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El Gobierno ultima un aumento del gasto en Defensa de unos 1.000 millones este mismo año

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la cumbre de la OTAN celebrada esta semana en Madrid.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la cumbre de la OTAN celebrada esta semana en Madrid.Zipi (EFE)

El Gobierno ultima la aprobación de un suplemento de crédito para el Ministerio de Defensa de hasta 1.000 millones de euros con el objetivo de iniciar este mismo año, sin esperar a los Presupuestos del próximo, el aumento del gasto militar, que debe llegar al 2% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2029. Lo anticipó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la rueda de prensa con la que concluyó el pasado jueves la cumbre de la OTAN en Madrid, aunque su anuncio pasó desapercibido. “El Gobierno trabaja ya para aumentar este mismo año la inversión en Defensa”, dijo.

A continuación, expresó su propósito de proponer a las Cortes Generales “alcanzar ese 2% en un periodo de ocho años; es decir, hasta el 2029″. Todo el mundo interpretó que el arranque de ese proceso ascendente serían los Presupuestos Generales del Estado para 2023, que ya prepara el Ejecutivo, pero Sánchez incluyó en el cómputo de ocho años este mismo ejercicio, 2022, porque está previsto que en las próximas semanas se apruebe un aumento del gasto militar, según fuentes gubernamentales.

Defensa pidió en mayo un crédito extraordinario de 3.000 millones de euros para atender los costes en que han incurrido las Fuerzas Armadas españolas como consecuencia de la guerra de Ucrania; desde reforzar los despliegues de la OTAN en el este de Europa —el contingente español en Letonia ha pasado de 350 a 600 militares y se ha equipado con artillería y misiles antiaéreos— hasta entregar toneladas de munición y proyectiles al ejército ucranio, dejando exangües los arsenales.

El principal coste, sin embargo, deriva de la decisión tomada por la OTAN en Madrid de multiplicar casi ocho sus fuerzas de alta disponibilidad, que pasarán de 40.000 a más de 300.000 efectivos. Eso supone recortar drásticamente los tiempos de reacción, de forma que las unidades estén listas para combatir en un periodo mucho más corto de tiempo. Para que eso sea posible, deberán estar cubiertas las plantillas de personal, equipadas con todo su armamento e instruidas y adiestradas en tiempo de paz. Incluso deben estar familiarizadas con el escenario donde deberían desplegarse en caso de crisis. En el caso de los planes de contingencia de la OTAN frente a una hipotética agresión rusa, eso supone realizar ejercicios periódicos en el país del este de Europa al que la unidad esté preasignada. Y todo ello tiene un alto coste económico.

La petición inicial de Defensa era un crédito extraordinario que pudiera ejecutarse en varios ejercicios y tendría que ser ratificado por el Congreso. Pero esta propuesta se ha descartado, según las fuentes consultadas, y finalmente se ha optado por una ampliación de crédito o alguna otra fórmula presupuestaria, como las que se utilizan cada año para financiar las operaciones militares en el exterior con cargo al fondo de contingencia. La partida deberá gastarse en su integridad antes del 31 de diciembre, ya que se extinguirá con el actual presupuesto, y su importe será muy inferior a los 3.000 millones iniciales. Aunque se desconoce la cifra definitiva, podría llegar hasta los 1.000 millones.

Tampoco será necesario que la apruebe el Congreso, aunque sí el Consejo de Ministros, por lo que podría adelantarse el choque entre la parte socialista del Ejecutivo y su socio minoritario de Unidas Podemos, que ya mostrado su oposición a los planes de Pedro Sánchez para elevar el gasto militar hasta el 2% del PIB.

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El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha intentado este viernes convencer a sus compañeros de coalición asegurando que una de las “señas de identidad” de la izquierda es proteger a los más débiles. “Igual que hemos hecho con el escudo social, este aumento del gasto en defensa supone dar protección a quienes más lo necesitan; de otra manera, contra amenazas exteriores”, ha declarado a TVE.

