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Conspiracionismo, venganza y togas: la larga caída de un juez prevaricador

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En el centro, Fernando Presencia, a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar a principios de julio.
En el centro, Fernando Presencia, a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar a principios de julio.Víctor Sainz

Conspiracionismo, venganza, mentiras, togas y Ley. Todos estos factores se entremezclan en la historia de Fernando Presencia, un juez expulsado de la carrera por prevaricador, convertido ahora en agitador del sistema al que perteneció. Investigado y condenado por presentar denuncias falsas, los tribunales tratan de frenar a este antiguo magistrado mientras él explota los límites procesales y se lanza a acusar de corrupción, sin pruebas, a muchos de los que se cruzan en su camino: ya sea la secretaria del juzgado que tramita su desahucio en Talavera de la Reina (Toledo) o los magistrados del Tribunal Supremo que deben resolver sobre la pena de 34 meses de cárcel que pende sobre él.

—¿No es curioso que a cada persona que aparece a su paso le aparezcan cuentas en paraísos fiscales? —pregunta EL PAÍS a Presencia sobre las publicaciones que difunde en la web de la asociación que encabeza, a través de la cual pide donaciones.

—¿Pues no será que los asuntos que me conciernen se dan a personas que están corrompidas previamente? ¿No será que hay una trama de corrupción? —responde él.

Son poco más de las 10.30 del 7 de julio, cuando Presencia hace el símbolo de la victoria con los dedos a su salida de la Audiencia Nacional. Dentro del edificio, el antiguo juez se ha acogido a su derecho a no declarar y se ha negado a responder a las preguntas del magistrado Joaquín Gadea, que lo mantiene imputado por delitos de injurias y calumnias, y contra las altas instituciones del Estado. Esta es la última parada de una larga caída que comenzó hace ya una década en Valencia y que ha dejado víctimas a su paso. El fiscal Ángel Demetrio de la Cruz, que lleva batallando contra él más de un lustro, es una de ellas: “Ahora sale la artillería. Pero, ¿por qué no actuaron antes? ¿Por qué no hicieron nada hasta que se ha metido con los magistrados del Supremo?”.

Capítulo 1: el destierro

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Las irregularidades que persiguen a Presencia comienzan hace una década, cuando presumía de innovar con la dación en pago desde el juzgado de lo Mercantil que ocupaba en Valencia. Era época de vino y rosas: se fotografiaba con políticos y escribía tribunas en la prensa. Pero al abogado José Luis Mazón le llegó una “información” sospechosa, que puso en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): “Estaban haciendo cursos para administradores concursales y creando expectativas de que a los alumnos también se les iba a adjudicar concursos”, recuerda sobre una investigación que concluyó que Presencia intervenía sin permiso en un máster de la universidad, que “recibía un porcentaje económico en función del número de alumnos”, y que “27 de los 44 alumnos fueron o habían sido nombrados administradores” de su juzgado. “En uno o varios concursos”, determinaron las pesquisas.

Ese expediente le costó a Presencia el puesto, pero siguió en la carrera. El CGPJ lo desterró en 2012: le impuso el traslado forzoso a una plaza que estuviera, al menos, a 100 kilómetros de Valencia. Para entonces, ya llevaba dictando resoluciones casi dos décadas: le nombraron juez en 1996 y, antes de recalar en el cargo del que fue expulsado, pasó por juzgados de Azpeitia (Gipuzkoa), Lliria (Valencia) y Elche (Alicante), según el BOE. Su nuevo y último destino sería Talavera de la Reina: el principio del fin.

“Esa injustísima decisión se toma porque yo invento la dación en pago, que le venia entonces fatal al PP, que estaba tomando la decisión del rescate bancario”, se defiende Presencia: “[Fue] una represalia. Se inventaron la historia de que yo cobraba de los administradores concursales…”. Pero el Supremo confirmó el dictamen —sentencia que él infravalora, acusando sin pruebas al ponente del fallo, como a muchos otros, de “tener cuentas en paraísos fiscales”, pese a que la rubricaron otros cinco jueces—. Además, Presencia rechaza responder si, como concluyó el CGPJ, “27 de los 44 alumnos” del máster fueron designados por su juzgado como administradores concursales. En ese momento corta la conversación y “advierte” a EL PAÍS con querellarse.

Capítulo 2: el amiguismo

La caída definitiva del juez comienza en El Birrete, un amplio café con suelos y muebles de madera, dominado por una barra en forma de semicírculo desde donde despachan los camareros. Al aterrizar en Talavera tras su destierro, Presencia se convierte en un parroquiano más de este bar frecuentado por juristas, situado a solo unos pasos de los juzgados de la ciudad y de su casa. Aquí comía con frecuencia. También alternaba en ocasiones hasta la madrugada y forjó parte de las amistades que le costarían el cargo, detallan varias sentencias judiciales. “Resulta absolutamente racional y lógico que, recién llegado, solo, sin su familia, procurase relaciones sociales y que estas fueran entre profesionales del Derecho”, subraya uno de esos fallos.

En El Birrete se dejaba ver sin reparos con el abogado Carlos L. C. y con el empresario Juan Carlos V., cuyos destinos acabarían dependiendo de él. No solo compartían mesa y mantel de forma habitual, sino también viajes a Valencia o Marbella y corridas de toros, según declararon varios testigos. Pese a la “amistad” que tejieron, Presencia asumió dos causas abiertas contra ellos —el primero, imputado por atropellar a un peatón y darse a la fuga; el segundo, denunciado por estafa— y las envió a la basura. “Fue un descaro”, resume un abogado de la ciudad. Por esas decisiones, el Supremo lo condenaría dos veces y lo expulsaría de la carrera. Pero eso sería años después.

