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Sánchez diseña una presidencia española de la UE descentralizada y preelectoral

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El presidente español ,Pedro Sánchez, entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el del Consejo, Charles Michel, en marzo pasado en Versalles (París).
El presidente español ,Pedro Sánchez, entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el del Consejo, Charles Michel, en marzo pasado en Versalles (París).Chema Moya (EFE)

Tras la cumbre de la OTAN, celebrada en Madrid en junio pasado, la presidencia española de la UE, en el segundo semestre de 2023, será el gran escaparate de proyección internacional de Pedro Sánchez. Un periodo que coincidirá además con la celebración de las elecciones generales, previstas para finales de año. Será la quinta vez que España asuma esta responsabilidad, que antes de Sánchez solo han ostentado tres presidentes (Felipe González en dos ocasiones, en 1989 y 1995; José María Aznar, en 2002; y José Luis Rodríguez Zapatero, en 2010). Cuando Sánchez se convierta en presidente de turno de la UE, el 1 de julio de 2023, habrán pasado 13 años desde que un jefe de Gobierno español lo fue por última vez.

A España le corresponderá organizar unas 2.000 reuniones en Bruselas y Luxemburgo y será anfriona de más de 200 eventos en su propio territorio, según fuentes gubernamentales. Ante la envergadura del reto, el Gobierno creó en enero pasado el Comité Organizador de la Presidencia Española de la Unión Europea, que preside el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y cuya secretaria es la directora de la Oficina de Coordinación para la Presidencia de la UE, Aurora Mejía, del equipo de La Moncloa. El comité organizador ha elegido las 25 ciudades donde se celebrarán encuentros de alto nivel; repartiéndolas por todas las comunidades autónomas, salvo Ceuta y Melilla. Ya hay sede y fecha para 22 reuniones de carácter ministerial, mientras que están pendientes de concretar las citas de Albacete (donde se reunirá el Comité Político y de Seguridad de la UE), Tarragona y Donosti.

Galicia, País Vasco, Castilla-La Mancha y Castilla y León albergarán dos reuniones de alto nivel cada una y Cataluña tres, pero Andalucía será la autonomía donde tendrá más presencia la presidencia española pues, además de tres encuentros ministeriales (en Cádiz, Córdoba y Sevilla), será sede de la cumbre informal de jefes de Estado y Gobierno. Aún no se conoce la fecha exacta, porque su convocatoria corresponde al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, pero será en octubre o noviembre, según las fuentes consultadas. Lo que sí se ha decidido es su emplazamiento: por deseo personal de Sánchez, se celebrará en la Alhambra de Granada. El presidente, según las mismas fuentes, ha buscado un escenario emblemático que proyecte internacionalmente la imagen de España —el complejo nazarí declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco—, como eligió el Museo del Prado para la cena de mandatarios de la OTAN.

La cumbre de la Alhambra será probablemente la foto de la Presidencia española, pero no su hito más importante. Esa distinción corresponderá a la cumbre entre los 27 jefes de Estado y Gobierno de la UE y los 33 de la Celac (Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe). Será la primera vez que los mandatarios europeos y latinoamericanos se reúnan desde 2015, aunque deberían hacerlo cada dos años, lo que evidencia el distanciamiento de la UE con una región que se considera “la más eurocompatible” del mundo.

Sánchez no ejercerá como anfitrión de este encuentro, ya que no se celebrará en España sino en Bruselas, pues el protagonismo corresponde a las instituciones comunitarias. Pero lo copresidirá con Michel y, sobre todo, no tendría lugar sin el impulso decisivo de España. La UE ya ha dado el visto bueno a la iniciativa y la diplomacia española confía en una respuesta positiva de América Latina.

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El bloqueo del acuerdo de asociación entre la UE y Mercosur (el bloque económico formado por Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela y Boliva) y el ensimismamiento de Europa durante el largo proceso del Brexit han hecho que el peso europeo en América Latina haya retrocedido a la vez que avanzaba la influencia china. Fuentes diplomáticas aseguran que la Comisión Europea es consciente de la necesidad de recuperar el terreno perdido y de que la cumbre no se celebrará si no se hace bajo mandato español, pues los países que se turnarán a continuación en la presidencia de la UE, Bélgica y Hungría, tienen otras preferencias.

La diplomacia española se está volcando en conseguir que el mayor número de mandatarios latinoamericanos acudan a esta convocatoria: el tema está en la agenda de Albares y del propio Sánchez (que a finales de agosto hará una gira por la región), aunque la ocasión para comprometer su asistencia será la reunión que los cancilleres de la UE y la Celac celebran en Buenos Aires el 27 de octubre y la cumbre Iberoamericana de República Dominicana, a la que acudirán el presidente del Gobierno y el Rey, en marzo próximo, a tres meses que comience la Presidencia española de la Unión.

