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Lesmes inaugura el año judicial más turbulento

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El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, durante un acto celebrado en Barcelona en mayo pasado.
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, durante un acto celebrado en Barcelona en mayo pasado.Quique García (EFE)

Los magistrados del Tribunal Supremo han asistido en los últimos meses con estupefacción a los intentos fallidos de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), caducado desde hace casi cuatro años. Con más o menos escepticismo en cada tentativa, en el alto tribunal se había asumido que el curso 2021/2022 discurriría en su mayoría sin renovación -y, por tanto, sin poder cubrir las vacantes generadas en cuatro de sus cinco salas por la imposibilidad del Consejo de hacer nombramientos mientras siga con el mandato vencido-, pero no querían ni plantearse la posibilidad de que el 2022/2023 se afrontara en esa situación. La fecha límite era hoy, cuando el Supremo acoge la apertura del año judicial, presidido por el Rey y que cada septiembre marca el inicio oficial del curso jurídico. Pero la cita, en vez de llegar con un acuerdo que celebrar, se presenta en el peor momento posible: con las negociaciones entre PSOE y PP para renovar el CGPJ rotas y la tensión disparada por las maniobras de un sector del bloque conservador del Consejo para hacer fracasar otra renovación pendiente, la del Tribunal Constitucional.

La solemnidad del acto, con el despliegue de togas y autoridades en el imponente Salón de Plenos del antiguo palacio de las Salesas, se ve empañada desde hace ya tres años por un ambiente enrarecido fruto de la interinidad del órgano judicial de los jueces. Este será el cuarto discurso que Carlos Lesmes, presidente del Consejo y del Supremo, pronuncie con el mandato expirado, pero nunca hasta ahora se había enfrentado a un ambiente tan turbulento. Él mismo se encargó de recalcarlo el pasado lunes, en una improvisada rueda de prensa en la que intentó devolver a los partidos y al sus propios compañeros del Consejo la presión que estos han ejercido sobre él en los últimos días, unos para que saque adelante los nombramientos de dos magistrados del Constitucional que corresponde nombrar al CGPJ y otros, para que no lo haga.

El pleno para votar esos nombramientos se celebra el jueves y nadie se atreve a vaticinar un resultado, aunque cada vez está más extendida entre los vocales la sensación de que hará falta, como mínimo, una segunda sesión para alcanzar un acuerdo. Las palabras de Lesmes el pasado lunes irrumpieron en medio de las conversaciones de los miembros del CGPJ para preparar esa votación y, según vocales consultados, van a jugar un papel importante. En el bloque progresista, donde escasean los lesmistas, se elogia en general su firmeza para apostar por la designación de los magistrados del Constitucional, aunque hay coincidencia de que lo contrario no era una opción realista porque habría sido un suicidio. Entre los conservadores, hay disparidad de interpretaciones, pero casi todos los consultados ponen alguna pega a las palabras de Lesmes: unos creen que exhibió enfado en exceso y eso le debilita; para otros, más críticos, sucumbió a un calentón impropio de él y cometió “errores”. A algunos vocales de este grupo les ha molestado que el presidente afirmase que el Consejo “no se va a declarar en rebeldía”, en el sentido de que va a cumplir la ley que le obliga a elegir a dos magistrados del Constitucional. “Si todo lo que no sea seguir su criterio es rebeldía, mal vamos”, avisa un consejero conservador.

Las palabras de Lesmes del lunes fueron un avance de las que pronunciará en la apertura del año judicial, donde volverá a exigir la renovación del órgano de gobierno de los jueces y reprochará al Gobierno que haya impulsado la reforma legal que devuelve al Consejo las competencias para nombrar a magistrados del Constitucional, pero mantiene el veto para los del Supremo, que tiene ya 14 de sus 79 plazas vacantes.

