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Tres años y ocho meses de obstáculos y versiones cambiantes para renovar el Poder Judicial

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La Constitución mandata a los dos grandes partidos a acordar juntos los nombres de los 20 vocales que integran el Consejo General del Poder Judicial cada cinco años. Nada dice el texto constitucional sobre que los partidos puedan condicionar ese pacto a otros asuntos, que es básico para el funcionamiento de la justicia en España. Sin embargo, en los tres años y ocho meses que el CGPJ lleva caducado, el PP ha esgrimido varias veces obstáculos relacionados con la pura contienda política, mientras otras ha planteado exigencias añadidas a la mera renovación de los vocales. El último capítulo del pertinaz bloqueo son las versiones cambiantes de los populares para tratar de desvincularse del acuerdo desvelado por EL PAÍS al que habían llegado en otoño de 2021 el Gobierno y el PP de Pablo Casado para reformar la ley del Poder Judicial. En el largo periodo de desencuentros, el Gobierno también ha hecho tres movimientos unilaterales —de uno de ellos desistió— para reformar la ley, que entorpecieron las negociaciones, con el argumento de que no podía aceptar más la demora en el acuerdo. Este es el historial de obstáculos que ha dado lugar a la mayor anomalía institucional del país.

1. El mensaje de Cosidó revienta el primer acuerdo. El PSOE y el PP pactaron en 2018 la renovación del Consejo con una mayoría progresista de vocales y presidido por Manuel Marchena, un juez de tendencia conservadora. En aquel pacto, el PP no reclamó una reforma del método de elección de los vocales para que los jueces eligieran en exclusiva a los jueces, y aceptó que entrara como vocal el juez José Ricardo de Prada, magistrado de la sentencia del caso Gürtel, exigencias que pondría después. El acuerdo saltó por los aires porque se filtró un mensaje que Ignacio Cosidó, entonces portavoz del PP en el Senado, envió a los senadores populares justificando el acuerdo porque así el partido iba a poder “controlar la sala segunda del Supremo por la puerta de atrás”. Marchena renunció y todo se fue al traste. Así empiezó el bloqueo.

2. No hay acuerdo porque Podemos critica a Juan Carlos I. En el verano de 2020, según reveló en su día Pablo Casado, el Gobierno y el PP llegaron a un nuevo acuerdo para renovar el consejo. En esas fechas, el rey Juan Carlos I abandonó España por el escándalo de sus irregularidades fiscales. El PP se negó entonces a pactar con el PSOE por los ataques al Rey de Pablo Iglesias, líder de Podemos en aquella época.

3. Movimiento unilateral del Gobierno para cambiar la ley. En octubre de 2020, el Ejecutivo registró una propuesta de reforma de la ley para poder renovar el Consejo con mayoría simple del Congreso. Terminó desistiendo ante las críticas que recibió la iniciativa.

4. Podemos debe quedar fuera de la negociación. Ese mismo otoño, Casado pasó a exigir que el partido de Pablo Iglesias fuera excluido de las negociaciones.

5. Que pasen las elecciones catalanas y que no haya indultos. En diciembre de 2020, el PP transmitió su voluntad de acuerdo para después de los comicios catalanes si Unidas Podemos seguía quedando fuera y el Gobierno no indultaba a los líderes independentistas, como luego ocurrió.

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6. Segundo movimiento del Gobierno impidiendo al consejo aprobar nombramientos mientras está en funciones. La Moncloa impulsó esta reforma para presionar al PP y que accediera a la renovación.

7. Veto al juez del ‘caso Gürtel’. En marzo de 2021, pasadas las catalanas, el Gobierno y el PP volvieron a sentarse. El PP rechazó el pacto por la entrada del juez José Ricardo De Prada por el cupo de juristas.

8. El modelo debe cambiar y los jueces elegir a los jueces. En abril de ese año, el PP planteó una nueva exigencia: un cambio del método de elección de los vocales del CGPJ para que fueran elegidos en exclusiva por sus pares.

