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España

10 años de ‘procés’: la herida abierta de Cataluña

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Hace ahora diez años arrancó en Cataluña la mayor operación contra el orden constitucional democrático desde el golpe del 23-F: el procés independentista, una mezcla de movimiento popular y construcción política comandada paradójicamente contra el Estado desde una institución del Estado —la Generalitat— y que llegó a tener en vilo a toda España. Una década después, con algunos de los líderes de aquella operación condenados —e indultados por el Gobierno tras pasar más de tres años en prisión— y el resto huidos de la justicia, el pulso ha cesado, aunque la apuesta soberanista sigue presente en una gran parte de la sociedad catalana y sus instituciones continúan amagando con la desobediencia a los tribunales. Mientras, el Gobierno de PSOE-Unidas Podemos y la Generalitat tratan de dar forma a una mesa de diálogo sobre lo que han acordado en llamar “conflicto político”. Este es un recorrido por esos diez años de fiebre nacionalista que dejaron Cataluña partida en dos.

Antes del salto al vacío

el pacto fiscal

Mariano Rajoy recibe a Artur Mas en La Moncloa el 20 de septiembre de 2012.
Mariano Rajoy recibe a Artur Mas en La Moncloa el 20 de septiembre de 2012.uly martín

El procés fue lanzado oficialmente por el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, el 20 de septiembre de 2012. Ese día Mas llega a La Moncloa para plantear al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, una exigencia que tiene un aire de ultimátum: el “pacto fiscal”, un modelo de financiación especial para Cataluña similar al concierto vasco y navarro. Rajoy se niega. Nada más salir de la reunión, Artur Mas dice en rueda de prensa: “No tiene sentido obcecarse en un camino que está cerrado. Constatando que esto no ha ido bien, sería un error insistir. Cataluña tiene que hacer una profunda reflexión y tomar decisiones”. Una semana después convoca elecciones; y, el 27 de septiembre, el Parlament acuerda celebrar una “consulta” soberanista en la legislatura siguiente. Lo que en ese momento se bautiza como “el derecho a decidir”. Mas anuncia: “Primero hay que intentarlo de acuerdo con las leyes, y, si no se puede, hacerlo igualmente”. El camino rupturista del procés está abierto.

El contexto inmediato en el que la Convergència de Artur Mas decide tomar ese camino es el de una brutal crisis económica que había llevado a la Generalitat a aplicar profundos recortes sociales (contestados en la calle con protestas incesantes) y a acudir finalmente al Estado para recibir un rescate de 5.000 millones (acababa de hacerlo, tres semanas antes de la reunión con Rajoy). En paralelo, los casos de corrupción del partido hegemónico de Cataluña comenzaban a convertirse en causas judiciales.

Las Diadas multitudinarias

Presión en la calle

Cabecera de la manifestación de la Diada de 2012, con miembros del Gobierno catalán y el expresident Jordi Pujol.
Cabecera de la manifestación de la Diada de 2012, con miembros del Gobierno catalán y el expresident Jordi Pujol. JOAN SÁNCHEZ

Nueve días antes de la reunión entre el presidente del Gobierno y el de la Generalitat, el 11 de septiembre de 2012, se produce la primera Diada multitudinaria de la serie de Diadas multitudinarias del procés. Fueron ocho grandes manifestaciones en total, entre 2012 y 2019, con múltiples formatos escenográficos pero una constante: la enorme afluencia de personas (especialmente hasta 2017) y su carácter netamente independentista. Y la de 2012 es la fundamental, no sólo por su alcance —de una marcha que en años anteriores había convocado a unos pocos miles de personas se pasa ese día a 600.000 según los cálculos de EL PAÍS, millón y medio según la Guardia Urbana— sino por lo que tiene de inesperada. Una explosión independentista en toda regla.

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A la manifestación asiste el Gobierno catalán casi en pleno. Mas no acude por decoro institucional, aunque la respalda públicamente y la usa como amenaza: “Si no hay acuerdo [sobre el pacto fiscal], el camino de Cataluña hacia la libertad está abierto”. La principal organizadora es la Asamblea Nacional Catalana (ANC), una asociación creada apenas seis meses antes y encabezada por una aún desconocida Carme Forcadell. La ANC y Òmnium se convertirían en los años siguientes en los principales movilizadores del procés en la calle, de forma concertada —según sentenció el Supremo— con el Gobierno de la Generalitat. Sus manifestaciones derivarían en 2017 en tumulto; sus líderes acabaron en prisión.

