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Crónica negra del socialismo andaluz en 10 años de pillaje institucional

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Los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en la sala de la Audiencia de Sevilla, en enero de 2017.
Los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en la sala de la Audiencia de Sevilla, en enero de 2017.Jose Manuel Vidal (EFE)

El Tribunal Supremo ha dado la puntilla a una era de hegemonía socialista en Andalucía. Los magistrados han confirmado esta semana la mayoría de las condenas de la Audiencia de Sevilla por el caso ERE, un fraude masivo en la gestión de ayudas millonarias a empresas en crisis perpetrado desde distintos departamentos de la Junta.

En la década prodigiosa del PSOE andaluz —logró victorias inapelables con el 51% y el 48% de los votos en las elecciones autonómicas de 2004 y 2008— este partido firmó su crónica más negra a cuenta de algunos de sus gobernantes.

Dos presidentes autonómicos, Manuel Chaves (1990-2009) y José Antonio Griñán (2009-2013), seis consejeros, tres viceconsejeros y tres directores generales han sido condenados por corrupción. Unos, Griñán entre ellos, tendrán que ingresar en prisión por malversación. Otros, como Chaves, evitarán la cárcel a ser condenados solo por prevaricación.

Todos formaban parte de la cúpula del Ejecutivo andaluz que gestionó durante esa década (2001-2010) un programa de prejubilaciones pagadas con dinero público que afectó a 77 empresas y a más de 6.000 trabajadores. El programa costará 1.300 millones de euros cuando termine de pagarse, en 2025.

Pese a su abultado presupuesto, el plan benefició a un porcentaje mínimo de las empresas que en esa década sufrieron expedientes de regulación de empleo en Andalucía: casi 6.000 empresas y más de 100.000 trabajadores afectados.

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El instrumento que ideó el Gobierno de Manuel Chaves en 2000 para repartir esas subvenciones públicas era tan ágil y flexible —no había concurrencia, ni publicidad— como opaco y arriesgado: la falta de requisitos o de control sobre el gasto —ni antes de aprobarlo ni después— convertía un plan social de ayuda a miles de trabajadores y cientos de empresas en una gigantesca oportunidad para el robo de dinero público.

Altos cargos, empresarios y sindicatos aprovecharon durante 10 años ese agujero normativo para el saqueo de fondos, según los hechos probados de la sentencia ahora confirmada por el Supremo.

El diseño del fondo: una puerta abierta al fraude. “La necesidad política de dar una respuesta inmediata a los grandes conflictos sociolaborales llevó a los responsables de la Junta de Andalucía a establecer un sistema ágil de concesión de ayudas a empresas en crisis eliminando los mecanismos de control legalmente establecidos”, relata la sentencia. Ni las ayudas fueron conocidas (no se hizo publicidad de la convocatoria), ni hubo posibilidad de concurrencia, ni requisitos que cumplir para acceder a la subvención. La investigación destapó numerosos ejemplos de ayudas fraudulentas aprovechando esas circunstancias.

Procedimiento ilegal aprobado cada año por ley. La prevaricación, según la sentencia, consiste en aprobar un anteproyecto de ley que incluía la partida para las subvenciones a empresas mediante “transferencias de financiación”, un instrumento expresamente prohibido por la ley para ese tipo de ayudas. Y, además, la aprobación a posteriori de modificaciones presupuestarias cuando hacía falta más dinero “actuando a sabiendas de que el importe modificado se destinaba a abonar ayudas/subvenciones sociolaborales y de empresas en crisis que habían sido concedidas siguiendo un procedimiento ilegal”. Lo extraño del caso es que el Gobierno andaluz llevó su norma prevaricadora cada año al Parlamento, que la convirtió en ley tras una tramitación transparente. Pero la oposición, según los jueces, fue inducida a error al contar con una información “críptica, confusa y equívoca”. Ni la mayoría de los diputados que aprobaron el instrumento para el delito, ni muchos de los consejeros que dieron su visto bueno al proyecto de ley prevaricador fueron imputados en la causa.

Descontrol absoluto. Los peritos de la Intervención General del Estado no encontraron en los expedientes examinados “ningún análisis económico de la Consejería de Empleo” sobre las empresas que se beneficiaron de las ayudas millonarias para saber si necesitaban el dinero o, por el contrario, tenían capacidad suficiente para atender sus necesidades. Cuando le preguntaron por esa circunstancia al director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, que era quien decidía todo sobre las ayudas, contestó: “No era un elemento a tener en cuenta”.

