esquiva con la prensa durante el juicio celebrado la pasada primavera, Cameno se acogió a su derecho a no declarar ante el tribunal y observó satisfecha cómo ninguno de sus colaboradores la delataba. Pero la baza del silencio no le ha servido para esquivar la condena. Y la policía la detuvo esta misma semana, antes de conocerse el contenido de la resolución judicial, ante el peligro de que se fugase tras hacerse público el fallo, según la agencia Efe.

La Fiscalía pedía inicialmente 25 años de cárcel para la narco por liderar una organización criminal e impulsar operaciones para la venta de casi 100 kilos de cocaína en 2014 que le reportarían beneficios millonarios. Una condena que el tribunal ha dejado en 16 años de prisión: 12 por tráfico de drogas y 4 por blanqueo de capitales. Eso sí, los magistrados la han absuelto del delito de tenencia ilícita de armas. La Audiencia Nacional ha impuesto también penas, de cuatro a nueve años de cárcel, a 11 de sus colaboradores. Otro de ellos, José Ramón Parra, quien fuera pareja de La Reina, huyó antes del juicio.

La sentencia describe la intensa implicación de Cameno en el negocio de la droga. “Mantenía contactos regulares con los suministradores y con los encargados del transporte de la sustancia”, explican los jueces en su resolución, donde se detalla que la narco también se encargaba, junto a su entonces novio, de los pagos por la venta de la cocaína, “así como de los contactos con la red encargada de darle soporte técnico, jurídico y financiero [para] garantizar la ocultación y colocación en el exterior de los fondos procedentes de la actividad delictiva”.

Los magistrados también explican que —pese a que ni ella ni su pareja “desarrollaban ninguna actividad laboral, mercantil o empresarial lícita”— vivían a todo trapo. “Disponían de varias casas lujosas arrendadas, vehículos de alta gama y otros muchos gastos suntuarios”, enumera la sentencia: “Estas consideraciones se efectúan exclusivamente para poner de manifiesto que los únicos ingresos económicos conocidos de los referidos eran los que pueden deducirse de su dedicación en exclusiva al tráfico de drogas, a través de la estructura que tenían organizada al efecto”.

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La Policía siempre ha definido a la reina de la coca como una mujer muy preocupada por los detalles. La Audiencia Nacional también lo deja claro: “Adoptaba medidas de seguridad extremas, evitando en lo posible las comunicaciones telefónicas, valiéndose de terceras personas y realizando encuentros personales en el interior de los distintos vehículos de los que era usuaria y en otros lugares”, subraya el dictamen firmado por los magistrados José Ricardo de Prada, José Antonio Mora y María Teresa García.

Cameno tiene otra causa pendiente en la Audiencia Nacional. El tribunal tiene pendiente juzgarla por su arresto de 2011, cuando comienza a construir su leyenda al poner en marcha presuntamente el mayor laboratorio de cocaína de Europa, para el que se había traído a cuatro profesores de bioquímica de una universidad colombiana que “desarrollasen el proceso de fabricación y manipulación” de la cocaína, según el juez instructor. Para entonces, la narco ya había escalado a la cumbre del narcotráfico español, contaba con una veintena de subordinados y había tejido relaciones con otras tres organizaciones: el clan de Los Miami, dirigido por los hermanos Álvaro y Artemio López Tardón; la banda de los hermanos Raúl y Víctor Juárez Smith; y la red del hispano-colombiano Laurentino Sánchez, Lauro.

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RTVE elige como presidenta provisional a la periodista Elena Sánchez tras la dimisión de Tornero

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El presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, durante una comparecencia en el Congreso, el 28 de abril.
El presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, durante una comparecencia en el Congreso, el 28 de abril.MARISCAL (EFE)

Elena Sánchez Caballero, una profesional con una larga trayectoria en RTVE, será la nueva presidenta provisional de la corporación de la radio y televisión públicas, según ha resultado de una reunión del Consejo de Administración del ente este martes. Sánchez ha recibido los apoyos de los representantes del PSOE (dos votos de los tres que tiene), Unidas Podemos (dos votos) y PNV (un voto). El PP (tres votos) ha rechazado la candidatura. También concurría al puesto el consejero Ramón Colom (por el PSOE), que se ha votado a sí mismo.

Con la elección de Elena Sánchez se cierra una crisis abierta tras la dimisión este lunes de José Manuel Pérez Tornero, que ha ocupado la presidencia de RTVE durante año y medio. La retirada de la confianza por parte de sus principales avales, los socialistas y Unidas Podemos, ha llevado a la corporación a un callejón sin salida. La elección de Sánchez, una periodista vinculada desde hace cuatro décadas a RTVE, al frente del consejo de administración supone una apuesta interna, con un gran conocimiento de la empresa, de sus necesidades y sus retos.