Extracto de la sentencia del Tribunal Supremo, donde confirma la amistad entre Presencia y el abogado Carlos L. C.
Extracto de la sentencia del Tribunal Supremo, donde confirma la amistad entre Presencia y el abogado Carlos L. C.

El abogado Jesús Camacho sufrió los “abusos” en sus carnes: “Hacía unas burradas brutales a nivel procesal”. Uno de sus clientes denunció en 2013 al empresario Juan Carlos V. y, según cuenta, Presencia trató de “amedrentarlos” para que se echaran atrás. El entonces juez llegó a acusarlos, incluso, de introducir un documento falsificado en la causa: “Durante una reunión en marzo de 2014, nos amenazó con que, si no desistíamos, iba a iniciar un procedimiento penal contra nosotros”. Cuatro años después, el Supremo dio absoluta veracidad a Camacho.

Capítulo 3: en guerra con el fiscal

Pese a que 15 magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha y del Supremo consideraron probada la prevaricación, Presencia afirma que todo fue un montaje para acallarle por denunciar una supuesta trama de corrupción en Talavera. Un relato falso y sin base, según multitud de resoluciones judiciales y expedientes, que se centraban en el fiscal jefe de la ciudad, Ángel Demetrio de la Cruz, que había comenzado a cuestionar su actividad en el juzgado: “Empecé a recurrir sus resoluciones porque no las motivaba y la Audiencia Provincial no dejaba de revocarlas y anularlas”, detalla. Presencia lo colocó entonces en la diana e inició una campaña contra él.

El entonces magistrado, que ocupaba también el cargo de juez decano de la ciudad, presentó el 5 de julio de 2015 una denuncia contra De la Cruz en el propio decanato que encabezada. “Cuando lo hizo, no me lo creía. Vino el secretario a decírmelo”, rememora el fiscal. Esa maniobra derivó en un expediente en la Fiscalía General del Estado, que fue archivada. Pero Presencia volvió a la carga. Según ha considerado probado el Juzgado de lo Penal de Talavera y la Audiencia Provincial, siguió con su “plan” y, “con plena conciencia de su falsedad”, presentó una nueva querella contra el representante del ministerio público a través de Manos Limpias, que fue archivada por el TSJ por ser “un conjunto de especulaciones difusas carentes de apoyo y base objetiva y racionalmente accesible y comprobable”.

Los reveses no le frenaron. “Con el mismo ánimo difamatorio”, han concluido seis magistrados, envió escritos al Defensor del Pueblo, al presidente del CGPJ y a la fiscal General del Estado, que después publicitó en la prensa. También presentó otra querella ante el Supremo. “Actúa con temerario desprecio a la verdad […] Realizaba imputaciones falsas a pesar de ser conocedor de las distintas resoluciones que archivaban sus querellas”, afirma Marta Vicente, la magistrada que le condenó en primera instancia a 34 meses de cárcel por denuncia falsa y calumnias contra el fiscal. A ella, por supuesto, también la ha acusado sin pruebas de formar parte de la “trama” y de recibir sobornos a través de cuentas en Andorra.

“El archivo de los delitos que imputa a [De la Cruz] es firme y reiterado hasta la sociedad”, resalta la Audiencia Provincial, que confirmó la pena de cárcel (recurrida actualmente al Supremo). Este órgano judicial detalla que Presencia comete “un verdadero fraude de ley”: “Presenta de modo recurrente denuncias idénticas ante diversas autoridades judiciales para que en todo momento existan unas diligencias vivas”.

“Presencia ha formado parte del sistema. Sabe cómo funciona y que es muy lento, y lo enreda todo”, incide Javier González de Rivera, abogado de De la Cruz. “He vivido un acoso y derribo desde 2015”, cuenta el fiscal, que se vio obligado a “desnudarse para probar su inocencia”. La carga de la prueba se invirtió: envió al TSJ toda la documentación (como la escritura de la compra de su vivienda e hipoteca) para desmontar las acusaciones. Pero el proceso duró un tiempo, en el que fue criminalizado. Uno de los episodios que más le dolió ocurrió cuando acudió a un juicio y dos mujeres lo señalaron al grito de: “¡Mira, ahí está el corrupto!”. “Él estaba en boca de todo el mundo, y más en una ciudad pequeña como Talavera. La gente decía: ‘Algo habrá”, apostilla su letrado, que añade: “Nadie de la judicatura, ni de la Fiscalía General del Estado hizo nada. Nadie le amparó ni movió un dedo por él, pese a que le estaban atacando por su condición de fiscal”.

Capítulo 4: las condenas

En febrero de 2016, el CGPJ aparta definitivamente a Presencia de su juzgado —al que nunca volverá— después de que el TSJ le abriese el primer juicio por favorecer a sus amigos. Dejó así de ocupar el sillón de titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Talavera, donde se resolvían miles de procedimientos al año, en una ciudad de 80.000 habitantes. A partir de ese momento, se suceden las resoluciones en su contra. En mayo de ese año, el TSJ le impone la primera condena por prevaricación y le inhabilita. La segunda llegará en julio de 2017. Ambas fueron confirmadas por el Supremo. En el Poder Judicial repiten que está expulsado de la carrera, pero él dice que sigue siendo juez. Su argumento: “El Rey no quiso ejecutarla”.

