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‘Caso de los ERE’: Justos y pecadores en el fondo de reptiles

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El ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, a su llegada, en noviembre de 2019, a la Audiencia Provincial de Sevilla.
El ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, a su llegada, en noviembre de 2019, a la Audiencia Provincial de Sevilla.Raul Caro Cadenas (EFE)

El juicio político que hizo el PSOE sobre la sentencia del caso de los ERE confirmada por el Tribunal Supremo encendió la bronca con el PP en una reyerta dialéctica de duros reproches a cuenta de las condenas por corrupción que golpean a ambos partidos. Los principales dirigentes del PSOE salieron en defensa de los expresidentes condenados, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, con una frase repetida varios días: “Pagan justos por pecadores. Griñán y Chaves no se enriquecieron”.

El PSOE asumió hace tiempo que la irregular gestión de aquel programa de ayudas a empresas desencadenó un fraude multimillonario en Andalucía y recuerda que los dos expresidentes dejaron sus cargos tras conocer que el Tribunal Supremo había encontrado indicios de delito en su actuación. Pero la dirección socialista acusa de esa corrupción masiva a quienes directamente se encargaron de administrar los fondos públicos en la consejería de Empleo y en ningún caso quienes estuvieron a la cabeza de aquellos gobiernos.

El principal señalado es Francisco Javier Guerrero, quien decidió el reparto de la mayor parte de los fondos para ayudas sociolaborales como director general de Trabajo y fue condenado por la Audiencia de Sevilla a siete años, 11 meses y 1 día de cárcel en el juicio a la rama política del caso de los ERE. Esa partida multimillonaria y controvertida que gestionó era, según declaró él mismo a la Policía, “un fondo de reptiles para crisis” que la Junta “tenía que afrontar con empresas que necesitaban respirar”. La sentencia de la Audiencia de Sevilla se detiene en algunas de las ilegalidades que supuestamente cometió Guerrero, fallecido de un infarto en octubre de 2020 a los 63 años de edad.

A principios del año 2006, un concejal socialista de Camas organizó la solicitud de las ayudas sociolaborales concertando citas de sus conocidos con Guerrero. El entonces director general de Trabajo incluía a estos amigos en listas de trabajadores pertenecientes a empresas que tramitaban expedientes de regulación de empleo, aunque no habían trabajado en las mismas.

“En marzo o abril, detalla la sentencia, “varios militantes socialistas se dirigieron a la entrevista concertada con Guerrero, quien posteriormente ordenaría a la mediadora de seguros Vitalia Vida que se introdujeran a estos dos favorecidos ilícitamente en la póliza relativa a la ayuda socio-laboral de alguna empresa; de esta forma tras los estudios hechos por Vitalia relativos a la empresa Surcolor, el referido director general de Trabajo, en fecha 28 de junio de 2006, remite una escueta comunicación a la aseguradora APRA LEVEN mostrando su conformidad para que se suscriba una póliza para 26 trabajadores de la empresa Surcolor, sabiendo, por indicación de la mediadora Vitalia, que 24 eran los trabajadores de dicha empresa y los dos restantes” eran los militantes socialistas a los que coló.

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El regalo de Guerrero con dinero público a uno de los beneficiados consistió en una “paga mensual de 1.300 euros hasta el 31 de enero de 2010, fecha de la jubilación, prestaciones que percibió junto al subsidio de mayores de 52 años”. En el otro caso, la persona favorecida por Guerrero estuvo percibiendo algo más de “1.000 euros mensuales desde el 1 de julio de 2006″.

El ex director general de Trabajo subvencionó también con 1,4 millones de euros a una empresa que montó su propio chófer, quien a su vez le suministraba droga.

Algunos colaboradores del alto cargo de la Consejería de Empleo explicaron durante el juicio el procedimiento seguido para conceder las ayudas. Una secretaria de Guerrero detalló que “lo relativo a la partida 31L”, correspondiente al controvertido programa de ayudas sociolaborales, “lo llevaba directamente Guerrero”, quien le dictaba los convenios con distintas empresas para conceder las subvenciones, le mandaba la relación de trabajadores afectados y posteriormente se confeccionaba la orden de pago.

