Ciudadanos ha decidido no concurrir a las elecciones generales del 23 de julio. La decisión, ratificada este martes por el comité nacional de CS, está motivada por los desastrosos resultados cosechados el domingo en los comicios municipales y autonómicos. Adrián Vázquez, secretario general de Ciudadanos, la ha hecho oficial hace apenas unos minutos. “El mensaje de las elecciones ha sido muy claro. La oferta del centro liberal en España no ha tenido fuerza. (…) Hemos llegado a la conclusión de que los españoles no nos ven como una buena alternativa transformadora. No es una buena noticia para nosotros, el comité nacional ha decidido que no concurramos en este ciclo electoral mientras nos preparamos para el nuevo escenario político”, ha manifestado.

La mayoría de los dirigentes presentes en el comité nacional reunido este martes estaba a favor de no concurrir. El 28-M, la formación logró apenas el 1,35% de los votos, no obtuvo representación en ninguno de los 12 parlamentos regionales de las comunidades que celebraron comicios y fue borrado de plazas tan importantes como el Ayuntamiento de Madrid.

La ejecutiva mantuvo una reunión de varias horas ayer por la tarde, tras el adelanto de las elecciones generales anunciado por Pedro Sánchez. En ella concluyeron proponer al comité nacional, convocado extraordinariamente este martes, que la mejor opción es no presentarse a las urnas el 23-J. Durante el cónclave, hubo “miembros con serias dudas” de que este fuese el movimiento más apropiado, según ha podido saber este periódico de fuentes del entorno de la portavoz nacional de CS, Patricia Guasp. El acuerdo ha sido ratificado este martes por el comité nacional —formado por el núcleo duro del partido y los presidentes autonómicos (50 miembros en total)—, entre los que se encuentran la vicealcaldesa saliente de Madrid, Begoña Villacís, que no logró representación en el Ayuntamiento de la capital. También han sido convocados otros dirigentes de CS, como el procurador y exvicepresidente de Castilla y León Francisco Igea, o el eurodiputado José Ramón Bauzá, para aportar su opinión.

La decisión no implicaría la disolución inmediata del partido, ya que la intención es volver a presentarse en las elecciones europeas del año próximo. Entre los dirigentes presentes en la reunión, que continúa en este momento, hay consenso sobre no concurrir el 23-J. Una visión que comparten la expresidenta del partido, Inés Arrimadas, y Villacís, según fuentes presentes en el cónclave. Igea ha pedido “disolver el partido” y que los dirigentes de CS, Patricia Guasp y Adrián Vázquez, asuman “responsabilidades” y dimitan. Otras fuentes de la formación acusan directamente a Vázquez, a su vez eurodiputado, de “utilizar” el adelanto electoral “para atrincherarse” hasta las elecciones europeas.

[Noticia de última hora. Habrá actualización en breve.]

Sumar y la vicepresidenta Yolanda Díaz dan el paso adelante que se esperaba para tratar de aglutinar a todas las fuerzas políticas a la izquierda del PSOE. Ante el adelanto electoral del 23 de julio anunciado este lunes por el presidente, Pedro Sánchez, tras unos comicios autonómicos y municipales que dejan muy debilitada a las izquierdas, Sumar ha registrado este martes en el Ministerio del Interior un “partido instrumental” llamado Movimiento Sumar para poder “garantizar la participación de personas independientes y profesionales en la confluencia”, según han adelantado a EL PAÍS fuentes de la formación. Quedan por delante 10 días de negociaciones para tratar de alcanzar un pacto con Podemos y los partidos que ya apoyaron a Díaz en el lanzamiento de su candidatura el pasado abril. Todos estaban al tanto de este nuevo paso dado por la vicepresidenta, según ha aclarado desde las distintas formaciones. En las ultimas horas, tanto Izquierda Unida, como los ecologistas Verdes Equo y Alianza Verde han cerrado filas con los planes de la ministra de Trabajo. La incógnita fundamental sigue siendo si el partido de Ione Belarra entrará en la futura alianza.

La nueva organización se define como “un movimiento europeísta, plural, con una firme voluntad de enfrentar el reto de la emergencia climática y avanzar hacia una sociedad más libre, más feminista y más igualitaria”. Y lo fundamental: el partido pretende concurrir a las elecciones generales “agrupando a todas las formaciones políticas que compartan el proyecto de país para la próxima década”, para lo que ha iniciado ya negociaciones con Podemos y tiene acuerdos con una quincena de partidos.