Sin embargo, la líder de Podemos y ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, ya ha advertido a Sánchez en contra del incremento del presupuesto de Defensa. “La pregunta que hay que hacerse es, si se destina más dinero a la inversión militar, de dónde sale ese dinero… Siempre hemos pensado que España necesita mucha más inversión en rentas garantizadas que en tanques”, ha dicho. La nota discordante en su ámbito político la ha puesto el ministro de Universidades, Joan Subirats, nombrado a propuesta de Unidas Podemos, quien ha señalado: “asumir los costes de lo que significa una política de defensa si aumentan los riesgos y las amenazas parece justificado, lo que no sé es si exactamente ha de ser el 2% o no”.

El aumento del gasto militar no es el único motivo de fricción en el seno del Gobierno: Unidas Podemos también se opone a aumentar de cuatro a seis los destructores estadounidenses destacados en la base naval de Rota (Cádiz), una petición que Sánchez aceptó el martes en su reunión con el presidente Joe Biden.

El presidente acelera el calendario para cumplir el compromiso con la OTAN

El presidente Sánchez anunció en la cumbre de la OTAN que España llegará al 2% del PIB en gasto militar en 2029. Esta fecha supone un anticipo de un año respecto al calendario fijado en el Programa de Estabilidad que se remitió a la Comisión Europea el pasado 30 de abril, donde se fijaba ese objetivo para 2030. Según los datos difundidos por la OTAN el pasado día 27, España destinará este año 13.136 millones de euros a Defensa, el 1,01% de su PIB. Para llegar al 2% en esa fecha, debería casi doblar el gasto militar en ocho años y alcanzar los 26.000 millones, con un crecimiento anual de casi 0,15 puntos de PIB, unos 2.000 millones anuales. 

El objetivo del 2% se fijó en la cumbre de Gales (Reino Unido) de 2014 con el horizonte de una década. A un año de la meta, nueve aliados lo han alcanzado (Grecia, Estados Unidos, Reino Unido, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Croacia y Eslovaquia) y otros cuatro están cerca (Rumania, Francia, Macedonia del Norte y Montenegro). España es el farolillo rojo, solo por delante de Luxemburgo. El problema es que, en palabras del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, el 2% ya no es el techo, sino el suelo.

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El verano más duro en medio siglo de los aviones apagafuegos

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Un hidroavión del 43 Grupo de Fuerzas Aéreas rompió el año pasado uno de los flotadores que cuelgan bajo sus alas cuando cargaba agua en la bahía de Pollensa. El aparato perdió estabilidad y se habría estrellado de no ser por la pericia del piloto. Fue en ese mismo lugar, frente a la isla de Mallorca, donde en marzo de 2003 se precipitó al mar uno de estos aviones pintados de rojo y amarillo, cuya silueta se ha hecho popular por los cielos de España, hasta el punto de que al divisarla todos se preguntan dónde está el fuego.

En aquel siniestro murieron dos tripulantes, los últimos de una lista de 15 en los 51 años que lleva funcionando esta unidad adscrita al Ejército del Aire y dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, heredero del antiguo departamento de Agricultura. Un muerto es demasiado, pero 15 en medio siglo no son tantos para una misión de alto riesgo: vuelan a muy baja altitud, entre hondonadas y riscos, sorteando columnas de humo y los remolinos y turbulencias que produce el viento entre las montañas y que alimentan los propios incendios. Los aviones comprados por España no llevan radar meteorológico ni piloto automático. Sus sensores son los ojos y sus ordenadores los cerebros de la tripulación.

“Cargar en el mar, entre olas, es más complicado que hacerlo en un pantano”, explica un piloto experimentado, para ilustrar lo sucedido hace un año. Salvo, si como sucede ahora, la sequía ha vaciado los embalses y no se sabe si hay fondo suficiente para echarse al agua. Los botijos, como se los llama popularmente, no necesitan mucho: solo 50 centímetros. En 12 segundos, deslizándose por la superficie a 70 nudos (130 kilómetros por hora), llenan un depósito de 6.000 litros, sin ayuda de ningún motor de absorción, solo por la fuerza de la inercia. Pero desde el aire es difícil medir la profundidad y, para evitar sorpresas, han tenido que prescindir de algunos ramales poco seguros de los pantanos. Bastante tienen los pilotos con calcular cómo salir del embalse, a menudo rodeado de montañas, cargados con seis toneladas de peso.

