El partido PAIS se presentó en la Corte Suprema y pidió que se declare inconstitucional la ley de la provincia de Buenos Aires que habilitó que algunos intendentes bonaerenses puedan tener tres mandatos consecutivos. Como medida cautelar, solicitó además que se suspendan las PASO.

De acuerdo con la presentación, la ley impugnada viola garantías republicanas contempladas por la Constitución Nacional y desconoce los estándares internacionales en la materia. La demanda fue firmada por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez como abogado patrocinante.

La ley que limita las reelecciones de los intendentes se había sancionado durante el gobierno de María Eugenia Vidal, a partir de una propuesta del Frente Renovador. Disponía que era posible una sola reelección. Esa norma se modificó a fines de 2021. En una votación al filo del cierre del año, se les otorgó a los jefes comunales que estaban en ejercicio y que ya habían sido reelegidos, la chance de postularse para un mandato más.

La modificación que se aprobó el 29 de diciembre de 2021 en la Legislatura bonaerense favoreció a 91 de los 135 intendentes de la provincia. Juntos por el Cambio tiene en sus filas a 48 de ellos; el Frente de Todos, a 40, y tres pertenecen a partidos vecinales.

La reforma permite que el primero de los dos períodos a contabilizar sea el que comenzó en 2019 y no el iniciado en 2015, como indicaba la norma aprobada en 2016. La votación dividió a los bloques de Juntos y del Frente de Todos. Los legisladores que responden a María Eugenia Vidal y a Elisa Carrió, en la oposición, y a Sergio Massa, en el oficialismo, votaron en contra. Pero la mayoría de ambas bancadas apoyó las modificaciones.

Firma la demanda ante la Corte Oscar Héctor Alva, presidente y apoderado del partido PAIS, que fue candidato a diputado nacional en 2017. Ocupó el puesto 21 de la boleta legislativa por la provincia de Buenos Aires del frente 1País, que encabezaba Massa en alianza con Margarita Stolbizer. Fuentes del Frente Renovador bonaerense negaron que exista un vínculo actual con Alva.

La demanda de PAIS ante la Corte detalla que en 2016, con la sanción de la ley 14.836, se modificó el régimen originario limitándose la reelección del cargo de intendente a un solo período. Advierte que “con el objeto de evitar toda clase de controversia interpretativa sobre el nuevo régimen establecido” se aprobó una disposición transitoria (la séptima de la ley 14.836) que determinó que el período de ejercicio de mandato de los intendentes a la entrada en vigencia de la ley se consideraba como primer período a los efectos de la reelección.

La demanda sostiene: “El régimen aprobado en 2016 configuró un avance progresivo respeto del viejo sistema en términos de garantía del sistema republicano y del sistema de derechos al impedir los deseos de perpetuidad en el ejercicio del poder, asegurar la renovación de la política y habilitar a la oposición la posibilidad real de convertirse en gobierno. La derogación de la interdicción de más de una relección mediante la sanción de la ley 15.315 implicó desconocer el principio de progresividad y no regresividad institucional, el cual postula que una vez alcanzado un determinado estadio normativo de garantía institucional no es posible retroceder, a menos que se expongan argumentos razonables que lo justifiquen”.

La demanda sostiene que “no existen argumentos jurídicos razonables que permitan justificar la regresión normativa e institucional republicana que supondría otorgar a algunos pocos el privilegio de permanecer en el poder”.

Para defender la necesidad de que intervenga la Corte en este caso, donde está en juego una norma provincial, la demanda cita jurisprudencia de la propia Corte y afirma que “si bien las provincias conservan toda la autonomía política que exige su sistema institucional, esto no impide la intervención de la Corte Suprema de Justicia en los supuestos en que se verifique un evidente menoscabo del derecho federal”.

Sostiene además que “la Constitución argentina garantiza a las provincias el establecimiento y el ejercicio de sus instituciones y la elección de sus autoridades, pero todo ello sujeto a la Nación al sistema representativo y republicano de gobierno (artículos 1° y 5°)”.

Para los demandantes, “el artículo 4 de la ley 15.315 es objetivamente inconstitucional e inconvencional” y así debe declararlo la Corte porque implica un retroceso en materia republicana.

Según la presentación del partido PAIS, es necesario que el máximo tribunal suspenda las PASO que se celebraran en la provincia de Buenos Aires el 13 de agosto de 2023 “hasta tanto se dicte la respectiva sentencia de fondo en la presente causa”.

Así, el referente del PRO buscó endurecer su discurso en medio de la interna que mantiene con Patricia Bullrich por las candidaturas del espacio dentro de Juntos por el Cambio. Lo hizo durante la presentación formal de las armas Taser que comenzará a utilizar la Policía de la Ciudad en CABA a partir de junio.

“El Gobierno no sabe, no quiere, no puede solucionar el tema de la inseguridad”, afirmó Larreta, al tiempo que aseguró que “hoy Buenos Aires es la capital más segura de toda Latinoamérica”, y agregó: “Cuando los argentinos me elijan como presidente voy a poner toda la tecnología que desarrollamos en Buenos Aires a disposición de las policías de cada una de las provincias y de las fuerzas nacionales”.

Durante su discurso, el mandatario porteño también planteó la necesidad de “aislar en las cárceles a los capos narcos, que hoy desde un celular mandan sicarios a matar gente”. “Eso hoy con la tecnología es bien sencillo, además de sacarles los celulares hay que poner inhibidores de llamadas y se acabó, están incomunicados y no manejan más sus bandas como hoy”.