La idea es que Yolanda Díaz disponga de una organización y estructura desde la que incluir a miembros de la sociedad civil y la academia en las listas electorales y luego pactar con el resto de formaciones una coalición. El propósito de esta plataforma, según las mismas fuentes, no es otro que el de “convertir a Yolanda Díaz en la primera presidenta del Gobierno de España y garantizar una mayoría progresista que permita defender los derechos conquistados y seguir avanzando”. “El movimiento SUMAR tiene como objetivo fundamental ser la casa grande de la democracia”, añaden fuentes del proyecto.

Las conversaciones se iniciaron este lunes, nada más conocerse el adelanto electoral, tal y como confirmó la secretaria general de Podemos en una breve comparecencia ante los medios. Lo apurado de los tiempos —la ley electoral limita a 10 días el plazo desde la convocatoria de elecciones para el registro de coaliciones— deja en el aire la posibilidad de que haya un proceso de primarias, una de las condiciones que exigía Podemos para acudir a la presentación de la candidatura y formar parte de la plataforma. El propio Iglesias, a última hora del lunes en la Cadena SER, reconocía la dificultad de su desarrollo y daba a entender que asumen que no será posible. “Ojalá las hubiera [las primarias]. La participación democrática es clave, pero tengo algo de experiencia política. ¿Qué es lo que nos van a decir a nosotros los demás partidos? ‘En diez días esto no se puede hacer’. Y al final lo que tenía que haber sido un proceso de desborde ciudadano, de participación y escucha, [se convierte en que ] llega el turno de los fontaneros para negociar las listas de cada provincia y los dineros. Todo lo que se supone que no había que hacer”, criticó. El exvicepresidente del Gobierno mencionaba algunos de los asuntos más controvertidos en la mesa de negociación: los recursos económicos y los puestos. Desde el equipo de Sumar consideran que la marca electoral debe ser esa, Sumar, aunque el nombre será previsiblemente objeto también de discusión en las negociaciones.

Hasta el 28-M Podemos exigía una negociación bilateral con el equipo de Yolanda Díaz, sin “integrarse” ni “diluirse” en ninguna plataforma. El resto de partidos ya han cerrado filas desde el lunes con la vicepresidenta, una forma también de presionar a los de Belarra para alcanzar un acuerdo cuanto antes. “Ni un minuto que perder: todos a trabajar unitariamente dentro de Sumar”, ha señalado el coordinador federal de Izquierda Unida y ministro de Consumo, Alberto Garzón, esta misma mañana en redes al difundir el comunicado en el que su organización respalda de nuevo el proyecto y llama a “recuperar la iniciativa y salir a la ofensiva” de cara al 23-J. También Verdes Equo y Alianza Verde han mostrado su apoyo. El responsable de esta última organización ha afirmado en una entrevista en Radiocable que Sumar es “condición necesaria” para que la izquierda consiga buenos resultados en las elecciones generales.

La ley para proteger a todo tipo de familias, la de salud mental, la de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), la del cine y la industria audiovisual, la de movilidad sostenible y la ratificación como normal legal de más de media docena de decretos con medidas de ayudas anticrisis a todo tipo de sectores afectados por la covid y la guerra en Ucrania son algunos de los 62 proyectos de ley que quedarán paralizados por la disolución inmediata de las Cortes. La decisión inesperada y precipitada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de finalizar la XIV legislatura ante el mal resultado electoral del 28-M provoca de manera inmediata el frenazo de la actividad en el Congreso.

El Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos ha presumido de poner en marcha y aprobar en este complejo mandato, pese a su teórica precariedad parlamentaria al disponer solo de partida de 155 escaños, más de 210 iniciativas legislativas y tres Presupuestos Generales del Estado, en general con votaciones muy sobradas. Ahora quedan pendientes y parados 62 proyectos de ley, 29 impulsados por la vía de urgencia y 25 de ellos procedentes de reales decretos, como un buen paquete de medidas de ayuda anticrisis primero por la covid y luego por la guerra en Ucrania. Algunos de esos decretos con medidas anticrisis relacionadas con el transporte, el turismo, la vivienda o la defensa del empleo tendrían que ser prorrogados en junio y ahora quedarán a expensas de que lo pueda hacer en funciones la Diputación Permanente de la Cámara baja. Tampoco avanzarán más dos reformas de los estatutos de las Cortes, una de ellas para controlar mejor a los grupos de presión.

