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La amistad de Issa y Bashir cruza la valla de Melilla

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A Issa y Bashir les pilló el estallido de la guerra cuando jugaban en las calles de tierra de su pueblo, en la región sudanesa de Darfur. En medio de toda aquella violencia, los dos niños se fueron haciendo mayores sin importarles demasiado que sus tribus estuvieran enfrentadas. Nunca dejaron de apoyarse el uno al otro. Ambos fueron a Jartum, la capital del país, para estudiar en la universidad. A Issa no le fue mal y hoy hace sus pequeños negocios en el mercado árabe de esta ciudad; para Bashir las cosas se complicaron y decidió marchar: tras un duro periplo de dos años que le llevó por Chad, Libia, Argelia y Marruecos, el pasado 24 de junio saltó la valla de Melilla y burló a la muerte. Decenas de sudaneses murieron en el intento. Esta es la historia de dos amigos a quienes ni la guerra ni la distancia lograron separar.

Bajo los soportales del viejo mercado de Jartum, Issa Alhadi Mohamed, de 31 años, toma un té con parsimonia y espera. Vestido con pantalones vaqueros y camisa de cuadros, su negocio es cambiar dinero. “Me llama un cliente y me dice, necesito 100 dólares. Yo se los doy. O quiere libras y también se las consigo”, dice con su eterna sonrisa. Es licenciado en Historia, pero en este Sudán sumido en una profunda crisis gana mucho más en el mercado negro que dando clases, incluso en la universidad. Aun así, las cosas no le van del todo mal. El año que viene se casa con su prima, que vino del pueblo a la capital a estudiar Enfermería: “Cuatro o cinco hijos, esa es la idea”.

De repente, un convoy formado por tres camiones llenos de policías pasa a toda velocidad por la avenida cercana. Los agentes golpean los laterales con sus porras y aúllan para meter miedo. Hoy es día de manifestación, una más, que acaba con otro joven muerto de un disparo. Desde que el pasado 25 de octubre los militares se atrincheraron en el poder con un golpe de Estado, más de cien chavales han sido asesinados a manos de las fuerzas del orden por pedir democracia en las calles. Hasta los francotiradores les disparan desde las azoteas. La revolución sudanesa que tumbó al dictador Omar al Bashir en 2019 sigue viva, pero la esperanza se desvanece rápidamente en un país en proceso de demolición: los grupos armados florecen en el interior y amenazan con nuevos conflictos, la inflación es galopante y los sudaneses sobreviven a duras penas.

Issa Alhadi Mohamed y Bashir Hamid, en Jartum, en 2020.
Issa Alhadi Mohamed y Bashir Hamid, en Jartum, en 2020.

“No es tan fácil cambiar un sistema que lleva tantos años funcionando”, asegura en Melilla Bashir Hamid Mohamed. “A día de hoy, todo sigue igual y espero que sean otros los que consigan el cambio. Yo me fui para buscar otra vida”.

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Bashir está recién duchado y estrena corte de pelo. Es un hombre alto y grande, pero de movimientos delicados, a veces, tímidos. No sabe su edad exacta, pero calcula que entre 28 y 30. La entrevista de tres horas transcurre en una terraza en plena ola de calor. Suda sin parar, pero no bebe ni agua. Tiene prisa por marcharse de Melilla. El Centro de Estancia Temporal es un limbo para quien anhela empezar de cero otra vez. “Me gustaría ir a un sitio agradable. He pasado meses en bosques y montañas y es verdad que es un millón de veces mejor que la prisión, con todo el miedo y la tortura, pero no quiero quedarme aquí”, explica. Tardará unos meses en conseguir que lo deriven, como solicitante de asilo, a la Península.

Durante sus años de universitario en Jartum, Bashir se metió en política y se opuso a la dictadura. En 2013, estuvo un mes detenido por ello. Los servicios secretos lo agarraron en el campus, le vendaron los ojos y lo encerraron. No hubo juicio ni abogados. Lo amenazaron.

Ya entonces empezó a cultivar la idea de irse, pero no tenía dinero. Trabajó vendiendo gasolina en garrafas y aguantó lo que pudo hasta que en 2020 se decidió. “Cuando Bashir me contó que se iba a Europa le dije: “Adelante, busca tu suerte, lejos de aquí vas a tener más oportunidades”, explica Issa, quien ha estado apoyando económicamente a la familia de su amigo durante todo su viaje. Para ese entonces, la revolución había estallado en Sudán.

El conflicto revive

Hoy, toda aquella ilusión está a punto de esfumarse. La tensión entre comunidades y las disputas por la tierra se han disparado. Solo en lo que va de año ya ha habido 275 muertos y 117.000 nuevos desplazados internos. En 12 de los 18 estados de Sudán hay incidentes violentos, algunos de ellos muy sangrientos, como el viejo conflicto de Darfur, que se ha reavivado alimentado por el descubrimiento de yacimientos de oro y la llegada al poder de los mismos grupos armados que sembraban el terror en 2004.

