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El Gobierno plantea llevar al Constitucional a las comunidades insumisas al plan de ahorro energético

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El Gobierno llevará al Tribunal Constitucional a las comunidades autónomas que incumplan el decreto de ahorro energético, que entra en vigor mañana miércoles, y persistan en la insumisión tras ser apercibidas por el propio Ejecutivo para que lo respeten. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha afirmado en la Cadena SER que se dará un margen para observar si se cumplen o no las normas por parte de las autonomías, aunque ha dejado claro que el apagado de escaparates y la regulación de la temperatura hay que aplicarlos “desde mañana mismo”. Ribera no ha precisado cuánto durará lo que ha denominado como “periodo de transición” o “de manga ancha”, pero ha advertido: “Si hay un problema serio de incumplimiento, nos pondremos en contacto inmediatamente con la otra Administración, que puede ser apercibida antes de plantear un conflicto negativo de competencias ante el Tribunal Constitucional”. Las posibles sanciones vendrían después. La vicepresidenta, además, ha acusado al PP de hacer “un juego en espiral” en su rechazo al plan, y se ha referido a Isabel Díaz Ayuso, sin citarla: “Que Madrid esté iluminado no depende del Gobierno”.

Teresa Ribera, en cualquier caso, se ha mostrado segura de que las comunidades y los ciudadanos pondrán todo de su parte para cumplir el plan de ahorro y que el Gobierno pretende fomentar el cumplimiento antes de plantearse cualquier sanción. “Me parece muy importante destacar que no se pretende sancionar. Claro que debemos darnos un margen. No creo que nadie vaya a imponer multas inmediatamente. Al revés, tendrá que haber un apercibimiento previo y, si no lo respeta, la Administración que no incumpla, se puede plantear el conflicto negativo de competencias ante el Constitucional”, ha subrayado.

La vicepresidenta no ha precisado cuánto durará ese periodo de manga ancha, pero ha insistido en que “desde mañana mismo” será obligatorio apagar los escaparates a las diez de la noche y subir el aire acondicionado a 27 grados en comercios, grandes almacenes, cines y edificios públicos, con excepciones para los locales que tengan la necesidad de mantener condiciones ambientales especiales a partir de mañana. “Estas son medidas fáciles de constatar, y si pasan los días o si mañana hay un problema serio porque no se aplica, nos pondríamos en contacto con la comunidad y no esperaríamos semanas o meses. Pero lo que tenemos que hacer es favorecer y vigilar el cumplimiento, no sancionar inmediatamente”, ha aclarado.

La ministra ha reconocido que ha habido poco tiempo para preparar mejor el decreto y que no hubo margen para abrir un “proceso largo” para consensuar todas las medidas. Así, ha explicado que el Consejo Europeo de ministros extraordinario de finales de julio en Bruselas puso el 1 de agosto como fecha para empezar a implementar medidas para que España ahorrarse un 7% de energía. “Teníamos un margen muy estrecho para encontrar consenso. Se buscaba, en primer lugar, medidas ágiles para impulsar ahorro desde el primer momento. Creo que si hubiéramos tenido más tiempo hubiéramos podido llegar a un acuerdo más detallado”, ha dicho durante la entrevista.

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Ribera ha reconocido que, de momento, no tiene asegurados los votos para convalidar el decreto energético, aunque ha confiado en reunirlos, dado que “todos los grupos entienden la situación”. La titular de Transición Ecológica ha arremetido contra el PP tanto por haber rechazado el plan como por la manera en que lo ha hecho, mediante lo que ha definido como “una escalada” o un “juego en espiral”.

La ministra ha descrito así el juego del PP: “Primero digo que no me gusta el decreto, luego que si no se apaga Madrid; luego lo critico porque es confuso y no resuelve las dudas, y como luego me doy cuenta de que no me lo leí [el decreto] paso a que no nos gusta que se reúnan los directores generales y quiero que se reúnan ministros y consejeros, y como nos reunimos y ninguno plantea dudas, pues que se convoque una Conferencia de Presidentes”. Minutos después de acabar la entrevista, el vicesecretario de organización territorial del PP, Miguel Tellado, ha reclamado en Onda Cero que Pedro Sánchez suspenda las vacaciones que comenzó el martes pasado.