En la temporada de incendios, entre el 1 de junio y el 31 de octubre, se suspenden vacaciones y permisos y los 144 efectivos destinados en Torrejón de Ardoz (Madrid) se despliegan por seis bases desde las que cubren todo el territorio peninsular: Santiago de Compostela, Salamanca, Badajoz, Málaga, Zaragoza y Pollensa. En las Canarias no hay destacamento permanente. En caso necesario, se desplaza desde Málaga y está listo para actuar en cinco horas y media.

El Grupo 43 tiene 18 aparatos Canadair: 14 CL-215, más antiguos, y 4 CL-415, pero solo diez están operativos. Su edad media supera los 30 años y sufren averías recurrentes y problemas estructurales, achaques fruto de la fatiga, según fuentes militares. El Ministerio de Teresa Ribera ha lanzado un programa para modernizar diez aviones, por 24,5 millones, y tiene en cartera la compra de otros cuatro, pero, mientras se renueva la flota, los incendios forestales no cesan en un verano en el que las olas de calor se suceden sin tregua.

Este año está siendo el más intenso desde que la unidad existe. Ni los más viejos recuerdan nada igual”, admite el coronel Miguel Oliver, jefe del Grupo 43. “El más duro y virulento”, remata la ministra de Defensa, Margarita Robles, que este jueves ha visitado su cuartel general en Torrejón. Los datos hablan por sí solos: hasta el 15 de agosto, ha tenido que acudir a 132 incendios, más del doble que en el mismo periodo del año pasado (61); ha hecho 588 salidas para extinguir fuegos, frente a 255 en 2021; y ha cumplido 2.034 horas de vuelo, casi el triple que hace un año por estas fechas (827).

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Defensa ha ofrecido adaptar cuatro helicópteros Chinook, capaces de cargar 4,5 toneladas, para extinción de incendios, y se estudia incluso emplear el avión A400M, que podría llevar 20.000 litros. Ninguno tiene, sin embargo, la versatilidad del botijo para repostar en un embalse cercano y volver una y otra vez sobre el fuego. Lo hace desde una altura de unos 30 metros y atento a lo que hay debajo: su descarga de agua puede matar a una persona o destrozar una casa.

Las focas, como se les llama también por su indicativo radio, se retiran a la puesta del sol. Aunque se han hecho pruebas con gafas de visión nocturna, el fuego deslumbra a los pilotos y los cables de alta tensión son una trampa difícil de detectar. Eso no significa que durante la noche estén ociosos. Los invisibles, mecánicos y personal de mantenimiento, se afanan en revisar los aviones para que estén a punto al amanecer.

El coronel Oliver se muestra orgulloso de todos sus subordinados, pero no se llama a engaño. “Los grandes incendios no se extinguen desde el cielo, hay que poner el pie en tierra para acabar con ellos”, advierte. La ministra Robles les agradece su trabajo y les pide que se cuiden. No hay tiempo para más. España arde por los cuatro costados. En un escudo figura el lema de la unidad: “¡Apaga… Y vámonos!”

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Tres años y ocho meses de obstáculos y versiones cambiantes para renovar el Poder Judicial

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La Constitución mandata a los dos grandes partidos a acordar juntos los nombres de los 20 vocales que integran el Consejo General del Poder Judicial cada cinco años. Nada dice el texto constitucional sobre que los partidos puedan condicionar ese pacto a otros asuntos, que es básico para el funcionamiento de la justicia en España. Sin embargo, en los tres años y ocho meses que el CGPJ lleva caducado, el PP ha esgrimido varias veces obstáculos relacionados con la pura contienda política, mientras otras ha planteado exigencias añadidas a la mera renovación de los vocales. El último capítulo del pertinaz bloqueo son las versiones cambiantes de los populares para tratar de desvincularse del acuerdo desvelado por EL PAÍS al que habían llegado en otoño de 2021 el Gobierno y el PP de Pablo Casado para reformar la ley del Poder Judicial. En el largo periodo de desencuentros, el Gobierno también ha hecho tres movimientos unilaterales —de uno de ellos desistió— para reformar la ley, que entorpecieron las negociaciones, con el argumento de que no podía aceptar más la demora en el acuerdo. Este es el historial de obstáculos que ha dado lugar a la mayor anomalía institucional del país.