La determinación de Pedro Sánchez al dar por acabada abruptamente esta legislatura, a la que en realidad le habrían quedado apenas 10 plenos antes su finalización oficial a mediados de octubre si se hubiese querido alargar el mandato al máximo, ha provocado a su vez sorpresa en los socios de coalición y en los aliados parlamentarios habituales. Algunos de esos partidos habían impulsado la mayoría de sus proyectos en estos últimos meses, pero otros estaban aún en fase final. Para Unidas Podemos, por ejemplo, que tenía hasta ahora varias carteras en el actual Ejecutivo, era muy relevante impulsar las leyes de familias, salud mental, equidad, libertad de expresión, bebés robados, ELA, movilidad sostenible, atención a la clientela, paridad o trata.

Entre los 62 proyectos de ley en fase de enmiendas, con distintas ampliaciones, estaban la modificación de la ley de seguridad nacional, otra de mejoras a empleadas del hogar, de las cotizaciones de autónomos, la que proponía la creación tras la covid de una Agencia Estatal de Salud Pública, la que regulaba con menos rigidez que ahora los secretos oficiales, eternamente demandada por el PNV, otra que quería ampliar los permisos de maternidad y paternidad a 26 semanas para las familias monoparentales, una que buscaba conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo nacionalidad española, otra que situaba el IVA en el 4% para los servicios de dependencias no exentos, la que cambiaba el Código Penal para despenalizar el delito de injurias a la corona o, incluso, una norma legal que fijaba beneficios para perseguidos o que hubieran sufrido violencia durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco.

En materia de Transportes, la convocatoria de elecciones deja en barbecho el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que tenía previsto entrar en vigor antes de que terminara este año, cumpliendo así lo comprometido con la Comisión Europea en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La ley iba a marcar objetivos de descarbonización, en el sistema de financiación del transporte público, en la ordenación de las concesiones de transporte privado, en materia de medidas para fomentar formas alternativas de movilidad como la bicicleta, así como en planificación de infraestructuras. Otro proyecto que estaba en marcha era la creación de una autoridad administrativa independiente para la investigación técnica de accidentes e incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, informa Ramón Muñoz.

En una segunda mitad de la legislatura marcada por la invasión rusa de Ucrania y la crisis del gas, la energía es uno de los capítulos en los que más cabos sueltos quedan tras el adelanto electoral. Tras su paso por el Consejo de Estado, el Consejo de Ministros tenía pendiente dar su visto bueno a la reforma del mercado regulado de la luz (también conocido como PVPC) con el objetivo de hacer más estables las tarifas que pagan estos consumidores, entre ellos los más vulnerables. La idea era tenerla aprobada antes del 30 de junio, pero ahora queda en el aire. También el tope máximo sobre el precio de la bombona de butano, la reducción del 80% en los peajes eléctricos que paga la industria, la bonificación de 10 céntimos por litro de carburante para los transportistas y las ayudas desplegadas para paliar los efectos de la subida en el precio del combustible sobre agricultores, ganaderos y pescadores, que decaerán a finales de junio si no las puede aprobar antes el Consejo de Ministros en funciones. Algo que se escapa del ámbito económico y se adentra en el terreno puramente jurídico, informa Ignacio Fariza.

En el área social, hay leyes que no se han aprobado aún y que decaen, como la ley antirracista que ha planteado el Ministerio de Igualdad, así como la ley de familias, que es la norma estrella del Ministerio de Derechos Sociales y que creaba nuevos permisos para cuidados, trasponía la directiva europea de conciliación y era un compromiso de España ante Bruselas en el marco de los fondos de recuperación, informa Silvia Blanco. Otras propuestas que quedarán pendientes son la primera ley de servicios sociales de la democracia, que había pasado solo una primera lectura por Consejo de Ministros; y las leyes de agentes forestales y medioambientales y de bomberos forestales.