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El mal uso de maquinaria en campos y montes, principal causa de los incendios de este verano

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Las preguntas son recurrentes al calor de los incendios: ¿quién quema el monte en España? ¿cuál es el perfil del pirómano? Y la respuesta es también recurrente: lo quema sin querer quien trabaja en zonas rurales, normalmente por imprudencia. De los 18 incendios investigados por el Seprona de la Guardia Civil en este verano tórrido, 12 han sido causados por el mal uso de maquinaria durante trabajos, agrícolas o no, en zonas rurales y cinco, los más pequeños, fueron obra de pirómanos. Nada nuevo: de los 2.700 incendios que investigó el año pasado el instituto armado, 400 fueron considerados delitos (dolosos e imprudentes). Todos los demás fueron “infracciones relacionadas con el uso del fuego”. Cada día que avanza, 2022 se confirma como el año con más grandes incendios del siglo: 31 de más de 500 hectáreas frente a los 21 de 2012, el año que tenía todos los récords anteriores.

El último incendio aclarado sirve de ejemplo de que el 80% tuvo un humano en su origen, aunque en la mayoría de los casos sin intención, según la Guardia Civil. Es el que arrasó 893 hectáreas en Navafría (Segovia). El causante fue un coche con el que un ganadero subía por el camino del arroyo de las Truchas para llevar balas de paja seca a sus vacas. La vegetación prendió al saltar alguna chispa por “la fricción de alguna pieza metálica del vehículo o incluso por una deflagración con carbonilla desde el tubo de escape”.

Gran parte de los grandes incendios del año pasado, los que quemaron más superficie, los provocaron vehículos, explican fuentes del Seprona. Pero lo habitual es que el origen sean quemas agrícolas, conflictos ganaderos, mal estado de líneas eléctricas y, sobre todo este año, el mal uso de maquinaria agrícola. De 18 incendios investigados por el Seprona este verano, y recopilados por EL PAÍS, 9 se debieron al mal uso de máquinas agrícolas (en horarios no permitidos o muy cerca de zona arbolada); 3 fueron causados por trabajos en el medio rural no puramente agrícolas; 5 fueron intencionados y uno se produjo por el choque de un pájaro contra un tendido eléctrico (el 18 de junio, en la localidad oscense de Barbastro). En esos 18 han ardido 24.000 hectáreas, una sexta parte de las 135.147,32 quemadas que contabilizó entre el 1 de enero y el 24 de julio la Subdirección de Política Forestal del Ministerio de Transformación Ecológica. El Sistema Europeo de Información de Incendios Forestales (EFFIS) eleva la superficie a 231.592 hectáreas.

El ejemplo más claro de fuego provocado por trabajos agrícolas puros es el incendio que quemó 3.000 hectáreas y forzó el desalojo de 900 personas de Santibáñez del Val, Santo Domingo de Silos, Villanueva de Carazo, Carazo y Hacinas, en los llamados Sabinares del Arlanza (Burgos). “Todo indica que el fuego fue causado por una cosechadora por una negligencia grave de su conductor y propietario en una finca de cereal entre Tejada y Quintanilla del Coco”, afirman los investigadores.

👉Esclarecido el origen del incendio de Navafría en Segovia que afectó a casi 900 hectáreas.

👉Detenido en Castellón un presunto pirómano que intentó huir tras provocar un incendio forestal declarado ayer en el Paraje Natural de Tinença de Benifassà.

ℹ️https://t.co/RKugHQ05kW pic.twitter.com/xolygwrk6x

— Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) August 5, 2022

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Lo mismo ocurrió el 18 de julio con una segadora de alfalfa en Palenzuela (15 hectáreas) o al día siguiente en Saldaña con una cosechadora (19), ambas localidades de Palencia; o en los de Driebes y Budía (Guadalajara), que se llevaron 550 hectáreas en conjunto, el primero por el uso de maquinaria y el segundo, por una cosechadora. El “uso de maquinaria agrícola” está tras el fuego de Humanes de Mohernando (Guadalajara), de 1.800 hectáreas, desatado el 26 de julio, según el Gobierno de Castilla-La Mancha.