9. No sirve el estudio del cambio de modelo, debe registrarse una reforma de la ley. En septiembre del año pasado, Casado endureció todavía más sus condiciones: exigió que se registrara una ley con el cambio de método de elección de los vocales. Ya no le servía, dijo, que la reforma se estudiara en el Congreso, como había aceptado en pactos anteriores, porque sostenía que no se fiaba de Pedro Sánchez: reclamaba de inmediato la ley. En secreto, sin embargo, el PP y el Gobierno terminaron firmando en octubre de ese año un pacto para reformar la Ley del Poder Judicial al objeto de renovar el Tribunal Constitucional y ganar tiempo para seguir negociando el órgano de gobierno de los jueces. Ese acuerdo nunca se hizo público y tampoco se anunció. EL PAÍS ha desvelado este lunes el documento firmado. Meses después, Casado fue defenestrado como líder del PP y sustituido por Alberto Núñez Feijóo en un congreso el 2 de abril de 2022.

10. Que pasen las elecciones andaluzas. Al poco de su llegada a la presidencia del PP, Feijóo se reunió con Sánchez y ambos acordaron retomar las conversaciones. El PP puso poco después una primera condición temporal: que sea después de las andaluzas previstas para junio de 2022.

11. Vinculación a más medidas de regeneración de la justicia. Feijóo renunció a reclamar un cambio de método de elección como exigía Casado, pero sí pidió un “acuerdo global” que incluyera reformas de “regeneración” de la justicia.

12. Movimiento unilateral del Gobierno para renovar solo a los magistrados del Tribunal Constitucional. En junio, el Ejecutivo registró una proposición de ley para que el CGPJ pudiera nombrar solo a los dos magistrados del Constitucional pendientes de renovación, mientras el Gobierno nombrará a otros dos que le corresponden. La Moncloa argumenta el movimiento para desbloquear al menos el tribunal de garantías, teniendo en cuenta que sigue sin llegar el acuerdo con el PP.

13. Debe retirarse la ley sobre el Constitucional. El PP pasó entonces a exigir al Gobierno que retire esa reforma para poder pactar. En julio se produjo la última reunión de los negociadores, que termina sin acuerdo porque el Ejecutivo no da marcha atrás. El PP hizo público un documento de siete páginas con sus propuestas.

14. Último capítulo. EL PAÍS revela esta semana el pacto escrito de otoño de 2021 y la dirección del PP cambia de versión sobre el documento. El acuerdo, según el texto desvelado por este periódico, consistía en una reforma de la ley del poder judicial para el desbloqueo del nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional causado por la no renovación del CGPJ. Funcionaba como salvaguarda mientras no llegaba el pacto global. Es decir, se trata, precisamente, la reforma que ahora ha promovido el Gobierno unilateralmente y el PP le exige que retire. La dirección del PP primero dijo desconocer ese texto y luego admitió que lo conocía. Este martes, el vicesecretario Pedro Rollán aseguró: “Absolutamente ningún miembro del Gobierno, ni el propio presidente, hizo referencia de ningún tipo a un documento suscrito con anterioridad”. El miércoles, el vicesecretario Esteban González Pons afirmó, en cambio, en referencia a Félix Bolaños, ministro negociador del PSOE: “Me puso encima de la mesa ese documento y otros, y desde el primer momento lo rechazamos, no quisimos verlos”.

