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El PP plantea que la UE suspenda de forma temporal los derechos sobre emisiones de CO₂ para afrontar la crisis energética

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El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (a la izquierda), da el pésame al embajador del Reino Unido en España, Hugh Elliott, este lunes en Madrid.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (a la izquierda), da el pésame al embajador del Reino Unido en España, Hugh Elliott, este lunes en Madrid.Jesús Hellín (Europa Press)

Casi una semana después de que Alberto Núñez Feijóo enseñara en el debate con Pedro Sánchez en el Senado la carátula de su plan para afrontar la crisis energética, el PP ha difundido este lunes su contenido y lo ha remitido a La Moncloa. El documento, de 46 páginas, contiene un total de 59 propuestas que el PP dice estar dispuesto a negociar y consensuar en su caso con el Gobierno, aunque el texto es muy crítico con las medidas que ya ha planteado el Ejecutivo progresista, como la excepción ibérica o el impuesto a los beneficios extraordinarios a las eléctricas. En el plan del PP de Feijóo destaca una propuesta de incentivo al ahorro energético de familias y pequeñas empresas por la vía de descuentos directos en sus facturas, así como una medida que el PP propone que España defienda en la Unión Europea que podría implicar romper con la agenda climática internacional. Los populares plantean que la UE “suspenda” con carácter “temporal, reducido y orientado a ayudar en esta profunda crisis” los derechos de emisiones de CO₂ “por algunos meses”.

El PP defiende en el documento que, a pesar de que el compromiso con la reducción de emisiones de CO₂ es uno de los objetivos prioritarios para la lucha contra el cambio climático, “la grave crisis energética actual obliga a replantear el coste de estas emisiones”. Los populares proponen, en primer lugar, que España tome la iniciativa en el ámbito comunitario para lograr “una rebaja sustancial del precio de los derechos de emisión de CO₂″. Después, “si fuera necesario y así se acordase por la UE, aunque siempre matizando que sería con un carácter temporal, reducido y orientado a ayudar en esta profunda crisis, se podría plantear una suspensión de los derechos por algunos meses”, añade el texto.

Es decir, el PP plantea una especie de paréntesis en las reglas sobre las emisiones de gases de efecto invernadero para afrontar la crisis energética. Los derechos de emisión de CO₂ son la capacidad que tiene un tipo de instalación a emitir gases de efecto invernadero durante un periodo de tiempo, y están regulados a consecuencia de los compromisos que ha adquirido la UE en el protocolo de Kioto. “En ningún caso esta suspensión significaría renunciar a la posición europea ni a nuestros objetivos climáticos”, defienden los populares, aunque algunos expertos consideran que una medida como esta implicaría suspender los acuerdos internacionales de cambio climático y supone un guiño a los negacionistas y a Vox. “Es cierto que el entorno de dificultad nos está obligando a adoptar decisiones no previstas hasta la fecha con un claro carácter temporal orientadas a mejorar la situación del conjunto de europeos, pensando también en el empleo, la actividad económica y la respuesta a esta profunda incertidumbre”, añade el documento del PP.

Alivio de los precios

El plan del PP incluye como propuesta estrella para aliviar la carga del precio de la energía en las familias y las pequeñas empresas un sistema de bonificaciones progresivas en sus facturas. Es decir, el PP propone incentivar el ahorro de energía a familias y pymes reduciéndoles la factura en función del porcentaje de ahorro que consigan. Se establecen tres bandas: la primera, con ahorros de entre el 3% y el 6,9% (con una bonificación de un 5% el consumo de electricidad y un 10% el de gas); la segunda, con ahorros de entre el 7% y el 14,99% (con bonificación de un 10% la electricidad y un 20% el gas); la tercera, para ahorros superiores al 15% (con bonificaciones del 20% en el consumo eléctrico y el 40% en el de gas).

El mecanismo de esta medida funcionaría de forma similar a la bonificación que el Gobierno puso en marcha para la gasolina. Serían las propias empresas de gas y electricidad las que comprobarían el ahorro de sus clientes y les aplicarían en consecuencia la bonificación. Después, el Estado compensaría a las compañías. El PP ha calculado que esta medida tendría un coste para las arcas públicas de unos 2.900 millones de euros, aproximadamente, que los populares aseguran que podrían financiarse con el “exceso de recaudación” que ha logrado el Estado por la subida de precios de la energía y la inflación, que cifran en lo que va de año en más de 22.000 millones de euros, o en su caso utilizando también los fondos europeos.