El Ejecutivo no contempla la “hipótesis” de que el CGPJ incumpla con su obligación y eluda designar a los dos magistrados del tribunal de garantías que le corresponden. Fuentes gubernamentales consideran que Lesmes realizó “un ejercicio de sensatez” con las declaraciones del lunes y valoran su disposición a resolver la parálisis en el Constitucional, que tendría que haber nombrado a cuatro magistrados nuevos -dos elegidos por el Gobierno y dos por el CGPJ- antes del 12 de junio. La previsión del Ejecutivo es nombrar los dos magistrados que le corresponden en tiempo y forma, aunque está abierto a cierta flexibilidad. La fecha tope expira el 13 de septiembre -límite que se incluyó en la reforma que el Congreso aprobó en julio y permite al CGPJ hacer nombramientos solo para el Constitucional- y las fuentes consultadas contemplan que la víspera, o ese mismo día, el Poder Judicial pueda alcanzar un acuerdo y elegir a los dos representantes que le toca en el Constitucional. Esta decisión podría coincidir con el día 13, martes, el día que se suelen celebrar los Consejos de Ministros, por lo que puede ser que para entonces no haya acuerdo. En ese caso, el Gobierno podría esperar a una solución en el Poder Judicial y retrasar sus nombramientos al Consejo de Ministros del 20 de septiembre.

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España

RTVE y la Abogacía del Estado estudian una salida tras la dimisión de Pérez Tornero

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El presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, durante una comparecencia en el Congreso, el 28 de abril.
El presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, durante una comparecencia en el Congreso, el 28 de abril.MARISCAL (EFE)

La dimisión de José Manuel Pérez Tornero como presidente de RTVE tras haber perdido la confianza de una gran parte del consejo de administración, que se reúne este martes, abre un nuevo periodo de interinidad en la radio y televisión pública que no es inédito. Una situación similar se produjo tras la renuncia de Alberto Oliart en 2011, que también fue elegido con el apoyo del PP y del PSOE durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Para poner en marcha el proceso de sucesión tras la salida de Pérez Tornero y analizar las alternativas de relevo, el secretario general de la corporación, Alfonso Morales, se reunió ese lunes en La Moncloa con responsables del Gobierno. El consejo de informativos de RTVE ha emitido un comunicado en el que manifiesta su “honda preocupación” por el futuro inmediato de la corporación y lanza un mensaje al actual Gobierno y al arco parlamentario: “Si los presentes o inmediatos movimientos en RTVE tienen por objetivo someter a este servicio público a intereses partidistas, los trabajadores no lo permitiremos”.

“La situación jurídica es muy complicada”, aseguran fuentes de la empresa. Pero también mantienen que no hay prisa por llevar a cabo un relevo rápido, ya que el funcionamiento de la corporación está garantizado a través de una representación mancomunada formada por el secretario general de RTVE y por la directora corporativa, Marta Torralvo, que asumirían las cuestiones más urgentes, como la firma de contratos para mantener la actividad en marcha, y evitar así un bloqueo en la corporación. La Abogacía del Estado está en estos momentos evaluando todas las opciones posibles para salir de la provisionalidad.

La ley establece que el Congreso de los Diputados designará entre los consejeros electos el que desempeñará el cargo de presidente de la corporación y del consejo, una elección que requiere dos tercios de la Cámara. Pero no se prevé que en el actual contexto político los dos principales partidos alcancen un pacto para elegir a un nuevo responsable de RTVE, toda vez que los puentes entre el PSOE y el PP para la renovación de las instituciones parecen estar dinamitados. El PSOE podría proponer la elección de un décimo consejero en el Congreso y sacar adelante la votación en segunda ronda, para lo cual solo necesitaría mayoría absoluta y el apoyo de al menos la mitad de los grupos parlamentarios de la Cámara baja, que fue la que designó a Pérez Tornero. En este caso, la persona propuesta, según fuente de la corporación, debería ser uno de los 90 candidatos que se presentaron al concurso público.

Otras opciones pasan bien por establecer un sistema de rotatorio entre los nueve consejeros o bien designar a uno de ellos como presidente provisional. Tras la salida de Oliart la presidencia fue ostentada de forma rotatoria cada mes por los 11 miembros que componían entonces el consejo de administración. Tras un primer sorteo, se fueron sucediendo al frente del órgano de gestión de RTVE. Con este sistema, el control ejecutivo de la empresa quedaba en manos del propio consejo, que asumió las competencias que la ley otorga al presidente.

