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Yolanda Díaz sacude el curso político

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Yolanda Díaz, el viernes durante un acto de Sumar en Bilbao.
Yolanda Díaz, el viernes durante un acto de Sumar en Bilbao.Luis Tejido (EFE)

Yolanda Díaz ha sacudido la actualidad política en las últimas dos semanas. Los reproches de la vicepresidenta segunda a la patronal por bloquear la negociación sobre los salarios y la propuesta para que las grandes distribuidoras limiten el precio de algunos alimentos básicos han marcado la agenda en el arranque del curso con dos temas que afectan directamente al poder adquisitivo de las familias, pero también han soliviantado a la CEOE y al pequeño comercio, además de generar fricciones dentro del Gobierno en un momento en el que todas las encuestas señalan la debilidad del Ejecutivo frente al PP de Alberto Núñez Feijóo.

En un contexto de fuerte incertidumbre económica, con una inflación que está golpeando a los hogares (10,4% en agosto), la titular de Trabajo cree prioritario adoptar medidas que palíen los efectos del alza de precios. Sus desmarques, sin embargo, generan recelos en ciertos sectores al coincidir con un momento de proyección propia, el lanzamiento de Sumar, la plataforma que impulsa para tratar de recuperar a un electorado desmovilizado en la izquierda. A poco más de un año de la fecha prevista para las generales, con municipales y autonómicas antes, todo se lee ya en clave electoral.

Díaz, que no tiene partido pero sí apoyos dentro de los sindicatos, regresó del descanso de agosto con un respaldo a sus movilizaciones y acusó a la patronal de “no estar a la altura”. Tras un primer rifirrafe en el Gobierno por unas declaraciones que algunos ministros consideraron particularmente duras y que han desconcertado a los empresarios —acostumbrados a un tono más conciliador—, la propuesta para rebajar el precio de algunos productos de la cesta de la compra ha abierto otra guerra dentro y fuera de la coalición esta semana.

El entorno de la ministra sostiene que la polémica parte de un “malentendido”. El titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en una entrevista el pasado domingo a Europa Press, descartó la posibilidad de implantar precios mínimos en bienes esenciales. La iniciativa de Díaz, planteada en una conversación con Eldiario.es publicada al día siguiente, pudo interpretarse como una respuesta al ministro. Aunque sin entrar en detalle, la vicepresidenta anunciaba: “Estoy trabajando para que exista un acuerdo con las distribuidoras y los consumidores en nuestro país. Un acuerdo que consista en determinar una cesta de productos básicos, en torno a 20 o 30 productos, en los que, como hemos hecho con el gas y otras materias, topemos los precios”. Más tarde, Díaz matizó que no se trataba en ningún caso de legislar (como sí se hizo en el caso de la energía o de las mascarillas), sino de alcanzar un acuerdo con las grandes cadenas de supermercados como Carrefour, Alcampo, Mercadona o Lidl. Un pacto que excluiría al pequeño comercio, que no tiene margen para reducir sus beneficios, pero que puede acabar siendo contraproducente para el sector, según han denunciado sus patronales, al funcionar la rebaja de precios como un reclamo para consumir en grandes superficies en vez de hacerlo en tiendas pequeñas.

La Confederación Española de Comercio (CEC) expresó el viernes su “absoluto rechazo y malestar” ante la iniciativa. Una protesta a la que se sumó la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). Díaz minimizó las críticas y repitió que son las grandes empresas “las que tienen que aportar más”.

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“Las patronales del pequeño comercio se suelen quejar por todo (cesta básica de productos a precio reducido, subida del SMI…), menos por lo que se tienen que quejar: liberalización de horarios comerciales. Curiosa manera de defender al pequeño comercio…”, respondió el sábado en redes el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo.