Los trabajos en el medio rural, pero no de naturaleza agrícola, estuvieron en el inicio de tres enormes incendios: el de Ateca (Zaragoza), donde se quemaron 14.000 hectáreas; el de Villaseco del Pan (Zamora), con pérdida de 1.300 hectáreas, y el de Almadén (Ciudad Real), de 1.600 hectáreas. El primero lo originó una excavadora retroaraña que estaba ahoyando un terreno para su reforestación entre Ateca y Bubierca, según reconoció la empresa encargada de los trabajos, Land Life, originaria de Países Bajos. El de Zamora, originado el 18 de julio y en el que un bombero resultó herido, comenzó durante la canalización de un tendido de fibra óptica entre las localidades de Villaseco del Pan y Almaraz del Duero. El de Almadén lo causó una máquina cortadora-procesadora de árboles, durante trabajos de aprovechamiento forestal en el paraje de Quejigo Gordo.

Bomberos de las BRIF atajan un incendio en un campo de trigo en Tábara, Zamora, el 18 de julio de 2022.Foto: Isabel Infantes (Reuters) | Vídeo: EPV

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha incidido es esta línea este viernes en TVE, donde ha asegurado que el cambio climático, el aumento de combustible en la naturaleza y las negligencias o imprudencias son las “principales” causas de los incendios forestales en España, por encima de los fuegos intencionados. “La mayor parte son causados por tormentas eléctricas; en segundo lugar, por alguna actividad agrícola y los elementos combustibles, y luego las reproducciones de las llamas [en zonas incendiadas y ya apagadas]”, ha precisado. Greenpeace apunta en la misma dirección, y achaca el aumento de los fuegos al cambio climático, la “matorralización” de las zonas forestales, el éxodo rural y el aumento de las viviendas en el monte. Esta organización eleva al 96% los incendios que causa el humano, pero explica que solo 1 de cada 10 puede considerarse obra de pirómanos.

Así, este verano se consideran obra de incendiarios cinco de los ya resueltos, aunque las superficies afectadas fueron pequeñas. Cuatro de ellos supuestamente los causó entre junio y julio un hombre de 68 años en Jaraíz de la Vega (Cáceres), que fue detenido, y el quinto fue el que apenas quemó un kilómetro cuadrado en una zona cercana al Monasterio de Santa María (Castellón), iniciados por un hombre con un mechero, según la Guardia Civil.

Imagen de la Guardia Civil de la detención de un hombre por los incendios de Jaraíz de la Vera.
Imagen de la Guardia Civil de la detención de un hombre por los incendios de Jaraíz de la Vera.

El Seprona tiene previsto divulgar durante la segunda quincena de agosto el balance de los incendios que ha investigado este verano, en el que se han disparado los fuegos. Oficialmente, 2012 fue el año en que hubo más incendios o conatos (11.237) y el que se quemaron más hectáreas (149.015), pero 2022 ya está en récord en casi todas las magnitudes. Por lo pronto, entre el 1 de enero y el 24 de julio, ha habido 31 grandes incendios (de más de 500 hectáreas), frente a los 21 de todo 2012.

La superficie quemada por ahora, según el informe del Gobierno, es de 135.147,32 hectáreas, el 0,48% de la superficie forestal española. Pero aún falta por incluir un dato del sistema europeo de control de fuegos que ya haría del año en curso el peor en números absolutos de superficie quemada. El EFFIS estimaba el 24 de julio que había que añadir otras 54.293,26 hectáreas al conteo del Gobierno español, lo que ya elevaba a 189.440,58 las hectáreas calcinadas en el periodo de estudio. Hoy ya son 231.592.

En la imagen, cómo quedó el pájaro que provocó el incendio en Barbastro, el 18 de junio.
En la imagen, cómo quedó el pájaro que provocó el incendio en Barbastro, el 18 de junio.

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El verano más duro en medio siglo de los aviones apagafuegos

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Un hidroavión del 43 Grupo de Fuerzas Aéreas rompió el año pasado uno de los flotadores que cuelgan bajo sus alas cuando cargaba agua en la bahía de Pollensa. El aparato perdió estabilidad y se habría estrellado de no ser por la pericia del piloto. Fue en ese mismo lugar, frente a la isla de Mallorca, donde en marzo de 2003 se precipitó al mar uno de estos aviones pintados de rojo y amarillo, cuya silueta se ha hecho popular por los cielos de España, hasta el punto de que al divisarla todos se preguntan dónde está el fuego.