Mientras tanto, la capital vive bajo la rutina de las manifestaciones, de los cortes diarios de luz y del estancamiento de un proceso político a la sombra de un régimen militar que lo controla todo. “Hemos perdido hasta la esperanza, pero ya no tenemos nada más que perder”, asegura el joven estudiante Idris Abderramán.

Bashir se fue de Sudán el 30 de julio de 2020. Reunió 160 euros y contactó a un traficante que lo llevó primero a Chad y luego a Libia. La profesora Ikhlas Nouh Osman, responsable del departamento de Migraciones de la Universidad Ahfad en Jartum, explica cómo el éxodo de sudaneses, primero hacia Libia y ahora hacia Marruecos, es un fenómeno ya cotidiano: “Es lo normal para miles de darfuríes, Libia ha sido siempre un destino migratorio para ellos, pero las condiciones de vida han empeorado muchísimo en ese país tras la crisis política generada por la caída de Gadafi. Es muy duro, los migrantes en Libia sufren malos tratos, secuestros, extorsiones, explotación laboral… No pueden volver a Sudán con las manos vacías y al mismo tiempo están sufriendo muchísimo en Libia. Normal que busquen nuevas rutas”.

Bashir no quiere revivir su paso por Libia, pero comparte algunos recuerdos. “Conozco personas que murieron. He perdido a muchos amigos allí, eso no puedo superarlo. Nadie está a salvo. Yo mismo estuve un tiempo en la prisión de Abu Salim después de que me cogiera la guardia costera”, asegura. Al final pagó 1.450 euros a un traficante para cruzar hasta Argelia y dos semanas después conseguía llegar en Uchda tras saltar la valla que separa Argelia de Marruecos. Y el pasado septiembre llegaba a Nador. Tras casi una veintena de intentos fracasados, detenciones, traslados a ciudades del sur y una enorme frustración, el pasado 24 de junio consiguió finalmente su objetivo. Atravesó la valla de Melilla en el episodio más letal de nuestras fronteras terrestres. La Asociación Marroquí por los Derechos Humanos (AMDH) eleva a 27 el número de muertos (y no los 23 que reconocieron las autoridades marroquíes). Otros 64 están desaparecidos. La inmensa mayoría son sudaneses.

Una mujer camina en el asentamiento de desplazados en Al-Geneina, Darfur Occidental, uno de los cien campamentos que existen en la región.
Una mujer camina en el asentamiento de desplazados en Al-Geneina, Darfur Occidental, uno de los cien campamentos que existen en la región.Dalila Mahdawi (Dalila Mahdawi/MSF)

La trágica noticia circuló por las redes en Sudán, saltó de móvil en móvil, de hogar en hogar. Fátima Saleh, una joven darfurí, reflexiona sobre la desaparición de tantos jóvenes que se marchan: “Estos chicos se van y muchas veces su rastro se pierde en el desierto, en Libia o en el mar. Nunca tendrás una confirmación oficial de que tu hijo o tu hermano ha muerto. Solo quedan sus sombras. Un día, el teléfono deja de sonar o los mensajes se interrumpen. Como si se los hubiera tragado la tierra o el océano. Literalmente. En mi región todas las familias tienen alguien que se ha ido, mi propio primo murió en la emigración hace un mes. ¿Si era de esos que saltaron la valla? ¿Cómo saberlo? Nosotros tuvimos la suerte de una llamada, muchas familias ni eso”.

En la capital sudanesa, Issa está feliz. Pasea entre los locales de teléfonos móviles y bisutería saudí del centro comercial Al-Waha como si fuera el dueño de todo. Habla cada día con su amigo Bashir. Se saludan y se cuentan las novedades. “Durante todo su viaje íbamos hablando, él me decía por dónde iba y yo le mandaba fuerzas desde aquí, lo hacíamos a través de Facebook”, explica. “¿Ya puede trabajar?”, pregunta de repente, “quizás ahora sea él quien me ayude a mí”. Issa recuerda cuando la familia de Bashir atravesaba por serios problemas económicos y él le pagó la matrícula del instituto. “Nunca olvidaré lo que hizo, desde entonces supe que nuestra amistad duraría para siempre”, explica Bashir en Melilla. “Pese a las diferencias tribales estamos juntos y seremos amigos para siempre”.

Durante décadas los países árabes del Golfo, como Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, y Egipto fueron un destino preferente para la diáspora sudanesa. Compartían cultura, religión y lengua. Era sobre todo una emigración de profesionales, arquitectos, médicos, ingenieros, que encontraban en estos países ricos mejores condiciones de vida. En tiempos de la dictadura de Omar al Bashir, hasta las empresas sudanesas se instalaron allí para sobrevivir a las sanciones internacionales. Sin embargo, la profunda crisis sudanesa ha empujado hacia el exterior también a jóvenes sin formación y los países del Golfo han comenzado a poner cortapisas a sus vecinos pobres de Sudán. Con el mundo árabe cada vez más hostil y Libia endureciendo los mecanismos de control a instancias de Europa, la ruta hacia Marruecos y España se perfila cada vez más como una alternativa.