Al menos seis personas que participaron en el examen de los expedientes con motivo de la información reservada abierta dejaron durante el juicio innumerables ejemplos del descontrol y caos que se encontraron al revisar la documentación:

—”En algunos expedientes no había ningún acto administrativo. Ninguno de los expedientes seguía el procedimiento legalmente establecido. En algunos no había ni solicitud, ni memoria”.

—”En algunos casos no constaba el DNI de los trabajadores, por lo que no se pudo comprobar si era un intruso. No vimos el ERE, no podíamos saber si los trabajadores estaban incluidos en los ERE”.

—”No vi ningún documento contable, ni de fiscalización. La documentación era muy dispersa e incompleta. No vi ningún expediente de gasto. No había documentación de la fiscalización del gasto”.

—”En las carpetas había un desorden absoluto. No eran expedientes administrativos. Había fotocopias duplicadas, triplicadas y cuadruplicadas. Los expedientes no estaban completos, faltaban piezas clave. No había solicitudes ni resoluciones. Tampoco había expediente de gasto”.

La sentencia concluye que desde la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía se acordaban pagos multimillonarios ante empresas, sindicatos, colectivos de trabajadores y personas físicas, “sin sujeción a procedimiento alguno en la asunción de dichos compromisos”. Un agujero de corrupción que se prolongó durante 10 años.

Subvenciones a empresas nuevas y sin trabajadores

La investigación judicial analizó con detenimiento la concesión de 16 subvenciones por más de 11 millones de euros a empresas radicadas en la sierra norte de Sevilla, vinculadas a municipios dominados por el PSOE, y destapó un fraude masivo. “Las empresas beneficiadas compartían accionistas y órganos de administración; los pagos de subvenciones a varias de ellas se ingresaron en la misma cuenta bancaria; se constituyeron con muy poca antelación a la concesión de las ayudas; tenían escaso patrimonio propio. “Salvo Matadero de la Sierra Morena, S.A. y su filial Al Ballut, S.L., el resto de las sociedades carece de sustancia económica y de trabajadores. No consta que haya habido solicitud de subvención por parte de las beneficiarias, ni figura ningún documento de las mismas (memoria, proyectos, presupuestos, etc.)”.

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El Gobierno modifica los Estatutos de RTVE para ampliar los poderes de Elena Sánchez

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La periodista y presidenta interina de RTVE, Elena Sánchez, en una imagen de archivo.
La periodista y presidenta interina de RTVE, Elena Sánchez, en una imagen de archivo.RTVE/Raúl Tejedor (RTVE/EFE)

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una modificación de los Estatutos Sociales de Radiotelevisión Española (RTVE) para dotar a la nueva presidenta interina de la corporación, Elena Sánchez, de más poderes para desempeñar su cargo. El consejo de administración de RTVE eligió la semana pasada a la periodista, pero sus funciones como interina eran muy limitadas. Para otorgarle los poderes propios de la presidencia de la entidad, y tener la posibilidad de desempeñar funciones ejecutivas, el Consejo de Ministros ha acordado en su reunión la modificación estatutaria.

El cambio en el artículo 34 especifica que en los casos de vacancia o ausencia, el presidente de la corporación será sustituido por el consejero que asuma de forma interina la presidencia del consejo. “La finalidad de la modificación es eminentemente aclaratoria”, expone el texto del Gobierno. En realidad, implica otorgarle a la presidenta interina del consejo unas funciones de las que hasta ahora, según los Estatutos que rigen el funcionamiento de la empresa, carecía. El Gobierno ha autorizado la modificación de este reglamento tras una petición de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), accionista de la corporación de radio y televisión, que acordó la medida en una reunión celebrada el lunes, un día antes del Consejo de Ministros.