Teresa Ribera cree que la única intención del PP en la reunión del lunes era “imponer la retirada del decreto”. “No podemos retirar un decreto ley de estas características, eso es una irresponsabilidad”, y ha recordado que en la reunión “no se planteó ninguna propuesta ni ninguna duda por parte de los consejeros”. “Lo que había era una voluntad clara de imponer la retirada”, ha insistido.

“Un decreto de ocurrencias”, según el PP

Tellado, por su lado, ha asegurado que el decreto está lleno de “ocurrencias” y es “una chapuza política para decir que se llega al verano con los deberes hechos”. A su entender, el real decreto provoca un grado de “inseguridad jurídica altísimo”, pese a lo cual está seguro de que “todas las comunidades lo harán cumplir”. El dirigente popular no ha querido sentar una posición común de las comunidades del PP ante el decreto, y no ha aclarado si se están impulsando recursos contra la norma ante el Tribunal Constitucional: “Si cada asesoría jurídica de cada comunidad autónoma entiende que este decreto invade competencias, están en su derecho de recurrir al Constitucional”.

El único Gobierno autónomo que ha anunciado la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional hasta el momento ha sido la Comunidad de Madrid. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha subrayado en una comparecencia ante los medios en Vera que los servicios jurídicos madrileños tienen trabajo “para poner en pie un escrito que no haga enrojecer” a la Presidencia de la Comunidad de Madrid. El vicepresidente regional, Enrique Ossorio, ha precisado que tienen tres meses para plantear este recurso y que no lo harán hasta que pase la convalidación en el Congreso.

¿Y apoyará el PP el decreto en el Congreso? A tenor de lo dicho por Tellado, de momento, no: “La posición del Gobierno hace muy difícil que el PP vote a favor de este real decreto. Está en sus manos, pedimos que lo retire. Se ha elaborado a espaldas de los afectados. Pedimos que se hable con los sectores afectados y si ese real decreto contempla esas cuestiones estaríamos en condiciones de estudiar si se apoya o no se apoya. Estamos esperando a que el Gobierno mueva ficha”. El ministro Bolaños ha vuelto a afear al líder popular, Alberto Núñez Feijóo, que haga “lo que manda la que manda en el PP”, en referencia a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que encabezó las críticas al decreto de ahorro energético y todo un conato de insumisión que después se ha ido apagando.

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Salvamento Marítimo rescata una neumática a 278 kilómetros de Gran Canaria con cuatro cadáveres y un superviviente

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Imagen de archivo de una operación de rescate de una patera por parte de una embarcación de Salvamento Marítimo.
Imagen de archivo de una operación de rescate de una patera por parte de una embarcación de Salvamento Marítimo.

Nueva jornada trágica en la ruta migratoria que va de África occidental hacia las Islas Canarias. El buque Miguel de Cervantes de Salvamento Marítimo ha rescatado este domingo una lancha neumática que viajaba a la deriva a 278 kilómetros al sur de Gran Canaria con cuatro cadáveres a bordo y un único superviviente, un hombre de Costa de Marfil de 27 años. El migrante ha relatado a los equipos de rescate que en el momento de zarpar viajaban en la embarcación 34 personas cuyos cuerpos han acabado en el océano, según han informado fuentes del organismo de rescate.

La portavoz de la ONG Caminando Fronteras, Helena Maleno, ha asegurado este domingo en su cuenta de Twitter que esta lancha corresponde a una que había partido el sábado 24 de septiembre con estas 34 personas desde El Aaiún (Sáhara Occidental) y que había desaparecido en alta mar. Finalmente, fue avistada por un carguero que dio la señal de aviso. “Siete días de dolor y espera en los que no se tenían noticias”, asegura la activista en su perfil. “Siete días que terminaron ayer con el anuncio de una nueva tragedia en una de las rutas migratorias más mortíferas, la canaria”.