El antropólogo social Munzoul Assal, de la Universidad de Jartum, advierte:”Esto es solo el comienzo. Es obvio que cada vez se irán más jóvenes. La situación es mala, terrible y al mismo tiempo volátil. Nadie sabe qué va a pasar, incluso es posible que estalle una guerra civil. Y hoy tenemos las redes sociales, chavales con un futuro incierto ven que al otro lado hay libertad, una vida mejor”. El Gobierno apenas reconoce el fenómeno migratorio, sigue considerando a Sudán país de tránsito para eritreos o etíopes, y no hay políticas relativas a la movilidad dirigidas a los nacionales.

Una revolución frustrada

El 11 de abril de 2019, el mundo giró la cabeza hacia Sudán con un gesto de inequívoca alegría. Tras meses de manifestaciones, que comenzaron por la subida del precio del pan, y decenas de muertos, el Ejército daba un golpe de Estado y derrocaba al dictador Omar al Bashir, quien llevaba la friolera de 30 años en el poder y estaba perseguido por la Justicia internacional. La revolución sudanesa había triunfado. O eso parecía. Tras meses de duras negociaciones, un gobierno dirigido por el civil Abdalá Hamdok, pero tutelado aún por un consejo presidido por los militares, tomaba las riendas del país y emprendía un camino de profundas reformas.

Cientos de sudaneses protestan en las calles de Jartum contra el golpe militar el pasado 26 de julio.
Cientos de sudaneses protestan en las calles de Jartum contra el golpe militar el pasado 26 de julio. Marwan Ali (AP)

Fath Abdurramán Mohamed, miembro de un comité de resistencia popular, recuerda aquella época: “Fueron dos años difíciles y hubo que apretarse el cinturón, pero todos compartíamos el sueño de un nuevo Sudán”. Sin embargo, el 25 de octubre de 2021 todo se vino abajo. El general Al Burhan, a la cabeza de la junta castrense, destituía a Hamdok y su Gobierno, cuyas reformas empezaban a afectar a la élite islamista-militar que había regido el país en las últimas tres décadas. Las callejuelas de los barrios de Jartum se convirtieron en afluentes de jóvenes que volvían a desembocar en las grandes avenidas del centro de la ciudad.

Los organismos internacionales, como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, volvieron a retirar su ayuda. La cooperación bilateral con Estados Unidos o la Unión Europea se bloqueó de nuevo. Bajo el impacto aún de las perturbaciones comerciales de la covid-19, llegó en febrero la guerra de Ucrania. Los precios, que ya estaban altos, se dispararon a niveles insoportables y Sudán ha llegado a tener una tasa de inflación anual próxima al 400%. “Llenar el tanque de gasolina de mi coche se lleva, literalmente, una tercera parte de mi sueldo mensual; comprar comida hoy en este país es hacer malabares”, asegura el comerciante Idrisa Mahmoud. Uno de cada cuatro sudaneses está ya en situación de inseguridad alimentaria, la mayor cifra de la última década, según Naciones Unidas.

Ni los militares han logrado hacerse con el pleno control de la situación, con estallidos de violencia en diferentes puntos del país, ni la sociedad civil parece tener suficiente masa crítica para tumbarlos. Atta Albatahani, profesor de Ciencias Políticas, concluye: “Los conflictos intercomunitarios han vuelto a surgir y los dirigentes del antiguo régimen islamista-militar siguen manejando los hilos de los sectores económicos en su propio beneficio. Dos tercios de la población tiene menos de 24 años y estos jóvenes fascinados por Europa, por el Real Madrid y el Barcelona, por poder lleva otra vida, están atrapados entre una sociedad civil dividida y un régimen que no escucha”.

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España

Un día sin inmigrantes

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En España se cuentan más de 5,4 millones de extranjeros: el 11,6% de la población. Entre ellos, hay más 400.000 que se encuentran en situación irregular, según un estudio de la Fundación por Causa y la Universidad Carlos III de Madrid, una cifra lógicamente difícil de contrastar. Todos juntos constituyen un enorme colectivo de trabajadores, visibles e invisibles, sobre el que se sostienen sectores clave de la economía española como la agricultura, la hostelería o la construcción. También sustentan buena parte de la sanidad y los cuidados. Y de la Seguridad Social: suman 2,3 millones de contribuyentes, seis de cada 10 originarios de países fuera de la Unión Europea. Sin ellos, España sencillamente no funcionaría. Para intentar reflejar su enorme peso en la economía y en la sociedad del país, se ha imaginado un día sin inmigrantes. El resultado es algo parecido a lo que sigue:

4.00

Mercamadrid no sabe qué hacer con la fruta

La inmensa mayoría de los hombres que apilan, cargan, catalogan y ordenan las 6.000 toneladas de frutas y verduras que se mueven diariamente a Mercamadrid son inmigrantes. No hay datos precisos. Pero basta pasear por aquí cuando este mercado es una factoría trepidante lleno de carros, camionetas y palés para comprobarlo. Freddy, de 23 años, ecuatoriano, es uno de ellos. Tiene contrato de trabajo, lleva toda la vida en España y cobra 1.500 euros, pagas extras incluidas, por apilar fruta desde las doce a las ocho o nueve de la mañana. Abdessamad Akka, de 21 años, es otro. Trabaja de escribiente en el puesto Missiwa, apuntando todo lo que entra, todo lo que sale, todo lo que se cobra y todo lo que se paga. También por 1.500 euros al mes. Cerca, los dueños de otro puesto, especializado en frutas exóticas, son ecuatorianos. Jeff Endara, de 47 años, llegado a España hace 22 años empezó desde abajo, pero ahora viaja a Arabia Saudí a publicitar el melocotón murciano y conseguir introducirlo ahí. El ejemplo de Endara es escaso: la mayoría de los inmigrantes son cargadores, apiladores, los que conducen una montaña inestable de sandías en un carromato automatizado. Todos ellos tienen contratos en regla. Pero, según cuentan algunos trabajadores, algunos de los ayudantes que acompañan a los fruteros con tienda en Madrid para cargar las cajas y llevarlas en furgonetas no tienen papeles. Entre todos, hacen marchar este macromercado, la verdadera despensa de Madrid. Si un día no vinieran a trabajar, todo el centro de España se quedaría sin fruta.

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9.00

Barcelona sin taxis

En ese hipotético día sin inmigrantes, Barcelona amanecería casi sin taxis. Eso asegura Mirza Salman, el cónsul de Pakistán en la ciudad. Actualmente, hay empadronados en Cataluña alrededor de 50.000 paquistaníes. Además se cuentan 80.000 sin papeles. Marc Serra, concejal de derechos de la ciudadanía en el Ayuntamiento de Barcelona, añade: “Tampoco habría bares, ni restaurantes. Y todo estaría más sucio, porque para la limpieza de Barcelona, dentro y fuera de la vía pública, se suele contratar a migrantes”.

11.00

La construcción se para

En algunas comunidades como Navarra, un tercio de los trabajadores dedicados a la construcción son extranjeros. En Madrid llegan al 16%. En nuestro día sin inmigrantes, el sector se derrumbaría de norte al sur. Desde la mayor obra civil que se lleva ahora a cabo en la capital, la construcción del hospital Doce de Octubre, a los bloques de pisos en barrios de la periferia o a las pequeñas reformas de interiores o de tiendas. El sector vuelve a ser pujante, pero faltan trabajadores. El Informe sobre el estado de la mano de obra, realizado por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) entre casi medio millar de compañías asociadas, presentado en abril de 2022, constata que es difícil encontrar encargados de obra, capataces, albañiles, encofradores, carpinteros, instaladores de fachadas técnicas, u operadores de grúas y montacargas, entre otras labores.

Fuera de las estadísticas se encuentra Pascal Titgoum, un camerunés de 35 años, que aún tiene en los dedos las marcas que le dejaron las concertinas de la valla de Melilla cuando la saltó en 2014. Jamás ha tenido papeles. Ha hecho cursos de cocina, jardinería (“es lo que mejor sé hacer”) y de carnicería. Pero donde más ha trabajado, siempre clandestinamente, es en la construcción. Hubo una época en la que acudía a la Plaza Elíptica, en Madrid, donde los capataces buscan manos para soldar, alicatar o asfaltar en obras de todo Madrid. Es una suerte de mercado persa donde el inmigrante en situación irregular se ofrece casi a lo que sea y cobra menos. Si cobra. “Me pagaban 30 euros la jornada, me recogían a las 8.00 y me soltaban a las 19.00″, explica. “Pero ya trabajé con tres personas que no me pagaron. Hace mucho que ya no voy, los precios son muy bajos”.

13.00

El pueblo sin niños

En Chalamera, un pueblo de Huesca de 100 habitantes, Santiago Villas, de 29 años, el alcalde (PSOE) puso en marcha un plan de choque para salvar la escuela (y con ella el pueblo). El curso escolar 2020-2021 terminó con un único alumno, un niño marroquí. O llegaban niños, o el futuro de Chalamera se oscurecía. Villas acabó atrayendo a dos familias, una rumana y otra marroquí, que trajeron cinco nuevos niños al pueblo. Los inmigrantes, el 30% de la población, no solo insuflan vida a la escuela. La piscina del pueblo, el alma de los veranos en el interior, la regentará una colombiana. Las de los pueblos cercanos, todos rodeados de cultivos de melocotoneros o cerezos, también están manos de extranjeros. Óscar Moret, agricultor y alcalde de Almudafar una pedanía de 55 años del Valle del bajo Cinca: “En mi pueblo si le quitas el 30% de extranjeros y el 30% de gente mayor, te quedas en nada.