1. El mensaje de Cosidó revienta el primer acuerdo. El PSOE y el PP pactaron en 2018 la renovación del Consejo con una mayoría progresista de vocales y presidido por Manuel Marchena, un juez de tendencia conservadora. En aquel pacto, el PP no reclamó una reforma del método de elección de los vocales para que los jueces eligieran en exclusiva a los jueces, y aceptó que entrara como vocal el juez José Ricardo de Prada, magistrado de la sentencia del caso Gürtel, exigencias que pondría después. El acuerdo saltó por los aires porque se filtró un mensaje que Ignacio Cosidó, entonces portavoz del PP en el Senado, envió a los senadores populares justificando el acuerdo porque así el partido iba a poder “controlar la sala segunda del Supremo por la puerta de atrás”. Marchena renunció y todo se fue al traste. Así empiezó el bloqueo.

2. No hay acuerdo porque Podemos critica a Juan Carlos I. En el verano de 2020, según reveló en su día Pablo Casado, el Gobierno y el PP llegaron a un nuevo acuerdo para renovar el consejo. En esas fechas, el rey Juan Carlos I abandonó España por el escándalo de sus irregularidades fiscales. El PP se negó entonces a pactar con el PSOE por los ataques al Rey de Pablo Iglesias, líder de Podemos en aquella época.

3. Movimiento unilateral del Gobierno para cambiar la ley. En octubre de 2020, el Ejecutivo registró una propuesta de reforma de la ley para poder renovar el Consejo con mayoría simple del Congreso. Terminó desistiendo ante las críticas que recibió la iniciativa.

4. Podemos debe quedar fuera de la negociación. Ese mismo otoño, Casado pasó a exigir que el partido de Pablo Iglesias fuera excluido de las negociaciones.

5. Que pasen las elecciones catalanas y que no haya indultos. En diciembre de 2020, el PP transmitió su voluntad de acuerdo para después de los comicios catalanes si Unidas Podemos seguía quedando fuera y el Gobierno no indultaba a los líderes independentistas, como luego ocurrió.

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6. Segundo movimiento del Gobierno impidiendo al consejo aprobar nombramientos mientras está en funciones. La Moncloa impulsó esta reforma para presionar al PP y que accediera a la renovación.

7. Veto al juez del ‘caso Gürtel’. En marzo de 2021, pasadas las catalanas, el Gobierno y el PP volvieron a sentarse. El PP rechazó el pacto por la entrada del juez José Ricardo De Prada por el cupo de juristas.

8. El modelo debe cambiar y los jueces elegir a los jueces. En abril de ese año, el PP planteó una nueva exigencia: un cambio del método de elección de los vocales del CGPJ para que fueran elegidos en exclusiva por sus pares.

9. No sirve el estudio del cambio de modelo, debe registrarse una reforma de la ley. En septiembre del año pasado, Casado endureció todavía más sus condiciones: exigió que se registrara una ley con el cambio de método de elección de los vocales. Ya no le servía, dijo, que la reforma se estudiara en el Congreso, como había aceptado en pactos anteriores, porque sostenía que no se fiaba de Pedro Sánchez: reclamaba de inmediato la ley. En secreto, sin embargo, el PP y el Gobierno terminaron firmando en octubre de ese año un pacto para reformar la Ley del Poder Judicial al objeto de renovar el Tribunal Constitucional y ganar tiempo para seguir negociando el órgano de gobierno de los jueces. Ese acuerdo nunca se hizo público y tampoco se anunció. EL PAÍS ha desvelado este lunes el documento firmado. Meses después, Casado fue defenestrado como líder del PP y sustituido por Alberto Núñez Feijóo en un congreso el 2 de abril de 2022.