Además, la sentencia recoge numerosas anomalías en subvenciones a otras empresas favorecidas aunque no aprobaron ningún ERE. El dinero público sirvió en muchos casos para “abonar nóminas, deudas (sin especificar), gastos de primer establecimiento de la empresa, minutas por asesoramiento jurídico en materia laboral, mejoras salariales derivadas de convenios colectivos, cursos de alta dirección, indemnizaciones derivadas de despidos declarados improcedentes, devoluciones de préstamos suscritos por la empresa, pago de importes avalados, o préstamos para pago de nóminas de los que no consta su devolución”.

Las cifras del fraude. La sentencia no precisa el dinero defraudado, pero el PP, que ejerció de acusación popular en el caso, señala los 680 millones de euros presupuestados entre 2001 y 2010 para denunciar el “caso de corrupción más grave de la democracia”. El único cálculo posible se remite a lo acreditado en la investigación: 12 millones pagados a cerca de 200 intrusos —trabajadores que cobraron la prejubilación por el ERE de una empresa a la que nunca pertenecieron—; 50 millones abonados por sobrecomisiones a las aseguradoras mediadoras, y otros 73 millones a empresas que no reunían las condiciones para acceder a las ayudas. Todo ello eleva la cifra a 135 millones de euros. El resto, dinero invertido en prejubilaciones, no se puede considerar fraude, según el magistrado Alberto Jorge Barreiro. “Ha de partirse de la premisa de que un porcentaje de las subvenciones ilegalmente concedidas habría que concederlo también en el caso de que se hubiera seguido el procedimiento legal exigible para su concesión”.

¿Empresas y trabajadores socialistas? La investigación no acreditó la financiación ilegal del PSOE andaluz en este caso de corrupción. Tan solo hay pruebas de amaños perpetrados por el director general de Trabajo, Francisco Javier Guerra, para pagar prejubilaciones a algunos militantes socialistas incluidos en las listas de trabajadores de empresas a las que nunca pertenecieron. Y de ayudas a empresas sin trabajadores que se habían creado para recibir las subvenciones en una zona dominada por alcaldes socialistas.

Las dudas de una malversación. Ocho ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía han sido condenados por malversación de fondos públicos, entre ellos Griñán. El delito de malversación castiga a quienes sustraen fondos públicos para sí o para terceros o lo consienten. El tribunal considera que son culpables por inacción los máximos responsables de las consejerías de Empleo, Economía y Hacienda, e Innovación, que conocieron supuestamente en 2005 informes del Interventor General con las irregularidades de todo el plan de ayudas, no lo cambiaron y aprobaron presupuestos para seguir financiando unas ayudas dadas mediante un procedimiento ilegal.

El magistrado del Supremo Alberto Jorge Barreiro, que investigó el caso, escribió tras siete meses de instrucción: “Al menos a día de hoy, no constan datos indiciarios incriminatorios contra José Antonio Griñán como presunto autor del delito de malversación, pues no se ha acreditado que interviniera en la concesión concreta de ayudas fraudulentas de fondos públicos ni que supiera que se estaba disponiendo de los caudales públicos para las ayudas/subvenciones con destino al lucro ilícito de terceras personas”.

Barreiro, ya jubilado, concluyó que Griñán si conoció que el sistema para conceder las subvenciones era ilegal en su tramitación, pero no supo que al ejecutarse se “estuvieran desviando importantes sumas de dinero para procurar el beneficio ilícito de terceras personas”. No hay pruebas en la investigación de que Griñán se lucrase, ni tampoco de que conociese que se estaba desviando dinero a terceras personas. El Supremo ha dado por buena la condena de la Audiencia de Sevilla a Griñán, pero dos magistradas, de los cinco que integran el Tribunal, defienden su absolución.

“Cuando se trataba de dar el paso siguiente, ahí se detuvo”

José Antonio Griñán declaró que cuando era consejero de Hacienda, su viceconsejera no le remitió el informe del interventor de la Junta de Andalucía donde se denunciaban las irregularidades del sistema para otorgar subvenciones excepcionales a empresas en crisis. El magistrado que primero interrogó a Griñán consideró que esa explicación se oponía “a las máximas elementales de la experiencia aplicables en los juicios de inferencia”. “Resulta inverosímil”, escribió, “que la persona de confianza de Griñán, la viceconsejera, reciba notificaciones de un contenido relevante durante varios años seguidos y no dé cuenta de ninguna de ellas al superior inmediato que la puso en un cargo de máxima confianza”.