Barcelona (que albergará una reunión informal de titulares de Transporte en septiembre) será también escenario, en torno al 28 de noviembre —Día del Mediterráneo— de una nueva cita de los ministros de Exteriores de la UE con sus homólogos de la vecindad sur (Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Israel, Palestina, Líbano y Jordania). Durante su presidencia, el Gobierno ha querido primar la recuperación de las relaciones con América Latina, pero sin descuidar a sus vecinos del sur del Mediterráneo aunque sea con una cita de rango inferior (ministerial), según las fuentes consultadas.

Al coincidir con el segundo semestre del año, la presidencia española será corta, ya que el mes de agosto se considera inhábil (solo se ha programado una reunión ministerial en Toledo de los titulares de Defensa y Exteriores). Sin embargo, el Gobierno cree que estará llena de contenido, pues es la última presidencia completa de la actual Comisión Europea. Las elecciones al Parlamento Europeo se celebran en mayo de 2024, por lo que la Eurocámara se disolverá en abril y el equipo de Ursula von der Leyen —del que forma parte el español José Borrell como Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad— deberá aprovechar la presidencia española para impulsar los últimos proyectos que quiera sacar adelante antes de ceder el testigo a sus sucesores, ya en verano.

El próximo 1 de enero España se incorporará a la troika de la UE, junto a la República Checa, que ostenta actualmente la presidencia, y Suecia, a la que corresponde entre enero y julio de 2023. En ese momento se podrá comprobar, según fuentes diplomáticas, cuáles son las asignaturas pendientes para el semestre español y qué posibilidades tiene Madrid de sacar adelante sus propias prioridades.

Aunque no se ha informado del presupuesto de la presidencia española, fuentes gubernamentales estiman que su coste estará más próximo al de las presidencias portuguesa o checa (40-60 millones de euros) que al de la francesa (140). Otras fuentes señalan, sin embargo, que, una vez incluidos los gastos en seguridad, la cifra definitiva rondará los 100 millones.

Inmigración, Energía y América Latina, prioridades para el semestre

Alcanzar un pacto europeo sobre inmigración y asilo, avanzar hacia un mercado único de la energía y relanzar las relaciones de la Unión con América Latina son los tres grandes objetivos de la Presidencia española de la UE, en el segundo semestre del año próximo. Esas son las prioridades que se ha marcado el Gobierno a diez meses de que España asuma esa responsabilidad, consciente sin embargo de que una de las principales tareas del país que ejerce la Presidencia de turno de la UE es hacer frente a los ‘cisnes negros’, sucesos imprevistos e inaplazables que le dan la vuelta a la agenda y alteran todas las previsiones, como la pandemia en 2020 o la invasión de Ucrania en 2022.

“Aún es pronto para fijar prioridades, mucho más en un escenario internacional volátil y cambiante como el que estamos viviendo, pero América Latina estará en el centro de nuestra presidencia, continuaremos haciendo propuestas para ordenar el mercado energético europeo y la política de inmigración y asilo tendrá reflejo en nuestro programa”, explica el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a preguntas de EL PAÍS. “La presidencia de la UE”, agrega, “será otra ocasión de demostrar que los españoles somos capaces de dar lo mejor de nosotros mismos”.

En materia energética, el objetivo último del Gobierno español es el “mercado único europeo”, pero lo urgente es que “Europa no vuelva a encontrarse en una situación como la actual”, en palabras de Albares, ante las amenazas de Putin de cortar el suministro de gas. Sobre inmigración y asilo, se trata de poner en pie “una verdadera política común” que “consiga un equilibrio entre solidaridad y seguridad”. Para ello hay que dejar atrás el pacto de Dublín, que endosa la responsabilidad al país por el accede el solicitante de asilo a la UE, y arbitrar un sistema que no obligue a improvisar cada vez que se produce una crisis, como las oleadas de refugiados de las guerras de Siria o Ucrania, aseguran fuentes diplomáticas.

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España

Salvamento Marítimo rescata una neumática a 278 kilómetros de Gran Canaria con cuatro cadáveres y un superviviente

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Imagen de archivo de una operación de rescate de una patera por parte de una embarcación de Salvamento Marítimo.
Imagen de archivo de una operación de rescate de una patera por parte de una embarcación de Salvamento Marítimo.