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Moreno advierte de que planteará “todas las batallas posibles” para defender la autonomía fiscal de Andalucía

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El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, durante el XVI congreso provincial del PP en Sevilla, este domingo.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, durante el XVI congreso provincial del PP en Sevilla, este domingo.Joaquin Corchero (Europa Press)

La decisión del Gobierno central de aprobar un impuesto a las grandes fortunas ha colocado en posición de defensa a la Junta de Andalucía. Aún habrá que esperar a que se apruebe la ley con las nuevas medidas fiscales anunciada la semana pasada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pero el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, ha afirmado este domingo que su Gobierno “dará todas las batallas posibles” para defender la autonomía fiscal de la comunidad. Desde la Junta entienden que la propuesta del Gobierno desactiva en gran medida el decreto ley convalidado el pasado miércoles por el Parlamento autonómico de bonificar al 100% el impuesto de patrimonio, una decisión que afecta solo al 0,2% de los contribuyentes, los más ricos, y representa apenas el 0,6% de los ingresos de la comunidad.

Moreno está abanderando no solo una posición de Andalucía, sino también la del PP nacional en su carrera por la meta final: ganar las próximas elecciones generales y lograr que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sustituya a Pedro Sánchez en la presidencia del Gobierno. En cierto sentido, lo que está haciendo Moreno, asumir en primera persona la responsabilidad de que el PP recupere el Gobierno de la nación, ya lo hicieron los socialistas andaluces cuando en 1996 el PSOE de Felipe González perdió las elecciones. En esa época, la Junta presida por Manuel Chaves puso en marcha medidas para contrarrestar las políticas de José María Aznar, como el complemento de las pensiones no contributivas o el pago de medicamentos excluidos por la Seguridad Social. Se presentaron recursos por parte del PP al Tribunal Constitucional. El alto tribunal dio la razón a la Junta.

El barón andaluz acaba de ganar las elecciones autonómicas con mayoría absoluta —el pasado 19 de junio— y según él se está limitando a cumplir con el programa electoral refrendado por la mayoría de los electorales. “Brujería es cumplir los acuerdos”, ha replicado Moreno a la crítica que Pedro Sánchez hizo este sábado en el Foro La Toja contra “los brujos que proclaman que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos”. Tanto Moreno como el coordinador nacional del PP y exconsejero de la Presidencia, Elías Bendodo, han aprovechado la clausura del congreso extraordinario del PP de Sevilla para afirmar que una cosa es lo que propone Sánchez y otra, los socialistas. “Muchos socialistas me dicen que no están de acuerdo con la reacción del sanchismo”, ha dicho el presidente andaluz. “El socialismo se está rebelando contra el sanchismo”, ha proclamado Bendodo, en alusión al anuncio de comunidades gobernadas por el PSOE de bajar impuestos tras la decisión de Andalucía.

Moreno ha acusado a la ministra de Hacienda de crear incertidumbre entre los residentes extranjeros en Andalucía con su propuesta de crear un nuevo impuesto “de solidaridad” a los contribuyentes más ricos. Según los datos del presidente andaluz, para los 100.000 extranjeros que ahora pasan entre dos y seis meses en la comunidad y que por información de los “despachos” podrían fijar su residencia fiscal en la comunidad, la decisión de Hacienda genera inseguridad.

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El presidente de la Junta también estuvo en La Toja antes de clausurar los congresos extraordinarios del PP de Málaga, el sábado, y este domingo, el de Sevilla. Estos cónclaves suponen el control absoluto de Moreno sobre las organizaciones provinciales. El de Málaga ha supuesto la salida de Bendodo de la presidencia provincial tras 14 años, obligada por su ascenso como coordinador nacional el PP. Los malagueños han apostado por un relevo natural —la nueva presidenta, Patricia Navarro, era la secretaria general—; mientras que, en Sevilla, se ha intentado poner punto final a años de luchas internas.

Cuando Moreno ganó las andaluzas del 19 de junio, llegó a un acuerdo con la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, para provocar un congreso extraordinario. Pérez fue elegida en marzo de 2021 con el 93% de los votos, en un congreso convocado en contra de la opinión de Moreno y avalado por la dirección nacional que entonces lideraban Pablo Casado y Teodoro García Egea. El resultado, en un proceso plagado de denuncias por irregularidades, abrió una brecha de desconfianza entre el líder nacional y el andaluz, quien dejó patente su malestar al no asistir a la clausura.