En aquel siniestro murieron dos tripulantes, los últimos de una lista de 15 en los 51 años que lleva funcionando esta unidad adscrita al Ejército del Aire y dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, heredero del antiguo departamento de Agricultura. Un muerto es demasiado, pero 15 en medio siglo no son tantos para una misión de alto riesgo: vuelan a muy baja altitud, entre hondonadas y riscos, sorteando columnas de humo y los remolinos y turbulencias que produce el viento entre las montañas y que alimentan los propios incendios. Los aviones comprados por España no llevan radar meteorológico ni piloto automático. Sus sensores son los ojos y sus ordenadores los cerebros de la tripulación.

“Cargar en el mar, entre olas, es más complicado que hacerlo en un pantano”, explica un piloto experimentado, para ilustrar lo sucedido hace un año. Salvo, si como sucede ahora, la sequía ha vaciado los embalses y no se sabe si hay fondo suficiente para echarse al agua. Los botijos, como se los llama popularmente, no necesitan mucho: solo 50 centímetros. En 12 segundos, deslizándose por la superficie a 70 nudos (130 kilómetros por hora), llenan un depósito de 6.000 litros, sin ayuda de ningún motor de absorción, solo por la fuerza de la inercia. Pero desde el aire es difícil medir la profundidad y, para evitar sorpresas, han tenido que prescindir de algunos ramales poco seguros de los pantanos. Bastante tienen los pilotos con calcular cómo salir del embalse, a menudo rodeado de montañas, cargados con seis toneladas de peso.

En la temporada de incendios, entre el 1 de junio y el 31 de octubre, se suspenden vacaciones y permisos y los 144 efectivos destinados en Torrejón de Ardoz (Madrid) se despliegan por seis bases desde las que cubren todo el territorio peninsular: Santiago de Compostela, Salamanca, Badajoz, Málaga, Zaragoza y Pollensa. En las Canarias no hay destacamento permanente. En caso necesario, se desplaza desde Málaga y está listo para actuar en cinco horas y media.

El Grupo 43 tiene 18 aparatos Canadair: 14 CL-215, más antiguos, y 4 CL-415, pero solo diez están operativos. Su edad media supera los 30 años y sufren averías recurrentes y problemas estructurales, achaques fruto de la fatiga, según fuentes militares. El Ministerio de Teresa Ribera ha lanzado un programa para modernizar diez aviones, por 24,5 millones, y tiene en cartera la compra de otros cuatro, pero, mientras se renueva la flota, los incendios forestales no cesan en un verano en el que las olas de calor se suceden sin tregua.

Este año está siendo el más intenso desde que la unidad existe. Ni los más viejos recuerdan nada igual”, admite el coronel Miguel Oliver, jefe del Grupo 43. “El más duro y virulento”, remata la ministra de Defensa, Margarita Robles, que este jueves ha visitado su cuartel general en Torrejón. Los datos hablan por sí solos: hasta el 15 de agosto, ha tenido que acudir a 132 incendios, más del doble que en el mismo periodo del año pasado (61); ha hecho 588 salidas para extinguir fuegos, frente a 255 en 2021; y ha cumplido 2.034 horas de vuelo, casi el triple que hace un año por estas fechas (827).

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Defensa ha ofrecido adaptar cuatro helicópteros Chinook, capaces de cargar 4,5 toneladas, para extinción de incendios, y se estudia incluso emplear el avión A400M, que podría llevar 20.000 litros. Ninguno tiene, sin embargo, la versatilidad del botijo para repostar en un embalse cercano y volver una y otra vez sobre el fuego. Lo hace desde una altura de unos 30 metros y atento a lo que hay debajo: su descarga de agua puede matar a una persona o destrozar una casa.

Las focas, como se les llama también por su indicativo radio, se retiran a la puesta del sol. Aunque se han hecho pruebas con gafas de visión nocturna, el fuego deslumbra a los pilotos y los cables de alta tensión son una trampa difícil de detectar. Eso no significa que durante la noche estén ociosos. Los invisibles, mecánicos y personal de mantenimiento, se afanan en revisar los aviones para que estén a punto al amanecer.

El coronel Oliver se muestra orgulloso de todos sus subordinados, pero no se llama a engaño. “Los grandes incendios no se extinguen desde el cielo, hay que poner el pie en tierra para acabar con ellos”, advierte. La ministra Robles les agradece su trabajo y les pide que se cuiden. No hay tiempo para más. España arde por los cuatro costados. En un escudo figura el lema de la unidad: “¡Apaga… Y vámonos!”