Designar un presidente provisional, que necesitaría al menos cinco votos para salir adelante, es una alternativa que también está sobre la mesa. PSOE y Unidas Podemos apuestan por el este modelo. Para el cargo, la consejera con más apoyo es Elena Sánchez Caballero, una profesional con una larga trayectoria en RTVE que fue elegida a propuesta de los socialistas junto a la profesora de comunicación Audiovisual Concepción Cascajosa y el productor televisivo Ramón Colom. A estos tres votos se unirían los dos de Unidas Podemos. El resto del consejo lo componen tres vocales del PP y uno del PNV. Sánchez Caballero asumiría la presidencia del consejo de administración.

En 2018, la falta de votos en Congreso para renovar el consejo de RTVE condujo a una situación de interinidad que se prolongó durante tres años. La periodista Rosa María Mateos fue elegida administradora provisional única, un cargo en el que se mantuvo hasta marzo de 2021, cuando las Cortes eligieron a Pérez Tornero. La ley fijaba su mandato en seis años, pero deja el cargo a los 18 meses tras haber perdido la confianza del PSOE y de Unidas Podemos.

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España

El comisario europeo de Justicia se reunió con González Pons antes de viajar España

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El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha mantenido una reunión con el eurodiputado del Partido Popular Esteban González Pons antes de su viaje a España, esta semana, en el que abordará el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), empantanado desde hace casi cuatro años por el bloqueo del PP. La reunión, confirman en el Gabinete de Reynders, ha sido en Estrasburgo, hace unos 10 días, coincidiendo con el pleno del Parlamento Europeo. Desde el Gabinete del comisario belga señalan que es una práctica habitual de Reynders mantener reuniones con eurodiputados con cierta frecuencia para tratar asuntos legislativos en curso y futuros, así como temas de actualidad, y no dan más detalles del contenido de la reunión. González Pons, europarlamentario desde 2014, también es la persona elegida por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para negociar con el Gobierno la renovación del Poder Judicial.

Fuentes oficiales del PP han confirmado el encuentro, pero lo circunscriben a las “reuniones periódicas” de González Pons con Reynders en su calidad de portavoz para los temas de Justicia del Partido Popular Europeo, informa Elsa García de Blas. En ese encuentro no se habló “en ningún caso” del tema específico de España, aseguran estas fuentes, que añaden que les resulta “enternecedor que el Gobierno quiera decir ahora que el PP manda en la Comisión Europea, después de haber hablado de la complicidad de Von der Leyen con Pedro Sánchez”.

El comisario de Justicia no ha mantenido recientemente, no obstante, encuentros similares con otros eurodiputados ni con el Gobierno español; aunque se reunió con representantes del Ejecutivo de Pedro Sánchez (de los Veintisiete) la semana pasada en el marco del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE en Bruselas.

Un retraso “preocupante”

Reynders (liberal) ha insistido en que viaja a España para una visita habitual y no para resolver el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Pero durante el viaje, hablará del informe del Estado de Derecho de 2022, donde la Comisión define como “preocupante” el retraso en la renovación del CGPJ y pide a España que lo emprenda con “carácter prioritario”, además de reclamar a Madrid que cambie el método de elección de sus vocales “teniendo en cuenta las normas europeas”, es decir que los jueces elijan a los miembros del CGPJ de forma directa y no indirecta, como ahora, que son elegidos por las Cortes de una lista aportada por los jueces. El comisario también se preparará para la presidencia española de la UE, prevista para el segundo semestre de 2022, según su equipo.

El comisario europeo de Justicia, que la semana pasada aseguró que descarta instrumentos más duros —como el expediente sancionador que ha abierto a Polonia por su situación judicial— sobre España, intentará “facilitar el diálogo entre las fuerzas políticas para encontrar un apoyo rápido y urgente”, dicen desde su Gabinete.