Nueva jornada trágica en la ruta migratoria que va de África occidental hacia las Islas Canarias. El buque Miguel de Cervantes de Salvamento Marítimo ha rescatado este domingo una lancha neumática que viajaba a la deriva a 278 kilómetros al sur de Gran Canaria con cuatro cadáveres a bordo y un único superviviente, un hombre de Costa de Marfil de 27 años. El migrante ha relatado a los equipos de rescate que en el momento de zarpar viajaban en la embarcación 34 personas cuyos cuerpos han acabado en el océano, según han informado fuentes del organismo de rescate.

La portavoz de la ONG Caminando Fronteras, Helena Maleno, ha asegurado este domingo en su cuenta de Twitter que esta lancha corresponde a una que había partido el sábado 24 de septiembre con estas 34 personas desde El Aaiún (Sáhara Occidental) y que había desaparecido en alta mar. Finalmente, fue avistada por un carguero que dio la señal de aviso. “Siete días de dolor y espera en los que no se tenían noticias”, asegura la activista en su perfil. “Siete días que terminaron ayer con el anuncio de una nueva tragedia en una de las rutas migratorias más mortíferas, la canaria”.

Paralelamente, la Salvamar Alpherazt ha rescatado a 61 subsaharianos, cinco de ellos menores, que viajaban en un cayuco a unos 79 kilómetros al sur de Tenerife, después de que fuera localizado la mañana de este domingo por el avión Sasemar 103, han informado a Efe fuentes de Salvamento Marítimo. Los inmigrantes, todos varones, presentan buen estado de salud y están siendo trasladados al puerto de Los Cristianos, donde tiene previsto atracar la Salvamar a las 15.20 horas (hora local, una hora más en la Península), han señalado las mismas fuentes.

El Gobierno de Canarias calculó recientemente que la cifra de fallecidos y desaparecidos en esta ruta podría estar ya en torno a las 1.000 personas, según explicó a EL PAÍS Txema Santana, asesor de la vicepresidencia del Gobierno canario. “Todavía falta la época más dura del año”. Este número de muertes supone un empeoramiento de la situación en el África Occidental. Y eso, a pesar del mayor control migratorio por parte de Marruecos —tras el viraje del Gobierno español en su postura respecto al Sahara occidental—, ha permitido que desciendan el número de llegadas. Hasta el 19 de septiembre se habían registrado 21.518, un 16,5% menos que en el mismo periodo del año anterior, según datos del Ministerio del Interior a los que ha tenido acceso El PAÍS. A mediados de marzo, antes del deshielo con Rabat, el aumento en las llegadas era del 77%.

Este mayor control, denuncian a su vez las ONG que trabajan sobre el terreno, “evidencia el incremento exponencial del uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad estatales [marroquíes] en sus actuaciones en territorio fronterizo, considerándose a las personas migrantes como una amenaza en vez de como sujetos de cuidado y derecho”.

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Moreno advierte de que planteará “todas las batallas posibles” para defender la autonomía fiscal de Andalucía

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El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, durante el XVI congreso provincial del PP en Sevilla, este domingo.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, durante el XVI congreso provincial del PP en Sevilla, este domingo.Joaquin Corchero (Europa Press)

La decisión del Gobierno central de aprobar un impuesto a las grandes fortunas ha colocado en posición de defensa a la Junta de Andalucía. Aún habrá que esperar a que se apruebe la ley con las nuevas medidas fiscales anunciada la semana pasada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pero el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, ha afirmado este domingo que su Gobierno “dará todas las batallas posibles” para defender la autonomía fiscal de la comunidad. Desde la Junta entienden que la propuesta del Gobierno desactiva en gran medida el decreto ley convalidado el pasado miércoles por el Parlamento autonómico de bonificar al 100% el impuesto de patrimonio, una decisión que afecta solo al 0,2% de los contribuyentes, los más ricos, y representa apenas el 0,6% de los ingresos de la comunidad.

Moreno está abanderando no solo una posición de Andalucía, sino también la del PP nacional en su carrera por la meta final: ganar las próximas elecciones generales y lograr que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sustituya a Pedro Sánchez en la presidencia del Gobierno. En cierto sentido, lo que está haciendo Moreno, asumir en primera persona la responsabilidad de que el PP recupere el Gobierno de la nación, ya lo hicieron los socialistas andaluces cuando en 1996 el PSOE de Felipe González perdió las elecciones. En esa época, la Junta presida por Manuel Chaves puso en marcha medidas para contrarrestar las políticas de José María Aznar, como el complemento de las pensiones no contributivas o el pago de medicamentos excluidos por la Seguridad Social. Se presentaron recursos por parte del PP al Tribunal Constitucional. El alto tribunal dio la razón a la Junta.