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Tres años y ocho meses de obstáculos y versiones cambiantes para renovar el Poder Judicial

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La Constitución mandata a los dos grandes partidos a acordar juntos los nombres de los 20 vocales que integran el Consejo General del Poder Judicial cada cinco años. Nada dice el texto constitucional sobre que los partidos puedan condicionar ese pacto a otros asuntos, que es básico para el funcionamiento de la justicia en España. Sin embargo, en los tres años y ocho meses que el CGPJ lleva caducado, el PP ha esgrimido varias veces obstáculos relacionados con la pura contienda política, mientras otras ha planteado exigencias añadidas a la mera renovación de los vocales. El último capítulo del pertinaz bloqueo son las versiones cambiantes de los populares para tratar de desvincularse del acuerdo desvelado por EL PAÍS al que habían llegado en otoño de 2021 el Gobierno y el PP de Pablo Casado para reformar la ley del Poder Judicial. En el largo periodo de desencuentros, el Gobierno también ha hecho tres movimientos unilaterales —de uno de ellos desistió— para reformar la ley, que entorpecieron las negociaciones, con el argumento de que no podía aceptar más la demora en el acuerdo. Este es el historial de obstáculos que ha dado lugar a la mayor anomalía institucional del país.

1. El mensaje de Cosidó revienta el primer acuerdo. El PSOE y el PP pactaron en 2018 la renovación del Consejo con una mayoría progresista de vocales y presidido por Manuel Marchena, un juez de tendencia conservadora. En aquel pacto, el PP no reclamó una reforma del método de elección de los vocales para que los jueces eligieran en exclusiva a los jueces, y aceptó que entrara como vocal el juez José Ricardo de Prada, magistrado de la sentencia del caso Gürtel, exigencias que pondría después. El acuerdo saltó por los aires porque se filtró un mensaje que Ignacio Cosidó, entonces portavoz del PP en el Senado, envió a los senadores populares justificando el acuerdo porque así el partido iba a poder “controlar la sala segunda del Supremo por la puerta de atrás”. Marchena renunció y todo se fue al traste. Así empiezó el bloqueo.

2. No hay acuerdo porque Podemos critica a Juan Carlos I. En el verano de 2020, según reveló en su día Pablo Casado, el Gobierno y el PP llegaron a un nuevo acuerdo para renovar el consejo. En esas fechas, el rey Juan Carlos I abandonó España por el escándalo de sus irregularidades fiscales. El PP se negó entonces a pactar con el PSOE por los ataques al Rey de Pablo Iglesias, líder de Podemos en aquella época.

3. Movimiento unilateral del Gobierno para cambiar la ley. En octubre de 2020, el Ejecutivo registró una propuesta de reforma de la ley para poder renovar el Consejo con mayoría simple del Congreso. Terminó desistiendo ante las críticas que recibió la iniciativa.

4. Podemos debe quedar fuera de la negociación. Ese mismo otoño, Casado pasó a exigir que el partido de Pablo Iglesias fuera excluido de las negociaciones.

5. Que pasen las elecciones catalanas y que no haya indultos. En diciembre de 2020, el PP transmitió su voluntad de acuerdo para después de los comicios catalanes si Unidas Podemos seguía quedando fuera y el Gobierno no indultaba a los líderes independentistas, como luego ocurrió.

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6. Segundo movimiento del Gobierno impidiendo al consejo aprobar nombramientos mientras está en funciones. La Moncloa impulsó esta reforma para presionar al PP y que accediera a la renovación.

7. Veto al juez del ‘caso Gürtel’. En marzo de 2021, pasadas las catalanas, el Gobierno y el PP volvieron a sentarse. El PP rechazó el pacto por la entrada del juez José Ricardo De Prada por el cupo de juristas.

8. El modelo debe cambiar y los jueces elegir a los jueces. En abril de ese año, el PP planteó una nueva exigencia: un cambio del método de elección de los vocales del CGPJ para que fueran elegidos en exclusiva por sus pares.

9. No sirve el estudio del cambio de modelo, debe registrarse una reforma de la ley. En septiembre del año pasado, Casado endureció todavía más sus condiciones: exigió que se registrara una ley con el cambio de método de elección de los vocales. Ya no le servía, dijo, que la reforma se estudiara en el Congreso, como había aceptado en pactos anteriores, porque sostenía que no se fiaba de Pedro Sánchez: reclamaba de inmediato la ley. En secreto, sin embargo, el PP y el Gobierno terminaron firmando en octubre de ese año un pacto para reformar la Ley del Poder Judicial al objeto de renovar el Tribunal Constitucional y ganar tiempo para seguir negociando el órgano de gobierno de los jueces. Ese acuerdo nunca se hizo público y tampoco se anunció. EL PAÍS ha desvelado este lunes el documento firmado. Meses después, Casado fue defenestrado como líder del PP y sustituido por Alberto Núñez Feijóo en un congreso el 2 de abril de 2022.