En el plano político, las reacciones han ocupado titulares durante toda la semana. La más dura resultó la de la titular de Defensa, Margarita Robles, quien acusó a la responsable de Trabajo de haber entrado “en algo que no le corresponde”. La ministra afirmó también en Antena 3 que “no le gusta” que “alguien quiera patrimonializar que está con los más vulnerables”, en alusión a una presunta intencionalidad de la vicepresidenta.

“El bolsillo de los ciudadanos atañe a todo el Gobierno”, contestó Díaz el viernes. En todo caso, recuerda el departamento, la responsabilidad social de las empresas depende de Trabajo y Economía Social, su ministerio. En la reunión de este lunes con las patronales de las distribuidoras, como en la que mantuvo el jueves pasado con Carrefour, estará también el titular de Consumo y líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, con quien Planas ha tenido fuertes discrepancias en público, como la del pasado enero a cuenta de las declaraciones sobre las macrogranjas.

Su entorno asegura que Díaz ha vivido con “tranquilidad” la polémica de estos días. Según su equipo, la vicepresidenta, quien ha hablado con el titular de Agricultura durante la semana, ya había trasladado su propuesta al presidente antes de hacerla pública, aunque otros ministros del PSOE aluden a una falta de comunicación. “Ha habido informaciones contradictorias estos días y tenemos que tomar nota para que no se genere ni falsa expectativa ni confusión”, dijo María Jesús Montero en la Cadena SER. Fue Pedro Sánchez, además, quien durante su discurso en el debate sobre el estado de la nación el pasado julio marcó un giro a la izquierda en las políticas del Gobierno, colocando en el centro la necesidad de aliviar la situación económica de las familias, objetivo que dice perseguir Díaz con su propuesta. “Los ciudadanos tienen enormes dificultades para hacer la compra (…). El resto de consideraciones a mí me importan muy poco y a la ciudadanía, menos. Lo que quiere es que su Gobierno responda con soluciones”, zanjó ella el viernes en Bilbao.

Pero los dardos no llegan solo del PSOE. Podemos, que no estaba al tanto de la propuesta, también vaciló en su respuesta a la iniciativa. Si el lunes en rueda de prensa su portavoz Pablo Fernández acogió con escepticismo el planteamiento e instó al Ejecutivo a actuar aunque no hubiera un pacto con las distribuidoras, dos días después la líder de la formación y ministra, Ione Belarra, mucho más conciliadora, cerró filas con la vicepresidenta: “No voy a permitir que se genere una falsa polémica”. Fuentes del partido insisten en que esta es la postura oficial, el respaldo, a pesar de que el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, expresase dudas después en Twitter: “Leo lo de Carrefour y no puedo evitar pensar en qué va a pasar con la frutería o la carnicería del barrio”, escribió.

“Es urgente que tomemos medidas que nos permitan que la cesta de la compra sea accesible para todos (…) Vamos a apoyar todas las propuestas”, afirmó por su parte el sábado la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien, a diferencia de Díaz, tampoco descartó “topar los precios e incluso [establecer] medidas obligatorias para las grandes empresas”.

La relación entre Díaz y la cúpula de Podemos lleva casi un año en crisis. Las incógnitas sobre papel de la formación en el proyecto político de la vicepresidenta, que quiere dar más protagonismo a la sociedad civil, ha menoscabado el vínculo con el partido.

Aunque el apoyo a la líder de UP en el Ejecutivo es mayoritario, hay quien observa dentro del grupo un cambio de estrategia motivado por la necesidad de construir un perfil y una candidatura independientes. Si antes la dirigente gallega solía trabajar en silencio para lograr acuerdos, en esta ocasión ha optado por abrir primero el debate en los medios.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ya aludió a los supuestos intereses de Díaz a finales de agosto. “No vamos a entrar en polémica y no vamos a hacerle la campaña electoral a la vicepresidenta del Gobierno”, advirtió entonces en Intereconomía. En un curso marcado por elecciones municipales y autonómicas, todos los actores están ya en campaña. Con un PP en ascenso, según marcan los sondeos, la construcción de una alternativa que vuelva a reactivar al electorado que atraía UP se ha vuelto imprescindible para que el PSOE retenga el poder en La Moncloa. Pero la oposición a izquierda y derecha, dentro y fuera del Ejecutivo, amenaza con volverse en contra de la vicepresidenta.

