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El Gobierno inicia con la Agencia de Inteligencia Artificial el traslado de sedes fuera de Madrid

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La descentralización de las instituciones estatales pasa de la teoría a la práctica. La futura Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial estrenará el protocolo diseñado por el Gobierno para la ubicación de los organismos públicos de nueva creación fuera de la ciudad de Madrid. El Consejo de Ministros de este martes iniciará el proceso, al que podrán concurrir las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y que en un plazo máximo de seis meses resolverá el emplazamiento de la entidad. Su tramitación urgente reduciría el tiempo a la mitad. La Agencia dispondrá para su creación de una partida de cinco millones de euros, asignada con cargo a la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, y contará con un mínimo de 40 profesionales aunque el Gobierno pronostica que este número “aumentará sustancialmente” cuando entre en vigor el marco jurídico europeo regulador de los usos de la inteligencia artificial, según documentos oficiales a los que ha tenido acceso EL PAÍS.

El Gobierno aprobó en marzo el real decreto que en adelante regulará la desconcentración de los organismos de la Administración central. El establecimiento, inédito, de unas condiciones “de elección racionalizadas” para decidir dónde se establecen las instalaciones públicas del Estado pretende “aprovechar el potencial” de las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía y “reforzar el papel del sector público como elemento vertebrador”. “Está acreditado que las instituciones públicas ejercen un papel extremadamente beneficioso en los entornos físicos en los que se ubican”, destaca la normativa desarrollada por el Ministerio de Política Territorial, que dirige la también portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez. El objetivo principal de la estrategia nacional es contribuir a la fijación de población en cabeceras de comarca y capitales de ciertas provincias mediante la creación de empleos directos e indirectos en un intento de compensar una realidad que parece insalvable: 41 millones de españoles residen en el 30% del territorio -Madrid, algunas ciudades del interior y zonas costeras- y solo 6,4 millones habitan en el 70% del territorio. Pero eso no quiere decir que se vaya a limitar a tratar de repoblar la España vaciada sin seguir ninguna lógica.

La Agencia de Inteligencia Artificial es el ejemplo de que también se podrán beneficiar nudos logísticos y tecnológicos que, pese a su proyección, no podían competir en igualdad de condiciones con el efecto capitalidad de Madrid, que atrae a grandes empresas y concentra funcionarios y empleos mejor retribuidos. “En previsión de las funciones y objetivos específicos de la Agencia, se considera necesaria la determinación de la sede física, con carácter previo a la creación de la misma y, por supuesto, con carácter previo a su puesta en marcha, con el objeto de crear un ecosistema y/o polo de innovación y atracción de talento especializado en materia de inteligencia artificial o supervisión de los sistemas que lleven aparejado el uso de esta tecnología, a la zona elegida para albergar su sede”, recoge la memoria elaborada por los ministerios de Economía y de Política Territorial para determinar la futura sede.

Las fuentes gubernamentales consultadas son tajantes y niegan tanto la existencia de candidaturas oficiales como contactos previos con ninguna administración a la espera de iniciar el mecanismo de elección de la sede. Las autoridades interesadas partirán en igualdad de condiciones en un procedimiento “objetivo y competitivo”. Las ciudades de Granada y Santiago de Compostela han mostrado interés. Se da la circunstancia de que ambos alcaldes son del PSOE y que el PP preside a las dos comunidades implicadas (Andalucía y Galicia): las localidades que presenten su candidatura para albergar una entidad en su término municipal tendrán más opciones si cuentan con el respaldo de sus comunidades autónomas. Otras comunidades como Aragón, Asturias, Extremadura y la Comunidad Valenciana ya han mostrado su interés por acoger la Agencia Estatal de Salud Pública. Lo mismo sucede con la Agencia Espacial Española, para la que se han ofrecido Sevilla o Teruel.

Una Comisión Consultiva formada por nueve ministerios -la presidirá la titular de Política Territorial y en ella estarán representados Presidencia, Economía, Hacienda, Trabajo, Transición Ecológica y Reto Demográfico, Transportes, Derechos Sociales y Exteriores- tendrá un mes para establecer los criterios para la futura entidad. Las candidaturas podrán ofrecer compromisos adicionales como la cesión de bienes inmuebles y asumir los costes financieros. Cualquier ciudad de Madrid, con la excepción de la capital, podrá presentarse a este o los próximos procesos de descentralización. Esta será la hoja de ruta en adelante “salvo que razones especialmente motivadas impongan que se ubiquen en la capital”, es el escenario que contemplan en el Gobierno. La decisión final sobre la ubicación de las nuevas instituciones le corresponderá al Consejo de Ministros.