13.00

Carlos sigue en la cama: no hay quién le levante

A las ocho menos cuarto de la mañana, Delmi Galeano, de El Salvador, de 42 años, entra como un torbellino en el piso de Carlos Urquía y Paz Sevilla, de 65 y 63 años, respectivamente, un matrimonio de clase media de Madrid. Delmi se coloca una faja para no dañarse la columna con el peso, hace café, charla, cuenta, bromea y se prepara. Después, entre las dos mujeres, levantan de la cama a Carlos, tetrapléjico desde hace meses, y lo llevan al cuarto de baño. Después lo lavan y lo visten. Sin perder tiempo, sin parar ni un minuto, porque a las 10 tienen que estar en el coche para llegar a la hora a la clínica de rehabilitación, Delmi mete la silla de Carlos en el coche adaptado, después se sube ella y conduce por la M-30. Sigue bromeando para que Carlos no se duerma. Cobra el salario mínimo. 1.000 euros. Entra a las ocho y sale a las tres de la tarde.

Llegan a la hora a la clínica. Allí, mientras una fisioterapeuta atiende a Carlos, Delmi dispone de una hora y media libre. A veces se echa una siesta en el coche, a veces aprovecha para comprar a Paz alguna cosa o hacerle algún recado. A veces dibuja en un cuaderno unas princesas indias preciosas. A veces se sienta a tomar un café y a pensar en sus hijos (de 20 y 15 años), a los que dejó en Salvador en 2012, a los que no ha visto crecer y con los que no sabe si volverá a convivir alguna vez. Le entran ganas de llorar si calcula lo que dejó y lo que obtuvo, si hace balance de pérdidas y ganancias. Su familia ha prosperado, gracias al sueldo que ella envía cada mes. Pero renunció para siempre a su trabajo de abogada a fin de ponerse a limpiar y a cuidar de personas. “La vida, si la dejas, se ríe de ti”, cuenta. Pero no hay tiempo para mucha melancolía, porque hay que recoger a Carlos, montarlo en la silla, subirlo al coche, conducirlo hasta casa, hablar con él, ayudarle con la rehabilitación o, a veces, tratar simplemente de que no se venga abajo. Ella, que hace un rato lloraba. Los dos, el tetrapléjico y la inmigrante, se entienden, muchas veces sin hablar, porque los dos saben lo que es perder. Paz, la mujer, los ve regresar, se sienta en la cocina y responde a la pregunta del reportaje: “¿Si no hubiera inmigrantes? No sé. Yo sé que si Delmi no viniera, España no se pararía, pero mi marido, simplemente, se moriría. A los cinco días se tendría que quedar en la cama porque yo solo no podría levantarlo. Y se moriría a los pocos meses, porque yo no podría evitar que la enfermedad hiciera mella en él. Así de simple”.

El sector de los cuidados es el que más depende de los extranjeros. Dentro de los sistemas especiales del hogar, representan el 43,52% de los trabajadores. 164.848 personas, la mayoría mujeres ocupándose de personas dependientes, niños y tareas de limpieza. Este número no cuenta a las trabajadoras en situación irregular que encuentran en la privacidad de las casas un empleo por horas o como internas, en ocasiones precario y abusivo.

14.00

Nadie come en La Toscana

La búsqueda del extranjero es una suerte de gincana en Benidorm y los empresarios se rifan a cualquiera que quiera trabajar. En la Comunidad Valenciana la hostelería concentra el mayor porcentaje de extranjeros, un 16,37%. Pasa también en Asturias, Cantabria, Castilla y León o Galicia. En Canarias alcanza el 40%.

En la pizzería La Toscana, muy cerquita de la playa del Levante, Israel Blasco, el dueño, de 48 años, imagina lo que pasaría si los inmigrantes se declararan en huelga. El establecimiento se pone en marcha a las 10 de la mañana. Ana y Judith, las auxiliares de cocina, son de Ucrania y Colombia, respectivamente. Mohamed, Ali y Kambra, los paquistaníes son los cocineros. Sin ellos, la pasta y la masa de las pizzas se quedaría sin hacer. Tampoco la salsa de rabo de toro estará en el menú, ni ninguna de las otras especialidades. “La elaboración de nuestros platos es un 99% casera, así que yo no podría abrir. Esto es un barco y todos son necesarios”. Y añade: “Hace una semana pusimos un anuncio para otro restaurante que tenemos. Lo puse a las 12.00 y a las 16.00 tenía más de 35 respuestas. Todas de inmigrantes sin papeles. A las 17.00 teníamos casi 80 respuestas y había gente que nos mandaba su pasaporte desde Marruecos para que les contratásemos”.

16.00

La sala de espera del centro de salud es un caos

Hasta 70 pacientes pueden pasar en una mañana por el centro de salud de Navalmoral de la Mata, en Cáceres, pero hoy no hay médicos. La sala de espera es un caos. El coordinador del centro, el médico venezolano José Alejandro Pinto no vino a trabajar. Tampoco otros cuatro compatriotas, ni la doctora boliviana ni los dos médicos argentinos que pasan consulta en ese centro de salud. “No es solo aquí, en todos los pueblos aledaños no habría atención sin los médicos extranjeros”, mantiene Pinto. El médico lamenta el “deterioro progresivo” del servicio por la falta de profesionales. “Los servicios han colapsado por la precariedad de las contrataciones, los sueldos aquí no son tan atractivos y los españoles no los han aceptado”.