Cataluña, soberana

Arranca la larga batalla con el Constitucional

Los diputados del PP abandonan el Parlament durante la votación de la declaración de soberanía, en enero de 2013.
Los diputados del PP abandonan el Parlament durante la votación de la declaración de soberanía, en enero de 2013.Gianluca Battista

Las elecciones de noviembre de 2012 visten de independentista la tradicional mayoría nacionalista del Parlament, y en enero de 2013 esa mayoría aprueba una resolución que otorga al “pueblo de Cataluña” la condición de “sujeto político y jurídico soberano”. No era ni mucho menos la primera vez que la Cámara autonómica proclamaba para sí (con distintas fórmulas) una soberanía diferenciada de la del conjunto de los españoles. Pero el contexto ha cambiado en 2013, la amenaza es real, y el Gobierno de Rajoy impugna la resolución ante el Tribunal Constitucional, que la anularía un año más tarde. Es el inicio de un rosario de sucesivas resoluciones y decretos anulados por el tribunal ante la indiferencia de la Generalitat: la batalla de la desobediencia, que se prolonga durante años sin consecuencias penales hasta que ya en 2017, en la fase final de sprint hacia el referéndum del 1-O, da lugar a una catarata de advertencias a los principales dirigentes del Govern y el Parlament. Carles Puigdemont se haría fotografiar junto a las notificaciones desatendidas del Constitucional y esta frase: “No dejaremos de ir adelante”.

En sus respuestas al desafío independentista, el Constitucional siempre argumentó lo mismo: que la soberanía no se puede despiezar, porque es “de todo el pueblo español”; y que quien quiera cambiar eso puede intentarlo, pero por el cauce debido —proponiendo una reforma de la Constitución—, no a través de una “inaceptable vía de hecho” para alterar las reglas de juego de toda la ciudadanía por la puerta de atrás.

La consulta del 9-N

El Gobierno decide mirar hacia otro lado

Colas para votar en la consulta ilegal de autodeterminación del 9-N de 2014, en Barcelona.
Colas para votar en la consulta ilegal de autodeterminación del 9-N de 2014, en Barcelona.A. G. (REUTERS)

Apoyándose en esa declaración de soberanía, Artur Mas anuncia a finales de 2013 que el 9 de noviembre de 2014 se celebrará en Cataluña una consulta de autodeterminación. El mismo día del anuncio, Rajoy comparece para afirmar: “Esa consulta es inconstitucional y no se va a celebrar. Les garantizo que no se celebrará”. Pero se celebra. La Generalitat —aunque en el último momento la deja en manos de voluntarios y le resta carácter vinculante— se pasa un año entero preparándola en todos sus detalles, y el Gobierno a cada paso responde lo mismo: “No se celebrará”. Hasta que, cuatro días antes de la fecha de la consulta, y cuando el Tribunal Constitucional ya ha ordenado su suspensión, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, afirma por sorpresa en rueda de prensa que no se va a impedir un “ejercicio de libertad de expresión” de la ciudadanía, siempre y cuando la Generalitat, como institución, no promueva directamente la votación, algo que en realidad lleva un año haciendo.

El 9-N votan, según sus organizadores, 2,3 millones de personas (un tercio del censo) y gana el sí con un 80,7%. La Cataluña independentista se vuelca en su consulta, pero la mayoría de la población la ignora, y con ese dato en la mano Rajoy concluye: “No ha habido consulta, fue un simulacro, un profundo fracaso del proyecto independentista”. El 9-N —que deja imágenes como las de Artur Mas, el heredero político de Jordi Pujol, fundido en un abrazo con David Fernández, de la antisistema CUP— es el embrión del referéndum que, este sí con carácter vinculante, culminará el salto al vacío tres años después: el 1-O. Por el camino, en julio de ese año 2014, Jordi Pujol, padre de la patria, ha confesado su delito de fraude fiscal continuado.

El órdago

18 meses para la secesión

Artur Mas, Oriol Junqueras y otros miembros de Junts pel Sí, en la noche electoral de 27 de septiembre de 2015.
Artur Mas, Oriol Junqueras y otros miembros de Junts pel Sí, en la noche electoral de 27 de septiembre de 2015.David Ramos (Getty Images )

Artur Mas se sube a lomos del resultado del 9-N para anunciar, en enero de 2015, que vuelve a adelantar las elecciones y que estas serán un “plebiscito” sobre la independencia. Pero no pone fecha para ya, sino a nueve meses vista —el 27 de septiembre—, así que todo ese año es una larguísima precampaña con un único asunto de debate: independencia sí o no. A esos comicios concurrirán por primera vez en una lista única, Junts pel Sí, dos partidos antaño irreconciliables: Convergència y ERC. Artur Mas y Oriol Junqueras. Si ganan, prometen, materializarán una “hoja de ruta” que supone declarar la independencia de Cataluña en 18 meses. Ese compromiso relevantísimo se adquiere en un texto de folio y medio firmado por ambos y por los líderes de la ANC y Òmnium. Su primera víctima es CiU: Unió salta del barco y certifica el fin de la histórica coalición gobernante catalana.