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En cambio, el PP no comparte la principal fuente de financiación que el Gobierno ha buscado para aprobar medidas de alivio para familias y empresas por las consecuencias de la crisis energética: los impuestos a los beneficios extraordinarios a las eléctricas y a la banca. El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, coordinador del plan, ha asegurado este lunes en rueda de prensa que la posición del partido es “de entrada, no”, a estos tributos, porque “parece claro que esos impuestos serían al final pagados por los ciudadanos”. No obstante, el PP se ha resistido a confirmar hoy cuál será el sentido de su voto este martes en la toma en consideración de la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos para aprobar estos impuestos extraordinarios. Según las fuentes consultadas por EL PAÍS, el partido tiene debate interno sobre este asunto y sobre la mesa ha estado también en los últimos días la posibilidad de una abstención.

El PP se lanza también contra la otra gran medida del Gobierno de Pedro Sánchez, la excepción ibérica, que critica porque “no solo parece que no ha contenido los precios, sino que, además, ha agravado nuestra dependencia del gas”. El PP cuestiona la efectividad de esta iniciativa que España logró que Europa permitiera para la Península ibérica y que se ha planteado extender a todos los países de la UE. “Los últimos estudios acreditan que la excepción ibérica ha dado lugar aun incremento del consumo del gas en España para producir energía”, dice, en cambio, el documento del plan de Feijóo, que critica que “desde su entrada en vigor, el precio mayorista de la electricidad ha subido un 41%, hasta los 301 euros por megavatio/hora”, aunque no recoge el cálculo de cuánto se habría incrementado el precio sin este tope.

“Estimado presidente”, encabeza Feijóo la carta que le ha remitido a Pedro Sánchez junto con su plan energético. “Quedo a su disposición y la de su equipo para que podamos debatir sobre estas medidas, aclarar cualquier duda y, si fuese el caso, negociar su implantación”, escribe el líder del PP. Fuentes del partido reconocen que no esperan que el Ejecutivo recoja el guante y subrayan que ni siquiera han logrado el acuse de recibo de La Moncloa de otros de sus planes remitidos al Gobierno. El clima no parece el mejor para afrontar una negociación, después de que los populares votaran en contra del decreto de medidas energéticas del Ejecutivo y de que ni siquiera haya sido posible un mínimo de entendimiento para resolver la parálisis del Consejo General del Poder Judicial.

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El comisario europeo de Justicia se reunió con González Pons antes de viajar España

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El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha mantenido una reunión con el eurodiputado del Partido Popular Esteban González Pons antes de su viaje a España, esta semana, en el que abordará el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), empantanado desde hace casi cuatro años por el bloqueo del PP. La reunión, confirman en el Gabinete de Reynders, ha sido en Estrasburgo, hace unos 10 días, coincidiendo con el pleno del Parlamento Europeo. Desde el Gabinete del comisario belga señalan que es una práctica habitual de Reynders mantener reuniones con eurodiputados con cierta frecuencia para tratar asuntos legislativos en curso y futuros, así como temas de actualidad, y no dan más detalles del contenido de la reunión. González Pons, europarlamentario desde 2014, también es la persona elegida por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para negociar con el Gobierno la renovación del Poder Judicial.

Fuentes oficiales del PP han confirmado el encuentro, pero lo circunscriben a las “reuniones periódicas” de González Pons con Reynders en su calidad de portavoz para los temas de Justicia del Partido Popular Europeo, informa Elsa García de Blas. En ese encuentro no se habló “en ningún caso” del tema específico de España, aseguran estas fuentes, que añaden que les resulta “enternecedor que el Gobierno quiera decir ahora que el PP manda en la Comisión Europea, después de haber hablado de la complicidad de Von der Leyen con Pedro Sánchez”.

El comisario de Justicia no ha mantenido recientemente, no obstante, encuentros similares con otros eurodiputados ni con el Gobierno español; aunque se reunió con representantes del Ejecutivo de Pedro Sánchez (de los Veintisiete) la semana pasada en el marco del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE en Bruselas.

Un retraso “preocupante”

Reynders (liberal) ha insistido en que viaja a España para una visita habitual y no para resolver el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Pero durante el viaje, hablará del informe del Estado de Derecho de 2022, donde la Comisión define como “preocupante” el retraso en la renovación del CGPJ y pide a España que lo emprenda con “carácter prioritario”, además de reclamar a Madrid que cambie el método de elección de sus vocales “teniendo en cuenta las normas europeas”, es decir que los jueces elijan a los miembros del CGPJ de forma directa y no indirecta, como ahora, que son elegidos por las Cortes de una lista aportada por los jueces. El comisario también se preparará para la presidencia española de la UE, prevista para el segundo semestre de 2022, según su equipo.