18.00

El campo se vacía

El porcentaje de inmigrantes trabajando en el campo llega al 23%. En algunas regiones, esta cifra aún es más elevada. Uno de estos lugares es El Ejido y sus alrededores, marcado por los horizontes de plástico de los invernaderos. El 70% de los que los trabajan ahí son extranjeros, la mayoría procedentes de Marruecos, Rumanía y Senegal, según datos del Observatorio Argos del Servicio Andaluz de Empleo. Es decir: los invernaderos, en un hipotético día sin inmigrantes, se quedarían casi vacíos. María Luisa González, secretaria de Inmigración de Comisiones Obreras, afirma que los invernaderos dan empleo a entre 25.000 y 30.000 personas en situación administrativa irregular. “Son un pilar esencial, pero no están valorados de esa manera”, afirma González, que explica que al carecer de documentación que les permita trabajar en España realizan “jornadas interminables” de lunes a sábado o incluso domingos y festivos a cambio de un salario “menor del mínimo interprofesional”.

800 kilómetros al norte, Daura Sanagares, un maliense de 42 años se encarga de que sus compatriotas recojan la nectarina de los árboles alineados en Zaidín (Huesca). Sanagares lleva media vida en España y le gusta el campo, aunque aspira a volver: instalarse en Costa de Marfil, donde nació, comprarse un tractor y montar una granja. No se atreve a calcular cuándo será eso. El capataz llegó a Fuerteventura en una patera en 2003. Tuvo suerte, porque menos de dos años después el Gobierno socialista de Zapatero impulsó una regularización masiva a la que aspiraron casi 700.000 personas y consiguió sus papeles. Ahora, 19 años después, espera su pasaporte español.

22.00

Los barcos, amarrados. No hay pescadores

Un tercio de los marineros de la provincia de Lugo proceden de fuera de España. “Así que si tuviéramos que imaginarnos la foto de nuestros puertos si un día faltasen los extranjeros, veríamos una gran parte de la flota amarrada por falta de personal, sobre todo la de altura”, describe Sergio López, gerente de la Organización de Productores Pesqueros de Burela, el mayor de los puertos de la provincia. Los patrones y los jefes de máquinas siguen siendo españoles. “Pero en un pesquero de 15 o 13 hombres, más de 10 pueden ser de fuera. Antiguamente, caboverdianos y hoy, sobre todo, indonesios”, añade López. Los gallegos eligieron quedarse en tierra, trabajando en la industria, y los caboverdianos le sustituyeron en el caladero del Gran Sol en barcos lucenses. Trajeron a sus familias y su portugués natal les ayudó a asentarse. Hoy, sus hijos, han preferido seguir otros rumbos laborales, a imitación de los españoles. Así que los pescadores, en su mayoría ya no son caboverdianos. Los han sustituido los indonesios.

3.00

Vuelta a Mercamadrid

Puede que algunos de los pescados capturados por los pescadores indonesios afincados en Lugo acaben en un puesto de Mercamadrid regentado por un personaje peculiar: Leonardo Valencia, de 42 años, de origen ecuatoriano. No es normal que un puesto de estas características acabe en manos de un inmigrante, pero Leonardo no es un tipo cualquiera: llegó hace 22 años, sin nada, y, debido a su pasado de pescador, se introdujo en el sector. Hizo de todo en Mercamadrid. Durante meses durmió en un descansillo de una escalera porque, sin coche, el último autobús le dejaba tres horas antes de empezar el turno de noche. Ahora emplea a 20 inmigrantes de sus 25 trabajadores. Él se levanta a la una y media de la madrugada y no regresa a casa hasta las cuatro de la tarde. Su puesto se llama Laukay, que en quechua significa trabajo.

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España

Sánchez y Scholz abordarán la conexión gasística de la Península durante una cumbre de Madrid en octubre

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Pedro Sánchez y el canciller alemán, Olaf Scholz, a la izquierda, en enero pasado en La Moncloa.
Pedro Sánchez y el canciller alemán, Olaf Scholz, a la izquierda, en enero pasado en La Moncloa.Andrea Comas

El avance hacia un mercado energético de la UE y la conexión de la península Ibérica a la red gasística europea serán ejes centrales de la cumbre hispano-alemana, que se celebrará en octubre en Madrid después de siete años, según fuentes gubernamentales. El canciller Olaf Scholz, que ya visitó La Moncloa en enero pasado y acudió en junio a la Cumbre de la OTAN en Madrid, regresará en octubre a la capital española al frente de una nutrida representación de su Gobierno tricolor (socialdemócratas, liberales y verdes) para copresidir con Sánchez una cumbre que no se repetía desde que la canciller Ángela Merkel recibió a Mariano Rajoy en Berlín en agosto de 2015.