El independentismo gana esas elecciones “plebiscitarias” en número de escaños, pero no en votos. Aun así, Mas y Junqueras consideran que el resultado los legitima para poner en marcha su hoja de ruta, y lo hacen. El 9 de noviembre de 2015, el Parlament aprueba una resolución de ruptura abierta que declara el “inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente”, insta a desobedecer al resto de instituciones españolas (empezando por el Constitucional) y conmina a la Generalitat a cumplir sólo las leyes emanadas de la Cámara autonómica.

Artur Mas, impulsor durante tres años de todo este atropellado plan, es acto seguido arrollado por él. La CUP tiene la llave de la mayoría y pone como condición que Mas —encarnación a sus ojos, pese a todo, de la Convergència corrupta y burguesa de los recortes sociales— no revalide el cargo. En su lugar es investido alguien que, al contrario que aquel, no es independentista de nueva hornada sino irreductible y desde siempre: Carles Puigdemont. “Hemos enviado a Mas a la papelera de la historia”, escribe la CUP en el epitafio político del arquitecto del procés.

Drama en el Parlament

Las leyes de ruptura

El socialista Miquel Iceta y otros diputados de la oposición protestan durante la aprobación de la Ley de Transitoriedad Jurídica en el Parlament, el 7 de septiembre de 2017.
El socialista Miquel Iceta y otros diputados de la oposición protestan durante la aprobación de la Ley de Transitoriedad Jurídica en el Parlament, el 7 de septiembre de 2017.Massimiliano Minocri

La Generalitat ha emprendido la marcha hacia la prometida independencia exprés, y ya está volcada, dicen en aquellos días sus dirigentes, en levantar las “estructuras de Estado”. En su discurso, el referéndum es “pantalla pasada”, algo ya superado con la victoria electoral de 2015. Y, sin embargo, según se va consumiendo el plazo de los 18 meses, la promesa de otra votación vuelve a estar sobre la mesa. “O referéndum o referéndum”, anuncia Puigdemont para salvar la moción de confianza de septiembre de 2016, y todo el independentismo se pone de nuevo a ello. Destino: 1 de octubre de 2017.

En los meses siguientes se da a conocer el grueso del contenido de la Ley del Referéndum (que no fija un mínimo de participación y establece que con un solo voto más a favor que en contra se considerará ganado) y de la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República. En esta se anuncia, entre otras cosas, que ninguna decisión de la asamblea constituyente podrá ser impugnada; se entrega a la Generalitat la titularidad de los bienes del Estado; y se pone a los jueces bajo control del poder político. Una ley que el Gobierno de Rajoy califica como “propia de un régimen autocrático”, sin poder frenarla.

Ambas normas son aprobadas por el rodillo independentista en las frenéticas sesiones del 6 y 7 de septiembre de 2017 en el Parlament: un punto de no retorno en el procés y un shock para la oposición catalana y particularmente para los grupos de izquierda, que hasta entonces han tratado de hacer equilibrios ante el fenómeno soberanista. Todas las máscaras, si alguna quedaba, caen esos dos días: no hay espacio en las instituciones catalanas para quienes no se suban al barco de la ruptura. Las leyes que dictan la secesión son publicadas minutos antes de su debate, sin tiempo para presentar enmiendas ni debatir nada, las advertencias de los propios letrados del Parlament son ignoradas y los diputados de la oposición terminan con los brazos en alto, suplicando a Forcadell —presidenta de la Cámara—, mirándose unos a otros sin creer que lo inconcebible está ocurriendo. Pero ocurre, y el barco pone rumbo al 1-O sin mirar atrás.

El pánico del mes de octubre

Fracaso y afirmación del Estado

En ese momento, el Estado tiene menos de un mes para intentar evitar la demolición del orden constitucional en Cataluña. “Empieza el mambo”, resume la CUP. La Fiscalía se querella contra el Govern y la Mesa del Parlament y cita como imputados a cientos de alcaldes, mientras Policía y Guardia Civil, en una carrera contra el reloj, buscan urnas y papeletas para impedir el referéndum. Hacienda interviene el presupuesto de la Generalitat para evitar el desvío de fondos. A partir del 20 de septiembre —según relató dos años más tarde el Tribunal Supremo— el desafío institucional se convierte en tumulto social y la violencia hace acto de presencia: la principal estampa de esa deriva (no la única) es la concentración de 40.000 personas para protestar contra el registro judicial de la Consejería de Economía, que acaba con la secretaria del juzgado saliendo por la azotea. La Generalitat, concluyó el Supremo, alentó deliberadamente esos días entre los catalanes un sentimiento de agravio y hostilidad que derivó en “movilización sediciosa”. El 28 de septiembre, los mandos de los Mossos avisan al Govern de que temen una explosión de violencia entre policías y votantes el 1-O. Puigdemont decide seguir adelante.