Elena Sánchez tendrá así en su mano los mismos poderes ejecutivos de su predecesor, José Manuel Pérez Tornero, que la semana pasada presentó la renuncia a su cargo. La diferencia entre ambos casos es que Tornero fue elegido presidente de la corporación específicamente en el Congreso de los Diputados y Sánchez fue votada exclusivamente como miembro del consejo de administración, ambos a propuesta del PSOE. Con el cambio aprobado por el Consejo de Ministros, Sánchez podrá realizar nombramientos y ceses y también firmar contratos de elevada cuantía. “Como presidenta del consejo tenía muy pocas competencias. Modificar los estatutos ha es lo más operativo”, explican fuentes del grupo.

Es también la vía más rápida para que la presidenta interina del consejo tenga capacidad ejecutiva. Hasta ahora no se había recurrido a un mecanismo de este calibre en aquellas ocasiones en las que se produjo una vacante en la presidencia de RTVE. Tras la dimisión de Alberto Oliart en 2011 fue sustituido de forma rotatoria en el órgano de gestión del grupo de radio y televisión por los 11 consejeros, que se iban turnando en esa misión cada mes. Pero no desempeñaron el papel de presidentes de la empresa. Tampoco tras la dimisión de Leopoldo González-Echenique, que dejó el cargo por voluntad propia en 2014. Su vacante en el consejo fue ocupada, de forma interina, por José Manuel Peñalosa, vocal propuesto por el PP, y carecía de capacidad ejecutiva.

Elena Sánchez accedió a la cúpula del consejo de administración con los votos de dos consejeros del PSOE, dos de Unidas Podemos y uno del PNV. Para salir adelante su nombramiento necesitaba cinco votos. Los tres representantes del PP votaron por su candidata, Consuelo Aparicio, mientras que Ramón Colom, designado en su día por el PSOE, se votó a sí mismo. Como presidenta del consejo, sus funciones estaban muy recortadas. Fuentes de este organismo aseguran que “apenas tenía competencias para convocar las reuniones ordinarias del organismo, proponer el orden día, ordenar los debates y trasladar las decisiones del consejo”. El funcionamiento ordinario de la empresa, que abarca desde suscribir contratos a comprar derechos, quedaba de forma mancomunada en manos del secretario general, Alfonso Morales, y la directora corporativa, Marta Torralvo.

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Autorizar la modificación de los Estatutos es la vía rápida para que Sánchez pueda gestionar el grupo sin grandes ataduras. La vía lenta, a la cual no ha querido recurrir el Gobierno, pasa por la elección del décimo consejero de RTVE en el Congreso de los Diputados. Y una vez completado el consejo proponer y someter a votación en la Cámara baja a uno de sus miembros para ocupar la presidencia de la corporación. La ley exige en primera ronda una mayoría de dos tercios, mientras que en segunda vuelta solo se necesita una mayoría absoluta (176 papeletas) y el respaldo de al menos la mitad de los grupos parlamentarios.

Además de desempeñar las funciones propias de la presidencia de la corporación, Elena Sánchez percibirá el salario que le correspondía a su antecesor. Los miembros del consejo de administración tienen asignadas dietas de 700 euros por asistencia a las reuniones, que suelen celebrarse una vez al mes. Sánchez no recibía una remuneración especial como presidenta del consejo. A tenor de los datos publicados en el portal de Transparencia, el sueldo de Tornero ascendía a 216.000 euros anuales.

Poco antes de que se confirmara que se había aprobado la modificación de los estatutos sociales de RTVE, la portavoz del grupo popular en el Congreso, Cuca Gamarra, había advertido de que sería “un auténtico escándalo” que se llevara a cabo esta “maniobra”. A su juicio, el Gobierno está protagonizando “un asalto a la televisión y la radio públicas”. “Primero, impulsando la dimisión de quien presidía el consejo de administración, segundo nombrando a una persona con carácter interino, y un tercer paso, dotándola de capacidad ejecutiva como si hubiera sido elegida por el Congreso”, ha añadido. Para ella, esta actuación se suma a la “ocupación” de otras instituciones por parte del Gobierno, como el CIS o el CNI. Gamarra ha señalado que estaban pendientes de si se confirmaba esta información porque entonces se sumaría a la “ocupación” del CIS, o la “intervención” del INE o del CNI. “Organismos públicos e instituciones en los que Pedro Sánchez intenta entrar, okupar y, desde ahí, controlar”, ha concluido.