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El comisario europeo de Justicia se reunió con González Pons antes de viajar España

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El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha mantenido una reunión con el eurodiputado del Partido Popular Esteban González Pons antes de su viaje a España, esta semana, en el que abordará el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), empantanado desde hace casi cuatro años por el bloqueo del PP. La reunión, confirman en el Gabinete de Reynders, ha sido en Estrasburgo, hace unos 10 días, coincidiendo con el pleno del Parlamento Europeo. Desde el Gabinete del comisario belga señalan que es una práctica habitual de Reynders mantener reuniones con eurodiputados con cierta frecuencia para tratar asuntos legislativos en curso y futuros, así como temas de actualidad, y no dan más detalles del contenido de la reunión. González Pons, europarlamentario desde 2014, también es la persona elegida por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para negociar con el Gobierno la renovación del Poder Judicial.

Fuentes oficiales del PP han confirmado el encuentro, pero lo circunscriben a las “reuniones periódicas” de González Pons con Reynders en su calidad de portavoz para los temas de Justicia del Partido Popular Europeo, informa Elsa García de Blas. En ese encuentro no se habló “en ningún caso” del tema específico de España, aseguran estas fuentes, que añaden que les resulta “enternecedor que el Gobierno quiera decir ahora que el PP manda en la Comisión Europea, después de haber hablado de la complicidad de Von der Leyen con Pedro Sánchez”.

El comisario de Justicia no ha mantenido recientemente, no obstante, encuentros similares con otros eurodiputados ni con el Gobierno español; aunque se reunió con representantes del Ejecutivo de Pedro Sánchez (de los Veintisiete) la semana pasada en el marco del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE en Bruselas.

Un retraso “preocupante”

Reynders (liberal) ha insistido en que viaja a España para una visita habitual y no para resolver el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Pero durante el viaje, hablará del informe del Estado de Derecho de 2022, donde la Comisión define como “preocupante” el retraso en la renovación del CGPJ y pide a España que lo emprenda con “carácter prioritario”, además de reclamar a Madrid que cambie el método de elección de sus vocales “teniendo en cuenta las normas europeas”, es decir que los jueces elijan a los miembros del CGPJ de forma directa y no indirecta, como ahora, que son elegidos por las Cortes de una lista aportada por los jueces. El comisario también se preparará para la presidencia española de la UE, prevista para el segundo semestre de 2022, según su equipo.

El comisario europeo de Justicia, que la semana pasada aseguró que descarta instrumentos más duros —como el expediente sancionador que ha abierto a Polonia por su situación judicial— sobre España, intentará “facilitar el diálogo entre las fuerzas políticas para encontrar un apoyo rápido y urgente”, dicen desde su Gabinete.

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Feijóo sobre la dimisión de Pérez Tornero: “Demuestra que ni siquiera el Gobierno cumple los pactos”

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La dimisión del presidente de RTVE José Manuel Pérez Tornero, que ascendió a ese puesto por un pacto entre el PSOE y el PP, ha servido a Alberto Núñez Feijóo como argumento en su favor en el bloqueo de cualquier acuerdo entre el Gobierno y su partido, como en el caso del Consejo General del Poder Judicial. Tras el anuncio del cese de Pérez Tornero por haber perdido el favor de los socialistas y Unidas Podemos, el líder del PP ha acusado al Ejecutivo de “tomar” y “asaltar” las instituciones del Estado y de incumplir los acuerdos con la oposición. “Después de un pacto para el nombramiento del consejo de administración de RTVE, que el Gobierno unilateralmente lo rompa y obligue a cesar a una persona que había sido elegida, acredita que ni siquiera el Gobierno respeta los pactos. Esto es especialmente grave”, se ha quejado Feijóo.