Paralelamente, la Salvamar Alpherazt ha rescatado a 61 subsaharianos, cinco de ellos menores, que viajaban en un cayuco a unos 79 kilómetros al sur de Tenerife, después de que fuera localizado la mañana de este domingo por el avión Sasemar 103, han informado a Efe fuentes de Salvamento Marítimo. Los inmigrantes, todos varones, presentan buen estado de salud y están siendo trasladados al puerto de Los Cristianos, donde tiene previsto atracar la Salvamar a las 15.20 horas (hora local, una hora más en la Península), han señalado las mismas fuentes.

El Gobierno de Canarias calculó recientemente que la cifra de fallecidos y desaparecidos en esta ruta podría estar ya en torno a las 1.000 personas, según explicó a EL PAÍS Txema Santana, asesor de la vicepresidencia del Gobierno canario. “Todavía falta la época más dura del año”. Este número de muertes supone un empeoramiento de la situación en el África Occidental. Y eso, a pesar del mayor control migratorio por parte de Marruecos —tras el viraje del Gobierno español en su postura respecto al Sahara occidental—, ha permitido que desciendan el número de llegadas. Hasta el 19 de septiembre se habían registrado 21.518, un 16,5% menos que en el mismo periodo del año anterior, según datos del Ministerio del Interior a los que ha tenido acceso El PAÍS. A mediados de marzo, antes del deshielo con Rabat, el aumento en las llegadas era del 77%.

Este mayor control, denuncian a su vez las ONG que trabajan sobre el terreno, “evidencia el incremento exponencial del uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad estatales [marroquíes] en sus actuaciones en territorio fronterizo, considerándose a las personas migrantes como una amenaza en vez de como sujetos de cuidado y derecho”.

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Moreno advierte de que planteará “todas las batallas posibles” para defender la autonomía fiscal de Andalucía

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El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, durante el XVI congreso provincial del PP en Sevilla, este domingo.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, durante el XVI congreso provincial del PP en Sevilla, este domingo.Joaquin Corchero (Europa Press)

La decisión del Gobierno central de aprobar un impuesto a las grandes fortunas ha colocado en posición de defensa a la Junta de Andalucía. Aún habrá que esperar a que se apruebe la ley con las nuevas medidas fiscales anunciada la semana pasada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pero el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, ha afirmado este domingo que su Gobierno “dará todas las batallas posibles” para defender la autonomía fiscal de la comunidad. Desde la Junta entienden que la propuesta del Gobierno desactiva en gran medida el decreto ley convalidado el pasado miércoles por el Parlamento autonómico de bonificar al 100% el impuesto de patrimonio, una decisión que afecta solo al 0,2% de los contribuyentes, los más ricos, y representa apenas el 0,6% de los ingresos de la comunidad.

Moreno está abanderando no solo una posición de Andalucía, sino también la del PP nacional en su carrera por la meta final: ganar las próximas elecciones generales y lograr que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sustituya a Pedro Sánchez en la presidencia del Gobierno. En cierto sentido, lo que está haciendo Moreno, asumir en primera persona la responsabilidad de que el PP recupere el Gobierno de la nación, ya lo hicieron los socialistas andaluces cuando en 1996 el PSOE de Felipe González perdió las elecciones. En esa época, la Junta presida por Manuel Chaves puso en marcha medidas para contrarrestar las políticas de José María Aznar, como el complemento de las pensiones no contributivas o el pago de medicamentos excluidos por la Seguridad Social. Se presentaron recursos por parte del PP al Tribunal Constitucional. El alto tribunal dio la razón a la Junta.

El barón andaluz acaba de ganar las elecciones autonómicas con mayoría absoluta —el pasado 19 de junio— y según él se está limitando a cumplir con el programa electoral refrendado por la mayoría de los electorales. “Brujería es cumplir los acuerdos”, ha replicado Moreno a la crítica que Pedro Sánchez hizo este sábado en el Foro La Toja contra “los brujos que proclaman que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos”. Tanto Moreno como el coordinador nacional del PP y exconsejero de la Presidencia, Elías Bendodo, han aprovechado la clausura del congreso extraordinario del PP de Sevilla para afirmar que una cosa es lo que propone Sánchez y otra, los socialistas. “Muchos socialistas me dicen que no están de acuerdo con la reacción del sanchismo”, ha dicho el presidente andaluz. “El socialismo se está rebelando contra el sanchismo”, ha proclamado Bendodo, en alusión al anuncio de comunidades gobernadas por el PSOE de bajar impuestos tras la decisión de Andalucía.