Llega así el 1 de octubre y el desastre para el Estado. Las urnas, el santo grial buscado durante semanas por los servicios secretos, aparecen en los colegios, listas para la votación. Una juez ha ordenado a las fuerzas de seguridad adoptar “todas aquellas medidas que impidan la consecución del referéndum, sin afectar la normal convivencia ciudadana”. Ante esa instrucción, los Mossos deciden, mayoritariamente, inhibirse, y policías y guardias civiles cargan en varios momentos contra las personas que, a las puertas de los colegios, intentan bloquearles el paso. El referéndum se celebra: vota menos gente que el 9-N, el sí a la independencia arrasa y el Govern convierte el resultado en “mandato”.

España se sume entonces en una mezcla de pánico y desconcierto. Cientos de empresas abandonan atropelladamente Cataluña para instalarse en otras comunidades. El día 3, mientras grupos de independentistas cercan los hoteles en varios municipios para exigir la expulsión de los policías antidisturbios, el Rey comparece para exigir a “los legítimos poderes del Estado” la restauración del orden constitucional. La aplicación del artículo 155 de la Constitución está en boca de todos, pero no llega. El día 8, cientos de miles de personas salen a la calle en Barcelona para defender la Constitución y la unidad de España, la manifestación antisoberanista más grande vista nunca en Cataluña. El 10, Puigdemont, desde la tribuna del Parlament, declara la independencia e, inmediatamente, deja en suspenso sus “efectos”. Todo es tan confuso que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, envía sendas cartas al president pidiéndole que aclare si ha declarado la independencia o no. Si la respuesta es no, viene a decir Rajoy ante las cámaras, no habrá consecuencias. Pero Puigdemont responde con evasivas y el 27 de octubre, después de tres días de infarto, el Parlament vota la declaración de independencia definitiva. Justo a continuación el Gobierno, avalado por el Senado, activa el 155 e interviene la autonomía de Cataluña. La fiebre ha llegado a su pico y queda lo más difícil: la bajada.

Juzgados y prófugos

El fin de la quimera

Los líderes independentistas, en el banquillo el primer día del juicio en el Tribunal Supremo, el 12 de febrero de 2019.
Los líderes independentistas, en el banquillo el primer día del juicio en el Tribunal Supremo, el 12 de febrero de 2019.EFE

Oriol Junqueras, cinco consejeros del Govern y la presidenta del Parlament fueron enviados a prisión por una juez de la Audiencia Nacional tras ser destituidos del cargo (los líderes de la ANC y Òmnium habían corrido el mismo destino semanas antes). Todos serían juzgados año y medio después por el Supremo y condenados a penas de entre nueve y 13 años por sedición (varios de ellos, también por malversación). Pasaron, en total, entre 39 y 44 meses en la cárcel, hasta que fueron indultados por el Gobierno de Pedro Sánchez. El president Puigdemont y tres consejeros, por el contrario, huyeron a Bélgica y allí permanecen cinco años después, prófugos (una cuarta consejera huida regresó hace un año). El Tribunal Supremo lleva desde entonces enfrascado en una batalla con la justicia belga para conseguir su entrega, que deberá ser resuelta por el Tribunal de Justicia de la UE.

En su sentencia, dictada el 14 de octubre de 2019, el Supremo llegó a la conclusión de que el procés no había ido en serio. Los acusados, dijeron los jueces, habían engañado al pueblo catalán enarbolando una “quimera” que sabían imposible —la independencia de Cataluña— y confiando en que, en el último momento, el Estado cedería a la presión y negociaría un referéndum. Por el camino habían pulverizado, eso sí, todo el ordenamiento legal. Durante el juicio, ninguno de los principales acusados se retractó de nada. Jordi Cuixart dijo algo que repetirían más adelante varios de ellos: “Lo volveremos a hacer”.

El riesgo de recidiva

Un agitador al mando

Una barricada en llamas durante los disturbios de octubre de 2019 en Barcelona.
Una barricada en llamas durante los disturbios de octubre de 2019 en Barcelona.Albert Garcia

Los dos años que van desde la aplicación del 155 a la sentencia del Supremo muestran la dificultad de gestionar el día después de esa “ensoñación” colectiva que, según el tribunal, fue el procés. Los independentistas decepcionados eran miles, y muchos no estaban dispuestos a renunciar a aquello por lo que llevaban años trabajando. Las elecciones de diciembre de 2017, convocadas por Rajoy, habían arrojado la victoria histórica de un partido creado expresamente para combatir al nacionalismo catalán, Ciudadanos, pero la mayoría parlamentaria siguió en manos del independentismo, que invistió en 2018 a un presidente con una larga trayectoria de escritos supremacistas y antiespañoles: Quim Torra. Un convencido que declaró su pleitesía al fugado Puigdemont y prometió no aflojar en el plan separatista. Su desafío se ciñó al ámbito de la retórica y la apropiación partidista de las instituciones —el espacio público fue inundado con el símbolo independentista del lazo amarillo—, y a la postre le costaría la inhabilitación por desobediencia.