En el caso de la Agencia de Inteligencia Artificial, no se primará “la tendencia demográfica” de las autonomías que se postulen sino su pujanza tecnológica. “La sede escogida formará parte del sistema de conocimiento, innovación y desarrollo de la Inteligencia Artificial en España, lo que refuerza la conveniencia de una fijación previa de la sede para adecuar el escenario a los requerimientos técnicos, materiales y de personal para que la Agencia pueda desarrollar sus funciones con plenas garantías”, subraya la memoria. En ella se remarca que la Agencia será “un elemento preparatorio esencial para la posterior asunción rápida y eficaz de todas las obligaciones que imponga el Reglamento de la UE en materia de Inteligencia Artificial”, un área que depende del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que dirige Nadia Calviño. El Gobierno resalta además que con su puesta en marcha España “se anticipa” al resto de Estados miembros de la UE al tiempo que su creación contribuye a la vertebración del territorio, a reforzar la igualdad de oportunidades para quienes quieran integrarse en el sector público y a fortalecer el vínculo de las entidades públicas con su sector de actividad.

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La Agencia de Inteligencia Artificial actuará “con plena independencia orgánica y funcional” de las Administraciones Públicas, “de forma objetiva, transparente e imparcial”, según la memoria del Ejecutivo. Su finalidad es convertir a España en un país puntero liderando a nivel mundial el uso del castellano en la Inteligencia Artificial; la promoción de empleo cualificado; la mejora de la productividad de empresas y de la Administración Pública; y fomentar sectores estratégicos como el turismo, la restauración, la agricultura y alimentación, la movilidad y la energía. Entre sus funciones, aparte de su potestad “inspectora y sancionadora”, entra el asesoramiento a empresas y el sector público y el apoyo al desarrollo y uso de sistemas de inteligencia artificial energéticamente eficientes y sostenibles. También se encargará de la concienciación, divulgación y formación para el desarrollo y uso de una inteligencia artificial ética y confiable mediante guías y manuales de buenas prácticas. “La inteligencia artificial tiene un enorme potencial transformador socioeconómico y, si bien sus beneficios al respecto son muy reseñables, es cierto que también trae consigo riesgos que deben ser conocidos”, advierte el Gobierno.

Su personal estará compuesto inicialmente por diferentes perfiles, como empleados con conocimientos técnicos en materias de Tecnologías de la Información y Comunicación, preferiblemente del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Administración del Estado. La plantilla también contará con expertos en el funcionamiento de la Administración, la colaboración público-privada o asesores jurídicos, entre otros. La Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, perteneciente al Ministerio de Economía, plantea un modelo “con capacidad de ampliar sus funciones en fases sucesivas” para dar respuesta a los requerimientos futuros de la UE.

En cuanto al eventual traslado de trabajadores públicos, “no supondrá un perjuicio en su carrera profesional y se ajustará a lo dispuesto en la normativa aplicable sobre la materia para cada entidad”, según el real decreto que regula el procedimiento de ubicación de los nuevos organimos. La legislación especifica que se les deberán ofrecer “condiciones ventajosas”.

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RTVE y la Abogacía del Estado estudian una salida tras la dimisión de Pérez Tornero

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El presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, durante una comparecencia en el Congreso, el 28 de abril.
El presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, durante una comparecencia en el Congreso, el 28 de abril.MARISCAL (EFE)

La dimisión de José Manuel Pérez Tornero como presidente de RTVE tras haber perdido la confianza de una gran parte del consejo de administración, que se reúne este martes, abre un nuevo periodo de interinidad en la radio y televisión pública que no es inédito. Una situación similar se produjo tras la renuncia de Alberto Oliart en 2011, que también fue elegido con el apoyo del PP y del PSOE durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Para poner en marcha el proceso de sucesión tras la salida de Pérez Tornero y analizar las alternativas de relevo, el secretario general de la corporación, Alfonso Morales, se reunió ese lunes en La Moncloa con responsables del Gobierno. El consejo de informativos de RTVE ha emitido un comunicado en el que manifiesta su “honda preocupación” por el futuro inmediato de la corporación y lanza un mensaje al actual Gobierno y al arco parlamentario: “Si los presentes o inmediatos movimientos en RTVE tienen por objetivo someter a este servicio público a intereses partidistas, los trabajadores no lo permitiremos”.

“La situación jurídica es muy complicada”, aseguran fuentes de la empresa. Pero también mantienen que no hay prisa por llevar a cabo un relevo rápido, ya que el funcionamiento de la corporación está garantizado a través de una representación mancomunada formada por el secretario general de RTVE y por la directora corporativa, Marta Torralvo, que asumirían las cuestiones más urgentes, como la firma de contratos para mantener la actividad en marcha, y evitar así un bloqueo en la corporación. La Abogacía del Estado está en estos momentos evaluando todas las opciones posibles para salir de la provisionalidad.

