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Junts deja sola a Borràs en la defensa de su actuación en el homenaje a las víctimas del 17-A

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Un reducido grupo de personas, a los que Laura Borràs ha saludado, ha roto el minuto de silencio exigiendo conocer “la verdad” sobre la matanza.
Un reducido grupo de personas, a los que Laura Borràs ha saludado, ha roto el minuto de silencio exigiendo conocer “la verdad” sobre la matanza.Gianluca Battista

La mayor parte de la cúpula de Junts per Catalunya ha dejado sola este jueves a Laura Borràs, suspendida como diputada y presidenta del Parlament tras ser procesada por corrupción, en defensa de su actuación tras el homenaje a las víctimas del 17-A. Un grupo muy reducido de independentistas interrumpió el minuto de silencio y después, tras acabar la ceremonia, ella fue a saludarlos. Tras recibir un aluvión de críticas, Borràs se vio obligada a dar explicaciones en las que afirmó que no respetar el minuto estuvo fuera de lugar y limitó su actuación a saludar a los miembros del grupo Queremos saber la verdad (sobre los atentados) a los que exoneró de haber realizado boicot alguno. Borràs, presidenta de Junts, aseguró que fue solo una persona gritó —la realidad es que a esa voz se sumaron más— y que no hay ningún vídeo en el que se aparezca hablando con la persona que inició el boicot.

Borràs dio todas esa explicaciones este jueves en sendas entrevistas en Catalunya Ràdio y en Rac 1 mientras los principales dirigentes de su partido guardaban silencio. El episodio ha vuelto a tensionar la formación en la que conviven dos almas en un delicado equilibrio. Tras la ceremonia y la enorme indignación desatada —miembros de la plataforma insultaron a familiares de las personas fallecidas—, Junts publicó un mensaje en la red en el que dio su apoyo a las víctimas del 17-A. “Por eso mismo queremos expresar el más enérgico rechazo a la interrupción del minuto de silencio de hoy en la Rambla”, decía el texto retuiteado por Jordi Turull, secretario general; el expresident Carles Puigdemont; Albert Batet, presidente del grupo parlamentario o Josep Rius, el portavoz del partido. Borràs es asidua a la red pero consideró irrelevante que ella no repicara el texto. Su posición es que ella y Junts comparten el criterio de respetar los minutos de silencio.

El incidente fue tan bochornoso que desencadenó una cadena de reacciones desde la de la propia alcaldesa Ada Colau; la de Robert Manrique, miembro de la Unidad de Atención y Valoración de Afectados (UAVAT), la principal asociación de victimas de los atentados del 17-A, pero también la den Jordi Sánchez, exsecretario general de Junts, que recordaron que no era el momento de buscar el “protagonismo político”. “Pero, ¿Por qué estamos hablando de mí? El protagonismo era de las víctimas”, se preguntó Borràs, rechazando cualquier autocrítica y negando sentirse interpelada. La diputada suspendida recalcó que lo único que hizo fue a saludar a un grupo de personas cuando la ceremonia había acabado. No solo eso: calificó de “trumpismo” que se haya querido, a su juicio, modificar la verdad para lograr “rédito político”.

Miembros del partido aclararon que la formación quiso desmarcarse de los boicoteadores del acto, pero no así de su presidenta. Al silencio, al menos hasta ahora, de los dirigentes de Junts se le suma también el de los consejeros del Govern. Josep Maria Argimon, titular de Sanidad, en un acto este jueves en Prada de Conflent, en la Universitat Catalana d’Estiu, expresó su rechazo “explícito” al boicot y defendió la continuidad de Junts en el Ejecutivo catalán. “Si fuera partidario de salir del Govern, no estaría en él”, dijo en referencia al debate abierto en Junts sobre si deben romper con Pere Aragonès tras la suspensión de la presidenta del Parlament.