El barón andaluz acaba de ganar las elecciones autonómicas con mayoría absoluta —el pasado 19 de junio— y según él se está limitando a cumplir con el programa electoral refrendado por la mayoría de los electorales. “Brujería es cumplir los acuerdos”, ha replicado Moreno a la crítica que Pedro Sánchez hizo este sábado en el Foro La Toja contra “los brujos que proclaman que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos”. Tanto Moreno como el coordinador nacional del PP y exconsejero de la Presidencia, Elías Bendodo, han aprovechado la clausura del congreso extraordinario del PP de Sevilla para afirmar que una cosa es lo que propone Sánchez y otra, los socialistas. “Muchos socialistas me dicen que no están de acuerdo con la reacción del sanchismo”, ha dicho el presidente andaluz. “El socialismo se está rebelando contra el sanchismo”, ha proclamado Bendodo, en alusión al anuncio de comunidades gobernadas por el PSOE de bajar impuestos tras la decisión de Andalucía.

Moreno ha acusado a la ministra de Hacienda de crear incertidumbre entre los residentes extranjeros en Andalucía con su propuesta de crear un nuevo impuesto “de solidaridad” a los contribuyentes más ricos. Según los datos del presidente andaluz, para los 100.000 extranjeros que ahora pasan entre dos y seis meses en la comunidad y que por información de los “despachos” podrían fijar su residencia fiscal en la comunidad, la decisión de Hacienda genera inseguridad.

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El presidente de la Junta también estuvo en La Toja antes de clausurar los congresos extraordinarios del PP de Málaga, el sábado, y este domingo, el de Sevilla. Estos cónclaves suponen el control absoluto de Moreno sobre las organizaciones provinciales. El de Málaga ha supuesto la salida de Bendodo de la presidencia provincial tras 14 años, obligada por su ascenso como coordinador nacional el PP. Los malagueños han apostado por un relevo natural —la nueva presidenta, Patricia Navarro, era la secretaria general—; mientras que, en Sevilla, se ha intentado poner punto final a años de luchas internas.

Cuando Moreno ganó las andaluzas del 19 de junio, llegó a un acuerdo con la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, para provocar un congreso extraordinario. Pérez fue elegida en marzo de 2021 con el 93% de los votos, en un congreso convocado en contra de la opinión de Moreno y avalado por la dirección nacional que entonces lideraban Pablo Casado y Teodoro García Egea. El resultado, en un proceso plagado de denuncias por irregularidades, abrió una brecha de desconfianza entre el líder nacional y el andaluz, quien dejó patente su malestar al no asistir a la clausura.

Juan Manuel Moreno, en el centro, rodeado de dirigentes andaluces en el XVI Congreso Provincial del Partido Popular en Sevilla.
Juan Manuel Moreno, en el centro, rodeado de dirigentes andaluces en el XVI Congreso Provincial del Partido Popular en Sevilla.

El resultado electoral andaluz ha dejado claro dónde y quién está en el puente de mando y los populares sevillanos eligieron este domingo con el 96,4% de los votos a Ricardo Sánchez, delegado de la Junta en Sevilla, nuevo líder provincial. Está por ver si el cainismo histórico en esta organización se diluye.

La provincia de Sevilla siempre ha sido el talón de Aquiles del PP andaluz, el patito feo al que desde otras provincias reprochaban su falta de empuje y de contribución a la bolsa de votos regional. Junto con la de Huelva es de las circunscripciones donde peor resultado obtienen. Esa circunstancia cambió en las autonómicas de junio, cuando el PP por primera en 45 años superó al PSOE en Sevilla en una convocatoria electoral. A ese dato se ha acogido Moreno para proclamar que “no hay nada imposible” y ha marcado el objetivo de gobernar la Diputación de Sevilla, el fortín más poderoso de los socialistas sevillanos, tras la pérdida de la Junta. El PP se aferra a los resultados de las autonómicas en municipios donde no tienen ni un solo concejal y fueron los más votados (como es el caso de Utrera, de unos 50.000 habitantes).

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El día que Pere Aragonès dijo basta

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El presidente catalán Pere Aragonès vuelve a su despacho, el pasado miércoles, tras anunciar la destitución de su 'número dos'
El presidente catalán Pere Aragonès vuelve a su despacho, el pasado miércoles, tras anunciar la destitución de su ‘número dos’Albert Garcia

Pocas cosas han marcado más la política catalana desde la Transición que la siempre tóxica relación entre los dos principales partidos nacionalistas. Desde que en 1980 Jordi Pujol alcanzara la presidencia de la Generalitat gracias a los votos de ERC, los republicanos han votado hasta seis veces la investidura de un presidente de CiU, primero, o de Junts per Catalunya después. Y su sensación posterior siempre ha sido agridulce por haberse visto arrinconados de los núcleos de decisión y haber sido tratados como menores de edad por el partido que durante 30 años lideró el nacionalismo desde el centroderecha.