En julio de 2019, otro Juzgado lo castigó con siete meses de prisión por calumnias al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad, Vicente Rouco, al que acusó de “negociar” con el presidente de Manos Limpias la retirada del procedimiento contra el fiscal De la Cruz. Sin embargo, en 2020, la Audiencia Provincial revocó este castigo: pese a que confirmó que sus afirmaciones eran “falsas”, “impertinentes” y “lamentables”; se hicieron “utilizando unos términos ambiguos” que impiden que tengan la “carga ofensiva, insultante o vejatoria” necesaria para considerarse delito.

Capítulo 5: el Supremo, en el punto de mira

Las resoluciones contra Presencia han seguido acumulándose, pero una de ellas resulta clave para entender sus siguientes movimientos: la condena a 34 meses de cárcel que le impuso el Juzgado a finales de 2020, ratificada por la Audiencia Provincial en 2021. El exjuez decidió recurrir al Supremo, que aún debe pronunciarse sobre si la confirma o no. Y, desde entonces, el magistrado ha activado dos frentes. Por un lado, ha desplegado un plan de “recusaciones en cadena” de forma “indiscriminada” y “abusiva” contra los magistrados que deben abordar el asunto, según recalca el alto tribunal en un auto del 1 de junio de 2022.

Por otra parte, ha publicado en la web de su asociación toda una batería de supuestas informaciones sobre cuentas en paraísos fiscales: “¡Escándalo en el Supremo! Pillados con cuentas en paraísos fiscales 9 de los 16 magistrados de su Sala de lo Penal”, reza una de ellas. No aporta pruebas. Según dice, las acusaciones se basan en denuncias que recibe en un buzón informático que mantiene para combatir la corrupción.

—¿No se plantea que esté publicitando denuncias que sean falsas? —pregunta EL PAÍS a Presencia.

—Pero tendrán que demostrarlo [que sean falsas] —responde él.

Esta forma de actuar no resulta baladí. Presencia anima a sus seguidores a difundir sus publicaciones para que se “posicionen mejor en Google” y tengan la mayor visibilidad posible. En un vídeo en YouTube, él mismo reconoce que busca que los jueces le denuncien: “Porque así, ellos mismos se obligar a apartarse”, dice en referencia a la causa que tiene pendiente en el Supremo. Según explica uno de los magistrados del alto tribunal, los coloca así en una disyuntiva endiablada: si no lo denuncian, parece que le dan la razón; pero, si lo hacen, deben excluirse del proceso y él, por tanto, consigue su objetivo y la causa se dilata.

Varios magistrados del Supremo decidieron poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía. El presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, envió también un escrito al presidente del CGPJ, donde decía: “Se está ocasionando un irreversible daño a la credibilidad del Supremo. Se resiente, no ya la imagen personal de los afectados, sino los presupuestos constitucionales que legitiman el ejercicio de la función jurisdiccional. Creemos que no solo está en juego la honorabilidad de unos magistrados”. El ministerio público movió ficha y presentó entonces una denuncia en la Audiencia Nacional, que recayó en el instructor Joaquín Gadea, quien ya había ordenado en abril investigar a Presencia para averiguar si había fabricado “ex profeso” documentación para incorporarla a una denuncia contra José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, y Dolores Delgado, entonces fiscal general del Estado.

Capítulo 6: en busca del dinero

Captura de la web de Acodap, donde pide donativos, con la fotografía del exjuez Presencia de fondo, antes de que la Audiencia Nacional ordenase su cierre.
Captura de la web de Acodap, donde pide donativos, con la fotografía del exjuez Presencia de fondo, antes de que la Audiencia Nacional ordenase su cierre.

En 2018, Presencia inscribió la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (Acodap) en el registro del Ministerio del Interior. Esta jugará un papel clave a partir de entonces. Según el antiguo juez, a través de ella recibe las supuestas denuncias que después difunde —redes sociales y canales conspiracionistas se han convertido en sus grandes aliados— y, en su nombre, acude a los tribunales. También la utiliza para pedir dinero: “Acodap necesita financiación para seguir. El desgaste judicial para luchar es caro, así como la compra de información a nuestras fuentes (que también hacen un arduo trabajo y se someten a altos riesgos). Contribuye con nosotros. Tu apoyo es la diferencia entre seguir o no”, tuiteó.

Ese afán recaudatorio preocupa a la justicia. Así lo advertía Marchena en el escrito enviado al CGPJ: “Todo apunta a que Presencia puede estar obteniendo aportaciones económicas de confiados ciudadanos que creen que el donativo que ofrecen va a ser destinado a la búsqueda de informaciones o pruebas que demuestren la [supuesta] corrupción de los magistrados de esta Sala”. De hecho, el juez Gadea ha ordenado a la Guardia Civil que investigue sus cuentas bancarias y productos financieros. “¿Cómo puede estar de presidente, de una asociación que dice luchar contra la corrupción, una persona con dos condenas firmes por prevaricación? La prevaricación es una forma de corrupción”, se pregunta el fiscal De la Cruz: “Es el mundo al revés”.