El interventor nunca elevó su nivel de alerta sobre lo ocurrido a través de los denominados “informes de actuación”, donde se denuncia la existencia de fraudes y perjuicios para las arcas públicas. Ese tipo de informes nunca llegó a los consejeros andaluces para que tomaran las medidas oportunas.

El magistrado también tenía explicación para esta carencia: “Cuando se trataba de dar el paso siguiente que le marcaba la ley, ahí se detuvo. La omisión solo podría explicarse por el dilema en que se vio envuelto: o ponía en evidencia y bloqueaba un sistema ilegal que era el instrumento principal de materialización de los planes políticos del Gobierno, pero teniendo que hacer la denuncia ante los máximos responsables que le habían designado discrecionalmente para el puesto de interventor, o proseguía con sus reiteradas advertencias de ilegalidad (inútiles por lo demás), pero sin emitir informe de actuación, que fue la opción que finalmente adoptó”. 

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Detenida en Alicante una ciudadana rusa por el asesinato de una amiga hace siete años

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Policías acompañan a una ciudadana rusa detenida en Alicante como presunta autora de un asesinato en Rusia en 2015.
Policías acompañan a una ciudadana rusa detenida en Alicante como presunta autora de un asesinato en Rusia en 2015.Policía Nacional

Una fuerte discusión fue el motivo por el que presuntamente una mujer rusa asesinó a una amiga en mayo de 2015. Mientras viajaban en coche con destino a Moscú, la supuesta homicida golpeó a su acompañante, la quemó con gasolina y la despeñó por un barranco. Siete años después, la Policía Nacional ha detenido a la puerta de su domicilio en Alicante a la supuesta agresora, sobre la que pesaba una Orden Internacional de Detención. Si el Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional valida su extradición a Rusia, la arrestada se enfrentará a un juicio que podría acarrearle una pena máxima de 15 años de prisión.

La orden de búsqueda no detalla el motivo de la discusión, que tuvo lugar en el apartamento de la víctima en el municipio de Pochinki, una población rural de unos 11.000 habitantes a 600 kilómetros al sureste de Moscú. Tras la pelea, la supuesta homicida propuso a su amiga viajar a la capital de Rusia en su propio vehículo, en lo que parecía una aparente tregua. Sin embargo, justo a mitad de camino, en los alrededores de la aldea de Lazarevo, de apenas 500 habitantes, la conductora detuvo repentinamente su vehículo y golpeó a la víctima en la cabeza. Luego, la sacó del coche, la arrastró hacia un barranco, roció su cuerpo con gasolina, le prendió fuego y despeñó a su amiga en llamas montaña abajo.

Tras el crimen, la presunta autora se desvaneció. Tras una infructuosa búsqueda por parte de los investigadores, Rusia emitió una orden de detención el pasado mes de julio. El 5 de septiembre, la Oficina Central de Interpol se puso en contacto con el grupo de Fugitivos de la Comisaría General de Policía Judicial, en Madrid, para comunicarle que la sospechosa podría encontrarse en la provincia de Alicante, por lo que se hizo cargo de las pesquisas el grupo de Crimen Organizado (Udyco) de la comisaría alicantina.

Durante dos semanas, los agentes siguieron el rastro de la fugitiva rusa, que actualmente tiene 40 años y que finalmente localizaron en una vivienda situada en Alicante, sin que haya trascendido cómo se la logró identificar. “Generalmente, se les encuentra porque inscriben a un hijo en algún colegio o porque efectúan pagos con una tarjeta de crédito a su nombre”, explican fuentes policiales.

El 19 de septiembre, los agentes establecieron un dispositivo a la salida del inmueble en el que vivía la presunta homicida y la detuvieron en cuanto pisó la calle, a las ocho de la mañana. Tras su arresto, fue puesta a disposición del juzgado de la Audiencia Nacional, que deberá determinar su traslado a su país de origen, donde tendrá lugar el juicio que puede condenarla a un máximo de 15 años de prisión, según la legislación rusa.