Pero la retórica de Torra tuvo otras consecuencias. La furia de un sector del independentismo, organizada en torno a los comités de defensa de la república (CDR) que habían sido alentados por el president (“apretáis, y hacéis bien en apretar”), degeneró en 2018 en un intento de asalto al Parlament, repelido por los Mossos. Ese fue el primer aviso: la amenaza de recidiva estaba ahí, latente. La constatación llegaría en octubre de 2019, tras la sentencia del Supremo, cuando las calles de Barcelona se incendiaron con violentos disturbios que duraron una semana y pusieron en jaque al Gobierno de Pedro Sánchez.

El Estado pasa página

Indultos y mesa de diálogo

Pedro Sánchez recibe a Pere Aragonès el pasado julio en La Moncloa.
Pedro Sánchez recibe a Pere Aragonès el pasado julio en La Moncloa.Emilio Naranjo (EFE)

El procés, entendido como una operación de desmontaje del edificio constitucional por parte de las instituciones de Cataluña, murió cuando pasó del ámbito político al de las consecuencias: el penal. Pero el pulso permanente al Estado, ahora de baja intensidad y con los partidos independentistas enfrentados entre sí, continúa vivo. “Gracias a lo que hicimos”, resumió Junqueras en una entrevista a EL PAÍS en enero de 2020, “nos hemos ganado el derecho a repetirlo”. A Torra lo sustituyó Pere Aragonès, que encarna la actual apuesta pragmatica de su partido, ERC: la vía rupturista no se descarta para un futuro sin fecha, pero en el presente se aboga por un indefinido “diálogo con el Estado”. Un camino compartido por el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, que en 2021 indultó a los nueve presos del procés “por utilidad pública” y creó una mesa de diálogo sobre el “conflicto político” catalán, sin definirlo tampoco. ERC es un aliado parlamentario imprescindible. La mesa avanza a trompicones y, en paralelo, el Govern mantiene su desafío, a veces retórico, a veces no. La negativa a aplicar las sentencias que obligan a impartir un mínimo de asignaturas en castellano en las escuelas es el último episodio. Diez años después, el órdago de Artur Mas es historia, pero sigue agazapado en los discursos oficiales.

CRÉDITOS

Desarrollo: Carlos Muñoz

Vídeo: Luis Manuel Rivas

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España

El gasto social de los Presupuestos, último escollo entre los socios de Gobierno para cerrarlos

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el Senado el pasado 6 de septiembre.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el Senado el pasado 6 de septiembre.Juanjo Martín (EFE)

Hace un año, cuando se presentaron los segundos Presupuestos de la coalición, los que más costaron —tanto que se retrasó varias semanas su tramitación y hubo que recurrir a un proceso exprés— en el mundo político se instaló la idea de que serían los últimos. Ya había pasado con los primeros, en 2020. Acostumbrados como estaban a años de prórrogas en la época de Mariano Rajoy, los políticos españoles de los dos lados del Hemiciclo asumieron que a medida que se acercaran las elecciones, la coalición se distanciaría y sus socios de mayoría, especialmente ERC, el más inestable, se alejarían. Pero la coalición se dispone este martes a presentar tras el Consejo de Ministros los terceros Presupuestos de Pedro Sánchez desde que llegó a La Moncloa, que confía en aprobar con los respaldos habituales —PNV, ERC, Más País, Compromís, EH Bildu— con un claro contenido social y un tinte progresista que servirá como prueba de estabilidad y una especie de presentación del proyecto en el año electoral de 2023, cuando entren en vigor.

La negociación entre el PSOE y Unidas Podemos lleva semanas en marcha, desde agosto, y se ha acelerado una vez cerrado el paquete fiscal que se presentó el jueves. Los últimos escollos se sitúan alrededor del gasto social, que Unidas Podemos quiere llevar un poco más lejos en asuntos especialmente sensibles para los ministerios que controla como la ampliación de la prestación por desempleo, que la última reforma de Rajoy limitó hasta dejar fuera a muchos trabajadores —además se está tramitando la ley que incorpora a las trabajadoras del hogar, un gran hito del Ejecutivo— y también de los 100 euros mensuales por hijo de cero a tres años, que ahora está limitada a madres trabajadoras y el grupo de Yolanda Díaz quiere hacer universal, también para los que no tengan empleo fijo (aunque posiblemente con algún límite máximo de renta para evitar que se beneficien también las clases más acomodadas).

La titular de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado, optimista, que espera llegar a un acuerdo “en las próximas horas”. “Hasta el final de un pacto, no se puede dar nada por seguro”, ha matizado también en declaraciones a Efe. “A estas horas no hay acuerdo. Quedará un anoche larga e intensa y me dejaré la piel”, ha asegurado por su parte Díaz en una entrevista en Cadena SER a las diez y media de la noche de este lunes, en la que ha afeado que se lleve al límite el acuerdo y ha reconocido diferencias profundas entre los socios. En un contexto de incertidumbre económica, marcado por la elevada inflación (9% en septiembre), está previsto que la presentación de las cuentas coincida también con la comparecencia en la sala de prensa de La Moncloa de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. El Gobierno ha adelantado que elevará una décima su previsión de crecimiento para este año, al 4,4%, y bajará en seis décimas la de 2023, al 2,1%.