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Feijóo sobre la dimisión de Pérez Tornero: “Demuestra que ni siquiera el Gobierno cumple los pactos”

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La dimisión del presidente de RTVE José Manuel Pérez Tornero, que ascendió a ese puesto por un pacto entre el PSOE y el PP, ha servido a Alberto Núñez Feijóo como argumento en su favor en el bloqueo de cualquier acuerdo entre el Gobierno y su partido, como en el caso del Consejo General del Poder Judicial. Tras el anuncio del cese de Pérez Tornero por haber perdido el favor de los socialistas y Unidas Podemos, el líder del PP ha acusado al Ejecutivo de “tomar” y “asaltar” las instituciones del Estado y de incumplir los acuerdos con la oposición. “Después de un pacto para el nombramiento del consejo de administración de RTVE, que el Gobierno unilateralmente lo rompa y obligue a cesar a una persona que había sido elegida, acredita que ni siquiera el Gobierno respeta los pactos. Esto es especialmente grave”, se ha quejado Feijóo.

El líder del PP ha cargado contra el Ejecutivo por lo que considera es una ocupación partidista de algunas instituciones del Estado, como RTVE, el CNI o el INE. “Lo que se ha venido a confirmar con la obligatoria dimisión del director de RTVE es la toma de las instituciones por parte del Gobierno. Han cesado a la directora del CNI, al del INE, y han pedido que dimita el director de la compañía de RTVE, que nace de un pacto entre los grandes partidos, simplemente porque no les gusta como dirige la cadena. Esto confirma la uitilización de las instituciones del Estado por parte del Gobierno”, ha manifestado en declaraciones a los periodistas en Palma de Mallorca.

“Es lamentable que vivamos en un país donde el Gobierno no distinga entre sus competencias para gobernar y las instituciones”, ha criticado Feijóo, que se ha detenido especialmente en la televisión pública. “Lamento que también RTVE se vea sometida al control férreo del Gobierno. Y es que, o haces lo que te mandan, o simplemente te cesan”, se ha quejado. En el pasado, los trabajadores de RTVE han promovido protestas contra el PP cuando estaba en el Gobierno por el control de la radiotelevisión pública, como los famosos viernes negros. En las televisiones autonómicas de Gobiernos populares también hay acusaciones de manipulación, como en Telemadrid, donde Isabel Díaz Ayuso tomó el control en 2021 con el cese de la dirección.

Feijóo ha aprovechado la dimisión de Pérez Tornero para alejar otros acuerdos con el Gobierno, como el del Consejo General del Poder Judicial, bloqueado desde hace casi cuatro años. “Es muy difícil fiarse de un Gobierno que ocupa las instituciones”, ha advertido el líder del PP, convencido de tener nuevos argumentos para cargar la responsabilidad de la falta de acuerdos en el PSOE.

El jefe de la oposición se ha pronunciado hoy, por otro lado, 48 horas después, sobre el triunfo de la ultraderecha en las elecciones en Italia. Tras haber optado por el silencio en su discurso ante el comité de dirección del PP este lunes, según su gabinete de forma consciente porque la dirección “no comenta otros procesos electorales”, Feijóo se ha referido este martes a la victoria de Giorgia Meloni a preguntas de los periodistas. El líder del PP ha manifestado “respeto por la decisión de los italianos” y ha reconocido que el Partido Popular Europeo (del que forma parte el partido de Silvio Berlusconi, Forza Italia) “no ha tenido un buen resultado en Italia”. A renglón seguido, Feijóo ha pedido al nuevo Gobierno de la coalición de conservadores, posfascistas y populistas que rectifique su euroescepticismo inicial, sobre todo en el caso de Meloni. “Habrá que respetar y ver qué hace el Gobierno de Italia. Todo lo que sea rectificar sus planteamientos iniciales en favor del europeísmo y de una Europa cohesionada sería una buena rectificación. Espero que algunas manifestaciones durante la campaña se maticen, e Italia no abandone el compromiso con el euro y con la UE”, ha reflexionado.

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