10. Que pasen las elecciones andaluzas. Al poco de su llegada a la presidencia del PP, Feijóo se reunió con Sánchez y ambos acordaron retomar las conversaciones. El PP puso poco después una primera condición temporal: que sea después de las andaluzas previstas para junio de 2022.

11. Vinculación a más medidas de regeneración de la justicia. Feijóo renunció a reclamar un cambio de método de elección como exigía Casado, pero sí pidió un “acuerdo global” que incluyera reformas de “regeneración” de la justicia.

12. Movimiento unilateral del Gobierno para renovar solo a los magistrados del Tribunal Constitucional. En junio, el Ejecutivo registró una proposición de ley para que el CGPJ pudiera nombrar solo a los dos magistrados del Constitucional pendientes de renovación, mientras el Gobierno nombrará a otros dos que le corresponden. La Moncloa argumenta el movimiento para desbloquear al menos el tribunal de garantías, teniendo en cuenta que sigue sin llegar el acuerdo con el PP.

13. Debe retirarse la ley sobre el Constitucional. El PP pasó entonces a exigir al Gobierno que retire esa reforma para poder pactar. En julio se produjo la última reunión de los negociadores, que termina sin acuerdo porque el Ejecutivo no da marcha atrás. El PP hizo público un documento de siete páginas con sus propuestas.

14. Último capítulo. EL PAÍS revela esta semana el pacto escrito de otoño de 2021 y la dirección del PP cambia de versión sobre el documento. El acuerdo, según el texto desvelado por este periódico, consistía en una reforma de la ley del poder judicial para el desbloqueo del nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional causado por la no renovación del CGPJ. Funcionaba como salvaguarda mientras no llegaba el pacto global. Es decir, se trata, precisamente, la reforma que ahora ha promovido el Gobierno unilateralmente y el PP le exige que retire. La dirección del PP primero dijo desconocer ese texto y luego admitió que lo conocía. Este martes, el vicesecretario Pedro Rollán aseguró: “Absolutamente ningún miembro del Gobierno, ni el propio presidente, hizo referencia de ningún tipo a un documento suscrito con anterioridad”. El miércoles, el vicesecretario Esteban González Pons afirmó, en cambio, en referencia a Félix Bolaños, ministro negociador del PSOE: “Me puso encima de la mesa ese documento y otros, y desde el primer momento lo rechazamos, no quisimos verlos”.

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Junts deja sola a Borràs en la defensa de su actuación en el homenaje a las víctimas del 17-A

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Un reducido grupo de personas, a los que Laura Borràs ha saludado, ha roto el minuto de silencio exigiendo conocer “la verdad” sobre la matanza.
Un reducido grupo de personas, a los que Laura Borràs ha saludado, ha roto el minuto de silencio exigiendo conocer “la verdad” sobre la matanza.Gianluca Battista

La mayor parte de la cúpula de Junts per Catalunya ha dejado sola este jueves a Laura Borràs, suspendida como diputada y presidenta del Parlament tras ser procesada por corrupción, en defensa de su actuación tras el homenaje a las víctimas del 17-A. Un grupo muy reducido de independentistas interrumpió el minuto de silencio y después, tras acabar la ceremonia, ella fue a saludarlos. Tras recibir un aluvión de críticas, Borràs se vio obligada a dar explicaciones en las que afirmó que no respetar el minuto estuvo fuera de lugar y limitó su actuación a saludar a los miembros del grupo Queremos saber la verdad (sobre los atentados) a los que exoneró de haber realizado boicot alguno. Borràs, presidenta de Junts, aseguró que fue solo una persona gritó —la realidad es que a esa voz se sumaron más— y que no hay ningún vídeo en el que se aparezca hablando con la persona que inició el boicot.