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Cambios en el temario para opositar a la Guardia Civil: desaparecen la geografía y las matemáticas y entran violencia de género y deontología profesional

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Acto de apertura de la semana institucional con motivo de la patrona de la Guardia Civil, en León, el 3 de octubre.
Acto de apertura de la semana institucional con motivo de la patrona de la Guardia Civil, en León, el 3 de octubre.DELEGACIÓN GOBIERNO CYL. (DELEGACIÓN GOBIERNO CYL.)

El temario para ingresar en la Guardia Civil cambiará a partir del próximo año. El instituto armado ha anunciado este martes las modificaciones que va a sufrir los contenidos exigidos necesarios que deberán conocer los nuevos aspirantes a entrar en los centros docentes en la escala de cabos y guardias del cuerpo. Desaparecen geografía e historia y matemáticas, y se exigirá conocimientos en protección integral contra la violencia de género o deontología profesional, entre otras. También se incluirán nuevos contenidos en temas ya existentes como derechos humanos, igualdad o derecho constitucional. La Guardia Civil justifica la modificación al entender que los aspirantes ya han adquirido ese saber en la ESO, obligatoria para concurrir.

En un comunicado, la Guardia Civil señala que quiere profundizar en las materias que permitirán formar con mejor rendimiento los perfiles de los agentes del futuro. Por ello, se introduce en las materias obligatorias para ingresar al cuerpo un contenido con un enfoque orientado hacia el conocimiento y dominio del ordenamiento jurídico, que entrará en vigor para la convocatoria del año 2023. Las nuevas materias que se han incorporado son la deontología profesional, protección integral contra la violencia de género, responsabilidad penal de los menores, armas y explosivos y derecho fiscal.

Se ha modificado el temario de los procesos de selección para el ingreso a la Escala de Cabos y Guardias.

Se suprimirán algunas materias relacionadas con la titulación de Educación Secundaria Obligatoria, exigida para el ingreso a los aspirantes.https://t.co/H5FoifCsiz pic.twitter.com/QlGk4krJwS

— Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) October 4, 2022

Este nuevo temario se ha confeccionado acorde a la experiencia adquirida en los últimos procesos de selección e incorpora “contenidos relevantes y de plena actualidad” para el cuerpo, según ha informado el instituto armado. Se eliminan, así, las materias que ya se imparten en la ESO: las asignaturas de Geografía e Historia, Literatura Española, Matemáticas, Física o Química y Estadística.

Además, se amplía el contenido de varias de las materias ya existentes, entre las que se encuentran derechos humanos, igualdad, instituciones internacionales, y, en derecho: constitucional, de la Unión Europea, penal, procesal penal y administrativo.

La Guardia Civil cita la exigencia de adaptarse a las nuevas normativas ya existentes en la legislación española, como el Código de Conducta del personal de la Guardia Civil, que entró en vigor el 5 de marzo. Otra norma a que pretende adecuarse el nuevo currículum educativo es el Plan de estudios de la enseñanza de formación para la Escala de Cabos y Guardias, aprobado en junio del año pasado.

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Feijóo despacha los Presupuestos como “antisociales” y pensados para “mantener a Sánchez en La Moncloa”

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El PP de Alberto Núñez Feijóo no ha recibido ninguna llamada o aviso del Gobierno de Pedro Sánchez para hablar del nuevo proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023, ni lo espera. Al contrario. El líder popular y su equipo los descalificaron como “los más antisociales” en su totalidad, antes de plantearse la difícil hipótesis de que el PSOE los incluyese en la ronda de contactos que empezará esta misma semana para lograr apoyos con los que superar su debate parlamentario. Tanto Feijóo como su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, los despacharon como las cuentas “que no necesita España ni los españoles” y como la “contrapartida” que le exigirán al presidente sus socios habituales en el Congreso “para mantenerle otro año más en La Moncloa”.