Las pistolas Taser

Con relación a la discusión por el uso de este tipo de armamento, en diciembre de 2020 se aprobó la adquisición y ese mismo mes se inició el trámite correspondiente ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANAC). En mayo de 2021, el organismo aprobó la compra de 60 unidades -modelo X2-, pero en julio de 2021, Ramiro Urristi, el funcionario a cargo de la mencionada agencia que autorizó la llegada de las Taser, presentó su renuncia.

Todos los trámites formales se realizaron en tiempo y forma, según precisaron las autoridades por aquel entonces. Sin embargo, una vez autorizado el uso del dispositivo, el proveedor debía presentar un pedido de autorización de importación en ANMAC, algo que quedó estancado.

En esta sucesión de hechos, el año pasado la Ciudad de Buenos Aires presentó en la Justicia un “Amparo por Mora” con el objetivo de destrabar la importación de pistolas y en marzo de este año, el Gobierno Nacional autorizó la compra.

En este marco, la Aduana aprobó semanas atrás la SIRA (Permiso de importación) y el armamento ingresó al país. Finalmente, la ANMAC realizó las inspecciones correspondientes y aprobó el uso de este armamento considerado no letal. Por su parte, el Gobierno porteño comenzó con las capacitaciones.

“Las taser fueron útiles para contener a personas violentas o en estado de desequilibrio, sin tener que utilizar armamento tradicional, asegurando la vida de los ciudadanos y de la propia persona a controlar”, había destacado el ministro de Seguridad porteño, Eugenio Burzaco, semanas atrás cuando las armas llegaron a la Argentina.

Cristina Kirchner

Larreta, por otro lado, admitió no escuchó el discurso del 25 de mayo de Cristina Kirchner: “Era una fecha Patria y me ocupé de otras cosas. La verdad, el gobierno que encabeza Cristina Kirchner con Alberto Fernández fracasó. No pueden hablar de nada. No hay mucho más por decir: 8, 4 de inflación, la pobreza arriba del 40 por ciento, la inseguridad que avanza todos los días”.

Y también se refirió al sobreseimiento de CFK por el fiscal Marijuán: “Siempre soy respetuoso de respetar los fallos de la Justicia, pero en este caso, con toda la información que hay, yo lo que espero es que siga avanzando la investigación de la Justicia en todas las causas de corrupción de Cristina de Kirchner. Que el pedido del fiscal no prospere”.

Las negociaciones con el FMI continúan virtualmente, pero el Gobierno no logra mostrar avances en su intención de adelantar para junio todos los desembolsos del segundo semestre.

Mientras las conversaciones con el organismo multilateral se extienden, el ministro de Economía Sergio Massa y el diputado Máximo Kirchner viajarán esta semana a China para intentar conseguir más dólares para el Banco Central (BCRA).

El Gobierno apunta a que el gigante asiático permita que la porción del swap con “libre disponibilidad” sea mayor a la actual. Hasta ahora, se pueden usar US$5000 millones y el objetivo en el corto plazo es duplicar esa cifra. Incluso, si las condiciones lo permiten, Massa apunta a lograr una ampliación del monto del intercambio de monedas.

Al Gobierno lo urge lograr algún tipo de refuerzo para las reservas del BCRA, que esta semana perforaron el piso de los US$32.000 millones, y que, en términos netos, se encuentran negativas desde hace varias semanas.

La demanda de divisas por parte de los importadores y de los particulares para atesoramiento y gastos en el exterior, se suman a un calendario de pagos al FMI bastante exigente. Además, a diferencia de lo sucedido en 2022, este año los desembolsos del organismo son inferiores a los vencimientos.

El Gobierno aspira a destrabar la negociación con el FMI y tener un anticipo de los desembolsos a mediados de junio. Entre el 21 y el 22 del mes que viene, la Argentina tiene que abonar más de US$2682 millones al organismo.

Una parte de eso se cubriría con los DEG (derechos especiales de giro, la moneda de la entidad que conduce Kristalina Georgieva) que el FMI desembolsó en marzo. Según el economista Fernando Marull, socio de FM&A, todavía quedan unos US$1700 millones de ese giro. El resto, se tendría que cubrir con las reservas que pueda comprar el BCRA o con algún préstamo de otro organismo internacional.

Cómo es el calendario de pagos de la Argentina al FMI

Aún si puede superar ese primer vencimiento y anticipar los desembolsos previstos para todo el segundo semestre, el alivio a las reservas será momentáneo, ya que la Argentina afronta vencimientos en todos los meses siguientes hasta fin de año.

Según el calendario publicado en la web del FMI y teniendo en cuenta la tasa de conversión actual entre los DEG y el dólar, la Argentina deberá pagar más de US$11.250 millones al ente multilateral hasta fin de año, distribuidos de la siguiente manera:

• En junio hay dos vencimientos consecutivos, los días el 21 y 22, por un total de US$2682,1 millones.
• Julio tiene previstas tres fechas de pago el 7, el 14 y el 28 y suman unos US$2630 millones.
• El giro del primer día de agosto sería algo superior a los US$787 millones.
• El 21 de septiembre la Argentina tiene que pagar otros US$915,4 millones.
• Hacia octubre hay tres vencimientos programados (para los días 6,12 y 30) por un casi US$2630 millones.
• El primer día de noviembre hay otro vencimiento de que supera los US$698 millones.
• Finalmente, el 21 de diciembre se deberán abonar más de US$915,4 millones.