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El PP andaluz coloca a la consejera de Igualdad de Ciudadanos en el Consejo Audiovisual

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La desaparición de Ciudadanos del Parlamento de Andalucía, tras las elecciones del 19 de junio, no ha supuesto el ocaso político de sus principales referentes en Andalucía. El Gobierno que preside Juan Manuel Moreno está recuperando a dirigentes del partido de Inés Arrimadas en cargos institucionales de la Junta, aunque aún queda por saber el destino que tendrá el que fuera vicepresidente y líder de Cs en la comunidad en la pasada legislatura, Juan Marín.

El último rescate ha sido el de la exconsejera de Igualdad, Rocío Ruiz, propuesta por el PP para el Consejo Audiovisual de Andalucía. Ruiz, que es profesora, fue la diana preferida de Vox en el anterior mandato cuando PP y Ciudadanos formaron gobierno de coalición con el apoyo externo de la ultra derecha. Aunque desde los bancos de la izquierda le reprocharon a veces su tibieza, Ruiz fue la cara feminista del primer Ejecutivo de centro derecha, sin imposturas, tras casi 37 años de gobiernos socialistas.

Moreno propuso a los consejeros de Ciudadanos incorporarse a las listas del PP para las elecciones andaluzas del 19 de junio pasado. La oferta no prosperó, pero ahora está de hecho absorbiendo a un partido que fue su principal quebradero de cabeza en las autonómicas de 2018. El PP obtuvo en esa convocatoria 26 escaños, sólo cinco escaños más que CS (21). La armoniosa convivencia política en la coalición fue uno de los hechos más destacados de la legislatura pasada, a diferencia de las experiencias fallidas en otros ejecutivos autonómicos (Murcia, Comunidad de Madrid y Castilla y León).

Rocío Ruiz fue cabeza de lista de Ciudadanos por Cádiz porque así lo quiso la principal dirigente de la formación, Inés Arrimadas. No obtuvo escaño, como el resto de sus compañeros. El pasado 4 de julio se dio de baja de Cs. La exconsejera mantuvo serias discrepancias con el vicepresidente andaluz y coordinador de Cs, Juan Marín, quien quiso destituirla del cargo, pero la operación no tuvo el visto bueno de Moreno, a quien Ruiz pidió auxilio en no pocas ocasiones frente al marcaje estrecho al que, según ella, le sometía su jefe de filas.

El presidente de la Junta ha ido colocando a dirigentes de Cs desde que ganó con mayoría absoluta. En su Gobierno mantiene al frente de la Consejería de Empleo a Rocío Blanco, una independiente propuesta por Ciudadanos en la pasada legislatura, aunque muchos en el PP siempre la han situado más cercana a sus siglas. También ha buscado sitio para los dos ex portavoces parlamentarios de Cs: Sergio Romero, que también mantuvo serias diferencias con Marín, es director del Instituto Andaluz de la Juventud en Cádiz; mientras que Teresa Pardo ocupa la delegación de Justicia, Administración Local y Función Pública en la provincia de Málaga. Ambos se dieron de baja en el partido en verano. Estos nombres son los más conocidos, pero no los únicos procedentes de Cs que han salido publicados en el ‘Boletín Oficial de la Junta de Andalucía’ (BOJA), el instrumento más eficaz para apaciguar las casi siempre agitadas aguas en los partidos. Aún queda por saber la plaza que ocupará Juan Marín en el organigrama de la Junta, algo que dan por hecho en el PP. También el exconsejero de Economía de Cs Rogelio Velasco está en proceso de repesca.

El rescate de la exconsejera de Igualdad ha venido dado por la renovación de dos órganos de extracción parlamentaria, el Consejo Audiovisual y el Consejo de Administración de la RTVA, ambos dominados por el PP con mayoría absoluta. Cada uno de ellos consta de nueve miembros: cinco designados por los populares, tres por el PSOE y uno por Vox.

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El PP ha propuesto para la presidencia del Consejo Audiovisual al periodista Domi del Postigo, mantiene a los periodistas Mateo Rísquez y Pilar Jimeno e incorpora a Rocío Ruiz y al exdirector de Abc de Sevilla, Álvaro Ybarra Pacheco. Para el Consejo de Administración de RTVA, el PP propone la continuidad al frente de la presidencia del periodista Rafael Porras. Mariví Romero, Elena Segura, Curro Rodríguez y Andrés Muriel completan la nómina del PP en este órgano.