Juan Manuel Moreno, en el centro, rodeado de dirigentes andaluces en el XVI Congreso Provincial del Partido Popular en Sevilla.
Juan Manuel Moreno, en el centro, rodeado de dirigentes andaluces en el XVI Congreso Provincial del Partido Popular en Sevilla.

El resultado electoral andaluz ha dejado claro dónde y quién está en el puente de mando y los populares sevillanos eligieron este domingo con el 96,4% de los votos a Ricardo Sánchez, delegado de la Junta en Sevilla, nuevo líder provincial. Está por ver si el cainismo histórico en esta organización se diluye.

La provincia de Sevilla siempre ha sido el talón de Aquiles del PP andaluz, el patito feo al que desde otras provincias reprochaban su falta de empuje y de contribución a la bolsa de votos regional. Junto con la de Huelva es de las circunscripciones donde peor resultado obtienen. Esa circunstancia cambió en las autonómicas de junio, cuando el PP por primera en 45 años superó al PSOE en Sevilla en una convocatoria electoral. A ese dato se ha acogido Moreno para proclamar que “no hay nada imposible” y ha marcado el objetivo de gobernar la Diputación de Sevilla, el fortín más poderoso de los socialistas sevillanos, tras la pérdida de la Junta. El PP se aferra a los resultados de las autonómicas en municipios donde no tienen ni un solo concejal y fueron los más votados (como es el caso de Utrera, de unos 50.000 habitantes).

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El día que Pere Aragonès dijo basta

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El presidente catalán Pere Aragonès vuelve a su despacho, el pasado miércoles, tras anunciar la destitución de su 'número dos'
El presidente catalán Pere Aragonès vuelve a su despacho, el pasado miércoles, tras anunciar la destitución de su ‘número dos’Albert Garcia

Pocas cosas han marcado más la política catalana desde la Transición que la siempre tóxica relación entre los dos principales partidos nacionalistas. Desde que en 1980 Jordi Pujol alcanzara la presidencia de la Generalitat gracias a los votos de ERC, los republicanos han votado hasta seis veces la investidura de un presidente de CiU, primero, o de Junts per Catalunya después. Y su sensación posterior siempre ha sido agridulce por haberse visto arrinconados de los núcleos de decisión y haber sido tratados como menores de edad por el partido que durante 30 años lideró el nacionalismo desde el centroderecha.

La Esquerra de Pere Aragonès se ha cansado de ser un partido subalterno. En términos que se entienden muy bien en la Cataluña menos urbana, su tradicional granero de votos, ya no quiere ser el masover a merced de l’amo (el aparcero a merced del amo). El empoderamiento republicano frente al espacio de la antigua CDC lo fortifican los triunfos electorales; una digestión más analítica de lo ocurrido en 2017, y, claro, tener la presidencia de la Generalitat, explica Manel Lucas, autor de Breve Historia de ERC (Catarata). Y ese talante ha llegado al culmen esta semana, cuando el president ha señalado el camino de salida del Gobierno a Junts si no abandona sus posiciones maximalistas, deja de torpedear la vía del diálogo y reconoce la autoridad de la formación que, aunque sea por un escaño, ganó las elecciones de 2021 dentro del bloque secesionista. Mucho tendrá que rectificar Junts, en público y en privado, si no quiere verse fuera, teniendo que dejar los altavoces institucionales, el rédito electoral de la obra de Gobierno y más de 250 altos cargos, muy bien pagados, en la Administración.

La legislatura se inició con Junts humillando políticamente a sus socios, con el president en la diana. Llevaron los plazos al límite y le hicieron tragar el sapo de un pleno de investidura frustrada. Pese a los esfuerzos para reducir el ruido interno y constante que marcó al Ejecutivo que lideró Torra (su número dos era Aragonès), las miradas de reojo nunca cesaron y los choques fueron duros: por la mesa de diálogo (el republicano impuso un veto a Junts para designar delegados que no eran consellers); por temas sectoriales como la ampliación del aeropuerto, o políticos, como permitir la suspensión de Laura Borràs en el Parlament.