El líder del PP ha cargado contra el Ejecutivo por lo que considera es una ocupación partidista de algunas instituciones del Estado, como RTVE, el CNI o el INE. “Lo que se ha venido a confirmar con la obligatoria dimisión del director de RTVE es la toma de las instituciones por parte del Gobierno. Han cesado a la directora del CNI, al del INE, y han pedido que dimita el director de la compañía de RTVE, que nace de un pacto entre los grandes partidos, simplemente porque no les gusta como dirige la cadena. Esto confirma la uitilización de las instituciones del Estado por parte del Gobierno”, ha manifestado en declaraciones a los periodistas en Palma de Mallorca.

“Es lamentable que vivamos en un país donde el Gobierno no distinga entre sus competencias para gobernar y las instituciones”, ha criticado Feijóo, que se ha detenido especialmente en la televisión pública. “Lamento que también RTVE se vea sometida al control férreo del Gobierno. Y es que, o haces lo que te mandan, o simplemente te cesan”, se ha quejado. En el pasado, los trabajadores de RTVE han promovido protestas contra el PP cuando estaba en el Gobierno por el control de la radiotelevisión pública, como los famosos viernes negros. En las televisiones autonómicas de Gobiernos populares también hay acusaciones de manipulación, como en Telemadrid, donde Isabel Díaz Ayuso tomó el control en 2021 con el cese de la dirección.

Feijóo ha aprovechado la dimisión de Pérez Tornero para alejar otros acuerdos con el Gobierno, como el del Consejo General del Poder Judicial, bloqueado desde hace casi cuatro años. “Es muy difícil fiarse de un Gobierno que ocupa las instituciones”, ha advertido el líder del PP, convencido de tener nuevos argumentos para cargar la responsabilidad de la falta de acuerdos en el PSOE.

El jefe de la oposición se ha pronunciado hoy, por otro lado, 48 horas después, sobre el triunfo de la ultraderecha en las elecciones en Italia. Tras haber optado por el silencio en su discurso ante el comité de dirección del PP este lunes, según su gabinete de forma consciente porque la dirección “no comenta otros procesos electorales”, Feijóo se ha referido este martes a la victoria de Giorgia Meloni a preguntas de los periodistas. El líder del PP ha manifestado “respeto por la decisión de los italianos” y ha reconocido que el Partido Popular Europeo (del que forma parte el partido de Silvio Berlusconi, Forza Italia) “no ha tenido un buen resultado en Italia”. A renglón seguido, Feijóo ha pedido al nuevo Gobierno de la coalición de conservadores, posfascistas y populistas que rectifique su euroescepticismo inicial, sobre todo en el caso de Meloni. “Habrá que respetar y ver qué hace el Gobierno de Italia. Todo lo que sea rectificar sus planteamientos iniciales en favor del europeísmo y de una Europa cohesionada sería una buena rectificación. Espero que algunas manifestaciones durante la campaña se maticen, e Italia no abandone el compromiso con el euro y con la UE”, ha reflexionado.

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Griñán presenta un incidente de nulidad ante el Supremo para intentar evitar la cárcel

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El expresidente andaluz José Antonio Griñán ha presentado este martes ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo un incidente de nulidad contra la sentencia que le condenó a seis años de cárcel por malversación y prevaricación en el caso de los ERE. Tras la petición de indulto parcial elevada al Gobierno por su familia a principios de septiembre y este recurso de nulidad, la defensa de Griñán prevé presentar a continuación un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por supuesta vulneración de algún derecho fundamental durante la investigación judicial, por el que los magistrados podrían suspender de manera excepcional la condena. Las tres iniciativas tienen el mismo objetivo: evitar el ingreso en prisión de quien fue también presidente del PSOE.