“Especulaciones” e imputaciones falsas

Margarita Robles, ministra de Defensa, ha sido uno de los objetivos de Presencia. En conversación con EL PAÍS, al igual que en una intervención en un programa de Cuatro, el antiguo juez afirma que la política “se llevó dinero” al extranjero procedente de “sobornos”. Para sostenerlo, añade que su fuente de información es el CNI y que la Audiencia Nacional “dice que es cierto”. Según él, tres magistrados de la Sala de lo Penal lo confirmaron en un auto del 24 de marzo, pero concluyeron que no podían investigarlo por estar prescrito. Sin embargo, esa resolución no da por probada esa acusación: dicho dictamen, consultado por este periódico, ratifica el archivo de la causa ordenado por el Juzgado Central de Instrucción 3, que calificó la redacción de la denuncia de “incoherente e inconexa”. Es más, la Sala de lo Penal ahonda en que Acodap utiliza “términos especulativos” y no proporciona “ningún dato sobre los gravísimos hechos denunciados o sobre la identidad de las víctimas, haciendo imposible cualquier ulterior corroboración y, a la vez, inverosímil lo denunciado”. Al insistirle sobre esta contradicción, Presencia alega entonces que también ha denunciado a los tres jueces de la Sala de lo Penal.

Esta no es la única interpretación errónea que ha difundido sobre resoluciones judiciales. En abril, Acodap también mantuvo que Zapatero y Delgado habían sido imputados por la Audiencia Nacional. Tampoco es así. Esas supuestas imputaciones nunca se produjeron. Tras recibir la denuncia de Presencia, el juez simplemente abrió “diligencias”. Es decir, ante el relato de los hechos descritos, le puso un número al caso para poder tramitarlo y pedir su opinión a la Fiscalía. Es la práctica más habitual y no implica la imputación de nadie.

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España

Un día sin inmigrantes

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En España se cuentan más de 5,4 millones de extranjeros: el 11,6% de la población. Entre ellos, hay más 400.000 que se encuentran en situación irregular, según un estudio de la Fundación por Causa y la Universidad Carlos III de Madrid, una cifra lógicamente difícil de contrastar. Todos juntos constituyen un enorme colectivo de trabajadores, visibles e invisibles, sobre el que se sostienen sectores clave de la economía española como la agricultura, la hostelería o la construcción. También sustentan buena parte de la sanidad y los cuidados. Y de la Seguridad Social: suman 2,3 millones de contribuyentes, seis de cada 10 originarios de países fuera de la Unión Europea. Sin ellos, España sencillamente no funcionaría. Para intentar reflejar su enorme peso en la economía y en la sociedad del país, se ha imaginado un día sin inmigrantes. El resultado es algo parecido a lo que sigue:

4.00

Mercamadrid no sabe qué hacer con la fruta

La inmensa mayoría de los hombres que apilan, cargan, catalogan y ordenan las 6.000 toneladas de frutas y verduras que se mueven diariamente a Mercamadrid son inmigrantes. No hay datos precisos. Pero basta pasear por aquí cuando este mercado es una factoría trepidante lleno de carros, camionetas y palés para comprobarlo. Freddy, de 23 años, ecuatoriano, es uno de ellos. Tiene contrato de trabajo, lleva toda la vida en España y cobra 1.500 euros, pagas extras incluidas, por apilar fruta desde las doce a las ocho o nueve de la mañana. Abdessamad Akka, de 21 años, es otro. Trabaja de escribiente en el puesto Missiwa, apuntando todo lo que entra, todo lo que sale, todo lo que se cobra y todo lo que se paga. También por 1.500 euros al mes. Cerca, los dueños de otro puesto, especializado en frutas exóticas, son ecuatorianos. Jeff Endara, de 47 años, llegado a España hace 22 años empezó desde abajo, pero ahora viaja a Arabia Saudí a publicitar el melocotón murciano y conseguir introducirlo ahí. El ejemplo de Endara es escaso: la mayoría de los inmigrantes son cargadores, apiladores, los que conducen una montaña inestable de sandías en un carromato automatizado. Todos ellos tienen contratos en regla. Pero, según cuentan algunos trabajadores, algunos de los ayudantes que acompañan a los fruteros con tienda en Madrid para cargar las cajas y llevarlas en furgonetas no tienen papeles. Entre todos, hacen marchar este macromercado, la verdadera despensa de Madrid. Si un día no vinieran a trabajar, todo el centro de España se quedaría sin fruta.

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9.00

Barcelona sin taxis

En ese hipotético día sin inmigrantes, Barcelona amanecería casi sin taxis. Eso asegura Mirza Salman, el cónsul de Pakistán en la ciudad. Actualmente, hay empadronados en Cataluña alrededor de 50.000 paquistaníes. Además se cuentan 80.000 sin papeles. Marc Serra, concejal de derechos de la ciudadanía en el Ayuntamiento de Barcelona, añade: “Tampoco habría bares, ni restaurantes. Y todo estaría más sucio, porque para la limpieza de Barcelona, dentro y fuera de la vía pública, se suele contratar a migrantes”.

11.00

La construcción se para

En algunas comunidades como Navarra, un tercio de los trabajadores dedicados a la construcción son extranjeros. En Madrid llegan al 16%. En nuestro día sin inmigrantes, el sector se derrumbaría de norte al sur. Desde la mayor obra civil que se lleva ahora a cabo en la capital, la construcción del hospital Doce de Octubre, a los bloques de pisos en barrios de la periferia o a las pequeñas reformas de interiores o de tiendas. El sector vuelve a ser pujante, pero faltan trabajadores. El Informe sobre el estado de la mano de obra, realizado por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) entre casi medio millar de compañías asociadas, presentado en abril de 2022, constata que es difícil encontrar encargados de obra, capataces, albañiles, encofradores, carpinteros, instaladores de fachadas técnicas, u operadores de grúas y montacargas, entre otras labores.