Pero la gota que ha colmado el vaso comenzó a formarse antes del verano y cayó el martes, en el Debate de Política General en el Parlament. En una maniobra imposible de entender entre socios de Govern, Junts exigió a Aragonès que se sometiera a una cuestión de confianza si no era capaz de dar garantías de que se cumplirán tres puntos centrales en el eje independentista del Acuerdo de Govern y que se cerraron en falso en su día, ante la posibilidad de repetición electoral.

Se trata de la puesta en marcha de un Estado Mayor del independentismo (ERC quiere evitar que acabe en manos del llamado Consell de la República, que lidera Carles Puigdemont); una coordinación de acción en el Congreso, donde ERC tiene 13 diputados y Junts, 4, y que la autodeterminación sea la única materia de la mesa de diálogo.

Aunque había algunos intentos de acercamiento para ponerlos en marcha —la realidad es que las estrategias opuestas de Junts (confrontación) y ERC (jugar con su influencia numérica en las Cortes) hacen imposible llegar a un acuerdo— los liderados por Laura Borràs optaron por lanzar la bomba de la moción de confianza en el debate parlamentario del martes. Al día siguiente, el president respondió fulminando a su número dos, Jordi Puigneró, el cargo más alto de Junts en el Ejecutivo. Le acusó de deslealtad por no informarle de los planes de Junts, que afectan a la institucionalidad.

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Geometría variable

Junts, que preguntará a su militancia este jueves y viernes si hay que seguir en la coalición, respondió el viernes al descabezamiento de Puigneró con una propuesta para que se pongan en marcha los tres puntos pendientes. Fueron necesarias 10 horas de reunión para un acuerdo con pocos desarrollos y en el que, para sorpresa de varios miembros de la cúpula, se pide además que se restituya al ahora exvicepresident.

Aragonès rechazó ayer de plano la propuesta. “Junts ha de tomar una decisión ya [sobre su continuidad en el Ejecutivo], y si no lo hace, la tomaré yo”, sentenció en una entrevista a La Vanguardia. Por primera vez, muestra a sus socios directamente la puerta de salida. En las filas republicanas se ven capaces de navegar una temporada con un Gobierno en minoría. Tienen 33 diputados, la mayoría está en 68. El PSC se muestra dispuesto a colaborar externamente pero, hasta ahora, ERC ignora en cada pleno su mano tendida. La ayuda hipotecaría la presión en el Congreso. “El momento político y la crisis social ayuda a que nadie se ponga de perfil”, defiende una voz autorizada de los republicanos. Habría poco margen con Junts después de que Aragonès les dijera basta.

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“Operación Recuperar Soberanía”, el plan de las Fuerzas Armadas ante el referéndum del 1-O

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El general Fernando Alejandre, en un acto en Toledo en diciembre de 2019, cuando era Jefe del Estado Mayor de la Defensa.
El general Fernando Alejandre, en un acto en Toledo en diciembre de 2019, cuando era Jefe del Estado Mayor de la Defensa.Ángeles Visdómine (EFE)

17 de agosto de 2017. El jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), el general del Ejército Fernando Alejandre Martínez, pasa sus vacaciones en una casa rural en Cáceres cuando le llegan, por radio y televisión, las primeras y confusas noticias sobre el atentado de La Rambla, donde una camioneta ha arrollado a la multitud, dejando un reguero de 15 muertos y más de un centenar de heridos. Desde que un camión irrumpió en 2016 en la celebración de la Fiesta Nacional en Niza (Francia), vehículos de transporte se han usado como instrumento de terror en media docena de ciudades europeas. Todo apunta a que se trata del mayor ataque yihadista en España desde el 11-M de 2004.