El acuerdo de investidura asignaba la presidencia de la Generalitat a ERC y la del Parlament a Junts por haber obtenido el primero 33 escaños y el segundo, 32. La situación es delicada para Junts: La Fiscalía pide seis años de prisión para Borràs por los delitos de prevaricación y falsedad documental y 21 de inhabilitación para ocupar cargo público por haber beneficiado presuntamente a un amigo en la adjudicación de contratos. La Mesa de la Cámara la suspendió en julio de funciones y derechos y deberes pero ella, que cree que se ha vulnerado su presunción de inocencia, aclaró que mientras no haya un nuevo presidente seguirá ostentando el cargo y acudiendo al Parlament. En ese sentido, Borràs puntualizó que fue a hablar con las personas de la plataforma en La Rambla de la misma forma que lo hace cuando hay protestas ante el Parlament, a diferencia, dijo, de otros partidos que participaron en el homenaje pero que se negaron a apoyar en el Congreso una comisión de investigación de los atentados, en clara alusión al PSC.

Borràs criticó a la republicana Alba Vergés, vicepresidenta primera del Parlament, por no haber acudido al acto de La Rambla y de haber delegado esa función en la vicepresidenta segunda de un partido (el PSC), formación que apoyó la suspensión de la autonomía catalana en 2017. “Y ERC lo podía haber evitado”, afirmó. Borràs cuestionó profundamente al Govern formado por Junts y ERC, al no estar avanzando, dijo, hacia la independencia, cuando se constituyó con el aval del “52%” de votos independentistas (en realidad no alcanzó el 50%). “Avanzamos más con el referéndum del 1-O que con 90 años de independentismo”, afirmó en una clara alusión a ERC. Tras acusar al president Pere Aragonès, sin citarlo, de “acomodarse” en el autonomismo, calificó de “graves” los acuerdos de la mesa de diálogo. Borràs, que explicó que se negó a ser vicepresidenta del Govern de Aragonès, sostuvo que la militancia de su partido decidirá el camino a tomar: “Lo que no puede ser es que en las últimas elecciones 700.000 independentistas se convirtieran en 700.000 abstencionistas independentistas”, zanjó.

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Salvamento Marítimo rescata una neumática a 278 kilómetros de Gran Canaria con cuatro cadáveres y un superviviente

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Imagen de archivo de una operación de rescate de una patera por parte de una embarcación de Salvamento Marítimo.
Imagen de archivo de una operación de rescate de una patera por parte de una embarcación de Salvamento Marítimo.

Nueva jornada trágica en la ruta migratoria que va de África occidental hacia las Islas Canarias. El buque Miguel de Cervantes de Salvamento Marítimo ha rescatado este domingo una lancha neumática que viajaba a la deriva a 278 kilómetros al sur de Gran Canaria con cuatro cadáveres a bordo y un único superviviente, un hombre de Costa de Marfil de 27 años. El migrante ha relatado a los equipos de rescate que en el momento de zarpar viajaban en la embarcación 34 personas cuyos cuerpos han acabado en el océano, según han informado fuentes del organismo de rescate.

La portavoz de la ONG Caminando Fronteras, Helena Maleno, ha asegurado este domingo en su cuenta de Twitter que esta lancha corresponde a una que había partido el sábado 24 de septiembre con estas 34 personas desde El Aaiún (Sáhara Occidental) y que había desaparecido en alta mar. Finalmente, fue avistada por un carguero que dio la señal de aviso. “Siete días de dolor y espera en los que no se tenían noticias”, asegura la activista en su perfil. “Siete días que terminaron ayer con el anuncio de una nueva tragedia en una de las rutas migratorias más mortíferas, la canaria”.

Paralelamente, la Salvamar Alpherazt ha rescatado a 61 subsaharianos, cinco de ellos menores, que viajaban en un cayuco a unos 79 kilómetros al sur de Tenerife, después de que fuera localizado la mañana de este domingo por el avión Sasemar 103, han informado a Efe fuentes de Salvamento Marítimo. Los inmigrantes, todos varones, presentan buen estado de salud y están siendo trasladados al puerto de Los Cristianos, donde tiene previsto atracar la Salvamar a las 15.20 horas (hora local, una hora más en la Península), han señalado las mismas fuentes.