Fuentes de La Moncloa no han aclarado si Scholz avisó a Sánchez antes de defender, el pasado jueves, la construcción de un gasoducto que uniría España y Portugal con Europa Central y sería “decisivo” para aliviar la dependencia del gas ruso de países como Alemania, expuestos al chantaje de Putin de cerrar en cualquier momento el grifo. En todo caso, el asunto había sido abordado hace meses por responsables de ambos gobiernos y el espaldarazo germano al proyecto ha sido acogido con satisfacción en Madrid. En marzo pasado, tras la invasión de Ucrania por Rusia, Sánchez planteó al presidente francés, Emmanuel Macron, y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, la recuperación del proyecto MidCat, a través del Pirineo catalán, que duplicaría la capacidad de exportación de gas a Europa.

Con seis plantas regasificadoras de GNL (Gas Natural Licuado) operativas, España tiene el 40% de la capacidad de regasificación y un tercio de la de almacenamiento de la UE, por lo que Sánchez defiende que la Península podría convertirse en un gran hub que recibiera gas de buques metaneros procedentes de Estados Unidos, África o el golfo Pérsico y de los gasoductos que la unen con Argelia (siempre que la actual crisis diplomática no acabe incidiendo en el suministro de combustible) para distribuirlo al resto de Europa, dejando de ser como ahora una isla energética que está muy lejos de alcanzar los objetivos de interconexión fijados por la UE: 10% en 2020 y 15% en 2030.

La culminación de la obra, advierten fuentes gubernamentales, dependerá de que la UE asuma su financiación y agilice los trámites para ponerla en marcha. El MidCat estaba incluido en la lista de Proyectos de Interés Común de la UE desde 2013, pero decayó en 2019, ante la oposición de grupos ecologistas y el alto coste de una obra que contradecía la decisión europea de avanzar hacia el abandono de los combustibles fósiles.

Para convencer a la Comisión Europea de que retome el proyecto y le dé tramite urgente, el Gobierno español alega que el tubo no solo trasportaría gas, sino que en el futuro sería la vía de suministro de hidrógeno verde, generado por energías renovables bajas en emisiones y compatible con los objetivos europeos contra el calentamiento global.

Aunque la principal batalla se libra en Bruselas, el Gobierno español no oculta que el apoyo de Berlín supone un espaldarazo muy importante para sus aspiraciones, especialmente ante Francia, un país que ha apostado por la energía nuclear y que nunca ha mostrado interés en ampliar las conexiones energéticas con sus vecinos al sur de los Pirineos.

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El respaldo de Scholz al gasoducto con la Península Ibérica llega en plena luna de miel entre entre Alemania y España. En octubre no solo se celebrará la cumbre hispano-germana, sino que los Reyes harán una visita de Estado a Berlín y se desplazarán a Fráncfort para recorrer la feria del libro, donde España es este año invitado de honor. La presidencia de turno de la UE, que España ostentará en el segundo semestre de 2023, acrecienta el interés de Berlín por buscar un eje con Madrid. Para impulsar las relaciones entre los dos países europeos más importantes con gobernante socialdemócrata, Alemania ha enviado por vez primera a una mujer como embajadora a Madrid: la diplomática Maria Gosse.

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El Gobierno encara una dura negociación del decreto de ahorro energético al no tener los apoyos garantizados

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La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera; el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la ministra Portavoz, Isabel Rodríguez, tras el Consejo de Ministros del pasado 1 de agosto de 2022.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera; el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la ministra Portavoz, Isabel Rodríguez, tras el Consejo de Ministros del pasado 1 de agosto de 2022.Jesus Hellin 2022 (Europa Press)

El Gobierno se enfrenta a otra negociación contra reloj para sumar apoyos. El Congreso prevé debatir la convalidación del controvertido decreto de medidas para el ahorro energético a finales de este mes, en un pleno extraordinario que podría tener lugar la semana del 22 de agosto, según fuentes de la Cámara. Para entonces, La Moncloa tendrá que haber recabado más síes que noes entre los grupos parlamentarios de cara a ratificar un texto que desde su aprobación en Consejo de Ministros —el 1 de agosto— se ha topado no solo con el ataque frontal del mayor partido de la oposición, el PP, sino también con las críticas de dos de sus socios prioritarios. ERC y PNV acusan al Ejecutivo de falta de consenso y de comunicación. De momento, y a pocas semanas de la fecha límite para su convalidación, el Gobierno no tiene garantizada la mayoría simple necesaria para que la norma, vigente desde el miércoles de esta semana, salga adelante.

El presidente del grupo de Unidas Podemos, Jaume Asens, anunció este jueves que el Gobierno ya ha iniciado las conversaciones con el resto de formaciones políticas para conseguir los síes suficientes. Fuentes de la mayoría de grupos consultados hablan de contactos puntuales, pero sin una negociación concreta. Otros reducen el diálogo a la reunión que la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, mantuvo con sus portavoces el pasado 19 de julio, dos semanas antes de que el decreto se rubricase. El Ejecutivo cuenta con los 153 votos a favor que suman los diputados de PSOE y Unidas Podemos. A partir de ahí, algunas formaciones ya se muestran proclives al sí.