El comisario europeo de Justicia, que la semana pasada aseguró que descarta instrumentos más duros —como el expediente sancionador que ha abierto a Polonia por su situación judicial— sobre España, intentará “facilitar el diálogo entre las fuerzas políticas para encontrar un apoyo rápido y urgente”, dicen desde su Gabinete.

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Feijóo sobre la dimisión de Pérez Tornero: “Demuestra que ni siquiera el Gobierno cumple los pactos”

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La dimisión del presidente de RTVE José Manuel Pérez Tornero, que ascendió a ese puesto por un pacto entre el PSOE y el PP, ha servido a Alberto Núñez Feijóo como argumento en su favor en el bloqueo de cualquier acuerdo entre el Gobierno y su partido, como en el caso del Consejo General del Poder Judicial. Tras el anuncio del cese de Pérez Tornero por haber perdido el favor de los socialistas y Unidas Podemos, el líder del PP ha acusado al Ejecutivo de “tomar” y “asaltar” las instituciones del Estado y de incumplir los acuerdos con la oposición. “Después de un pacto para el nombramiento del consejo de administración de RTVE, que el Gobierno unilateralmente lo rompa y obligue a cesar a una persona que había sido elegida, acredita que ni siquiera el Gobierno respeta los pactos. Esto es especialmente grave”, se ha quejado Feijóo.

El líder del PP ha cargado contra el Ejecutivo por lo que considera es una ocupación partidista de algunas instituciones del Estado, como RTVE, el CNI o el INE. “Lo que se ha venido a confirmar con la obligatoria dimisión del director de RTVE es la toma de las instituciones por parte del Gobierno. Han cesado a la directora del CNI, al del INE, y han pedido que dimita el director de la compañía de RTVE, que nace de un pacto entre los grandes partidos, simplemente porque no les gusta como dirige la cadena. Esto confirma la uitilización de las instituciones del Estado por parte del Gobierno”, ha manifestado en declaraciones a los periodistas en Palma de Mallorca.

“Es lamentable que vivamos en un país donde el Gobierno no distinga entre sus competencias para gobernar y las instituciones”, ha criticado Feijóo, que se ha detenido especialmente en la televisión pública. “Lamento que también RTVE se vea sometida al control férreo del Gobierno. Y es que, o haces lo que te mandan, o simplemente te cesan”, se ha quejado. En el pasado, los trabajadores de RTVE han promovido protestas contra el PP cuando estaba en el Gobierno por el control de la radiotelevisión pública, como los famosos viernes negros. En las televisiones autonómicas de Gobiernos populares también hay acusaciones de manipulación, como en Telemadrid, donde Isabel Díaz Ayuso tomó el control en 2021 con el cese de la dirección.

Feijóo ha aprovechado la dimisión de Pérez Tornero para alejar otros acuerdos con el Gobierno, como el del Consejo General del Poder Judicial, bloqueado desde hace casi cuatro años. “Es muy difícil fiarse de un Gobierno que ocupa las instituciones”, ha advertido el líder del PP, convencido de tener nuevos argumentos para cargar la responsabilidad de la falta de acuerdos en el PSOE.

El jefe de la oposición se ha pronunciado hoy, por otro lado, 48 horas después, sobre el triunfo de la ultraderecha en las elecciones en Italia. Tras haber optado por el silencio en su discurso ante el comité de dirección del PP este lunes, según su gabinete de forma consciente porque la dirección “no comenta otros procesos electorales”, Feijóo se ha referido este martes a la victoria de Giorgia Meloni a preguntas de los periodistas. El líder del PP ha manifestado “respeto por la decisión de los italianos” y ha reconocido que el Partido Popular Europeo (del que forma parte el partido de Silvio Berlusconi, Forza Italia) “no ha tenido un buen resultado en Italia”. A renglón seguido, Feijóo ha pedido al nuevo Gobierno de la coalición de conservadores, posfascistas y populistas que rectifique su euroescepticismo inicial, sobre todo en el caso de Meloni. “Habrá que respetar y ver qué hace el Gobierno de Italia. Todo lo que sea rectificar sus planteamientos iniciales en favor del europeísmo y de una Europa cohesionada sería una buena rectificación. Espero que algunas manifestaciones durante la campaña se maticen, e Italia no abandone el compromiso con el euro y con la UE”, ha reflexionado.