El Gobierno de Canarias calculó recientemente que la cifra de fallecidos y desaparecidos en esta ruta podría estar ya en torno a las 1.000 personas, según explicó a EL PAÍS Txema Santana, asesor de la vicepresidencia del Gobierno canario. “Todavía falta la época más dura del año”. Este número de muertes supone un empeoramiento de la situación en el África Occidental. Y eso, a pesar del mayor control migratorio por parte de Marruecos —tras el viraje del Gobierno español en su postura respecto al Sahara occidental—, ha permitido que desciendan el número de llegadas. Hasta el 19 de septiembre se habían registrado 21.518, un 16,5% menos que en el mismo periodo del año anterior, según datos del Ministerio del Interior a los que ha tenido acceso El PAÍS. A mediados de marzo, antes del deshielo con Rabat, el aumento en las llegadas era del 77%.

Este mayor control, denuncian a su vez las ONG que trabajan sobre el terreno, “evidencia el incremento exponencial del uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad estatales [marroquíes] en sus actuaciones en territorio fronterizo, considerándose a las personas migrantes como una amenaza en vez de como sujetos de cuidado y derecho”.

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Moreno advierte de que planteará “todas las batallas posibles” para defender la autonomía fiscal de Andalucía

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El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, durante el XVI congreso provincial del PP en Sevilla, este domingo.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, durante el XVI congreso provincial del PP en Sevilla, este domingo.Joaquin Corchero (Europa Press)

La decisión del Gobierno central de aprobar un impuesto a las grandes fortunas ha colocado en posición de defensa a la Junta de Andalucía. Aún habrá que esperar a que se apruebe la ley con las nuevas medidas fiscales anunciada la semana pasada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pero el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, ha afirmado este domingo que su Gobierno “dará todas las batallas posibles” para defender la autonomía fiscal de la comunidad. Desde la Junta entienden que la propuesta del Gobierno desactiva en gran medida el decreto ley convalidado el pasado miércoles por el Parlamento autonómico de bonificar al 100% el impuesto de patrimonio, una decisión que afecta solo al 0,2% de los contribuyentes, los más ricos, y representa apenas el 0,6% de los ingresos de la comunidad.

Moreno está abanderando no solo una posición de Andalucía, sino también la del PP nacional en su carrera por la meta final: ganar las próximas elecciones generales y lograr que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sustituya a Pedro Sánchez en la presidencia del Gobierno. En cierto sentido, lo que está haciendo Moreno, asumir en primera persona la responsabilidad de que el PP recupere el Gobierno de la nación, ya lo hicieron los socialistas andaluces cuando en 1996 el PSOE de Felipe González perdió las elecciones. En esa época, la Junta presida por Manuel Chaves puso en marcha medidas para contrarrestar las políticas de José María Aznar, como el complemento de las pensiones no contributivas o el pago de medicamentos excluidos por la Seguridad Social. Se presentaron recursos por parte del PP al Tribunal Constitucional. El alto tribunal dio la razón a la Junta.

El barón andaluz acaba de ganar las elecciones autonómicas con mayoría absoluta —el pasado 19 de junio— y según él se está limitando a cumplir con el programa electoral refrendado por la mayoría de los electorales. “Brujería es cumplir los acuerdos”, ha replicado Moreno a la crítica que Pedro Sánchez hizo este sábado en el Foro La Toja contra “los brujos que proclaman que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos”. Tanto Moreno como el coordinador nacional del PP y exconsejero de la Presidencia, Elías Bendodo, han aprovechado la clausura del congreso extraordinario del PP de Sevilla para afirmar que una cosa es lo que propone Sánchez y otra, los socialistas. “Muchos socialistas me dicen que no están de acuerdo con la reacción del sanchismo”, ha dicho el presidente andaluz. “El socialismo se está rebelando contra el sanchismo”, ha proclamado Bendodo, en alusión al anuncio de comunidades gobernadas por el PSOE de bajar impuestos tras la decisión de Andalucía.