La ley establece que el Congreso de los Diputados designará entre los consejeros electos el que desempeñará el cargo de presidente de la corporación y del consejo, una elección que requiere dos tercios de la Cámara. Pero no se prevé que en el actual contexto político los dos principales partidos alcancen un pacto para elegir a un nuevo responsable de RTVE, toda vez que los puentes entre el PSOE y el PP para la renovación de las instituciones parecen estar dinamitados. El PSOE podría proponer la elección de un décimo consejero en el Congreso y sacar adelante la votación en segunda ronda, para lo cual solo necesitaría mayoría absoluta y el apoyo de al menos la mitad de los grupos parlamentarios de la Cámara baja, que fue la que designó a Pérez Tornero. En este caso, la persona propuesta, según fuente de la corporación, debería ser uno de los 90 candidatos que se presentaron al concurso público.

Otras opciones pasan bien por establecer un sistema de rotatorio entre los nueve consejeros o bien designar a uno de ellos como presidente provisional. Tras la salida de Oliart la presidencia fue ostentada de forma rotatoria cada mes por los 11 miembros que componían entonces el consejo de administración. Tras un primer sorteo, se fueron sucediendo al frente del órgano de gestión de RTVE. Con este sistema, el control ejecutivo de la empresa quedaba en manos del propio consejo, que asumió las competencias que la ley otorga al presidente.

Designar un presidente provisional, que necesitaría al menos cinco votos para salir adelante, es una alternativa que también está sobre la mesa. PSOE y Unidas Podemos apuestan por el este modelo. Para el cargo, la consejera con más apoyo es Elena Sánchez Caballero, una profesional con una larga trayectoria en RTVE que fue elegida a propuesta de los socialistas junto a la profesora de comunicación Audiovisual Concepción Cascajosa y el productor televisivo Ramón Colom. A estos tres votos se unirían los dos de Unidas Podemos. El resto del consejo lo componen tres vocales del PP y uno del PNV. Sánchez Caballero asumiría la presidencia del consejo de administración.

En 2018, la falta de votos en Congreso para renovar el consejo de RTVE condujo a una situación de interinidad que se prolongó durante tres años. La periodista Rosa María Mateos fue elegida administradora provisional única, un cargo en el que se mantuvo hasta marzo de 2021, cuando las Cortes eligieron a Pérez Tornero. La ley fijaba su mandato en seis años, pero deja el cargo a los 18 meses tras haber perdido la confianza del PSOE y de Unidas Podemos.

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El comisario europeo de Justicia se reunió con González Pons antes de viajar España

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El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha mantenido una reunión con el eurodiputado del Partido Popular Esteban González Pons antes de su viaje a España, esta semana, en el que abordará el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), empantanado desde hace casi cuatro años por el bloqueo del PP. La reunión, confirman en el Gabinete de Reynders, ha sido en Estrasburgo, hace unos 10 días, coincidiendo con el pleno del Parlamento Europeo. Desde el Gabinete del comisario belga señalan que es una práctica habitual de Reynders mantener reuniones con eurodiputados con cierta frecuencia para tratar asuntos legislativos en curso y futuros, así como temas de actualidad, y no dan más detalles del contenido de la reunión. González Pons, europarlamentario desde 2014, también es la persona elegida por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para negociar con el Gobierno la renovación del Poder Judicial.

Fuentes oficiales del PP han confirmado el encuentro, pero lo circunscriben a las “reuniones periódicas” de González Pons con Reynders en su calidad de portavoz para los temas de Justicia del Partido Popular Europeo, informa Elsa García de Blas. En ese encuentro no se habló “en ningún caso” del tema específico de España, aseguran estas fuentes, que añaden que les resulta “enternecedor que el Gobierno quiera decir ahora que el PP manda en la Comisión Europea, después de haber hablado de la complicidad de Von der Leyen con Pedro Sánchez”.

El comisario de Justicia no ha mantenido recientemente, no obstante, encuentros similares con otros eurodiputados ni con el Gobierno español; aunque se reunió con representantes del Ejecutivo de Pedro Sánchez (de los Veintisiete) la semana pasada en el marco del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE en Bruselas.

Un retraso “preocupante”

Reynders (liberal) ha insistido en que viaja a España para una visita habitual y no para resolver el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Pero durante el viaje, hablará del informe del Estado de Derecho de 2022, donde la Comisión define como “preocupante” el retraso en la renovación del CGPJ y pide a España que lo emprenda con “carácter prioritario”, además de reclamar a Madrid que cambie el método de elección de sus vocales “teniendo en cuenta las normas europeas”, es decir que los jueces elijan a los miembros del CGPJ de forma directa y no indirecta, como ahora, que son elegidos por las Cortes de una lista aportada por los jueces. El comisario también se preparará para la presidencia española de la UE, prevista para el segundo semestre de 2022, según su equipo.