Moreno ha acusado a la ministra de Hacienda de crear incertidumbre entre los residentes extranjeros en Andalucía con su propuesta de crear un nuevo impuesto “de solidaridad” a los contribuyentes más ricos. Según los datos del presidente andaluz, para los 100.000 extranjeros que ahora pasan entre dos y seis meses en la comunidad y que por información de los “despachos” podrían fijar su residencia fiscal en la comunidad, la decisión de Hacienda genera inseguridad.

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El presidente de la Junta también estuvo en La Toja antes de clausurar los congresos extraordinarios del PP de Málaga, el sábado, y este domingo, el de Sevilla. Estos cónclaves suponen el control absoluto de Moreno sobre las organizaciones provinciales. El de Málaga ha supuesto la salida de Bendodo de la presidencia provincial tras 14 años, obligada por su ascenso como coordinador nacional el PP. Los malagueños han apostado por un relevo natural —la nueva presidenta, Patricia Navarro, era la secretaria general—; mientras que, en Sevilla, se ha intentado poner punto final a años de luchas internas.

Cuando Moreno ganó las andaluzas del 19 de junio, llegó a un acuerdo con la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, para provocar un congreso extraordinario. Pérez fue elegida en marzo de 2021 con el 93% de los votos, en un congreso convocado en contra de la opinión de Moreno y avalado por la dirección nacional que entonces lideraban Pablo Casado y Teodoro García Egea. El resultado, en un proceso plagado de denuncias por irregularidades, abrió una brecha de desconfianza entre el líder nacional y el andaluz, quien dejó patente su malestar al no asistir a la clausura.

Juan Manuel Moreno, en el centro, rodeado de dirigentes andaluces en el XVI Congreso Provincial del Partido Popular en Sevilla.
Juan Manuel Moreno, en el centro, rodeado de dirigentes andaluces en el XVI Congreso Provincial del Partido Popular en Sevilla.

El resultado electoral andaluz ha dejado claro dónde y quién está en el puente de mando y los populares sevillanos eligieron este domingo con el 96,4% de los votos a Ricardo Sánchez, delegado de la Junta en Sevilla, nuevo líder provincial. Está por ver si el cainismo histórico en esta organización se diluye.

La provincia de Sevilla siempre ha sido el talón de Aquiles del PP andaluz, el patito feo al que desde otras provincias reprochaban su falta de empuje y de contribución a la bolsa de votos regional. Junto con la de Huelva es de las circunscripciones donde peor resultado obtienen. Esa circunstancia cambió en las autonómicas de junio, cuando el PP por primera en 45 años superó al PSOE en Sevilla en una convocatoria electoral. A ese dato se ha acogido Moreno para proclamar que “no hay nada imposible” y ha marcado el objetivo de gobernar la Diputación de Sevilla, el fortín más poderoso de los socialistas sevillanos, tras la pérdida de la Junta. El PP se aferra a los resultados de las autonómicas en municipios donde no tienen ni un solo concejal y fueron los más votados (como es el caso de Utrera, de unos 50.000 habitantes).

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El día que Pere Aragonès dijo basta

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El presidente catalán Pere Aragonès vuelve a su despacho, el pasado miércoles, tras anunciar la destitución de su 'número dos'
El presidente catalán Pere Aragonès vuelve a su despacho, el pasado miércoles, tras anunciar la destitución de su ‘número dos’Albert Garcia

Pocas cosas han marcado más la política catalana desde la Transición que la siempre tóxica relación entre los dos principales partidos nacionalistas. Desde que en 1980 Jordi Pujol alcanzara la presidencia de la Generalitat gracias a los votos de ERC, los republicanos han votado hasta seis veces la investidura de un presidente de CiU, primero, o de Junts per Catalunya después. Y su sensación posterior siempre ha sido agridulce por haberse visto arrinconados de los núcleos de decisión y haber sido tratados como menores de edad por el partido que durante 30 años lideró el nacionalismo desde el centroderecha.