El incidente de nulidad, que tiene escasas posibilidades de prosperar según coinciden fuentes jurídicas, esgrime una posible lesión del principio de presunción de inocencia, al ser “fraccionada” la sentencia del Supremo en un primer anuncio el pasado 26 de julio (cuando se avanzó la condena) y la posterior notificación del fallo completo el pasado 14 de septiembre (con los argumentos y las 1.205 páginas del fallo). Para la defensa de Griñán, “durante 50 días hubo una proclamación pública de culpabilidad sin sentencia”.

Además, el incidente de nulidad señala la supuesta falta de contestación a dos de los motivos incluidos en el recurso de casación formulado por Griñán frente a la sentencia inicial de la Audiencia de Sevilla, avisa de dilaciones indebidas en el trámite de resolución del recurso de casación y, sobre todo, esgrime el voto particular formulado por dos de los cinco miembros del tribunal de la sentencia del Supremo.

Sobre la falta de contestación de dos motivos, la Audiencia mencionó “la pasividad” de Griñán cuando la Intervención General de la Junta reclamaba mejoras y este alegó que siempre elevó las peticiones de control financiero de la Intervención al Consejo de Gobierno. Sin embargo, el Supremo no contesta a esa petición de aclaración sobre la supuesta “pasividad” del expresidente, que ni siquiera se menciona en ese punto de la sentencia (página 499). Además, en la resolución de las cuestiones previas al juicio en la Audiencia, las ayudas sociolaborales no fueron incluidas como objeto de enjuiciamiento y luego sí aparecen en la sentencia, lo que para Griñán es una clara vulneración del derecho de defensa.

El tercer motivo del incidente de nulidad es el voto particular, emitido por las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, que diferencian, con relación al delito de malversación, entre quienes formaban parte de la Consejería de Empleo, donde descargan la responsabilidad de la malversación, y quienes intervinieron en el trámite presupuestario pero sin conocer ni participar directamente, a su juicio, en el reparto final de los fondos, como Griñán. “Ninguno de los cinco acusados referidos intervino en esos actos fraudulentos del tramo final de la ejecución del presupuesto, ni tampoco tuvo conocimiento de que estaban siendo realizados por autoridades y funcionarios de la Consejería de Empleo”, sostienen las juezas en su voto particular.

Por último, la defensa del expresidente destaca una “vulneración” del principio de presunción de inocencia, analizando que la sentencia del Supremo, “más que revisar” la de la Audiencia, “completa los vacíos” de la misma, es decir, que “va más allá” de su cometido. “De la eventual posibilidad de que Griñán conociera el dolo eventual, el Supremo le atribuye un dolo directo y dice que todos los políticos tenían el mismo propósito de sustraer fondos públicos. Es una afirmación que supera a la Audiencia de Sevilla y sin prueba de soporte”, subrayan fuentes de la defensa del expresidente. El incidente destaca también las dilaciones indebidas de dos años (entre el 15 de junio de 2020 y el 14 de septiembre de 2022) transcurridos entre el fallo de la Audiencia de Sevilla y el del Supremo.

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El incidente de nulidad solicita así anular la sentencia del Supremo o una “moderación” de las penas impuestas, pidiendo en paralelo la suspensión de la resolución judicial a la espera de respuesta a las cuestiones planteadas frente a la misma, recibida el pasado día 19 por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, precisamente para comenzar su fase de ejecución.

En su petición de indulto parcial, la familia de Griñán no alegó discrepancias con la sentencia sino “razones de humanidad y equidad”, ya que el expresidente andaluz es “un ciudadano de 76 años con una intachable trayectoria vital” y que, “tras más de 40 años al servicio público desde las más altas responsabilidades, jamás ha obtenido remuneración alguna distinta de su sueldo como funcionario”, descartando cualquier “enriquecimiento personal ni familiar”.

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