Durante algunas semanas, especialmente antes del verano, alrededor de la cumbre de la OTAN, pareció que el asunto del aumento de gastos en Defensa que Pedro Sánchez ha comprometido con los miembros de la alianza atlántica, muy especialmente con EE UU, podía hacer caer estos Presupuestos. De hecho, esta cuestión estuvo detrás del Consejo de Ministros más tenso que se recuerda en la coalición, a principios de julio. Sin embargo, después de varias conversaciones discretas entre los socios y alguna directa entre Sánchez y Díaz, esta cuestión ha quedado aparentemente resuelta con una fórmula que implica que los aumentos más significativos no irán a través de un aumento directo del Presupuesto de defensa, sino a través de créditos extraordinarios y del llamado Fondo de Contingencia, que está pensado para hacer frente a imprevistos. Se trata así de diluir el aumento para evitar el choque con Unidas Podemos a la vez que se cumple con los compromisos. “El PSOE y en este caso el presidente de Gobierno cumplimos los compromisos, siempre los vamos a cumplir”, señaló el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. Sin embargo, la manera de plantear técnicamente ese aumento es clave para evitar el choque no solo con Unidas Podemos, sino con otros miembros de la mayoría. El grupo de Díaz quiere que quede claro que el posible aumento no compite de ninguna manera con la subida del gasto social para hacer frente al frenazo económico y a la crisis energética.

Unidas Podemos también quería aprovechar la negociación presupuestaria para lograr más avances en la ley de vivienda, que está atascada en el Congreso, pero los socialistas insisten en que esa norma ya estaba cerrada y presentada por el Ejecutivo —de hecho fue clave hace un año en la negociación de las Cuentas anteriores— y acusa a sus socios de querer reabrir la negociación con 60 enmiendas nuevas. Este asunto no parecía encima de la mesa en las últimas horas de la negociación de Presupuestos previa a que este martes por la mañana, como es habitual en los últimos años, la cierren Sánchez y Díaz poco antes del Consejo de Ministros con alguna fotografía que pueda marcar el momento del acuerdo. Tampoco la ley trans, que genera problemas entre los socios, con un sector del PSOE muy claramente opuesto, parece esta vez vinculada a los Presupuestos.

El corazón de la negociación en las últimas horas es, pues, puramente económico y social, con una discusión entre Unidas Podemos y Hacienda sobre las dimensiones de algunos avances en los que ambos coinciden, como la mejora de la prestación por desempleo, del Iprem (el salario de integración), de las ayudas por hijo o de otras propuestas contempladas en la ley de familias, del Ministerio de Derechos Sociales, en manos de Ione Belarra, como la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad, la creación de otro para cuidados o el que las familias monoparentales al menos con dos hijos tengan el mismo trato administrativo que las familias numerosas. Este lunes, el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, reconoció que los socios han acercado posiciones para revertir los recortes el PP en las prestaciones por desempleo, pero evitó desvelar más detalles. Fernández sí apostó por vincular la ley de vivienda y los Presupuestos, aunque esto no parece encima de la mesa. “Creemos que es importante que el PSOE entienda que la ley de vivienda es estratégica, que hay que rebajar el precio de los alquileres, ampliar el parque público de vivienda y acabar con los desahucios sin alternativa habitacional”, reiteró el portavoz. En plena recta final de las negociaciones, Fernández cargó contra el PSOE por la enmienda a la ley de enjuiciamiento criminal para desalojar a los okupas en 48 horas. “Es un error estratégico que en esta materia el PSOE compre la agenda de la derecha y la extrema derecha”, señaló. En su opinión, los socialistas “tienen que entender que el acceso a la vivienda es un derecho esencial y para que se ponga en práctica es imprescindible aprobar la ley de vivienda”, reivindicó.

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Sin embargo, pese a este beligerante tono público, todo indica que este martes habrá finalmente acuerdo y los terceros Presupuestos de la coalición iniciarán su trámite para lograr la aprobación definitiva antes de que acabe el año, mostrando una vez más que pese a ser el presidente con menos escaños propios de la democracia —los 120 del PSOE— Sánchez y la coalición que ha formado con el grupo de Díaz tiene más estabilidad en el Parlamento que muchos otros gobiernos.