Fuera de las estadísticas se encuentra Pascal Titgoum, un camerunés de 35 años, que aún tiene en los dedos las marcas que le dejaron las concertinas de la valla de Melilla cuando la saltó en 2014. Jamás ha tenido papeles. Ha hecho cursos de cocina, jardinería (“es lo que mejor sé hacer”) y de carnicería. Pero donde más ha trabajado, siempre clandestinamente, es en la construcción. Hubo una época en la que acudía a la Plaza Elíptica, en Madrid, donde los capataces buscan manos para soldar, alicatar o asfaltar en obras de todo Madrid. Es una suerte de mercado persa donde el inmigrante en situación irregular se ofrece casi a lo que sea y cobra menos. Si cobra. “Me pagaban 30 euros la jornada, me recogían a las 8.00 y me soltaban a las 19.00″, explica. “Pero ya trabajé con tres personas que no me pagaron. Hace mucho que ya no voy, los precios son muy bajos”.

13.00

El pueblo sin niños

En Chalamera, un pueblo de Huesca de 100 habitantes, Santiago Villas, de 29 años, el alcalde (PSOE) puso en marcha un plan de choque para salvar la escuela (y con ella el pueblo). El curso escolar 2020-2021 terminó con un único alumno, un niño marroquí. O llegaban niños, o el futuro de Chalamera se oscurecía. Villas acabó atrayendo a dos familias, una rumana y otra marroquí, que trajeron cinco nuevos niños al pueblo. Los inmigrantes, el 30% de la población, no solo insuflan vida a la escuela. La piscina del pueblo, el alma de los veranos en el interior, la regentará una colombiana. Las de los pueblos cercanos, todos rodeados de cultivos de melocotoneros o cerezos, también están manos de extranjeros. Óscar Moret, agricultor y alcalde de Almudafar una pedanía de 55 años del Valle del bajo Cinca: “En mi pueblo si le quitas el 30% de extranjeros y el 30% de gente mayor, te quedas en nada.

13.00

Carlos sigue en la cama: no hay quién le levante

A las ocho menos cuarto de la mañana, Delmi Galeano, de El Salvador, de 42 años, entra como un torbellino en el piso de Carlos Urquía y Paz Sevilla, de 65 y 63 años, respectivamente, un matrimonio de clase media de Madrid. Delmi se coloca una faja para no dañarse la columna con el peso, hace café, charla, cuenta, bromea y se prepara. Después, entre las dos mujeres, levantan de la cama a Carlos, tetrapléjico desde hace meses, y lo llevan al cuarto de baño. Después lo lavan y lo visten. Sin perder tiempo, sin parar ni un minuto, porque a las 10 tienen que estar en el coche para llegar a la hora a la clínica de rehabilitación, Delmi mete la silla de Carlos en el coche adaptado, después se sube ella y conduce por la M-30. Sigue bromeando para que Carlos no se duerma. Cobra el salario mínimo. 1.000 euros. Entra a las ocho y sale a las tres de la tarde.

Llegan a la hora a la clínica. Allí, mientras una fisioterapeuta atiende a Carlos, Delmi dispone de una hora y media libre. A veces se echa una siesta en el coche, a veces aprovecha para comprar a Paz alguna cosa o hacerle algún recado. A veces dibuja en un cuaderno unas princesas indias preciosas. A veces se sienta a tomar un café y a pensar en sus hijos (de 20 y 15 años), a los que dejó en Salvador en 2012, a los que no ha visto crecer y con los que no sabe si volverá a convivir alguna vez. Le entran ganas de llorar si calcula lo que dejó y lo que obtuvo, si hace balance de pérdidas y ganancias. Su familia ha prosperado, gracias al sueldo que ella envía cada mes. Pero renunció para siempre a su trabajo de abogada a fin de ponerse a limpiar y a cuidar de personas. “La vida, si la dejas, se ríe de ti”, cuenta. Pero no hay tiempo para mucha melancolía, porque hay que recoger a Carlos, montarlo en la silla, subirlo al coche, conducirlo hasta casa, hablar con él, ayudarle con la rehabilitación o, a veces, tratar simplemente de que no se venga abajo. Ella, que hace un rato lloraba. Los dos, el tetrapléjico y la inmigrante, se entienden, muchas veces sin hablar, porque los dos saben lo que es perder. Paz, la mujer, los ve regresar, se sienta en la cocina y responde a la pregunta del reportaje: “¿Si no hubiera inmigrantes? No sé. Yo sé que si Delmi no viniera, España no se pararía, pero mi marido, simplemente, se moriría. A los cinco días se tendría que quedar en la cama porque yo solo no podría levantarlo. Y se moriría a los pocos meses, porque yo no podría evitar que la enfermedad hiciera mella en él. Así de simple”.

El sector de los cuidados es el que más depende de los extranjeros. Dentro de los sistemas especiales del hogar, representan el 43,52% de los trabajadores. 164.848 personas, la mayoría mujeres ocupándose de personas dependientes, niños y tareas de limpieza. Este número no cuenta a las trabajadoras en situación irregular que encuentran en la privacidad de las casas un empleo por horas o como internas, en ocasiones precario y abusivo.

14.00

Nadie come en La Toscana

La búsqueda del extranjero es una suerte de gincana en Benidorm y los empresarios se rifan a cualquiera que quiera trabajar. En la Comunidad Valenciana la hostelería concentra el mayor porcentaje de extranjeros, un 16,37%. Pasa también en Asturias, Cantabria, Castilla y León o Galicia. En Canarias alcanza el 40%.