El comisario europeo de Justicia, que la semana pasada aseguró que descarta instrumentos más duros —como el expediente sancionador que ha abierto a Polonia por su situación judicial— sobre España, intentará “facilitar el diálogo entre las fuerzas políticas para encontrar un apoyo rápido y urgente”, dicen desde su Gabinete.

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Feijóo sobre la dimisión de Pérez Tornero: “Demuestra que ni siquiera el Gobierno cumple los pactos”

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La dimisión del presidente de RTVE José Manuel Pérez Tornero, que ascendió a ese puesto por un pacto entre el PSOE y el PP, ha servido a Alberto Núñez Feijóo como argumento en su favor en el bloqueo de cualquier acuerdo entre el Gobierno y su partido, como en el caso del Consejo General del Poder Judicial. Tras el anuncio del cese de Pérez Tornero por haber perdido el favor de los socialistas y Unidas Podemos, el líder del PP ha acusado al Ejecutivo de “tomar” y “asaltar” las instituciones del Estado y de incumplir los acuerdos con la oposición. “Después de un pacto para el nombramiento del consejo de administración de RTVE, que el Gobierno unilateralmente lo rompa y obligue a cesar a una persona que había sido elegida, acredita que ni siquiera el Gobierno respeta los pactos. Esto es especialmente grave”, se ha quejado Feijóo.

El líder del PP ha cargado contra el Ejecutivo por lo que considera es una ocupación partidista de algunas instituciones del Estado, como RTVE, el CNI o el INE. “Lo que se ha venido a confirmar con la obligatoria dimisión del director de RTVE es la toma de las instituciones por parte del Gobierno. Han cesado a la directora del CNI, al del INE, y han pedido que dimita el director de la compañía de RTVE, que nace de un pacto entre los grandes partidos, simplemente porque no les gusta como dirige la cadena. Esto confirma la uitilización de las instituciones del Estado por parte del Gobierno”, ha manifestado en declaraciones a los periodistas en Palma de Mallorca.

“Es lamentable que vivamos en un país donde el Gobierno no distinga entre sus competencias para gobernar y las instituciones”, ha criticado Feijóo, que se ha detenido especialmente en la televisión pública. “Lamento que también RTVE se vea sometida al control férreo del Gobierno. Y es que, o haces lo que te mandan, o simplemente te cesan”, se ha quejado. En el pasado, los trabajadores de RTVE han promovido protestas contra el PP cuando estaba en el Gobierno por el control de la radiotelevisión pública, como los famosos viernes negros. En las televisiones autonómicas de Gobiernos populares también hay acusaciones de manipulación, como en Telemadrid, donde Isabel Díaz Ayuso tomó el control en 2021 con el cese de la dirección.

Feijóo ha aprovechado la dimisión de Pérez Tornero para alejar otros acuerdos con el Gobierno, como el del Consejo General del Poder Judicial, bloqueado desde hace casi cuatro años. “Es muy difícil fiarse de un Gobierno que ocupa las instituciones”, ha advertido el líder del PP, convencido de tener nuevos argumentos para cargar la responsabilidad de la falta de acuerdos en el PSOE.

El jefe de la oposición se ha pronunciado hoy, por otro lado, 48 horas después, sobre el triunfo de la ultraderecha en las elecciones en Italia. Tras haber optado por el silencio en su discurso ante el comité de dirección del PP este lunes, según su gabinete de forma consciente porque la dirección “no comenta otros procesos electorales”, Feijóo se ha referido este martes a la victoria de Giorgia Meloni a preguntas de los periodistas. El líder del PP ha manifestado “respeto por la decisión de los italianos” y ha reconocido que el Partido Popular Europeo (del que forma parte el partido de Silvio Berlusconi, Forza Italia) “no ha tenido un buen resultado en Italia”. A renglón seguido, Feijóo ha pedido al nuevo Gobierno de la coalición de conservadores, posfascistas y populistas que rectifique su euroescepticismo inicial, sobre todo en el caso de Meloni. “Habrá que respetar y ver qué hace el Gobierno de Italia. Todo lo que sea rectificar sus planteamientos iniciales en favor del europeísmo y de una Europa cohesionada sería una buena rectificación. Espero que algunas manifestaciones durante la campaña se maticen, e Italia no abandone el compromiso con el euro y con la UE”, ha reflexionado.

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