Moreno ha acusado a la ministra de Hacienda de crear incertidumbre entre los residentes extranjeros en Andalucía con su propuesta de crear un nuevo impuesto “de solidaridad” a los contribuyentes más ricos. Según los datos del presidente andaluz, para los 100.000 extranjeros que ahora pasan entre dos y seis meses en la comunidad y que por información de los “despachos” podrían fijar su residencia fiscal en la comunidad, la decisión de Hacienda genera inseguridad.

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El presidente de la Junta también estuvo en La Toja antes de clausurar los congresos extraordinarios del PP de Málaga, el sábado, y este domingo, el de Sevilla. Estos cónclaves suponen el control absoluto de Moreno sobre las organizaciones provinciales. El de Málaga ha supuesto la salida de Bendodo de la presidencia provincial tras 14 años, obligada por su ascenso como coordinador nacional el PP. Los malagueños han apostado por un relevo natural —la nueva presidenta, Patricia Navarro, era la secretaria general—; mientras que, en Sevilla, se ha intentado poner punto final a años de luchas internas.

Cuando Moreno ganó las andaluzas del 19 de junio, llegó a un acuerdo con la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, para provocar un congreso extraordinario. Pérez fue elegida en marzo de 2021 con el 93% de los votos, en un congreso convocado en contra de la opinión de Moreno y avalado por la dirección nacional que entonces lideraban Pablo Casado y Teodoro García Egea. El resultado, en un proceso plagado de denuncias por irregularidades, abrió una brecha de desconfianza entre el líder nacional y el andaluz, quien dejó patente su malestar al no asistir a la clausura.

Juan Manuel Moreno, en el centro, rodeado de dirigentes andaluces en el XVI Congreso Provincial del Partido Popular en Sevilla.
Juan Manuel Moreno, en el centro, rodeado de dirigentes andaluces en el XVI Congreso Provincial del Partido Popular en Sevilla.

El resultado electoral andaluz ha dejado claro dónde y quién está en el puente de mando y los populares sevillanos eligieron este domingo con el 96,4% de los votos a Ricardo Sánchez, delegado de la Junta en Sevilla, nuevo líder provincial. Está por ver si el cainismo histórico en esta organización se diluye.

La provincia de Sevilla siempre ha sido el talón de Aquiles del PP andaluz, el patito feo al que desde otras provincias reprochaban su falta de empuje y de contribución a la bolsa de votos regional. Junto con la de Huelva es de las circunscripciones donde peor resultado obtienen. Esa circunstancia cambió en las autonómicas de junio, cuando el PP por primera en 45 años superó al PSOE en Sevilla en una convocatoria electoral. A ese dato se ha acogido Moreno para proclamar que “no hay nada imposible” y ha marcado el objetivo de gobernar la Diputación de Sevilla, el fortín más poderoso de los socialistas sevillanos, tras la pérdida de la Junta. El PP se aferra a los resultados de las autonómicas en municipios donde no tienen ni un solo concejal y fueron los más votados (como es el caso de Utrera, de unos 50.000 habitantes).

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El día que Pere Aragonès dijo basta

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El presidente catalán Pere Aragonès vuelve a su despacho, el pasado miércoles, tras anunciar la destitución de su 'número dos'
El presidente catalán Pere Aragonès vuelve a su despacho, el pasado miércoles, tras anunciar la destitución de su ‘número dos’Albert Garcia

Pocas cosas han marcado más la política catalana desde la Transición que la siempre tóxica relación entre los dos principales partidos nacionalistas. Desde que en 1980 Jordi Pujol alcanzara la presidencia de la Generalitat gracias a los votos de ERC, los republicanos han votado hasta seis veces la investidura de un presidente de CiU, primero, o de Junts per Catalunya después. Y su sensación posterior siempre ha sido agridulce por haberse visto arrinconados de los núcleos de decisión y haber sido tratados como menores de edad por el partido que durante 30 años lideró el nacionalismo desde el centroderecha.