Alejandre recibe la llamada del general Francisco Rosaleny, jefe del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), que depende directamente de él. El director del CNI militar le advierte de las señales de alarma que llegan desde Cataluña, no solo por la amenaza del terrorismo, sino también por el referéndum independentista que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciado para el próximo 1 de octubre. El jefe de la cúpula militar le pide a Rosaleny que transmita a La Moncloa su disposición para trasladarse a Madrid tan pronto como sea convocado el Consejo de Seguridad Nacional y le ordena mantenerle al corriente de cualquier novedad a través del oficial de enlace del CIFAS en el CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado), dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Horas después, el general del CIFAS llama a su jefe para comunicarle que en La Moncloa le han hecho saber que, dada la delicada situación política de Cataluña, no está previsto reunir el Consejo de Seguridad Nacional, que preside Mariano Rajoy. Eso sí, le aseguran que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, está en contacto permanente con la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y que el representante del CIFAS en el CITCO será “oportunamente” informado de cualquier novedad. A Alejandre le queda claro que no se cuenta con las Fuerzas Armadas para afrontar el envite.

“El simple hecho de pensar que nadie iba a convocar a los órganos de la seguridad nacional […] me confirmó los peores temores. No me preocupaba solo la situación en Cataluña a raíz de los atentados de las Ramblas, sino lo que podía ocurrir en un futuro casi inmediato. Estábamos a menos de 50 días de algo tan público, pero que nadie parecía tomarse muy en serio, como era la convocatoria de un referéndum absolutamente ilegal”, escribe el entonces Jemad en su libro de memorias Rey servido y patria honrada (Ediciones Deusto, 2022), en el que se basa parte de esta reconstrucción.

Una persona que entonces tuvo responsabilidades en La Moncloa reconoce que, si los atentados se hubieran producido en otro lugar que no fuera Cataluña, se habría reunido el Consejo de Seguridad Nacional. Pero de haberlo hecho, alega, se habría abierto el debate sobre la adopción de medidas excepcionales en la comunidad autónoma, lo que se quería evitar a toda costa.

Alejandre había sido ascendido a la cúspide de la cadena de mando militar apenas cinco meses antes. Cospedal lo eligió tras realizar un casting entre generales, quizá por su trato directo o su experiencia internacional, pues había desarrollado parte de su carrera en la OTAN y en ese momento era segundo jefe de la Fuerza Conjunta de la Alianza, en Brumsum (Países Bajos), aunque otros lo consideraban demasiado impetuoso, “como buen zapador paracaidista”.

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Tras la decepcionante respuesta de La Moncloa, el Jemad llama al Comandante del Mando de Operaciones (Cmops), teniente general Fernando López del Pozo, y le confiesa su inquietud ante lo que percibe como falta de previsión del Gobierno en una coyuntura que él considera muy grave. Le pide que vaya revisando y, si es preciso, actualice los planes de contingencia que tienen las Fuerzas Armadas para este tipo de situaciones.

Nada más regresar a Madrid, convoca por separado a su despacho de la calle Vitrubio al teniente general Del Pozo, al general Rosaleny y al jefe de la División de Estrategia del Estado Mayor Conjunto, el general Juan José Leza. Tras impartir instrucciones a cada uno, los cita a una reunión conjunta. Será la única que se celebre.

“En vista de la sensibilidad de la situación y de la necesidad de que todos nuestros planes tuvieran un adecuado nivel de reserva, decidí que yo sería la única persona con conocimiento del dibujo completo y que iría despachando con mis subordinados aspectos puntuales que evitaran cualquier filtración de lo que íbamos a planear y, en su caso, ejecutar tan pronto obtuviera autorización de la ministra Cospedal”, escribe Fernando Alejandre en sus memorias.