En la pizzería La Toscana, muy cerquita de la playa del Levante, Israel Blasco, el dueño, de 48 años, imagina lo que pasaría si los inmigrantes se declararan en huelga. El establecimiento se pone en marcha a las 10 de la mañana. Ana y Judith, las auxiliares de cocina, son de Ucrania y Colombia, respectivamente. Mohamed, Ali y Kambra, los paquistaníes son los cocineros. Sin ellos, la pasta y la masa de las pizzas se quedaría sin hacer. Tampoco la salsa de rabo de toro estará en el menú, ni ninguna de las otras especialidades. “La elaboración de nuestros platos es un 99% casera, así que yo no podría abrir. Esto es un barco y todos son necesarios”. Y añade: “Hace una semana pusimos un anuncio para otro restaurante que tenemos. Lo puse a las 12.00 y a las 16.00 tenía más de 35 respuestas. Todas de inmigrantes sin papeles. A las 17.00 teníamos casi 80 respuestas y había gente que nos mandaba su pasaporte desde Marruecos para que les contratásemos”.

16.00

La sala de espera del centro de salud es un caos

Hasta 70 pacientes pueden pasar en una mañana por el centro de salud de Navalmoral de la Mata, en Cáceres, pero hoy no hay médicos. La sala de espera es un caos. El coordinador del centro, el médico venezolano José Alejandro Pinto no vino a trabajar. Tampoco otros cuatro compatriotas, ni la doctora boliviana ni los dos médicos argentinos que pasan consulta en ese centro de salud. “No es solo aquí, en todos los pueblos aledaños no habría atención sin los médicos extranjeros”, mantiene Pinto. El médico lamenta el “deterioro progresivo” del servicio por la falta de profesionales. “Los servicios han colapsado por la precariedad de las contrataciones, los sueldos aquí no son tan atractivos y los españoles no los han aceptado”.

18.00

El campo se vacía

El porcentaje de inmigrantes trabajando en el campo llega al 23%. En algunas regiones, esta cifra aún es más elevada. Uno de estos lugares es El Ejido y sus alrededores, marcado por los horizontes de plástico de los invernaderos. El 70% de los que los trabajan ahí son extranjeros, la mayoría procedentes de Marruecos, Rumanía y Senegal, según datos del Observatorio Argos del Servicio Andaluz de Empleo. Es decir: los invernaderos, en un hipotético día sin inmigrantes, se quedarían casi vacíos. María Luisa González, secretaria de Inmigración de Comisiones Obreras, afirma que los invernaderos dan empleo a entre 25.000 y 30.000 personas en situación administrativa irregular. “Son un pilar esencial, pero no están valorados de esa manera”, afirma González, que explica que al carecer de documentación que les permita trabajar en España realizan “jornadas interminables” de lunes a sábado o incluso domingos y festivos a cambio de un salario “menor del mínimo interprofesional”.

800 kilómetros al norte, Daura Sanagares, un maliense de 42 años se encarga de que sus compatriotas recojan la nectarina de los árboles alineados en Zaidín (Huesca). Sanagares lleva media vida en España y le gusta el campo, aunque aspira a volver: instalarse en Costa de Marfil, donde nació, comprarse un tractor y montar una granja. No se atreve a calcular cuándo será eso. El capataz llegó a Fuerteventura en una patera en 2003. Tuvo suerte, porque menos de dos años después el Gobierno socialista de Zapatero impulsó una regularización masiva a la que aspiraron casi 700.000 personas y consiguió sus papeles. Ahora, 19 años después, espera su pasaporte español.

22.00

Los barcos, amarrados. No hay pescadores

Un tercio de los marineros de la provincia de Lugo proceden de fuera de España. “Así que si tuviéramos que imaginarnos la foto de nuestros puertos si un día faltasen los extranjeros, veríamos una gran parte de la flota amarrada por falta de personal, sobre todo la de altura”, describe Sergio López, gerente de la Organización de Productores Pesqueros de Burela, el mayor de los puertos de la provincia. Los patrones y los jefes de máquinas siguen siendo españoles. “Pero en un pesquero de 15 o 13 hombres, más de 10 pueden ser de fuera. Antiguamente, caboverdianos y hoy, sobre todo, indonesios”, añade López. Los gallegos eligieron quedarse en tierra, trabajando en la industria, y los caboverdianos le sustituyeron en el caladero del Gran Sol en barcos lucenses. Trajeron a sus familias y su portugués natal les ayudó a asentarse. Hoy, sus hijos, han preferido seguir otros rumbos laborales, a imitación de los españoles. Así que los pescadores, en su mayoría ya no son caboverdianos. Los han sustituido los indonesios.

3.00

Vuelta a Mercamadrid

Puede que algunos de los pescados capturados por los pescadores indonesios afincados en Lugo acaben en un puesto de Mercamadrid regentado por un personaje peculiar: Leonardo Valencia, de 42 años, de origen ecuatoriano. No es normal que un puesto de estas características acabe en manos de un inmigrante, pero Leonardo no es un tipo cualquiera: llegó hace 22 años, sin nada, y, debido a su pasado de pescador, se introdujo en el sector. Hizo de todo en Mercamadrid. Durante meses durmió en un descansillo de una escalera porque, sin coche, el último autobús le dejaba tres horas antes de empezar el turno de noche. Ahora emplea a 20 inmigrantes de sus 25 trabajadores. Él se levanta a la una y media de la madrugada y no regresa a casa hasta las cuatro de la tarde. Su puesto se llama Laukay, que en quechua significa trabajo.