Una situación similar se produjo tras la renuncia de Alberto Oliart en 2011, que también fue elegido con el apoyo del PP y del PSOE durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Para poner en marcha el proceso de sucesión tras la salida de Pérez Tornero y analizar las alternativas de relevo, el secretario general de la corporación, Alfonso Morales, se reunió ese lunes en La Moncloa con responsables del Gobierno. El consejo de informativos de RTVE ha emitido un comunicado en el que manifiesta su “honda preocupación” por el futuro inmediato de la corporación y lanza un mensaje al actual Gobierno y al arco parlamentario: “Si los presentes o inmediatos movimientos en RTVE tienen por objetivo someter a este servicio público a intereses partidistas, los trabajadores no lo permitiremos”.

La ley establece que el Congreso de los Diputados designará entre los consejeros electos el que desempeñará el cargo de presidente de la corporación y del consejo, una elección que requiere dos tercios de la Cámara. Pero no es previsible que en el actual contexto político los dos principales partidos alcancen un pacto para elegir a un nuevo responsable de RTVE, toda vez que los puentes entre el PSOE y el PP para la renovación de las instituciones parecen estar dinamitados.

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En 2018, la falta de votos en Congreso para renovar el consejo de RTVE condujo a una situación de interinidad que se prolongó durante tres años. La periodista Rosa María Mateos fue elegida administradora provisional única, un cargo en el que se mantuvo hasta marzo de 2021, cuando las Cortes eligieron a Pérez Tornero. La ley fijaba su mandato en seis años, pero ha dejado el cargo a los 18 meses tras haber perdido la confianza del PSOE y de Unidas Podemos.

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Elena Sánchez, cuatro décadas en defensa de la televisión pública

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La periodista Elena Sánchez Caballero, en una imagen de archivo.
La periodista Elena Sánchez Caballero, en una imagen de archivo.

La nueva presidenta provisional de RTVE, Elena Sánchez Caballero (Madrid, 64 años), está ligada a la televisión pública del 1984. Entró con un contrato temporal y tres años más tarde obtuvo una plaza por oposición. En estas cuatro décadas ha desempeñado todo tipo de labores, desde redactora de base a alta directiva, y ha visto cómo se ha ido transformando una empresa históricamente codiciada por los gobiernos de turno y sometida a los vaivenes políticos. Comprometida con el servicio público, ha estado delante y detrás de las cámaras y ha asumido funciones directivas. En 2018 se incorporó al equipo de Rosa María Mateo como secretaria general de la corporación, cargo que abandonó por decisión propia dos años más tarde. Desde marzo de 2021 forma parte del consejo de administración de RTVE a propuesta de los socialistas, en un cuarteto del que también formaron parte José Manuel Pérez Tornero, Concepción Cascajosa y Ramón Colom.

Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, dio sus primeros pasos en Diario 16, Antena 3 Radio y la agencia Efe. En TVE comenzó su larga trayectoria en el área de deportes, que le llevó a presentar Teledeporte y a cubrir los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, Seúl y Barcelona. A lo largo de una sólida carrera ha presentado y dirigido telediarios, programas de actualidad y debates. Fue presentadora de los telediarios, reportera en Informe semanal y en Crónicas y dirigió Imprescindibles, un programa de documentales biográficos. Durante su etapa ligada a los informativos diarios, compartió pantalla con Luis Mariñas y Pedro Piqueras y en La 2 condujo Enfoque, un formato de análisis y debate sobre la actualidad.

Su paso por múltiples puestos dentro de TVE le ha granjeado un excelente conocimiento de la empresa. “Conoce muy bien la casa. La gente la respeta y la quiere. Está muy preparada. Sabe los entresijos de la televisión y está muy volcada con lo que debe ser una televisión pública”, aseguran dentro de la cadena. Por imperativo del convenio colectivo, tiene previsto acogerse a la jubilación el próximo mes de noviembre, cuando cumpla los 65 años. Pero llegar a esa edad no le impedirá seguir formando parte del consejo de administración.

Firme defensora del servicio público, Sánchez fue candidata, junto a otros 90 aspirantes, a presidir RTVE en el concurso público convocado por las Cortes. Formó parte de la lista presentada por los socialistas en el Parlamento y así entró a formar parte del consejo de administración. Durante la presentación de su proyecto ante el Congreso, confesó que no participaba sobre el fatalismo sobre el futuro y la vialidad de RTVE. Abogó por el servicio público, la información veraz como cortafuego de los bulos y el entretenimiento de calidad “digno y variado”. En aquella exposición aseguró que RTVE debía transformarse totalmente y defendió un plan estratégico a través del cual garantizar la viabilidad de la compañía y adaptarse al nuevo entorno digital. En los últimos meses, ha dirigido para TVE Encuentros, un espacio de entrevistas a fondo a personalidades de la cultura, presentado junto al periodista y escritor Jesús Marchamalo. Su estreno, en La 2, está previsto para el próximo 13 de octubre con una conversación con el pintor Antonio López. Entre las figuras que pasarán por el programa se encuentran también Santiago Muñoz Machado, Rosa Montero, Peridis, Luis Landero, Rosa Regás y Gonzalo Suárez.

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