La Esquerra de Pere Aragonès se ha cansado de ser un partido subalterno. En términos que se entienden muy bien en la Cataluña menos urbana, su tradicional granero de votos, ya no quiere ser el masover a merced de l’amo (el aparcero a merced del amo). El empoderamiento republicano frente al espacio de la antigua CDC lo fortifican los triunfos electorales; una digestión más analítica de lo ocurrido en 2017, y, claro, tener la presidencia de la Generalitat, explica Manel Lucas, autor de Breve Historia de ERC (Catarata). Y ese talante ha llegado al culmen esta semana, cuando el president ha señalado el camino de salida del Gobierno a Junts si no abandona sus posiciones maximalistas, deja de torpedear la vía del diálogo y reconoce la autoridad de la formación que, aunque sea por un escaño, ganó las elecciones de 2021 dentro del bloque secesionista. Mucho tendrá que rectificar Junts, en público y en privado, si no quiere verse fuera, teniendo que dejar los altavoces institucionales, el rédito electoral de la obra de Gobierno y más de 250 altos cargos, muy bien pagados, en la Administración.

La legislatura se inició con Junts humillando políticamente a sus socios, con el president en la diana. Llevaron los plazos al límite y le hicieron tragar el sapo de un pleno de investidura frustrada. Pese a los esfuerzos para reducir el ruido interno y constante que marcó al Ejecutivo que lideró Torra (su número dos era Aragonès), las miradas de reojo nunca cesaron y los choques fueron duros: por la mesa de diálogo (el republicano impuso un veto a Junts para designar delegados que no eran consellers); por temas sectoriales como la ampliación del aeropuerto, o políticos, como permitir la suspensión de Laura Borràs en el Parlament.

Pero la gota que ha colmado el vaso comenzó a formarse antes del verano y cayó el martes, en el Debate de Política General en el Parlament. En una maniobra imposible de entender entre socios de Govern, Junts exigió a Aragonès que se sometiera a una cuestión de confianza si no era capaz de dar garantías de que se cumplirán tres puntos centrales en el eje independentista del Acuerdo de Govern y que se cerraron en falso en su día, ante la posibilidad de repetición electoral.

Se trata de la puesta en marcha de un Estado Mayor del independentismo (ERC quiere evitar que acabe en manos del llamado Consell de la República, que lidera Carles Puigdemont); una coordinación de acción en el Congreso, donde ERC tiene 13 diputados y Junts, 4, y que la autodeterminación sea la única materia de la mesa de diálogo.

Aunque había algunos intentos de acercamiento para ponerlos en marcha —la realidad es que las estrategias opuestas de Junts (confrontación) y ERC (jugar con su influencia numérica en las Cortes) hacen imposible llegar a un acuerdo— los liderados por Laura Borràs optaron por lanzar la bomba de la moción de confianza en el debate parlamentario del martes. Al día siguiente, el president respondió fulminando a su número dos, Jordi Puigneró, el cargo más alto de Junts en el Ejecutivo. Le acusó de deslealtad por no informarle de los planes de Junts, que afectan a la institucionalidad.

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Junts, que preguntará a su militancia este jueves y viernes si hay que seguir en la coalición, respondió el viernes al descabezamiento de Puigneró con una propuesta para que se pongan en marcha los tres puntos pendientes. Fueron necesarias 10 horas de reunión para un acuerdo con pocos desarrollos y en el que, para sorpresa de varios miembros de la cúpula, se pide además que se restituya al ahora exvicepresident.

Aragonès rechazó ayer de plano la propuesta. “Junts ha de tomar una decisión ya [sobre su continuidad en el Ejecutivo], y si no lo hace, la tomaré yo”, sentenció en una entrevista a La Vanguardia. Por primera vez, muestra a sus socios directamente la puerta de salida. En las filas republicanas se ven capaces de navegar una temporada con un Gobierno en minoría. Tienen 33 diputados, la mayoría está en 68. El PSC se muestra dispuesto a colaborar externamente pero, hasta ahora, ERC ignora en cada pleno su mano tendida. La ayuda hipotecaría la presión en el Congreso. “El momento político y la crisis social ayuda a que nadie se ponga de perfil”, defiende una voz autorizada de los republicanos. Habría poco margen con Junts después de que Aragonès les dijera basta.

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