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España

Sánchez y Scholz abordarán la conexión gasística de la Península durante una cumbre de Madrid en octubre

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Pedro Sánchez y el canciller alemán, Olaf Scholz, a la izquierda, en enero pasado en La Moncloa.
Pedro Sánchez y el canciller alemán, Olaf Scholz, a la izquierda, en enero pasado en La Moncloa.Andrea Comas

El avance hacia un mercado energético de la UE y la conexión de la península Ibérica a la red gasística europea serán ejes centrales de la cumbre hispano-alemana, que se celebrará en octubre en Madrid después de siete años, según fuentes gubernamentales. El canciller Olaf Scholz, que ya visitó La Moncloa en enero pasado y acudió en junio a la Cumbre de la OTAN en Madrid, regresará en octubre a la capital española al frente de una nutrida representación de su Gobierno tricolor (socialdemócratas, liberales y verdes) para copresidir con Sánchez una cumbre que no se repetía desde que la canciller Ángela Merkel recibió a Mariano Rajoy en Berlín en agosto de 2015.

Fuentes de La Moncloa no han aclarado si Scholz avisó a Sánchez antes de defender, el pasado jueves, la construcción de un gasoducto que uniría España y Portugal con Europa Central y sería “decisivo” para aliviar la dependencia del gas ruso de países como Alemania, expuestos al chantaje de Putin de cerrar en cualquier momento el grifo. En todo caso, el asunto había sido abordado hace meses por responsables de ambos gobiernos y el espaldarazo germano al proyecto ha sido acogido con satisfacción en Madrid. En marzo pasado, tras la invasión de Ucrania por Rusia, Sánchez planteó al presidente francés, Emmanuel Macron, y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, la recuperación del proyecto MidCat, a través del Pirineo catalán, que duplicaría la capacidad de exportación de gas a Europa.

Con seis plantas regasificadoras de GNL (Gas Natural Licuado) operativas, España tiene el 40% de la capacidad de regasificación y un tercio de la de almacenamiento de la UE, por lo que Sánchez defiende que la Península podría convertirse en un gran hub que recibiera gas de buques metaneros procedentes de Estados Unidos, África o el golfo Pérsico y de los gasoductos que la unen con Argelia (siempre que la actual crisis diplomática no acabe incidiendo en el suministro de combustible) para distribuirlo al resto de Europa, dejando de ser como ahora una isla energética que está muy lejos de alcanzar los objetivos de interconexión fijados por la UE: 10% en 2020 y 15% en 2030.

La culminación de la obra, advierten fuentes gubernamentales, dependerá de que la UE asuma su financiación y agilice los trámites para ponerla en marcha. El MidCat estaba incluido en la lista de Proyectos de Interés Común de la UE desde 2013, pero decayó en 2019, ante la oposición de grupos ecologistas y el alto coste de una obra que contradecía la decisión europea de avanzar hacia el abandono de los combustibles fósiles.

Para convencer a la Comisión Europea de que retome el proyecto y le dé tramite urgente, el Gobierno español alega que el tubo no solo trasportaría gas, sino que en el futuro sería la vía de suministro de hidrógeno verde, generado por energías renovables bajas en emisiones y compatible con los objetivos europeos contra el calentamiento global.

Aunque la principal batalla se libra en Bruselas, el Gobierno español no oculta que el apoyo de Berlín supone un espaldarazo muy importante para sus aspiraciones, especialmente ante Francia, un país que ha apostado por la energía nuclear y que nunca ha mostrado interés en ampliar las conexiones energéticas con sus vecinos al sur de los Pirineos.

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El respaldo de Scholz al gasoducto con la Península Ibérica llega en plena luna de miel entre entre Alemania y España. En octubre no solo se celebrará la cumbre hispano-germana, sino que los Reyes harán una visita de Estado a Berlín y se desplazarán a Fráncfort para recorrer la feria del libro, donde España es este año invitado de honor. La presidencia de turno de la UE, que España ostentará en el segundo semestre de 2023, acrecienta el interés de Berlín por buscar un eje con Madrid. Para impulsar las relaciones entre los dos países europeos más importantes con gobernante socialdemócrata, Alemania ha enviado por vez primera a una mujer como embajadora a Madrid: la diplomática Maria Gosse.

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España

El Gobierno encara una dura negociación del decreto de ahorro energético al no tener los apoyos garantizados

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La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera; el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la ministra Portavoz, Isabel Rodríguez, tras el Consejo de Ministros del pasado 1 de agosto de 2022.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera; el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la ministra Portavoz, Isabel Rodríguez, tras el Consejo de Ministros del pasado 1 de agosto de 2022.Jesus Hellin 2022 (Europa Press)

El Gobierno se enfrenta a otra negociación contra reloj para sumar apoyos. El Congreso prevé debatir la convalidación del controvertido decreto de medidas para el ahorro energético a finales de este mes, en un pleno extraordinario que podría tener lugar la semana del 22 de agosto, según fuentes de la Cámara. Para entonces, La Moncloa tendrá que haber recabado más síes que noes entre los grupos parlamentarios de cara a ratificar un texto que desde su aprobación en Consejo de Ministros —el 1 de agosto— se ha topado no solo con el ataque frontal del mayor partido de la oposición, el PP, sino también con las críticas de dos de sus socios prioritarios. ERC y PNV acusan al Ejecutivo de falta de consenso y de comunicación. De momento, y a pocas semanas de la fecha límite para su convalidación, el Gobierno no tiene garantizada la mayoría simple necesaria para que la norma, vigente desde el miércoles de esta semana, salga adelante.