Entre las fuerzas de izquierdas, el escaño de Compromís y los dos de Más País están prácticamente garantizados. Fuentes del partido de Errejón añaden, no obstante, que el decreto se “puede mejorar”. Un extremo en el que coinciden casi todos los sondeados. Desde Bildu, con cinco parlamentarios, no confirman cuál será su posición, pero comparten “la necesidad de reducir el consumo energético”, de plantear “un nuevo modelo de consumo” y desdeñan “las absurdas críticas” de la derecha. También podría contar el Gobierno con la exparlamentaria de Podemos Meri Pita, que suele seguir el sentido del voto de su antigua formación.

Al margen de las agrupaciones de los escaños de izquierdas, el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) es partidario de ratificar el decreto como respuesta a la emergencia energética y a las exigencias de la Unión Europea. Pero al partido liderado por el presidente Miguel Ángel Revilla en Cantabria no le “gustan muchas cosas” del texto, como revela Carlos Mazón, portavoz de PRC en el Congreso. “Tenemos que tomar medidas para ahorrar energía. El problema de los decretos es que no admiten modificación. Es todo o nada”. La suma de estos posibles síes más los del PSOE y Unidas Podemos daría un resultado de 163, insuficiente aún para la convalidación ante el arco parlamentario de 349 escaños.

La Moncloa tiene que pedir la convocatoria del pleno extraordinario para la convalidación del decreto, que tiene que ser ratificado en un mes tras su aprobación. Los ajustados números podrían variar las previsiones del Congreso, que sitúan en la semana del 22 de agosto su celebración. En el mismo pleno se aprobarán otros dos decretos más, el que regula sistema de cotización de autónomos y el de las medidas urgentes en materia de incendios forestales.

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El Gobierno tendrá que poner en marcha toda su maquinaria negociadora parlamentaria para acercar posturas con ERC y PNV, que de momento no han decidido cuál será el sentido de su voto. Las formaciones nacionalistas no esconden, sin embargo, su enfado ante la actuación de la coalición en la tramitación del decreto. Los republicanos, encabezados por Rufián en el Congreso, afean al Consejo de Ministros haber “actuado demasiado rápido” y sin contar con los actores sociales implicados. “Encontramos las medidas insuficientes”, se quejan desde ERC, cuyos dirigentes se reunirán próximamente para debatir cuál será su postura en el pleno extraordinario. Con los 13 diputados de Esquerra, y si se cumplieran los apoyos anteriores, el Gobierno ya obtendría la mayoría.

La ofensiva del PNV ha sido mucho más dura desde el momento en el que el texto con las restricciones se hizo público. El enfado de la formación vasca es tajante. En la conferencia sectorial que la ministra Ribera mantuvo el lunes con las comunidades, la consejera vasco de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, pidió “flexibilidad” en la aplicación del decreto. Y desde el grupo parlamentario, compuesto por seis escaños, se acusa al Gobierno central de haberles dejado lado en la redacción de las restricciones. “No ha habido conversación. Y eso que tenemos un pacto de investidura”, critican. Fuentes del partido en la Cámara baja advierten de que el peso de la negociación, en este caso, dependerá en gran medida de cómo se resuelva el diálogo entre La Moncloa y el Gobierno vasco, pues las restricciones tienen que ser aplicadas por el Ejecutivo autonómico.

En el lado opuesto se sitúan las fuerzas de la derecha, cuyo empeño durante este mes se ha centrado en desacreditar a Sánchez, a quien el PP acusa de “racionamiento energético”. El Partido Popular prefiere no adelantar su postura, pero de sus declaraciones públicas y privadas se adivina que la formación de Núñez Feijóo, que en el Congreso tiene 86 diputados, se mantendrá en el no. Fuentes del Partido Popular insisten en exigir al presidente del Gobierno que retire el decreto ya vigente “impuesto sin dialogar” y lo sustituyan por uno nuevo. La ministra de Turismo, Comercio e Industria, Reyes Maroto, desdeñó este viernes la oposición frontal del PP en una entrevista en Antena 3. “Tenemos que estar a la altura del desafío que Europa nos esta marcando”, sentenció.

La formación de ultraderecha Vox, con 52 escaños, también rechaza de plano las medidas energéticas de ahorro. Ciudadanos, crítico con “la improvisación y a los bandazos de última hora” de Sánchez, fijará en los próximos días el sentido del voto de sus nueve diputados. “El Real Decreto propone apagones y no da alternativas. Sus medidas inciden en un 10% del consumo energético y solo afecta a los comerciantes”, censuró este viernes en una entrevista en TVE su portavoz, Guillermo Díaz. El antiguo diputado de Ciudadanos, Pablo Cambronero, votará en contra desde el grupo mixto.

Otros partidos aún no han determinado cómo orientarán su voto. Es el caso de PDeCAT —que sí dio su visto bueno al decreto de la reforma laboral—, Foro de Asturias y Coalición Canaria. “No nos gustan ni las formas, ni la falta de diálogo con los sectores económicos ni con las fuerzas políticas”, añaden fuentes del partido canario. La formación también manifiesta su malestar por “el agravio con Canarias a la hora de establecer la gratuidad de los trenes de cercanías para la Península y Baleares”, medida que también incluye el decreto.

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