Los socialistas han cambiado a todos sus representantes. Los anteriores fueron elegidos por la anterior dirección del PSOE de Susana Díaz. Juan Espadas ha colocado a la exsecretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, y una de las personas de más confianza de Díaz en el consejo de RTVA. Pérez propició el cambio en la agrupación más numerosas del PSOE de Sevilla, de la que Espadas fue su presidente. Los periodistas Miguel Ángel Vázquez y Eva Suárez, hasta hora en el departamento de Comunicación del PSOE, también se sentarán en el consejo de RTVA.

Para el Audiovisual, el PSOE ha propuesto a la periodista Isabel Pedrote, a la ex decana de la facultad de Comunicación de Sevilla Mar Ramírez y a la ex vicepresidenta del Parlamento y ex secretaria general del PSOE de Granda, Teresa Jiménez.

Vox ha propuesto a los periodistas Álvaro Zancajo e Ignacio González para RTVA y el Audiovisual, respectivamente. Zancajo, jefe de prensa de Macarena Olona en las pasadas elecciones, fue director de informativos de Canal Sur. Fue destituido a los nueve meses de ser nombrado.

En este reparto de sillones no figura ninguna propuesta de Por Andalucía, la coalición de IU, Podemos, Más País y tres partidos más, ya que el resto de partidos se han negado a ampliar el número de miembros.

El sueldo de los consejeros del Audiovisual asciende a 64.638,16 euros, 68.150,30, en el caso del presidente. Los del consejo de administración oscilan entre los 60.000 y 80.000.

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Detenido un menor de 16 años por apuñalar mortalmente a un joven en Algeciras

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Un fuerte dispositivo de la Policía Nacional participa en la detención de un joven, menor de edad, por el apuñalamiento de otro chaval de 19 años en el barrio de la Piñera en Algeciras (Cádiz).
Un fuerte dispositivo de la Policía Nacional participa en la detención de un joven, menor de edad, por el apuñalamiento de otro chaval de 19 años en el barrio de la Piñera en Algeciras (Cádiz).Nono Rico (Europa Press)

Un menor de 16 años ha sido detenido este martes como supuesto autor del apuñalamiento mortal de otro joven de 19 años en Algeciras. Los hechos se produjeron durante la noche de ayer y han derivado en altercados durante la madrugada, tanto en la zona del suceso, el barrio de La Piñera, como en las inmediaciones del hospital Punta Europa, a donde la víctima fue trasladada. La primera hipótesis policial es que la agresión se produjo durante una reyerta por causas que aún no han trascendido.

La pelea se produjo a las 21.50 de este lunes. Los servicios de Emergencias 112 recibieron una llamada alertando de la reyerta en una zona cercana a la iglesia del Espíritu Santo de Algeciras. La víctima fue trasladada al hospital Punta Europa de la misma localidad, donde acabó falleciendo, según un comunicado difundido por la Policía Nacional de Cádiz este martes por la mañana. Familiares y allegados del fallecido, cercano a un clan conocido en la zona como Los Maya, acudieron a las inmediaciones del centro.

Tras el fallecimiento se han producido diversos disturbios, tanto en las inmediaciones de Urgencias del centro sanitario, como en las calles Adaja, Odiel, Segre y Eresma, en el barrio de la Piñera, que han obligado al despliegue de efectivos de la Comisaría de Policía de Algeciras. Los altercados se han alargado hasta las 3.30 de la madrugada de este martes, según ha comunicado también la policía. “No se han producido más víctimas personales, ni materiales”, informan estas mismas fuentes.

La investigación en torno al homicidio y sus causas continúa abierta. El barrio en el que se ha producido el apuñalamiento, La Piñera, es una zona en la que viven personas en situación de exclusión social, además de ser un punto caliente del menudeo de droga en la que ya se han producido altercados y reyertas en otras ocasiones.

El pasado 15 de septiembre dos ráfagas de disparos, producidas en torno a las 18.00 y las 20.00, atemorizaron a los vecinos de la avenida Gesto por la Paz, también ubicada en el mismo barrio. No se produjeron daños personales. Los proyectiles impactaron en una fachada. Los investigadores creen que se debió a un enfrentamiento entre familias, según informó el medio local Europa Sur.

La Piñera junto al barrio de El Saladillo son dos zonas de Algeciras golpeadas por la pobreza, la droga y los altercados más o menos violentos. En 2016, cuatro personas acabaron detenidas en La Piñera, acusadas de estar detrás del homicidio de un hombre de 43 años. En 2018, la policía esclareció el secuestro de cuatro días de un hombre toxicómano al que habían convertido en un “criado”.

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