La Esquerra de Pere Aragonès se ha cansado de ser un partido subalterno. En términos que se entienden muy bien en la Cataluña menos urbana, su tradicional granero de votos, ya no quiere ser el masover a merced de l’amo (el aparcero a merced del amo). El empoderamiento republicano frente al espacio de la antigua CDC lo fortifican los triunfos electorales; una digestión más analítica de lo ocurrido en 2017, y, claro, tener la presidencia de la Generalitat, explica Manel Lucas, autor de Breve Historia de ERC (Catarata). Y ese talante ha llegado al culmen esta semana, cuando el president ha señalado el camino de salida del Gobierno a Junts si no abandona sus posiciones maximalistas, deja de torpedear la vía del diálogo y reconoce la autoridad de la formación que, aunque sea por un escaño, ganó las elecciones de 2021 dentro del bloque secesionista. Mucho tendrá que rectificar Junts, en público y en privado, si no quiere verse fuera, teniendo que dejar los altavoces institucionales, el rédito electoral de la obra de Gobierno y más de 250 altos cargos, muy bien pagados, en la Administración.

La legislatura se inició con Junts humillando políticamente a sus socios, con el president en la diana. Llevaron los plazos al límite y le hicieron tragar el sapo de un pleno de investidura frustrada. Pese a los esfuerzos para reducir el ruido interno y constante que marcó al Ejecutivo que lideró Torra (su número dos era Aragonès), las miradas de reojo nunca cesaron y los choques fueron duros: por la mesa de diálogo (el republicano impuso un veto a Junts para designar delegados que no eran consellers); por temas sectoriales como la ampliación del aeropuerto, o políticos, como permitir la suspensión de Laura Borràs en el Parlament.

Pero la gota que ha colmado el vaso comenzó a formarse antes del verano y cayó el martes, en el Debate de Política General en el Parlament. En una maniobra imposible de entender entre socios de Govern, Junts exigió a Aragonès que se sometiera a una cuestión de confianza si no era capaz de dar garantías de que se cumplirán tres puntos centrales en el eje independentista del Acuerdo de Govern y que se cerraron en falso en su día, ante la posibilidad de repetición electoral.

Se trata de la puesta en marcha de un Estado Mayor del independentismo (ERC quiere evitar que acabe en manos del llamado Consell de la República, que lidera Carles Puigdemont); una coordinación de acción en el Congreso, donde ERC tiene 13 diputados y Junts, 4, y que la autodeterminación sea la única materia de la mesa de diálogo.

Aunque había algunos intentos de acercamiento para ponerlos en marcha —la realidad es que las estrategias opuestas de Junts (confrontación) y ERC (jugar con su influencia numérica en las Cortes) hacen imposible llegar a un acuerdo— los liderados por Laura Borràs optaron por lanzar la bomba de la moción de confianza en el debate parlamentario del martes. Al día siguiente, el president respondió fulminando a su número dos, Jordi Puigneró, el cargo más alto de Junts en el Ejecutivo. Le acusó de deslealtad por no informarle de los planes de Junts, que afectan a la institucionalidad.

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Junts, que preguntará a su militancia este jueves y viernes si hay que seguir en la coalición, respondió el viernes al descabezamiento de Puigneró con una propuesta para que se pongan en marcha los tres puntos pendientes. Fueron necesarias 10 horas de reunión para un acuerdo con pocos desarrollos y en el que, para sorpresa de varios miembros de la cúpula, se pide además que se restituya al ahora exvicepresident.

Aragonès rechazó ayer de plano la propuesta. “Junts ha de tomar una decisión ya [sobre su continuidad en el Ejecutivo], y si no lo hace, la tomaré yo”, sentenció en una entrevista a La Vanguardia. Por primera vez, muestra a sus socios directamente la puerta de salida. En las filas republicanas se ven capaces de navegar una temporada con un Gobierno en minoría. Tienen 33 diputados, la mayoría está en 68. El PSC se muestra dispuesto a colaborar externamente pero, hasta ahora, ERC ignora en cada pleno su mano tendida. La ayuda hipotecaría la presión en el Congreso. “El momento político y la crisis social ayuda a que nadie se ponga de perfil”, defiende una voz autorizada de los republicanos. Habría poco margen con Junts después de que Aragonès les dijera basta.

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