Felipe VI, junto al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a la izquierda, y el de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la manifestación contra los atentados de La Rambla y Cambrirls, el 26 de agosto de 2017.
Felipe VI, junto al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a la izquierda, y el de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la manifestación contra los atentados de La Rambla y Cambrirls, el 26 de agosto de 2017.
Andreu Dalmau ((EPA) EFE)

El Jemad despachó con la ministra de Defensa el 26 de agosto, después de que esta regresara de Barcelona, donde había participado en el acto de repulsa por los atentados de La Rambla y Cambrils. Según Alejandre, Cospedal no podía ocultar su “indignación y preocupación” ante “aquella manifestación terrible en la que se ultrajó a SM [Su Majestad] y se insultó a los miembros del Gobierno y a España”. En lo que muchos vieron como una encerrona de los independentistas, el Rey y Rajoy fueron recibidos con pitidos, abucheos y banderas esteladas.

Alejandre contó a Cospedal los pasos que ya había dado y le pidió que le diera una directiva política, una orden para dar cobertura legal a lo que estaba haciendo y a lo que pensaba hacer. Para evitar filtraciones, según Alejandre, la ministra le pidió al general que redactara él mismo el borrador de la directiva y así lo hizo. Un par de días después, se la devolvió firmada. “Además de patriota, era valiente”, escribe Alejandre de Cospedal.

La directiva, que nunca se ha hecho pública, tenía forma de carta y solo constaba de un par de párrafos. En la misiva, la ministra ordenaba al Jemad, de manera genérica, que pusiera en marcha el planeamiento y tomara las medidas necesarias por si la situación en Cataluña se desbordara y las Fuerzas Armadas tuvieran que intervenir en el marco del ordenamiento jurídico y la Constitución.

Integridad territorial

Alejandre pidió al general Del Pozo (Cmops) que creara un reducido equipo de planeamiento para elaborar, a partir de los planes vigentes, uno específico para Cataluña. Se partió del Cota de Malla, el plan de contingencia que prevé el apoyo de las Fuerzas Armadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) en la lucha contra el terrorismo y para “preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas”, según la Ley Orgánica de Defensa Nacional de 2005. Se ha activado varias veces, con motivo de la celebración en España de eventos internacionales, como la reciente cumbre de la OTAN, o tras los atentados del 11-M.

Esta vez, sin embargo, no se trataba de afrontar una amenaza terrorista o un problema de orden público sino de atajar un riesgo para la integridad territorial; uno de los cometidos que el artículo octavo de la Constitución encomienda a las Fuerzas Armadas. Así lo revela el nombre que se dio a la operación: Romeo Sierra. Las letras RS corresponden en el alfabeto fonético de la OTAN a su denominación real: Recuperar Soberanía. Es el mismo nombre que se dio a la operación para recuperar el islote de Perejil, ocupado por Marruecos en 2002. De algo parecido se trataba en Cataluña, según los redactores del plan.

Era un plan escalable, que requería el visto bueno político para ascender cada peldaño. La primera fase, que se puso en marcha de inmediato, consistía en prestar apoyo logístico a los más de 5.000 efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil que se desplazaron a Cataluña con motivo del referéndum. El Ejército trasladó literas, taquillas, cocinas y duchas al cuartel de Santa Eulalia, en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), para alojar a los agentes y policías.

El general Alejandre temía, según reconoce, que grupos organizados, como los Comités de Defensa de la República (CDR), pudieran irrumpir en algún acuartelamiento y humillar a las Fuerzas Armadas con actos de ultraje a la bandera o acceso a instalaciones sensibles. Por eso, ordenó elevar el nivel de alerta de las unidades militares en Cataluña de Bravo (el segundo grado de una escala de cuatro) a Bravo Plus (el segundo reforzado con elementos del tercero) y se incrementó el personal de algunas instalaciones para cubrir turnos de guardia reforzados, como en la Comandancia Naval de Barcelona, cerca de la emblemática estatua de Colón.

También se trasladó al cuartel de Sant Boi maquinaria pesada para despejar el acceso al puerto de Barcelona, donde estaba atracado el famoso buque de Piolín (uno de los cruceros fletados por Interior para alojar guardias civiles y policías), ante el riesgo de que los manifestantes bloquearan su salida con barricadas.