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España

Aragonès alienta la ruptura en el Govern al rechazar la última propuesta de Junts

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El secretario general de Junts, Jordi Turull, este lunes, tras anunciar la pregunta de la consulta a la militancia.
El secretario general de Junts, Jordi Turull, este lunes, tras anunciar la pregunta de la consulta a la militancia.David Zorrakino (Europa Press)

Todo parece indicar, si no hay un giro intempestivo de guion, que el próximo sábado será el día definitivo en la crisis del Govern que comparten Esquerra y Junts per Catalunya. Ese día se conocerán los resultados oficiales de la consulta a la militancia de Junts, formada por 6.465 afiliados, a los que se preguntará si quieren seguir en el Gobierno catalán y desde el Palau de la Generalitat muestran respeto por ese proceso interno. Esta votación surge de un mandato congresual, pero el anuncio de la redacción de la pregunta, este lunes, ha coincidido con el portazo del president Pere Aragonès a la última propuesta de Junts con sus exigencias para mantenerse dentro del Ejecutivo. Todo parece llevar a la ruptura, pero el número dos de Junts, Jordi Turull, ha aceptado que una “propuesta extraordinaria” para activar la coordinación independentista podría implicar congelar la votación. Sin embargo, en las filas republicanas parecen cada vez más convencidos de querer deshacerse de Junts e intentar gobernar en minoría.

La pregunta aprobada por la cúpula de Junts es directa y Turull ha explicado que no habrá ningún tipo de baremo para evaluar el resultado más allá de si imponen los síes o los noes. Al texto “¿quieres que Junts siga formando parte del Govern de Cataluña?” le precede una introducción donde se recuerda que el partido ha “constatado” los incumplimientos de la hoja de ruta del Ejecutivo sobre la orientación del plan independentista. Y que, “hasta el momento”, ERC no ha aceptado ninguna de las propuestas en los tres puntos que denuncia que no se cumplen: crear una coordinación del espacio soberanista, pactar la unidad de acción en el Congreso y que la mesa de diálogo con el Gobierno se centre solo en hablar de autodeterminación.

Esa salvedad —”hasta el momento”— es precisamente la que deja claro que, al menos Turull, no cierra la puerta a unas negociaciones de ultimísimo minuto. Preguntado directamente sobre si se congelaría la consulta en caso de una contrapropuesta por parte de los republicanos, el secretario general de la formación ha dejado la puerta abierta, aunque supeditándolo a la contundencia de la oferta. En el Palau de la Generalitat creen que no les corresponde a ellos hacer ninguna propuesta adicional y se envían señales de que se respetará el proceso interno de sus socios. El punto álgido de la crisis fue la semana pasada, cuando Junts le dijo a Aragonès que si no podía garantizar que los tres puntos avanzaran, se debería someter a una cuestión de confianza. El jefe del Govern defenestró a su número dos, Jordi Puigneró, por no contarle ese plan.

Con todo, Turull se ha empleado a fondo en argumentar que Junts ha descafeinado su propuesta inicial para intentar el acuerdo con los republicanos y que son estos los que se cierran en banda. Además de retirar de la oferta la petición de restituir al exvicepresident, se pedía poner una fecha para la constitución del órgano de coordinación del independentismo y él mismo y la portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, declinaban a ser los representantes del partido en la mesa de diálogo con el Gobierno. El exconsejero de Presidencia también ha rechazado que ubicando ese Estado Mayor del secesionismo en el Consell de la República, que preside Carles Puigdemont, se busque minar la autoridad del president si no que cree que allí podrá actuar lejos de las “garras” del Estado.

Los republicanos mantienen que las divisiones internas de los posconvergentes trastabillan al Ejecutivo: “Hay una parte de Junts per Catalunya que trabaja para romper el gobierno de la Generalitat”, ha manifestado la portavoz de ERC, Marta Vilalta. Su partido, ha asegurado, está “preparado” para sostener “un gobierno en minoría”, pese a que se abre a contar con “todos los que quieran trabajar para servir a la gente desde el respeto y la lealtad”. Una declaración que se interpreta como un guiño hacia aquellos consellers de Junts que apuesten abiertamente por permanecer en el Ejecutivo.

Campaña interna

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Hasta que se cierren las urnas el viernes, Junts también se juega su futuro como partido político. La claridad de la pregunta obligará a posicionarse meridianamente y será muy evidente la división interna ante el futuro del Govern. La gestión de un resultado igualado será muy complicada. Turull ha dicho que revelará en “los próximos días” cuál será su sentido de voto, pero ha declinado explicar si, en caso de que gane la opción contraria, eso deba tener consecuencias organizativas. Borràs ha dicho que optará por la neutralidad pese a que todos la sitúan al frente de quienes quieren romper. La consejera de Acción Exterior, Victòria Alsina, ha tomado la decisión de afiliarse el partido y de hacer campaña abiertamente a favor de continuar en el Gobierno, asumiendo así el rol de cara visible de esa posibilidad.