El presidente del grupo de Unidas Podemos, Jaume Asens, anunció este jueves que el Gobierno ya ha iniciado las conversaciones con el resto de formaciones políticas para conseguir los síes suficientes. Fuentes de la mayoría de grupos consultados hablan de contactos puntuales, pero sin una negociación concreta. Otros reducen el diálogo a la reunión que la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, mantuvo con sus portavoces el pasado 19 de julio, dos semanas antes de que el decreto se rubricase. El Ejecutivo cuenta con los 153 votos a favor que suman los diputados de PSOE y Unidas Podemos. A partir de ahí, algunas formaciones ya se muestran proclives al sí.

Entre las fuerzas de izquierdas, el escaño de Compromís y los dos de Más País están prácticamente garantizados. Fuentes del partido de Errejón añaden, no obstante, que el decreto se “puede mejorar”. Un extremo en el que coinciden casi todos los sondeados. Desde Bildu, con cinco parlamentarios, no confirman cuál será su posición, pero comparten “la necesidad de reducir el consumo energético”, de plantear “un nuevo modelo de consumo” y desdeñan “las absurdas críticas” de la derecha. También podría contar el Gobierno con la exparlamentaria de Podemos Meri Pita, que suele seguir el sentido del voto de su antigua formación.

Al margen de las agrupaciones de los escaños de izquierdas, el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) es partidario de ratificar el decreto como respuesta a la emergencia energética y a las exigencias de la Unión Europea. Pero al partido liderado por el presidente Miguel Ángel Revilla en Cantabria no le “gustan muchas cosas” del texto, como revela Carlos Mazón, portavoz de PRC en el Congreso. “Tenemos que tomar medidas para ahorrar energía. El problema de los decretos es que no admiten modificación. Es todo o nada”. La suma de estos posibles síes más los del PSOE y Unidas Podemos daría un resultado de 163, insuficiente aún para la convalidación ante el arco parlamentario de 349 escaños.

La Moncloa tiene que pedir la convocatoria del pleno extraordinario para la convalidación del decreto, que tiene que ser ratificado en un mes tras su aprobación. Los ajustados números podrían variar las previsiones del Congreso, que sitúan en la semana del 22 de agosto su celebración. En el mismo pleno se aprobarán otros dos decretos más, el que regula sistema de cotización de autónomos y el de las medidas urgentes en materia de incendios forestales.

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El Gobierno tendrá que poner en marcha toda su maquinaria negociadora parlamentaria para acercar posturas con ERC y PNV, que de momento no han decidido cuál será el sentido de su voto. Las formaciones nacionalistas no esconden, sin embargo, su enfado ante la actuación de la coalición en la tramitación del decreto. Los republicanos, encabezados por Rufián en el Congreso, afean al Consejo de Ministros haber “actuado demasiado rápido” y sin contar con los actores sociales implicados. “Encontramos las medidas insuficientes”, se quejan desde ERC, cuyos dirigentes se reunirán próximamente para debatir cuál será su postura en el pleno extraordinario. Con los 13 diputados de Esquerra, y si se cumplieran los apoyos anteriores, el Gobierno ya obtendría la mayoría.

La ofensiva del PNV ha sido mucho más dura desde el momento en el que el texto con las restricciones se hizo público. El enfado de la formación vasca es tajante. En la conferencia sectorial que la ministra Ribera mantuvo el lunes con las comunidades, la consejera vasco de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, pidió “flexibilidad” en la aplicación del decreto. Y desde el grupo parlamentario, compuesto por seis escaños, se acusa al Gobierno central de haberles dejado lado en la redacción de las restricciones. “No ha habido conversación. Y eso que tenemos un pacto de investidura”, critican. Fuentes del partido en la Cámara baja advierten de que el peso de la negociación, en este caso, dependerá en gran medida de cómo se resuelva el diálogo entre La Moncloa y el Gobierno vasco, pues las restricciones tienen que ser aplicadas por el Ejecutivo autonómico.

En el lado opuesto se sitúan las fuerzas de la derecha, cuyo empeño durante este mes se ha centrado en desacreditar a Sánchez, a quien el PP acusa de “racionamiento energético”. El Partido Popular prefiere no adelantar su postura, pero de sus declaraciones públicas y privadas se adivina que la formación de Núñez Feijóo, que en el Congreso tiene 86 diputados, se mantendrá en el no. Fuentes del Partido Popular insisten en exigir al presidente del Gobierno que retire el decreto ya vigente “impuesto sin dialogar” y lo sustituyan por uno nuevo. La ministra de Turismo, Comercio e Industria, Reyes Maroto, desdeñó este viernes la oposición frontal del PP en una entrevista en Antena 3. “Tenemos que estar a la altura del desafío que Europa nos esta marcando”, sentenció.

La formación de ultraderecha Vox, con 52 escaños, también rechaza de plano las medidas energéticas de ahorro. Ciudadanos, crítico con “la improvisación y a los bandazos de última hora” de Sánchez, fijará en los próximos días el sentido del voto de sus nueve diputados. “El Real Decreto propone apagones y no da alternativas. Sus medidas inciden en un 10% del consumo energético y solo afecta a los comerciantes”, censuró este viernes en una entrevista en TVE su portavoz, Guillermo Díaz. El antiguo diputado de Ciudadanos, Pablo Cambronero, votará en contra desde el grupo mixto.

Otros partidos aún no han determinado cómo orientarán su voto. Es el caso de PDeCAT —que sí dio su visto bueno al decreto de la reforma laboral—, Foro de Asturias y Coalición Canaria. “No nos gustan ni las formas, ni la falta de diálogo con los sectores económicos ni con las fuerzas políticas”, añaden fuentes del partido canario. La formación también manifiesta su malestar por “el agravio con Canarias a la hora de establecer la gratuidad de los trenes de cercanías para la Península y Baleares”, medida que también incluye el decreto.

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