10. Que pasen las elecciones andaluzas. Al poco de su llegada a la presidencia del PP, Feijóo se reunió con Sánchez y ambos acordaron retomar las conversaciones. El PP puso poco después una primera condición temporal: que sea después de las andaluzas previstas para junio de 2022.

11. Vinculación a más medidas de regeneración de la justicia. Feijóo renunció a reclamar un cambio de método de elección como exigía Casado, pero sí pidió un “acuerdo global” que incluyera reformas de “regeneración” de la justicia.

12. Movimiento unilateral del Gobierno para renovar solo a los magistrados del Tribunal Constitucional. En junio, el Ejecutivo registró una proposición de ley para que el CGPJ pudiera nombrar solo a los dos magistrados del Constitucional pendientes de renovación, mientras el Gobierno nombrará a otros dos que le corresponden. La Moncloa argumenta el movimiento para desbloquear al menos el tribunal de garantías, teniendo en cuenta que sigue sin llegar el acuerdo con el PP.

13. Debe retirarse la ley sobre el Constitucional. El PP pasó entonces a exigir al Gobierno que retire esa reforma para poder pactar. En julio se produjo la última reunión de los negociadores, que termina sin acuerdo porque el Ejecutivo no da marcha atrás. El PP hizo público un documento de siete páginas con sus propuestas.

14. Último capítulo. EL PAÍS revela esta semana el pacto escrito de otoño de 2021 y la dirección del PP cambia de versión sobre el documento. El acuerdo, según el texto desvelado por este periódico, consistía en una reforma de la ley del poder judicial para el desbloqueo del nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional causado por la no renovación del CGPJ. Funcionaba como salvaguarda mientras no llegaba el pacto global. Es decir, se trata, precisamente, la reforma que ahora ha promovido el Gobierno unilateralmente y el PP le exige que retire. La dirección del PP primero dijo desconocer ese texto y luego admitió que lo conocía. Este martes, el vicesecretario Pedro Rollán aseguró: “Absolutamente ningún miembro del Gobierno, ni el propio presidente, hizo referencia de ningún tipo a un documento suscrito con anterioridad”. El miércoles, el vicesecretario Esteban González Pons afirmó, en cambio, en referencia a Félix Bolaños, ministro negociador del PSOE: “Me puso encima de la mesa ese documento y otros, y desde el primer momento lo rechazamos, no quisimos verlos”.

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Junts deja sola a Borràs en la defensa de su actuación en el homenaje a las víctimas del 17-A

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Un reducido grupo de personas, a los que Laura Borràs ha saludado, ha roto el minuto de silencio exigiendo conocer “la verdad” sobre la matanza.
Un reducido grupo de personas, a los que Laura Borràs ha saludado, ha roto el minuto de silencio exigiendo conocer “la verdad” sobre la matanza.Gianluca Battista

La mayor parte de la cúpula de Junts per Catalunya ha dejado sola este jueves a Laura Borràs, suspendida como diputada y presidenta del Parlament tras ser procesada por corrupción, en defensa de su actuación tras el homenaje a las víctimas del 17-A. Un grupo muy reducido de independentistas interrumpió el minuto de silencio y después, tras acabar la ceremonia, ella fue a saludarlos. Tras recibir un aluvión de críticas, Borràs se vio obligada a dar explicaciones en las que afirmó que no respetar el minuto estuvo fuera de lugar y limitó su actuación a saludar a los miembros del grupo Queremos saber la verdad (sobre los atentados) a los que exoneró de haber realizado boicot alguno. Borràs, presidenta de Junts, aseguró que fue solo una persona gritó —la realidad es que a esa voz se sumaron más— y que no hay ningún vídeo en el que se aparezca hablando con la persona que inició el boicot.

Borràs dio todas esa explicaciones este jueves en sendas entrevistas en Catalunya Ràdio y en Rac 1 mientras los principales dirigentes de su partido guardaban silencio. El episodio ha vuelto a tensionar la formación en la que conviven dos almas en un delicado equilibrio. Tras la ceremonia y la enorme indignación desatada —miembros de la plataforma insultaron a familiares de las personas fallecidas—, Junts publicó un mensaje en la red en el que dio su apoyo a las víctimas del 17-A. “Por eso mismo queremos expresar el más enérgico rechazo a la interrupción del minuto de silencio de hoy en la Rambla”, decía el texto retuiteado por Jordi Turull, secretario general; el expresident Carles Puigdemont; Albert Batet, presidente del grupo parlamentario o Josep Rius, el portavoz del partido. Borràs es asidua a la red pero consideró irrelevante que ella no repicara el texto. Su posición es que ella y Junts comparten el criterio de respetar los minutos de silencio.