La Esquerra de Pere Aragonès se ha cansado de ser un partido subalterno. En términos que se entienden muy bien en la Cataluña menos urbana, su tradicional granero de votos, ya no quiere ser el masover a merced de l’amo (el aparcero a merced del amo). El empoderamiento republicano frente al espacio de la antigua CDC lo fortifican los triunfos electorales; una digestión más analítica de lo ocurrido en 2017, y, claro, tener la presidencia de la Generalitat, explica Manel Lucas, autor de Breve Historia de ERC (Catarata). Y ese talante ha llegado al culmen esta semana, cuando el president ha señalado el camino de salida del Gobierno a Junts si no abandona sus posiciones maximalistas, deja de torpedear la vía del diálogo y reconoce la autoridad de la formación que, aunque sea por un escaño, ganó las elecciones de 2021 dentro del bloque secesionista. Mucho tendrá que rectificar Junts, en público y en privado, si no quiere verse fuera, teniendo que dejar los altavoces institucionales, el rédito electoral de la obra de Gobierno y más de 250 altos cargos, muy bien pagados, en la Administración.

La legislatura se inició con Junts humillando políticamente a sus socios, con el president en la diana. Llevaron los plazos al límite y le hicieron tragar el sapo de un pleno de investidura frustrada. Pese a los esfuerzos para reducir el ruido interno y constante que marcó al Ejecutivo que lideró Torra (su número dos era Aragonès), las miradas de reojo nunca cesaron y los choques fueron duros: por la mesa de diálogo (el republicano impuso un veto a Junts para designar delegados que no eran consellers); por temas sectoriales como la ampliación del aeropuerto, o políticos, como permitir la suspensión de Laura Borràs en el Parlament.

Pero la gota que ha colmado el vaso comenzó a formarse antes del verano y cayó el martes, en el Debate de Política General en el Parlament. En una maniobra imposible de entender entre socios de Govern, Junts exigió a Aragonès que se sometiera a una cuestión de confianza si no era capaz de dar garantías de que se cumplirán tres puntos centrales en el eje independentista del Acuerdo de Govern y que se cerraron en falso en su día, ante la posibilidad de repetición electoral.

Se trata de la puesta en marcha de un Estado Mayor del independentismo (ERC quiere evitar que acabe en manos del llamado Consell de la República, que lidera Carles Puigdemont); una coordinación de acción en el Congreso, donde ERC tiene 13 diputados y Junts, 4, y que la autodeterminación sea la única materia de la mesa de diálogo.

Aunque había algunos intentos de acercamiento para ponerlos en marcha —la realidad es que las estrategias opuestas de Junts (confrontación) y ERC (jugar con su influencia numérica en las Cortes) hacen imposible llegar a un acuerdo— los liderados por Laura Borràs optaron por lanzar la bomba de la moción de confianza en el debate parlamentario del martes. Al día siguiente, el president respondió fulminando a su número dos, Jordi Puigneró, el cargo más alto de Junts en el Ejecutivo. Le acusó de deslealtad por no informarle de los planes de Junts, que afectan a la institucionalidad.

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Junts, que preguntará a su militancia este jueves y viernes si hay que seguir en la coalición, respondió el viernes al descabezamiento de Puigneró con una propuesta para que se pongan en marcha los tres puntos pendientes. Fueron necesarias 10 horas de reunión para un acuerdo con pocos desarrollos y en el que, para sorpresa de varios miembros de la cúpula, se pide además que se restituya al ahora exvicepresident.

Aragonès rechazó ayer de plano la propuesta. “Junts ha de tomar una decisión ya [sobre su continuidad en el Ejecutivo], y si no lo hace, la tomaré yo”, sentenció en una entrevista a La Vanguardia. Por primera vez, muestra a sus socios directamente la puerta de salida. En las filas republicanas se ven capaces de navegar una temporada con un Gobierno en minoría. Tienen 33 diputados, la mayoría está en 68. El PSC se muestra dispuesto a colaborar externamente pero, hasta ahora, ERC ignora en cada pleno su mano tendida. La ayuda hipotecaría la presión en el Congreso. “El momento político y la crisis social ayuda a que nadie se ponga de perfil”, defiende una voz autorizada de los republicanos. Habría poco margen con Junts después de que Aragonès les dijera basta.

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