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Griñán presenta un incidente de nulidad ante el Supremo para intentar evitar la cárcel

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El expresidente andaluz José Antonio Griñán ha presentado este martes ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo un incidente de nulidad contra la sentencia que le condenó a seis años de cárcel por malversación y prevaricación en el caso de los ERE. Tras la petición de indulto parcial elevada al Gobierno por su familia a principios de septiembre y este recurso de nulidad, la defensa de Griñán prevé presentar a continuación un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por supuesta vulneración de algún derecho fundamental durante la investigación judicial, por el que los magistrados podrían suspender de manera excepcional la condena. Las tres iniciativas tienen el mismo objetivo: evitar el ingreso en prisión de quien fue también presidente del PSOE.

El incidente de nulidad, que tiene escasas posibilidades de prosperar según coinciden fuentes jurídicas, esgrime una posible lesión del principio de presunción de inocencia, al ser “fraccionada” la sentencia del Supremo en un primer anuncio el pasado 26 de julio (cuando se avanzó la condena) y la posterior notificación del fallo completo el pasado 14 de septiembre (con los argumentos y las 1.205 páginas del fallo). Para la defensa de Griñán, “durante 50 días hubo una proclamación pública de culpabilidad sin sentencia”.

Además, el incidente de nulidad señala la supuesta falta de contestación a dos de los motivos incluidos en el recurso de casación formulado por Griñán frente a la sentencia inicial de la Audiencia de Sevilla, avisa de dilaciones indebidas en el trámite de resolución del recurso de casación y, sobre todo, esgrime el voto particular formulado por dos de los cinco miembros del tribunal de la sentencia del Supremo.

Sobre la falta de contestación de dos motivos, la Audiencia mencionó “la pasividad” de Griñán cuando la Intervención General de la Junta reclamaba mejoras y este alegó que siempre elevó las peticiones de control financiero de la Intervención al Consejo de Gobierno. Sin embargo, el Supremo no contesta a esa petición de aclaración sobre la supuesta “pasividad” del expresidente, que ni siquiera se menciona en ese punto de la sentencia (página 499). Además, en la resolución de las cuestiones previas al juicio en la Audiencia, las ayudas sociolaborales no fueron incluidas como objeto de enjuiciamiento y luego sí aparecen en la sentencia, lo que para Griñán es una clara vulneración del derecho de defensa.

El tercer motivo del incidente de nulidad es el voto particular, emitido por las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, que diferencian, con relación al delito de malversación, entre quienes formaban parte de la Consejería de Empleo, donde descargan la responsabilidad de la malversación, y quienes intervinieron en el trámite presupuestario pero sin conocer ni participar directamente, a su juicio, en el reparto final de los fondos, como Griñán. “Ninguno de los cinco acusados referidos intervino en esos actos fraudulentos del tramo final de la ejecución del presupuesto, ni tampoco tuvo conocimiento de que estaban siendo realizados por autoridades y funcionarios de la Consejería de Empleo”, sostienen las juezas en su voto particular.

Por último, la defensa del expresidente destaca una “vulneración” del principio de presunción de inocencia, analizando que la sentencia del Supremo, “más que revisar” la de la Audiencia, “completa los vacíos” de la misma, es decir, que “va más allá” de su cometido. “De la eventual posibilidad de que Griñán conociera el dolo eventual, el Supremo le atribuye un dolo directo y dice que todos los políticos tenían el mismo propósito de sustraer fondos públicos. Es una afirmación que supera a la Audiencia de Sevilla y sin prueba de soporte”, subrayan fuentes de la defensa del expresidente. El incidente destaca también las dilaciones indebidas de dos años (entre el 15 de junio de 2020 y el 14 de septiembre de 2022) transcurridos entre el fallo de la Audiencia de Sevilla y el del Supremo.

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El incidente de nulidad solicita así anular la sentencia del Supremo o una “moderación” de las penas impuestas, pidiendo en paralelo la suspensión de la resolución judicial a la espera de respuesta a las cuestiones planteadas frente a la misma, recibida el pasado día 19 por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, precisamente para comenzar su fase de ejecución.

En su petición de indulto parcial, la familia de Griñán no alegó discrepancias con la sentencia sino “razones de humanidad y equidad”, ya que el expresidente andaluz es “un ciudadano de 76 años con una intachable trayectoria vital” y que, “tras más de 40 años al servicio público desde las más altas responsabilidades, jamás ha obtenido remuneración alguna distinta de su sueldo como funcionario”, descartando cualquier “enriquecimiento personal ni familiar”.

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