Borràs dio todas esa explicaciones este jueves en sendas entrevistas en Catalunya Ràdio y en Rac 1 mientras los principales dirigentes de su partido guardaban silencio. El episodio ha vuelto a tensionar la formación en la que conviven dos almas en un delicado equilibrio. Tras la ceremonia y la enorme indignación desatada —miembros de la plataforma insultaron a familiares de las personas fallecidas—, Junts publicó un mensaje en la red en el que dio su apoyo a las víctimas del 17-A. “Por eso mismo queremos expresar el más enérgico rechazo a la interrupción del minuto de silencio de hoy en la Rambla”, decía el texto retuiteado por Jordi Turull, secretario general; el expresident Carles Puigdemont; Albert Batet, presidente del grupo parlamentario o Josep Rius, el portavoz del partido. Borràs es asidua a la red pero consideró irrelevante que ella no repicara el texto. Su posición es que ella y Junts comparten el criterio de respetar los minutos de silencio.

El incidente fue tan bochornoso que desencadenó una cadena de reacciones desde la de la propia alcaldesa Ada Colau; la de Robert Manrique, miembro de la Unidad de Atención y Valoración de Afectados (UAVAT), la principal asociación de victimas de los atentados del 17-A, pero también la den Jordi Sánchez, exsecretario general de Junts, que recordaron que no era el momento de buscar el “protagonismo político”. “Pero, ¿Por qué estamos hablando de mí? El protagonismo era de las víctimas”, se preguntó Borràs, rechazando cualquier autocrítica y negando sentirse interpelada. La diputada suspendida recalcó que lo único que hizo fue a saludar a un grupo de personas cuando la ceremonia había acabado. No solo eso: calificó de “trumpismo” que se haya querido, a su juicio, modificar la verdad para lograr “rédito político”.

Miembros del partido aclararon que la formación quiso desmarcarse de los boicoteadores del acto, pero no así de su presidenta. Al silencio, al menos hasta ahora, de los dirigentes de Junts se le suma también el de los consejeros del Govern. Josep Maria Argimon, titular de Sanidad, en un acto este jueves en Prada de Conflent, en la Universitat Catalana d’Estiu, expresó su rechazo “explícito” al boicot y defendió la continuidad de Junts en el Ejecutivo catalán. “Si fuera partidario de salir del Govern, no estaría en él”, dijo en referencia al debate abierto en Junts sobre si deben romper con Pere Aragonès tras la suspensión de la presidenta del Parlament.

El acuerdo de investidura asignaba la presidencia de la Generalitat a ERC y la del Parlament a Junts por haber obtenido el primero 33 escaños y el segundo, 32. La situación es delicada para Junts: La Fiscalía pide seis años de prisión para Borràs por los delitos de prevaricación y falsedad documental y 21 de inhabilitación para ocupar cargo público por haber beneficiado presuntamente a un amigo en la adjudicación de contratos. La Mesa de la Cámara la suspendió en julio de funciones y derechos y deberes pero ella, que cree que se ha vulnerado su presunción de inocencia, aclaró que mientras no haya un nuevo presidente seguirá ostentando el cargo y acudiendo al Parlament. En ese sentido, Borràs puntualizó que fue a hablar con las personas de la plataforma en La Rambla de la misma forma que lo hace cuando hay protestas ante el Parlament, a diferencia, dijo, de otros partidos que participaron en el homenaje pero que se negaron a apoyar en el Congreso una comisión de investigación de los atentados, en clara alusión al PSC.

Borràs criticó a la republicana Alba Vergés, vicepresidenta primera del Parlament, por no haber acudido al acto de La Rambla y de haber delegado esa función en la vicepresidenta segunda de un partido (el PSC), formación que apoyó la suspensión de la autonomía catalana en 2017. “Y ERC lo podía haber evitado”, afirmó. Borràs cuestionó profundamente al Govern formado por Junts y ERC, al no estar avanzando, dijo, hacia la independencia, cuando se constituyó con el aval del “52%” de votos independentistas (en realidad no alcanzó el 50%). “Avanzamos más con el referéndum del 1-O que con 90 años de independentismo”, afirmó en una clara alusión a ERC. Tras acusar al president Pere Aragonès, sin citarlo, de “acomodarse” en el autonomismo, calificó de “graves” los acuerdos de la mesa de diálogo. Borràs, que explicó que se negó a ser vicepresidenta del Govern de Aragonès, sostuvo que la militancia de su partido decidirá el camino a tomar: “Lo que no puede ser es que en las últimas elecciones 700.000 independentistas se convirtieran en 700.000 abstencionistas independentistas”, zanjó.

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