Feijóo ha cuestionado el proyecto de Presupuestos recién pactado entre el PSOE y Unidas Podemos, y aprobado este martes en el Consejo de Ministros, describiendo esas cuentas como “antisociales” y vinculándolas al actual y enconado debate fiscal. “Que un Gobierno hable de incremento de gasto social cuando los españoles no han pagado nunca tantos impuestos, y que en este momento todas las rentas paguen los mismos impuestos que las rentas más altas, eso es lo más antisocial que recordamos”, ha manifestado el presidente popular.

El líder del PP ha criticado además la situación interna del propio Gobierno, a pesar del acuerdo entre los dos socios, y ha cargado además contra sus previsibles alianzas parlamentarias: “Que en España sea noticia que el Gobierno se pone de acuerdo consigo mismo acredita la situación”, se ha quejado Feijóo. Y ha recalcado: “Este país lleva cuatro años con un Gobierno dividido y enfrentado y ahora tiene que acordarlo con sus socios, ERC Y Bildu”.

El argumentario esgrimido por Feijóo ha sido replicado inmediatamente por su portavoz en el Congreso. Gamarra ha expresado que le desconcertaba “el triunfalismo” que observó por parte de las ministras del Gobierno que presentaron este martes las líneas maestras de las cuentas públicas para el año que viene. Ha enumerado y recogido todos los datos, perspectivas y pronósticos negativos o pesimistas que acechan a la situación económica para los próximos meses para remachar: “Ojo, que vienen curvas”. Y ha añadido: “Estos Presupuestos no son los que España y los españoles necesitan, sino los que permitirán a Pedro Sánchez seguir un año más en La Moncloa con su Gobierno Frankenstein a cambio de partidas que desconocemos y de un precio muy alto, como es mejorar la situación de los presos de ETA con Bildu; de la mesa de diálogo y los indultos con ERC; y de la ocupación de la propiedad privada con Podemos”.

El PP de Feijóo insiste en que los planes y previsiones del Gobierno están todos equivocados y defiende que la única alternativa es la suya: deflactar los primeros tres tramos del IRPF; extender la rebaja del IVA de la luz todo el invierno y también de los productos básicos; y bajar al 4% el que grava los pañales. Gamarra ha incidido en que el proyecto de PGE para 2023 “no es de justicia social sino ideológico” y ha expresado su temor a “las contrapartidas” que exigirán ahora los aliados del Gobierno. La portavoz del PP ha sustentado esa inquietud en las diferentes ruedas de prensa de los socios habituales, ERC y EH Bildu particularmente, que este mismo martes han avisado de que exigirán más medidas sociales y transferencias y le harán “sudar” al Ejecutivo para lograr sus apoyos, imprescindibles para que las cuentas salgan adelante. Esos socios, y otros, son los que sumaron hasta 188 votos a favor en los Presupuestos aprobados el año pasado, y ahora también han mostrado su “buena disposición” a volver a negociar los que probablemente serán las últimas cuentas de la legislatura.

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El PP, Vox y Ciudadanos han coincidido este martes en cuestionar duramente que estos Presupuestos sean los que España necesita ahora o los que más inversión social vayan a cuantificar, como ha presumido el portavoz del PSOE, Patxi López. El dirigente socialista había aprovechado, además, para ensalzar que el propio presidente, Pedro Sánchez, haya pedido comparecer en el Congreso (el 13 de octubre) y en el Senado (18) para explicar esas medidas y “cotejar y contrastar” su modelo de apoyo a las clases medias y más desfavorecidas frente al alternativo del PP de Feijóo. Sánchez repetirá de esta manera el próximo 18 de octubre un cuerpo a cuerpo con Feijóo (que es senador y no diputado). Ambos protagonizaron en septiembre un agrio cara a cara, del que en La Moncloa piensan que Sánchez salió bien parado. Gamarra también ha manifestado su alegría ante la opción que se abre con ese debate extraordinario en el Senado para que Feijóo muestre, una vez más, que no hay razones para ningún triunfalismo económico ahora en España y que tiene una alternativa a la gobernanza del país.

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