La tercera fase del plan atribuía a las Fuerzas Armadas la protección exterior de sus instalaciones e incluía la sustitución de policías y guardias civiles por militares en la protección de infraestructuras críticas fuera de Cataluña, lo que permitía liberar efectivos de las Fuerzas de Seguridad si había que reforzar su presencia en la comunidad autónoma.

La última fase suponía ya la implicación directa de las Fuerzas Armadas en el restablecimiento del orden público. La técnica, ensayada por los militares españoles en los Balcanes, se denominaba Green Box en terminología OTAN. Consiste en acordonar con personal militar la zona donde se están produciendo disturbios para crear una “caja segura” en la que la policía tenga libertad de acción (Blue Box) sin temor a verse rodeada por los alborotadores o a que estos reciban refuerzos desde el exterior.

A finales de septiembre, los ministerios de Interior y Defensa celebraron una reunión al máximo nivel: participaron los ministros Zoido y Cospedal, el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, el Jemad, el jefe del Mando de Operaciones y el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, responsable de coordinar el dispositivo policial para impedir el referéndum del 1-O. La reunión fue “decepcionante”, en palabras de Alejandre, pues los mandos de Interior, especialmente Pérez de los Cobos, estaban convencidos de tener todo bajo control y confiaban en la lealtad de los Mossos de Esquadra, en contra de la información que tenía el jefe de la cúpula militar.

Pese a que Interior rechazó la oferta de colaboración de las Fuerzas Armadas, Alejandre decidió firmar, dejando la fecha en blanco, la orden de activación de la Operación Romeo Sierra y a partir de ese momento la llevó siempre consigo. Activarla supondría el traslado a Cataluña de hasta una brigada completa del Ejército de Tierra, unos 3.500 efectivos, con el objetivo de apoyar a las Fuerzas de Seguridad. ¿De dónde saldrían?

Tras el verano, numerosas unidades militares recibieron orden de prepararse para hacer maniobras, lo que les obligaba a alistar al personal (suspendiendo los permisos), repostar los vehículos y aprovisionarse. En el último momento se anulaba el ejercicio y no llegaban a salir del cuartel, pero ya estaban listas si se las necesitaba. Algunas de ellas sí rotaron haciendo ejercicios en el Campo de Maniobras de San Gregorio (Zaragoza), que registró una inusitada actividad ese otoño, de forma que siempre había una unidad adiestrada y plenamente operativa a solo 300 kilómetros de Barcelona. Sería la punta de lanza si había que ejecutar el plan.

El publico congregado ante el Parlament el 10 de octubre de 2017, cuando Puigdemont declaró la independencia de Cataluña, a la izquierda, y después de que la suspendiera, derecha.
El publico congregado ante el Parlament el 10 de octubre de 2017, cuando Puigdemont declaró la independencia de Cataluña, a la izquierda, y después de que la suspendiera, derecha. Iván Alvarado

Cuando el 10 de octubre Puigdemont proclamó la independencia de Cataluña, Alejandre llamó inmediatamente al Mando de Operaciones para ordenar la activación de la Operación Romeo Sierra, lo que suponía el envío de refuerzos militares a la comunidad autónoma. El Jemad no había hablado con Cospedal antes de dar ese paso pero eso era, ha asegurado Alejandre a EL PAÍS, lo que ambos tenían acordado para el caso de que la situación llegara a ese extremo.

Tras colgar, se disponía a llamar a la ministra para comunicárselo. No tuvo tiempo. En ocho segundos (22, según otras mediciones), Puigdemont dejó en suspenso la recién proclamada república catalana y Alejandre llamó de nuevo al comandante del Mando de Operaciones para desactivar la maquinaria que acababa de poner en marcha: “¡Parad! ¡Parad!”. La distribución del plan entre las unidades que debían ejecutarlo se frenó antes de que llegara a iniciarse.

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