La consulta comenzará el jueves y finalizará a las cinco de la tarde del viernes. Ese día habrá resultados, pero los definitivos no se conocerán hasta el sábado. Turull, que a diferencia del pasado lunes ha comparecido sin la presidenta de la formación, Laura Borràs, no ha querido adelantar cómo se asumiría un triunfo de la opción de abandonar el Govern y en qué plazos se desplegaría. “Solo deseo que no haya un empate”, ha bromeado, en referencia a la consulta de la CUP sobre la investidura de Artur Mas, en 2015, y que acabó igualada a 1.515 votos. En la elección de Laura Borràs como presidenta de Junts y de Turull como segundo al mando, el pasado verano, solo participó uno de cada tres afiliados.

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Las polémicas del líder de Vox en Castilla y León comprometen al PP de Mañueco

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El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, durante una presentación de productos alimenticios de su comunidad en Las Rozas (Madrid), este viernes.
El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, durante una presentación de productos alimenticios de su comunidad en Las Rozas (Madrid), este viernes.Cézaro De Luca (Europa Press)

Los terremotos mediáticos y políticos que provocan los responsables de Vox ante un micrófono o en Twitter generan réplicas que sacuden a su socio en el Gobierno de Castilla y León, el PP. El estilo agresivo de Juan García-Gallardo, vicepresidente autonómico por el partido de extrema derecha, rompe la estrategia pausada de su socio conservador, el popular Alfonso Fernández Mañueco. Este, en la línea del PP nacional de Alberto Núñez Feijóo, se vuelca en cargar contra el Ejecutivo central, pero ve cómo por su derecha lo adelanta un Vox que cabalga el exabrupto.

El reciente historial de embates de Gallardo agrieta el discurso del vicesecretario institucional del PP, Esteban González Pons, que ha sostenido este lunes en Onda Cero que su formación ha conseguido “moderar” a los de Santiago Abascal al incluirlos en el Gobierno de Castilla y León y ha destacado que son los populares quienes marcan la política autonómica. Estas palabras llegan tres días después de que Gallardo se refiriera a La Sexta, ante los micrófonos de la cadena de televisión, en estos términos: “Es un medio encaminado a contaminar la convivencia y a enfrentar a unos españoles contra otros”. Asimismo, instó a la reportera que lo entrevistaba a llevarle “un chorizo” al Gran Wyoming, en alusión a una sanción tributaria que recibió el presentador en 2020. “Estamos para gestionar y hacer política, a los castellanos y leoneses no les interesan las polémicas estériles”, se jactó Gallardo, causante de buena parte de esas “polémicas estériles”, como cuando sostuvo que la despoblación se debía en parte a la hipersexualización.

García-Gallardo también se expresa en su muro de Twitter, donde persiste en negar la existencia de la violencia machista incluso en casos como el acontecido en Palencia la semana pasada, cuando una mujer de 32 años fue asesinada por su pareja, de 36, dejando dos niños huérfanos. El político definió los hechos como “tragedia familiar”, insistió en que “la violencia no tiene género” y aseguró que “pronto todas las víctimas de violencia serán tratadas por igual y no se alimentarán políticas identitarias discriminatorias por razón de sexo”.

El secretario del PP autonómico, Francisco Vázquez, se separó de esa línea: “Hay muchas fuerzas políticas que opinan cosas distintas. Hay libertad de expresión, pero no compartimos esas expresiones”, dijo. Mañueco, único mandatario regional aliado con Vox, no se ha manifestado al respecto, algo recurrente desde que pactó con este partido. La consejera de Familia de Castilla y León, Isabel Blanco (PP), sí lo tildó como “asesinato machista” y clamó por “seguir luchando contra la lacra de la violencia de género”. Una de las exigencias de Vox para pactar con Mañueco, que este aceptó, fue impulsar una “ley de violencia intrafamiliar”, ya en tramitación, aunque el presidente insiste en que no implicará retrocesos en Igualdad. Solo tres de los 12 altos cargos de la coalición son mujeres.

Gallardo ha exhibido igualmente su tono en sede parlamentaria. En el último pleno llamó “imbécil” a su predecesor, Francisco Igea (Ciudadanos). El presidente de las Cortes, Carlos Pollán (Vox), no reprendió a su compañero. Igea, a su vez, ha amenazado con denunciar a Pollán por “difamación”, pues pese a su puesto de árbitro parlamentario redifundió en Twitter contenidos ofensivos contra el exvicepresidente. García-Gallardo, que no dirige ninguna consejería, ya levantó airadas protestas en su primera cita en el hemiciclo, cuando le espetó a Noelia Frutos, una procuradora socialista con discapacidad, que le hablaría “como si fuese una persona como otra cualquiera”. El PP salvó al dirigente de Vox de ser reprobado por ese episodio.

Las recurrentes algaradas del socio de Mañueco causan, según considera una fuente del PP, un efecto contradictorio en los de Alberto Núñez Feijóo: a escala autonómica perjudican porque “la gente de derechas ve nefasto un Gobierno con ese nivel”, pero en lo nacional “refuerzan porque Vox pierde prestigio como alternativa”. “Vox ha defraudado porque se le han visto las costuras”, opina este dirigente.

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