El incidente fue tan bochornoso que desencadenó una cadena de reacciones desde la de la propia alcaldesa Ada Colau; la de Robert Manrique, miembro de la Unidad de Atención y Valoración de Afectados (UAVAT), la principal asociación de victimas de los atentados del 17-A, pero también la den Jordi Sánchez, exsecretario general de Junts, que recordaron que no era el momento de buscar el “protagonismo político”. “Pero, ¿Por qué estamos hablando de mí? El protagonismo era de las víctimas”, se preguntó Borràs, rechazando cualquier autocrítica y negando sentirse interpelada. La diputada suspendida recalcó que lo único que hizo fue a saludar a un grupo de personas cuando la ceremonia había acabado. No solo eso: calificó de “trumpismo” que se haya querido, a su juicio, modificar la verdad para lograr “rédito político”.

Miembros del partido aclararon que la formación quiso desmarcarse de los boicoteadores del acto, pero no así de su presidenta. Al silencio, al menos hasta ahora, de los dirigentes de Junts se le suma también el de los consejeros del Govern. Josep Maria Argimon, titular de Sanidad, en un acto este jueves en Prada de Conflent, en la Universitat Catalana d’Estiu, expresó su rechazo “explícito” al boicot y defendió la continuidad de Junts en el Ejecutivo catalán. “Si fuera partidario de salir del Govern, no estaría en él”, dijo en referencia al debate abierto en Junts sobre si deben romper con Pere Aragonès tras la suspensión de la presidenta del Parlament.

El acuerdo de investidura asignaba la presidencia de la Generalitat a ERC y la del Parlament a Junts por haber obtenido el primero 33 escaños y el segundo, 32. La situación es delicada para Junts: La Fiscalía pide seis años de prisión para Borràs por los delitos de prevaricación y falsedad documental y 21 de inhabilitación para ocupar cargo público por haber beneficiado presuntamente a un amigo en la adjudicación de contratos. La Mesa de la Cámara la suspendió en julio de funciones y derechos y deberes pero ella, que cree que se ha vulnerado su presunción de inocencia, aclaró que mientras no haya un nuevo presidente seguirá ostentando el cargo y acudiendo al Parlament. En ese sentido, Borràs puntualizó que fue a hablar con las personas de la plataforma en La Rambla de la misma forma que lo hace cuando hay protestas ante el Parlament, a diferencia, dijo, de otros partidos que participaron en el homenaje pero que se negaron a apoyar en el Congreso una comisión de investigación de los atentados, en clara alusión al PSC.

Borràs criticó a la republicana Alba Vergés, vicepresidenta primera del Parlament, por no haber acudido al acto de La Rambla y de haber delegado esa función en la vicepresidenta segunda de un partido (el PSC), formación que apoyó la suspensión de la autonomía catalana en 2017. “Y ERC lo podía haber evitado”, afirmó. Borràs cuestionó profundamente al Govern formado por Junts y ERC, al no estar avanzando, dijo, hacia la independencia, cuando se constituyó con el aval del “52%” de votos independentistas (en realidad no alcanzó el 50%). “Avanzamos más con el referéndum del 1-O que con 90 años de independentismo”, afirmó en una clara alusión a ERC. Tras acusar al president Pere Aragonès, sin citarlo, de “acomodarse” en el autonomismo, calificó de “graves” los acuerdos de la mesa de diálogo. Borràs, que explicó que se negó a ser vicepresidenta del Govern de Aragonès, sostuvo que la militancia de su partido decidirá el camino a tomar: “Lo que no puede ser es que en las últimas elecciones 700.000 independentistas se convirtieran en 700.000 abstencionistas independentistas”, zanjó.

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